Ordenar la casa

 

Unos días antes de que el Presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio, Cristina Caamaño llegó a la Casa Rosada cargando unas cajas. Eran documentos que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había producido después de seguir y espiar a los integrantes de los organismos de derechos humanos durante la dictadura. Revisar los archivos de los años del terrorismo de Estado es parte de la tarea para poner en orden La Casa, como se conoció históricamente a la SIDE y hoy a su sucedánea, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero hay mucho más.

Los archivos que Caamaño le llevó en marzo al Presidente son parte de un relevamiento que viene haciéndose desde fines de enero, cuando la interventora creó el Programa de Protección de Registro y Archivo que analizará información elaborada y recolectada por la entonces SIDE hasta el 9 de diciembre de 1985, cuando la Cámara Federal dictó la sentencia en el Juicio a las Juntas. La tarea está lejos de estar completada porque el volumen de información es descomunal. Una primera estimación decía que se habían encontrado unas 250.000 fichas con unos 6.000.000 de microfilms.

En los juicios de lesa humanidad o por requerimiento de familiares de las víctimas, la Secretaría de Inteligencia – o desde 2015 la AFI – ha aportado legajos o fichas que examinados en conjunto permitirían entender cómo funcionó la inteligencia durante los años del terrorismo de Estado. El Presidente deberá decidir si avanza hacia una desclasificación de ese material, aunque todo hace presumir que así será.

 

 

Chicas superpoderosas

En los tribunales de Comodoro Py, se apilan algunos de los papeles que la Secretaría de Inteligencia aportó para las causas por crímenes de lesa humanidad. Algunos de ellos mencionan a una mujer entre los integrantes de la banda de Aníbal Gordon, que operó en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Se trata de Marta Susana García Tezanos Pinto, sobre quien aun la justicia no encontró pruebas de su participación en el centro clandestino que fue base del Plan Cóndor.

García Tezanos Pinto era, en realidad, Mirta Pendas en la SIDE. Era una chica que no había cumplido los 21 años cuando ingresó a la Casa en marzo de 1973, en las postrimerías de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Según publicó el periodista Walter Goobar, García Tezanos Pinto – de familia diplomática – entró a la SIDE por ser amiga de una de las hijas de su entonces director, Otto Paladino. El otro dato que figura en el legajo de la mujer es que la SIDE le dio la baja en 1977 – así lo informó el entonces director Carlos Laidlaw – después del secuestro de Pedro León Zavalía, un agente de bolsa y dueño de Río Paraná Cía., que más tarde sería perseguido por la Comisión Nacional de Valores (CNV) como uno de los integrantes de la “subversión económica”. García Tezanos Pinto se recicló en democracia como productora periodística.

Más cercanas en el tiempo hubo dos mujeres que conocieron al dedillo la investigación más importante – y amañada – que tuvo la SIDE entre sus manos: la del atentado a la AMIA. Algunos se refieren a ellas como las chicas de Jaime, pero en el submundo de la inteligencia son Marta Orly y Gabriela Rieder. Marta, que estaba casada con un militar de apellido Olivares, ingresó a la SIDE en plena dictadura: en 1977 – el mismo año en que la echaban a Mirta Pendas. Gabriela se sumó en 1985. Cuando fue el atentado, Marta y Gabriela eran las expertas en Medio Oriente, aunque muchos dicen que se limitaban a hacer pegatinas de artículos que aparecían en diarios y agencias de noticias.

La SIDE hace décadas que no es mundo para hombres, pero sí un mundo mayoritariamente de hombres -- y machista -- y todas las mujeres que transitan los pasillos del edificio de la calle 25 de mayo no son Mirta, Marta ni Gabriela. Las hay funcionarias, analistas, administrativas o quienes trabajan como personal de maestranza.

En la actualidad, en la AFI hay 994 varones, 447 mujeres. Las mujeres rondan un 33 por ciento de la planta total. Cuando Caamaño ingresó, el número era inferior. La interventora buscó llevar más mujeres y activar incluso el cupo trans.

