Otra coordinación represiva

 

El 10 de enero de 2017, la Gendarmería Nacional (GNA) y la policía de Chubut realizaron un operativo represivo sobre la Pu Lof en Resistencia Cushamen. “Hay fiestita en Leleque”, arengaban los verdeolivas alojados en la estancia de la familia Benetton, bajo la autorización del juez Guido Otranto. Desde allí planificaron el operativo, en el marco de una causa por la interrupción de las vías de La Trochita.

“Pronto estoy por allá. Hoy salimos para la Patagonia. Te llevo info, tenemos 7 detenidos”. El comandante mayor Jorge “El Potro” Domínguez, director de Inteligencia Criminal de GNA, habla en tono amistoso con Patricio Marín Lazo, jefe de la inteligencia de los Carabineros chilenos. Es 13 de enero. Uno de los apresados en Leleque se llama Ariel Garzi, amigo de Santiago Maldonado.

“Tenemos orden de detención a (Facundo) Jones Huala. No sé si ustedes lo tienen cargado en Interpol pero nosotros en cuanto lo detectemos, tenemos orden de detenerlo. Ahí en Esquel lo habían liberado pero en cuanto lo encontremos lo detenemos”. Los mensajes fluyen a través de sus WhatsApp.

El 20 de enero, Domínguez avisa que estaría viajando a Temuco por dos noches. Llega el 24. Al día siguiente, le manda a Marín Lazo un documento rotulado “Minuta mapuche”.

Al mismo tiempo en que ambas fuerzas intercambiaban informes de inteligencia, el diario Chubut publica un artículo sobre la incautación de armas en Chile, Jones Huala y la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche).

“Mandame lo de Argentina”. El jefe de la inteligencia de Carabineros le hizo este pedido explícito al capitán Leonardo Osses, quien respondió con una ficha sobre el lonko de la Pu Lof en Resistencia Cushamen. En ese mismo intercambio del 26 de enero, Marín Lazo reenvía una serie de archivos que antes había recibido de Domínguez.

Las conversaciones son cotidianas.

—Los de la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) nos quieren contactar —adelanta Domínguez, ubicándose en un lugar de subordinado.
—¿Por qué tema? —responde Marín Lazo.
—Mapuches. Nosotros fieles a Carabinero.

El Estado nacional, durante la presidencia de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, compró toda la narrativa chilena en contra de los pueblos mapuches. Esto tuvo consecuencias directas sobre comunidades y militantes sociales: causas penales armadas, militarización del territorio en la Patagonia, operaciones de inteligencia ilegal y la construcción de la idea de un enemigo interno. Los puntos más álgidos de esta maniobra ocurrieron con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Así lo concluyó también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que, luego de sistematizar información obtenida en Chile y proveniente de las causas penales en la Argentina, acaba de publicar un informe titulado “Coordinación represiva contra el pueblo mapuche”.

“La información obtenida a través de la inteligencia ilegal sirvió de material tóxico para alimentar a la prensa y el famoso informe sobre la RAM. También se habló de un tráfico de armas para justificar la idea de los ‘mapuches terroristas’. Esos discursos no fueron meras palabras, sino que contribuyeron a legitimar acciones en contra de las comunidades. Lamentablemente, esa campaña pública en contra de los mapuches volvió a tomar escala”, explica Manuel Trufó, director del área de Justicia y Seguridad del CELS.

 

Coordinación

“Las fuerzas de seguridad chilenas eran vistas como expertas en el tema de la ‘violencia mapuche’, por lo que se crearon espacios de cooperación e intercambio para capacitar a los argentinos. Así, el modelo chileno fue aprendido de manera sistemática, al tiempo que se establecían canales para la circulación de información de inteligencia por dentro y por fuera de los expedientes penales”, puede leerse en el informe del CELS.

Toda la documentación que sistematizó el organismo, y que en parte había sido adelantada por El Cohete, surge de una causa judicial en Chile, en la cual se investiga el rol de Carabineros en la llamada Operación Huracán y la fallida Operación Andes. Los chilenos fraguaron pruebas para detener a ocho comuneros mapuches. Tras incautar el teléfono celular de Marín Lazo, quedaron sobre la superficie todas las tareas de inteligencia ilegal seguidas minuciosamente por Patricia Bullrich.

