Orwell volvé, te perdonamos

 

Corea, 1952. Las trincheras enfrentadas de los dos bandos. Todas las noches John Saxon se pinta la cara. Sólo lleva un cuchillo con el que se interna tras las líneas enemigas. Regresa de madrugada. Mientras los demás cumplen con la fajina convencional, él duerme. Aire taciturno, sólo se exalta al caer la noche. Cuando llega su turno.

Robert Redford es rubio y bello, el americano medio que cumple su deber, con patriotismo y disciplina pero sin entusiasmo. Piensa en su pueblo rural, en la novia de la adolescencia .

Ambos compiten por la influencia sobre un huérfano coreano que los sigue a donde vayan.

Se firma el armisticio. Los buenos ciudadanos-soldados festejan. Los aguarda la rutina cotidiana. Detenerse en los semáforos hasta que la luz se ponga verde. Pagar los impuestos. Cuidar del jardín. Ir a la iglesia los domingos.

Esa noche John Saxon tampoco está en su cama. Los generales que consintieron su guerra privada y le otorgaron todos los privilegios se alarman. Puede poner en peligro el acuerdo de cese al fuego. Varias patrullas salen a buscarlo. Robert Redford lo alcanza, rumbo al campo enemigo.

—La guerra ha terminado—, le comunica.

Impasible como Marlon Brando hubiera deseado lograrlo en Apocalypse Now, John Saxon pregunta:

—¿Qué guerra?— y continúa su marcha hacia el combate.

Esta historia fue filmada en 1962 por los hermanos Denis y Terry Sanders. War Hunt, que aquí se exhibió pocos días en una sala de segunda como El que mató por placer, fue una obra clave del cine independiente norteamericano. Es también la más extraordinaria película sobre la guerra tal como la conciben los estrategas de Washington después de 1945 y acerca de sus efectos sobre los cazadores de guerra del título.

Han pasado casi sesenta años de esa filmación y las matanzas masivas se suceden, cada vez con mayor frecuencia y con resultados más letales, porque Corea ha dejado de ser un caso excepcional y las guerras estadounidenses se repiten, con armamentos perfeccionados para matar a más personas en menos tiempo y a mayor distancia, sin la daga y el cuerpo a cuerpo que excitaban a John Saxon.

El poster de lanzamiento no dejaba dudas. Su texto decía: "Sucedió en un campo de batalla furioso, pero él podría haber sido un asesino acechando las calles de una ciudad". Es debatible cuál de los dos personajes enfrentados, al regresar a casa, disparará su fusil automático sobre los clientes de un mall o los estudiantes de un campus universitario.

 

 

Hay otras buenas películas sobre el eco dentro de Estados Unidos de las calamidades que su gobierno desencadena sobre otros países, como Deer Hunter (El cazador de ciervos, que aquí se conoció como El Francotirador), que ganó el Oscar de 1978, igual que su director, Michael Cimino. Pero es más oscura y tendenciosa: son los malvados vietnamitas quienes corrompen y destruyen a los buenos muchachos americanos con las prácticas salvajes que les imponen.

 

 

Lo hacemos por tu bien

El 16 de octubre, el Procurador General designado por el Presidente Donald Trump, William Barr, quien ya había ocupado el mismo cargo con el presidente George W. Bush, envió una nota a todos los fiscales y a todos los organismos de seguridad del país, sobre la "Implementación de un Programa Nacional de Combate y Acción Temprana contra la Amenaza de Tiroteos Masivos". La nota anuncia una capacitación a realizarse en diciembre en la sede central del FBI, a la cual se solicita que cada corresponsal envíe a los mejores y más brillantes funcionarios, ya que la secretaría de Justicia, el FBI y los "socios del sector privado" los instruirán sobre la nueva política a instrumentarse, que según Barr derivará de las aplicadas "contra la amenaza terrorista". Es decir, una vez más, replicar dentro del país lo que se ha practicado fuera. El objetivo es "refinar nuestra capacidad de identificar, evaluar y actuar sobre los posibles tiradores masivos antes de que ataquen”, mediante "una estrategia eficiente, efectiva y programática para interferir a las personas que se están movilizando hacia la violencia, por todos los medios legales". 

Barr detalla que las fuerzas conjuntas antiterroristas utilizaron "psicólogos clínicos, profesionales de evaluación de amenazas, equipos de intervención y grupos comunitarios" para detectar riesgos, ya que "cuando el público" dice algo "para alertarnos de una amenaza potencial, debemos hacer algo". Esa frase recuerda la que luego del 11 de septiembre de 2001 se hizo familiar en todos los lugares públicos: "Si ve algo, diga algo". Pero mientras los ataques terroristas se preparan con mucha antelación, agrega,“muchas de las actuales amenazas a la seguridad pública se presentan en forma abrupta y a veces sólo con ambiguos indicios previos". Una característica que la nota atribuye a los individuos blanco de la nueva política son sus "síntomas de enfermedad mental y/o de problemas de abuso de sustancias".

La nota no lo dice en forma explícita, pero los medios independientes de Estados Unidos, como MintPress, alegan que para detectar quien alberga el propósito de cometer una masacre masiva se incrementará la vigilancia de los ciudadanos comunes y el uso de algoritmos para analizar enormes cantidades de datos sobre síntomas vagamente definidos de enfermedad mental. En los programas antiterroristas, las personas identificadas como una amenaza de cometer un atentado son detenidas, obligadas a someterse a tratamiento, asesoramiento sobre abuso de sustancias y vigilancia electrónica, entre otras. El anuncio de que estas mismas técnicas orwellianas se aplicarán a cualquier ciudadano dentro del país no fue comentado por los grandes medios masivos, con la única excepción del Huffington Post. En su nota, el HP menciona el tiroteo ocurrido hace tres meses en el Walmart de El Paso, Texas, donde fueron asesinadas casi dos docenas de personas. Días antes, el director del FBI, Christopher Wray, había informado al Congreso que su oficina había realizado más de 100 arrestos en los tres primeros trimestres del año por sospechas de terrorismo. Explicó que la mayoría de esos casos "están motivados por lo que podríamos llamar violencia supremacista blanca".

 

 

La puerta trasera

Barr viene intentándolo desde que asumió. Suya fue la iniciativa de presionar a las empresas tecnológicas para que dejen una puerta trasera abierta en dispositivos y programas de comunicaciones que encripten su contenido, para permitir el espionaje gubernativo. Lo expuso públicamente en julio durante la Conferencia Internacional de Ciber Seguridad, ya que el encriptado inviolable "mella nuestra capacidad de vigilar y combatir a terroristas extranjeros y locales". También mencionó tráfico de drogas y de personas, abuso sexual de menores, fraude financiero y  actividad de bandas transnacionales, y cuestionó que la privacidad sea un derecho absoluto, con independencia de la seguridad de la sociedad, según detalló la periodista Whitney Webb, de MintPress.

 

 

 

Barr agregó que en cualquier momento podría ocurrir un grave episodio que galvanizara la opinión pública sobre estas cuestiones. Poco después se produjo el tiroteo en el Walmart de El Paso, lo cual abrió interrogantes sobre el conocimiento previo que pudiera haber tenido el FBI. Barr y el Presidente Trump anunciaron entonces que la solución era esa puerta trasera en celulares y computadoras y el sistema de acción pre delictiva. En octubre, Barr firmó un acuerdo con su contraparte británica, Priti Patel, de acceso a los datos electrónicos de los ciudadanos del otro país, que las compañías tecnológicas deberían entregar sin restricciones. Fue la primera aplicación concreta de la ley Cloud (Clarifying Overseas Use of Data Act) , aprobada en el Congreso de Estados Unidos en 2018.

Barr y Patel respondieron a las críticas que la ley reforzaría los derechos civiles, al aplicarse para combatir a pedófilos y el crimen organizado, aunque ninguno de los dos países de la alianza atlántica mostró el menor interés en perseguir la red del pedófilo Jeffrey Epstein, que ha sido vinculada tanto a organizaciones criminales como a organismos de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Incluso se publicó que el padre de Barr fue uno de los clientes de Epstein, como el propio Trump.

Además, el propio Epstein fue fundador de la compañía tecnológica Carbyne 911 en sociedad con el ex primer ministro de Israel Ehud Barak y con Peter Thiel, el fundador de Palantir. Carbyne911 es una de las compañías israelíes que venden en Estados Unidos su software destinado a reducir los tiroteos masivos y acortar el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. Es el tipo de software que Patricia Bullrich adquiere en Israel, vía Mario Montoto. Palantir fue creada en 2004 por el fondo In-Q-Tel, que pertenece a la CIA, y el gobierno de Macri dispuso contratarla para digitalizar la causa AMIA, como narró Jorge Elbaum en El Cohete.

 

 

La política como enfermedad

Luego del tiroteo de El Paso, Trump consideró la creación de una nueva agencia federal, denominada HARPA que trabajaría con la Procuración General en el uso de tecnologías de avanzada, como Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, para el diagnóstico temprano de violencia neuropsiquiátrica. Los datos se obtendrían de los teléfonos inteligentes de los consumidores y de los servicios de salud. La periodista Whitney Webb concluye que tanto HARPA como el programa anunciado por William Barr incluirían en la definición de enfermedad mental algunas creencias políticas, de acuerdo con un memo interno del FBI y algunos estudios académicos que vinculan teorías conspirativas con enfermedad mental. "De este modo, tanto el Departamento de Justicia como ciertos profesionales de la salud mental ya definieron a quienes expresan escepticismo sobre el relato oficial tanto como enfermos mentales y como amenaza terrorista, y en consecuencia dignos de atención por los programas Pre delictuales.

Todo esto se presenta como alternativa al reclamo de un fuerte movimiento social que reclama controles estrictos sobre la venta de armas de guerra, que están al alcance de cualquiera. Los demócratas están divididos al respecto. Durante la anterior campaña presidencial Hillary Clinton apoyaba esa demanda, pero Bernie Sanders se oponía porque en su estado, Vermont, de escasa densidad de habitantes, la portación del arma es indiscutible. En cambio los republicanos apoyan sin fisuras la posición de la poderosa National Rifle Association, que en estos días ha hecho ferias con los últimos productos de la industria incluso en colegios y universidades, donde las armas son exhibidas y  subastadas. Con lo cual el negocio de las armas también servirá como pretexto para extender y profundizar el control social por vía del espionaje electrónico. Orwell volvé, te perdonamos.

 

 

 

 

 

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