Otra vez

 

El viernes 13 de marzo amaneció soleado en la Ciudad de Buenos Aires. La temperatura matutina anticipaba una jornada calurosa, resabio tardío de un verano que poco a poco abre paso al otoño. En la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py todo estaba dispuesto para dar comienzo a una nueva audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en El Vesubio. Entre los asistentes destacaban los integrantes de la Comisión que reúne a sobrevivientes y familiares de ese centro clandestino de detención, cuyas banderas tapizaban las paredes del sector destinado al público. A las 10:20, casi una hora después de lo estipulado, ocuparon su lugar en el estrado los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 Gabriela López Iñíguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado. Pocos minutos después, los magistrados convocaron a la primera testigo.

El proceso judicial por los crímenes de El Vesubio, parte de la investigación más amplia por las violaciones a los derechos humanos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, transita actualmente su tercer tramo. Sus etapas anteriores tuvieron sentencia en 2011 y 2014, y dieron como resultado la condena de 11 represores, entre quienes se encontraba uno de los dos máximos jefes del centro clandestino: Gustavo Adolfo Cacivio, conocido como “el Francés”. El otro, Pedro Alberto Durán Sáenz, apodado “Delta”, fue imputado pero falleció sin condena durante el transcurso del primer juicio. En el tramo actual, con mucho el más amplio de los tres, los magistrados deberán expedirse sobre los casos de 370 víctimas. Sentados en el banquillo de los acusados, ocho ex miembros del Servicio Penitenciario Federal y del Ejército Argentino acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad esperan su sentencia.

Los testigos citados para esa mañana ofrecían una muestra de la amplitud del impacto de la dictadura: tres sobrevivientes al cautiverio clandestino, la esposa de un desaparecido y la hija de otro. La audiencia inició con la declaración de Ana Inés Facal, secuestrada en octubre de 1976, quien testimoniaba por primera vez. Su relato, lacónico por momentos, expuso una vez más las conexiones que existieron entre distintas dependencias oficiales y el aparato represivo ilegal de la dictadura: luego de su secuestro en El Vesubio, permaneció cautiva un tiempo en el centro clandestino de Coordinación Federal para, finalmente, ser legalizada y detenida a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en el penal de Devoto, donde permaneció recluida por un año.

Un recorrido similar fue el que transitó Juan Cristóbal Mainer, otro de los testigos citados, quien fue secuestrado el 29 de noviembre de 1976, con sólo 16 años de edad. Para ese entonces hacía tiempo que había abandonado su militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios, organización vinculada al peronismo revolucionario. El suyo es uno de los tantos casos de grupos familiares que fueron convertidos en blanco del accionar represivo: en El Vesubio compartió cautiverio con su madre, su hermana y su cuñado. Luego de dos semanas, los cuatro fueron conducidos a Coordinación Federal. Poco después, su hermana y su cuñado fueron liberados, mientras que él y su madre fueron legalizados y detenidos en Devoto. Pero la tragedia familiar no terminó ahí: otros dos hermanos suyos fueron secuestrados y, más tarde, desaparecidos. En el momento de las preguntas, ante el interrogante por las consecuencias que generó el cautiverio en El Vesubio para su vida, Mainer no pudo evitar mostrar una mezcla de extrañeza y fastidio: más de cuatro décadas después de los hechos, sostuvo, no dejaba de sorprenderle que no estuvieran claros los efectos que había provocado la represión dictatorial en sus víctimas. En este punto, marcó la diferencia con otras experiencias como el nazismo, donde el asunto pareciera estar más claro.

El momento de mayor emotividad y angustia se vivió durante el relato de Norma Mabel Sandoval, esposa de Héctor Daniel Klosowski, quien también declaraba por primera vez. Militante montonero de la zona sur del Gran Buenos Aires, Klosowski fue secuestrado el 2 de febrero de 1977 y estuvo cautivo en otros dos centros clandestinos más: “El Infierno” y “Sheraton”. Luego de secuestrar a su marido, el grupo de tareas hizo lo mismo con ella y sus dos hijas de 2 y 6 años. Su cautiverio transcurrió en dos centros clandestinos, uno de los cuales podría haber sido El Vesubio. Por lo golpes que le propinaron los represores, la mayor de sus hijas tuvo un tumor en la cabeza a raíz del cual falleció dos años después. Ante los miembros del TOF 4, la testigo repitió la pregunta que la atormenta desde esos años: “¿qué derecho tenían de golpearlas, de hacerlas ver cómo me torturaban?”.

La audiencia cerró alrededor de las 13 con las preguntas que los miembros del tribunal, la fiscalía y las querellas le dirigieron a Sandoval, quien debió interrumpir momentáneamente su declaración debido a una descompensación. Su testimonio, que redondeó la hora, culminó con un largo aplauso del público. Las lágrimas y los abrazos también brotaron en parte de los asistentes, entre quienes se contaba su hija Daniela. Minutos después, con la sensibilidad todavía a flor de piel, las personas que se dieron cita la mañana del viernes comenzaron lentamente a retirarse y, con ellas, se fueron también los carteles que cubrían las paredes de la sala AMIA.

Desde su inicio el 1 de noviembre del año pasado, las audiencias del juicio oral Vesubio III se vienen desarrollando con una periodicidad quincenal y con una extensión que no suele ir más allá de las dos o, en casos excepcionales, tres horas. Un ritmo que parece demasiado lento si se tienen en cuenta los 370 casos a analizar, con sus consecuentes testigos. Frente a los reclamos de la Comisión de Vesubio y Puente 12, los integrantes del TOF 4 han enarbolado razones de distinta índole que van desde la escasez de empleados, la falta de disponibilidad de la sala y la superposición con otros juicios, hasta la incompatibilidad de agendas entre los magistrados. Para peor, durante la feria judicial de enero la jueza subrogante Sabrina Namer decidió otorgar la libertad condicional a José Maidana, condenado en 2011 a 22 años de prisión por su rol de jefe de guardias en El Vesubio. Al tomar esta decisión, la magistrada contradijo la opinión del Ministerio Público Fiscal, de los peritos psicológicos de la Corte Suprema y de los propios familiares de Maidana, quienes lo denunciaron por conductas violentas hacia ellos.

Durante los más de cuarenta años que separan a los crímenes cometidos en El Vesubio del presente, los tribunales fueron el canal de acción privilegiado de los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos y asesinados en ese espacio de cautiverio. Incluso en tiempos de impunidad en la Argentina, se las ingeniaron para llevar su reclamo ante los funcionarios judiciales, ya sea en los Juicios por la Verdad o en las causas tramitadas en el exterior. Ese camino, que se inició con la denuncia de un sobreviviente en plena dictadura y a la que se sumaron más de una centena hasta el día de hoy, se prolonga en este juicio incorporando nuevas piezas al rompecabezas todavía incompleto de la represión en El Vesubio. Aumentar y agilizar las audiencias, como reclaman con insistencia sobrevivientes y familiares, sería una contribución inestimable a esa tarea.

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