El 12 de agosto de 2017, cuando Maldonado llevaba 11 días desaparecido, Domínguez le solicitó a Marín Lazo si podían intervenir el teléfono de Santiago y el de Nicasio Luna Arratia, uno de los jóvenes que había logrado escapar de la Pu Lof en Resistencia Cushamen tras la represión de la Gendarmería. En ese momento, el comandante mayor estaba en Esquel. Al día siguiente, viajaría a Temuco junto a Rafael Benz, jefe del Centro de Análisis de Inteligencia de la misma fuerza.

De ese encuentro de mediados de agosto surgió un documento clave. Rotulado como confidencial y bajo el título “Minuta Informativa. Desaparición de Santiago Andrés Maldonado en Cushamen, Argentina”, ambas fuerzas dejaron por escrito su modus operandi.

 

 

“Mantener coordinación continua y permanente respecto al conflicto étnico mapuche (…) intercambio de blancos de investigaciones en común vinculados al conflicto mapuche y subversivo; intercambio de sujetos con órdenes pendientes en ambos países, relativos al conflicto mapuche y subversivo. Por parte de Inteligencia de Gendarmería Argentina, estos concurrieron a nuestro país a solicitar asesoría sobre la violencia rural, conflicto mapuche y subversivo, para utilizar nuestra experiencia como herramienta en el tratamiento étnico de su país de forma permanente en el tiempo”, puede leerse en el documento que aquí publicamos.

Mientras tanto, en la Argentina se simulaba la búsqueda de Santiago Maldonado y la prensa hegemónica porteña distribuía como partes de guerra la información filtrada por Bullrich y Gonzalo Cané.

El 22 de agosto, Rafael Benz le envía a Marín Lazo una serie de archivos vinculados a la RAM con listados de personas y organizaciones. Según determinó el CELS, la misma lista había sido enviada a Marín Lazo por el fiscal chileno Sergio Moya, de estrechas relaciones con la inteligencia de Carabineros, y también muy cercano a José Ignacio Gerez, el fiscal general de Neuquén. La lista decía en su encabezado “Luis Green”, seguido de dos puntos, y a continuación los nombres de las personas vigiladas. En ese momento, Luis Green era el secretario de Fronteras del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Es decir, había un circuito establecido para esa coordinación, por fuera de toda legalidad, que iba desde Green, funcionario argentino; pasaba por Sergio Moya, fiscal chileno; luego por Marín Lazo y regresaba a la Argentina al ser recibida por Rafael Benz. Todo bajo la atenta mirada de Bullrich.

 

 

La espía

Benz y Domínguez no fueron una patrulla perdida, por más que el jefe de inteligencia criminal dijese en la Comisión Bicameral que investigó las maniobras de espionaje durante el macrismo que su paso por Esquel y Temuco nada tenía que ver con Maldonado ni la cuestión mapuche. Sus propios diálogos con Marín Lazo lo desmienten.

No actuaban solos, sino bajo la coordinación y minuciosa observación de Patricia Bullrich, quien reunía toda la información de inteligencia ilegal para luego pasársela a Fulvio Pompeo, quien a partir de marzo de 2018 quedó el frente a la denominada Mesa de Seguridad Nacional, creada por el decreto 174/2018.

 

 

Desde esa área clave se coordinaba todo lo referido a la “seguridad nacional”, un concepto que fue utilizado para, en algunos casos, demoler el Estado de derecho en línea con las hipótesis de las “nuevas amenazas” de la agenda de Estados Unidos que incluyó al “indigenismo”.

Los Carabineros no sólo se habían comprometido a intervenir todas las comunicaciones digitales de la familia Maldonado a través de un software elaborado en sus dependencias (que resultó ser una truchada), sino que existió una orden judicial que los habilitó a obtener los registros de las llamadas entrantes y salientes del celular que utilizaba Santiago.

“Hola amigo, bien la corte hoy. Nos entregó la resolución de tráfico. Hoy en la tarde se la mando a la compañía”, le escribe Marín Lazo a Benz. “Buen día amigo. ¿Será posible que me envíes el número de expediente u oficio judicial por el cual se solicita ante la empresa de telefonía los datos del celular que habría usado Maldonado?” Benz pide una especie de reaseguro de la maniobra que estaban llevando adelante.

Los integrantes de Carabineros, probablemente, hayan utilizado la causa judicial conocida como “Operación Andes”, instruida por el fiscal chileno Sergio Moya, quien intentó vincular un supuesto tráfico de armas entre la Argentina y Chile, junto a la complicidad del fiscal neuquino Gerez.