Después de una capacitación de la Ley Micaela que dieron la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y la filósofa Diana Maffia, Caamaño creó un Programa Integral de Géneros, que depende de la Dirección de Planificación de la AFI. Las mujeres que trabajan ahí empezaron a denunciar. Algunas denuncias habían surgido por el uso de polígrafos. Ahora hablaron de maltratos, tocamientos e incluso golpes. Hay casos que pueden convertirse en denuncias, explican. Mientras se investiga, los señalados están suspendidos.

 

 

 

 

Remodelaciones estructurales

Desde que se declaró la pandemia, la AFI cambió su propio ritmo. Hay mucha menos gente en los edificios. Para entrar al edificio central, una pistolita apunta a la cabeza y mide la fiebre. Si funciona, entra. En cada uno de los pisos se repite el procedimiento.

Sin embargo, en estos meses, Caamaño – cuya designación se estira hasta el 21 de junio con posibilidad de prórroga – estuvo modificando el organigrama de la agencia. El primer gran cambio es que ya no existe el Señor 8, es decir, el número dos en la estructura de la ex SIDE. El director es siempre el Señor 5. Entre el 5 y 8, en general, hay rispideces o se produce un doble comando.

Durante el macrismo, el Señor 5 – Gustavo Arribas – tenía a su cargo dos grandes áreas: Jurídicos y Finanzas. La Señora 8 – Silvia Majdalani – era responsable del sector Operaciones. Antes de la reforma de 2015, el Señor 8 también se encargaba del “terreno”.

El otro gran cambio es que Caamaño ordenó la estructura de la AFI en tres grandes secretarías que dependen del director general – en este caso de ella, que es la interventora,--: Producción de Inteligencia Nacional, Planificación de Inteligencia Nacional y Administración y Apoyo. El cambio en la estructura ya está vigente y cuenta con la aprobación del presidente. Resta todavía la opinión del consejo de expertos al que convocó Caamaño y que no se ha reunido desde que se inició el aislamiento.

La pandemia también dejó en suspenso las definiciones sobre la cantidad de personal de la AFI, que desde hace meses tiene vedado intervenir en investigaciones judiciales. Se iniciaron evaluaciones en la Escuela Nacional de Inteligencia para decidir cuántos empleados quedarán, que generaron quejas de los agentes y espías porque sumaban preguntas sobre matemáticas, historia y geografía – como retrató La Nación. Sólo un porcentaje de los exámenes se tomaron y se corrigieron. Falta el grueso. El personal de la AFI empezó a cobrar por el banco, como otros trabajadores estatales. La diferencia es que hay un convenio que no dice en qué dependencia revisten. Sólo los operativos y los de contrainteligencia no fueron bancarizados.

 

 

 

Los fondos

Uno de las primeras medidas de Alberto Fernández fue dejar sin efecto el decreto 656 de Mauricio Macri que volvía secretos todos los fondos de la AFI. La sospecha es que esos fondos se usaban, por ejemplo, para operaciones contra opositores. Esta semana se anunció que la ejecución presupuestaria del organismo – que aún funciona con el presupuesto de 2019 – se publicará en el portal presupuestoabierto.gob.ar .

Como relató El Cohete, durante la gestión de Arribas y Majdalani, la agencia tuvo otras formas de recaudar, como la venta interna de armas y la liquidación de propiedades, algunas muy valiosas como las bases Billinghurst o Coronel Díaz. En la agencia encontraron un verdadero arsenal de armas, innecesarias para las tareas de inteligencia, que van a ser donadas al Ministerio de Seguridad. Por la venta interna de armas probablemente se presentará una denuncia ante la justicia federal.

Entre 2017 y 2019, la AFI cedió seis propiedades para ser vendidas: las bases Billinghurst (con su entrada por Sánchez de Bustamante) y Coronel Díaz, un edificio en la calle Chacabuco, un departamento en Avenida Corrientes y otro en Figueroa Alcorta. El último, de cuatro ambientes con dos baños, se vendió a un precio demasiado bajo para el mercado, que se está examinando.  La venta de esas propiedades dejó como saldo unos 12 millones de dólares. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que retiene un 30 por ciento del total, ya giró 657 millones de pesos, que sólo pueden usarse para comprar o arreglar edificios de la ex SIDE. Algunos fueron dejados en pésimo estado, como la base que guardaba archivos y copias relativas justamente al peor atentado terrorista que sufrió la Argentina.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí