OTRA VEZ SOPA

 

Comunicado  

Con fecha 5 de septiembre, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), oposición real —de las grandes corporaciones— al proceso popular en marcha, dio a conocer un comunicado que es algo así como la declaración formal de la guerra que inició, de facto y unilateralmente, antes del 10 de diciembre pasado contra el gobierno electo del Frente de Todos.

Los promotores de la pérdida de libertades y avasallamiento de instituciones reclaman al gobierno, artífice de la reparación, que respete las libertades e instituciones que ellos pisotearon y promueva las inversiones que expatriaron: un clásico que se nombra con la palabra cinismo. No se conoce un solo caso, entre tantos procesos desestabilizadores que los sectores dominantes han auspiciado contra gobiernos populares, en el que hayan reconocido públicamente que se proponían desestabilizar al gobierno en cuestión.

Mandaron a detener arbitrariamente —doctrina Irurzun mediante— a los dueños de medios de comunicación que no respondieron a su exigencia de atacar a CFK, extorsión que puso en evidencia su calidad de violadores seriales de la libertad de las personas, de la independencia del Poder Judicial, de la propiedad privada y de la libertad de expresión. Mandaron a encarcelar a ex funcionarios y militantes, no porque se les haya comprobado algún delito, sino porque habían integrado un gobierno que no respondió a sus intereses. Mandaron a perseguir brutalmente a la jefa de ese Gobierno y del Movimiento Nacional. Mandaron. Mandaron. Mandaron.

Ellos, campeones de la fuga de las divisas que el país necesita para crecer y desarrollarse, afirman que la “Argentina necesita imperiosamente crecer y desarrollarse en forma sostenida”, y agregan: “La condición necesaria para ello es contar con instituciones fuertes en el marco de la Constitución; asegurar la plena vigencia de la República; la división de poderes; una justicia verdaderamente independiente y la libertad de prensa”.

Lo que está en peligro no son las instituciones, ni las libertades, ni la República, ni la propiedad privada, ni el crecimiento, ni el desarrollo, sino la estabilidad del gobierno que las reconstruye, protege y estimula. La derecha aplica la vieja receta: “No hay mejor defensa que un buen ataque”. Ataques de una peligrosidad que no debería subestimarse: no estoy tan seguro de que la democracia esté blindada en la Argentina, no obstante la tragedia vivida desde 1976 y el peronismo hoy unido en el gobierno; tampoco estoy tan seguro del acierto de aquella afirmación atribuida a Cristina según la cual, aunque ganara encabezando la fórmula, a ella no la iban a dejar gobernar pero a Alberto Fernández sí: si algo muestra la historia argentina es que la derecha no deja gobernar sino a quienes gobiernan en función de los intereses de… la derecha.

 

 

Pregunta

Se impone entonces una pregunta: ¿cómo es posible que después de 200 años de repetir un discurso y hacer todo lo contrario, los sectores dominantes tengan todavía receptorxs crédulxs?

Cualquier respuesta fundamentada incluirá distintos factores, pero seguramente en todas aparecerá uno cuya incidencia es indudable. Se ha dicho hasta el cansancio que los patrocinadores de la desestabilización cuentan con un poder de fuego mediático tal, que consiguen instalar en distintos sectores de la población sensaciones y creencias absolutamente contradictorias con la realidad, y es así.

Ya antes de Mitre la derecha incorporó el método de construir falsos relatos, que con el fundador de La Nación hizo cumbre en el siglo XIX. En nuestros días, no es Clarín el promotor de contagios a través del sistemático cuestionamiento a las medidas de protección social y del aliento a marchas patrióticas, es la reacción de la sociedad que ve peligrar sus “libertades”. No es un anti “cuarentena” cada pirómano de barbijos, es un militante de La Cámpora. No es para mejorar el servicio de justicia que se impulsa la reforma de la Justicia Federal, es para asegurar la impunidad de Cristina. No es la puja de intereses sociales antagónicos lo que explica la legítima disputa política; es el autoritarismo de Cristina, causante de la “grieta” y de la “crispación” social. No es el bloque de Juntos por el Cambio el que obstruye el funcionamiento de la Cámara de Diputados para impedir el tratamiento de proyectos del Poder Ejecutivo y de legisladores oficialistas, casualmente aquellos que afectan los intereses de… la derecha; es el bloque oficialista, que pretende caprichosamente sesionar en forma remota, impuesta por la pandemia en todo el mundo. No es. No es. No es.

Ese trabajo cotidiano de la poderosa máquina mediática es determinante en la producción de condenas inapelables que ignoran cualquier actuación judicial, o de rechazos a decisiones políticas consideradas lesivas para los intereses de sus dueños o compadres de clase. Así se genera el clima propicio para la etapa siguiente en el proceso de desestabilización, que podrá o no concretar sus objetivos; pero que en el mejor de los casos genera un desgaste nada despreciable al Gobierno.

Las tergiversaciones de cada día, como las apuntadas más arriba, se convierten para muchxs en verdades indiscutibles en virtud de una amplia difusión y por efecto de una continua repetición, fenómeno del que se deduce que un aspecto clave para afrontar los desafíos que enfrenta y enfrentará el gobierno de Alberto Fernández, es contar con una meditada política de comunicación y con los instrumentos que permitan su realización, desde medios propiamente dichos hasta una organización política que destaque cada acción de gobierno y explique sus fundamentos.

 

 

Escenas de una película

El panorama no se agota en el repaso anterior. En los últimos 20 días se han sucedido en el país hechos que tienen en común un aire de familia, de familia destituyente; más todavía en una región que no puede enorgullecerse de su historia reciente ni de su presente, manchados con el quiebre de procesos democráticos; personajes como Bolsonaro en Brasil y Áñez en Bolivia; implacables persecuciones a líderes populares; las proscripciones de Evo Morales y Rafael Correa; y el agravamiento de la desigualdad social, herida que sangra desde hace tiempo en el rostro del subcontinente.

Si se considera la índole en sí de cada hecho, quiénes fueron los protagonistas y quiénes los posibles ideólogos, no es exagerado afirmar que se trata de una peligrosa escalada contra el gobierno: el ex senador Duhalde con su anuncio de golpe de Estado en un estudio de televisión. Uno de los impulsores de JxC, Ernesto Sanz, con su provocativo interrogante: “¿Cuánto tiempo más demora esto en explotar?”. La fundadora de JxC, Elisa Carrió, con su denuncia televisiva de golpe palaciego por parte de Cristina. La AEA con el comunicado ya mencionado. El Ejército, con un texto que pondera el “Operativo Independencia” y recuerda a “los caídos”, cuando lo que hubo en Tucumán fue la sistemática desaparición de militantes sociales por parte del Ejército. El oligopolio mediático, escandalizando la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires con el mismo empeño con el que la silenció durante el gobierno de María E. Vidal; apoyando la mal encausada, comprensible y previsible protesta policial en esa provincia con el mismo ímpetu con el que cuestionaba los también legítimos reclamos de los maestros bonaerenses durante el gobierno de Vidal; y estimulando y difundiendo el escrache(to) al procesado Lázaro Báez con la misma meticulosidad con la que en su momento ocultó la llegada a su domicilio del genocida Etchecolatz y, más aún, sin alarmarse cuando los atacantes rompieron el parabrisas del móvil del Servicio Penitenciario Federal que trasladaba a Báez ante la pasividad de sus ocupantes. JxC, a través de Patricia Bullrich, acicateando el conflicto policial, que contó entre sus activistas con oficiales exonerados estrechamente vinculados al ex jefe de la Bonaerense durante la gestión de Vidal-Ritondo, Fabián Perroni. Un hombre que arrojó una bomba molotov contra la residencia presidencial de Olivos y fue detenido.

Ahora bien, ¿cómo se vinculan hechos y protagonistas? Y si lo que estamos viendo fuera una película, ¿cuál sería el argumento?

 

 

Argumento y repartos

Por el momento sólo caben las hipótesis, que deben contemplar también escenas conexas a las enumeradas, como las que han tenido por epicentro a la AFI macrista y al Poder Judicial, conocidas a pesar del bloqueo informativo.

Si traté por separado el comunicado de AEA es porque considero que quienes conducen esa entidad son los directores de la película, dirigen la estrategia que busca esmerilar al gobierno popular hasta hacerlo caer, si fuera posible. Por supuesto, las líneas generales requieren el visto bueno de la Embajada.

Los integrantes de la cúpula del PRO y la mayoría de los miembros de la Corte Suprema son gerentes del emprendimiento o actores principales en la película. En otro plano aparecen los actores de reparto, los Duhalde, Barrionuevo, Sanz, Cornejo y Negri.