“Hola Patricio. Hablé con mi jefe y le expliqué la situación de que es muy delicado que ustedes nos pasen los datos aportados por la empresa con la referencia de expediente u oficio de la Corte. Que solamente pasarán una hoja con datos del celular sin que se registre el pedido formal. En sí, lo único importante son los datos del titular y cruces telefónicos y mensajes como información netamente de inteligencia”, aclara Benz.

El cruce de información parecía no fluir de la manera que pretendía la Gendarmería. Benz viaja a Temuco y Patricia Bullrich se pone cada vez más nerviosa.

“Tenemos alguna novedad de la compañía? Tengo órdenes de quedarme hasta que tenga el listado”, avisa Benz el 22 de septiembre. Tres días después, insiste: “Hola amigo. ¿Tenés alguna novedad de la telefónica. Me están presionando mucho. Gracias.”

El 29 de septiembre, Bullrich se juntaría con el subsecretario de Interior de Chile, Mahmud Aleuy. “Me están preguntando de Buenos Aires si ya contestó la compañía. En estos momentos está reunida la Ministra con el Director General de Gendarmería. Y está preguntando el tema por eso te molesto amigo”.

La información nunca llegó. Pero Bullrich siguió con su plan de ataque hacia las comunidades, lanzó el Comando Patagónico Unificado para coordinar esfuerzos con las fiscalías provinciales y en diciembre de ese año presentó un informe sobre la RAM sin ningún dato certero.

 

Instigadores privados

En Esquel, toda la información de inteligencia que manejaba el fiscal Fernando Rivarola era compartida con el titular de la Sociedad Rural de esa localidad, Hernán Alonso, quien luego ascendió a ministro de Producción del gobierno de Mariano Arcioni. En Bariloche ocurre lo mismo. La Sociedad Rural de esa ciudad es una de las principales promotoras de la persecución hacia las comunidades mapuches.

El trasfondo de la criminalización tiene que ver con las presiones de los poderes económicos de toda la Patagonia. En Bariloche se organizaron alrededor de la propuesta Consenso Bariloche, a través de la cual Miguel Ángel Pichetto, la gobernadora Arabela Carreras o los llamados vecinos auto convocados despotrican contra los mapuches. Los empresarios locales e internacionales pretenden avanzar sobre las tierras de la región.

En la provincia de Río Negro había ocurrido una experiencia exitosa de una comisión legislativa que puso la lupa sobre diferentes transferencias de tierras que resultaron una estafa. Se elaboró un informe y formularon distintas causas penales vinculadas a las compras de Joe Lewis, la familia Van Ditmar –testaferros de Lewis– y el grupo Burko, entre otros.

Todo avanzaba hasta que llegó 2017 y los jueces de la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, integrada por Guillermo Mariano Bustamante en su carácter de presidente y Gustavo Guerra Labayén y Carlos Mussi (subrogantes) en carácter de vocales, resolvieron que no había delito que investigar. Era agosto. Y la narrativa oficial contra los mapuches se cimentaba con la desaparición de Maldonado.

“Antes de 2017, los sospechosos eran los que se estaban quedando con los lagos. Ahora, ellos son las víctimas (de la supuesta violencia mapuche). Ahí radica la marcada de cancha de Bullrich”, analiza Laura Kropff, investigadora del CONICET en temáticas vinculadas a las comunidades.

“La Coordinadora del Parlamento Mapuche intentó plantear la dimensión estructural del problema pero, en tanto todo el mundo siga aceptando una lógica centrada en casos resonantes, el encuadre no se modificará. La Mesa de Resolución de Conflictos –lanzada bajo la gestión de la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic– también funcionó bajo la lógica de “casos” y eso es funcional a Bullrich”, concluye Kropff.

Ahora, la cuestión mapuche es azuzada electoralmente por la gobernadora Carreras y por los mismos sectores económicos que se dicen víctimas de un terrorismo mapuche del que no hay pruebas. “Me quisieron meter a la RAM por la ventana”, sostuvo la jueza Carina Estefanía, luego de absolver a todos los integrantes de la Pu Lof en la causa por usurpación impulsada por Benetton.

La derecha local vuelve a envalentonarse. Y sus representantes no dudan en jugar sus mejores-peores cartas, frente a un espejo chileno que también redobló sus ataques hacia sus comunidades mapuches.

 

 

 

 

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