El miércoles 9 de septiembre, después de haber alentado la agudización del conflicto policial, cuya causa determinante fue la precarización laboral de la policía en el marco de la planificación de la pobreza ejecutada para todos y todas entre 2015 y 2019 —el salario real de la Bonaerense cayó un 29% y muchxs de sus agentes son trabajadores estatales con hijos que comen en comedores—; Macri, Vidal, Bullrich, Ritondo y el actual jefe de la oposición institucional, el halcón que parece paloma Horacio Rodríguez Larreta, hicieron un estruendoso silencio: protagonizaron una inadmisible ausencia de condena política particularmente a las amenazas automovilísticas en Olivos, similares a las que en días anteriores se habían realizado frente a la casa del Gobernador en La Plata. Finalmente, el diputado de JxC Fernando Iglesias y otrxs insospechadxs de sensatez rechazaron el reclamo que tenía lugar frente a la residencia presidencial.

Es importante dilucidar esta dinámica para determinar si hubo ideólogos y/o conductores políticos externos a la policía. Es poco probable, por ejemplo, que la conducta del diputado Iglesias haya sido producto de sus convicciones o de sus reflexiones, habitualmente inexistentes. Entonces, ¿de dónde provino la orden para que se opusiera a la protesta en Olivos? ¿Y cuál fue la razón que la motivó, teniendo en cuenta las evidencias de que JxC incentivó la protesta y colaboró en su organización?

En cualquier caso, conocer qué pasó implica una obligación política para preservar las instituciones y un acto necesario en defensa propia del Gobierno.

 

 

Respuesta popular

El gobierno nacional dio una respuesta apropiada que desactivó el alzamiento policial, y está dando fuertes respuestas al crescendo de ataques en general. El Presidente usó las palabras justas en el momento oportuno, y brindó un fuerte respaldo político y económico a un gobernador que, a fuerza de trabajo, eficiencia y honestidad, cuenta con un amplio apoyo popular; ha reconocido la justicia del reclamo y ha reprobado su materialización.

Kicillof, por su parte, ofreció un aumento incuestionable de salarios y otros beneficios, y no ha cedido a extorsiones: ha asegurado que se analizará en detalle lo acontecido para después resolver sobre sanciones. El conflicto deja tareas pendientes, que abarcan desde una revisión de la política de seguridad hasta definir la continuidad o no del ministro Sergio se me escapó la tortuga Berni.

De todos modos habrá que esperar para ver las consecuencias de la protesta tanto en el plano nacional como en el provincial.

En cuanto a la sucesión de acciones destituyentes, al mismo tiempo que enfrenta el drama pandémico con variados programas que implican un enorme esfuerzo del Estado, el gobierno de Alberto Fernández dejó de lado su estrategia de conciliación y ha tomado decisiones contundentes apuntando a la víscera que —a juzgar por sus reacciones— más duele a la derecha, el bolsillo. Entre otras, ha declarado servicios públicos los prestados por las llamadas TelCo, con lo que los precios de esas prestaciones se han convertido en tarifas reguladas por el Estado; ha dado prioridad al tratamiento en el Congreso del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, y en Diputados a la reforma de la Justicia Federal; y ha disminuido el excedente de coparticipación que había asignado Macri injustificadamente a la CABA para otorgárselo a la postergada provincia de Buenos Aires; el Jefe de Gobierno de la CABA ya anunció que judicializaría la medida, en tal caso se verá si la Corte queda o no atrapada en sus contradicciones.

A las acciones gubernamentales se suman los categóricos pronunciamientos contra la forma de la protesta, en apoyo al gobierno y a las instituciones de la Constitución, de Organismos de derechos humanos, la CGT y organizaciones como Justicia Legítima.

En esta línea y ante la confusión inducida que busca instalar que la derecha ha “ganado la calle”, cuando se llevaba a cabo la manifestación policial frente a la Quinta de Olivos, el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky formuló declaraciones oportunas y terminantes: “Ya van a ver lo que es el pueblo en la calle”.

Estamos viviendo un capítulo más del histórico enfrentamiento que en tierra criolla opone, por una parte, la alianza entre la entidad Nación y los sectores populares y, por la otra, la de la oligarquía —ahora diversificada, E. Basualdo dixit— y las potencias imperiales. La disyuntiva entre el país soberano y el país dependiente sigue abierta.

 

 

 

 

 

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