Oposición bajo Fondo

 

La desaprobación de la Ley de Presupuesto prologa el futuro debate relativo a la refinanciación del crédito con el FMI. Los diferentes fragmentos de Juntos por el Cambio (JxC) buscan evitar que el endeudamiento se transforme en la dimensión central del debate público de cara a las elecciones de 2023. En la última semana –mientras se sucedía la discusión en la Cámara de Diputados– los máximos referentes de la oposición se concentraban en disimular los quebrantos generados por la tramitación del crédito en 2018.

Dos décadas después de los sucesos que prologaron la mayor crisis de la historia argentina, la derecha doméstica vuelve a imponer los condicionamientos de un programa fondomonetarista que restringe la autonomía económica y limita la soberanía nacional. El acuerdo firmado durante el macrismo –que no previó cómo iba a abonarlo en caso de ser reelecto– exigía pagar 19.000 millones de dólares durante el próximo año, otro tanto en 2023 y 5.000 millones en 2024.

Esos montos deberían sumarse a los vencimientos de los títulos públicos, comprometidos con los bonistas privados luego de efectivizarse el canje de deuda privada, negociada por el actual gobierno durante 2020, lo que supuso un ahorro de 40.000 millones. En total, como resultado del legado cambiemita, nuestro país debería afrontar casi una década de 15.000 millones de dólares anuales.

La inquietud cambiemita radica en que la grave situación que dejaron pueda ser debatida y comprendida por la sociedad en su real dimensión. Esa es la causa por la que algunos de sus alfiles buscan, en forma insistente, confundir los endeudamientos en dólares con las acreencias en pesos que genera el actual gobierno. El cuádruple objetivo político de los grupos concentrados, representados políticamente por JxC, consiste en:

(a) disolver las responsabilidades del endeudamiento externo en la sociedad en su conjunto, aplicando el consabido método de la confusión comunicacional,

• garantizar la aceptación de los requerimientos de austeridad planteados por el Fondo –coincidentes con las expectativas de debilitamiento de las capacidades de intervención del Estado, reclamados de forma insistente por los referentes neoliberales locales–
• evitar que los desembolsos puedan habilitar la búsqueda y repatriación de lo fugado desde 2018 –tal cual lo demandó Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo el 10 de diciembre–, e
• impedir que se legitime un incremento impositivo, sobre todo uno segmentado al colectivo de quienes se vieron beneficiados con el seguro de cambio concedido por el macrismo una vez que se recibió el préstamo del FMI.

Las más horrendas pesadillas, verbalizadas por los cambiemitas, remiten al posible asentimiento o directa admisión –por parte del organismo multilateral– de las dos últimas medidas, situación que resquebrajaría la articulación interna de la oposición y la obvia subordinación a sus mandantes últimos, los grupos concentrados. Estos grupos insisten en las políticas de austeridad que derivan en la desprotección creciente de los trabajadores y por ende en el abaratamiento de la fuerza laboral.

El superávit de la balanza comercial es otra de las pretensiones coincidentes con el staff del Fondo, que busca priorizar la exportación sin reparar en las necesidades domésticas, incluso aquellas que remiten a la seguridad alimentaria local, como se puso en evidencia recientemente con relación al incremento del precio de la carne. Mientras el crecimiento económico interno demanda las divisas para importar bienes de capital (máquinas para ampliar la capacidad productiva), el Fondo y sus socios domésticos exigen que dichos dólares se orienten al pago de una deuda contraída irregularmente para evitar la derrota electoral del macrismo.

 

 

Las cuatro condiciones

 

 

 

 

El Programa de Facilidades Extendidas (SAF, por su sigla en inglés) establece un plazo máximo de diez años para reintegrar los 43.000 millones, y el gobierno se encuentra negociando sin que la oposición se manifieste de forma solidaria respecto a cuatro de los puntos más acuciantes de la negociación con el staff fondomonetarista comandado por Kristalina Georgieva:

• los años de gracia –previos al inicio del primer desembolso del capital–, lo que presupone el inicio de los pagos a partir de tres, cinco, siete o diez años;
• el plazo, es decir el lapso que englobaría el SAF, y las respectivas cuotas anuales que se estipularían, luego del periodo de gracia;
• la tasa de interés que efectivamente se abonará (si será actualizada semestralmente o si será fijada de antemano), y
• la sobretasa, hoy estipulada en un 3% por sobre el interés básico. Esta sobretasa es un punitorio estipulado para aquellos países que se han excedido en el monto solicitado, respecto a su cuota parte estipulada como integrante del FMI.

A la Argentina le hubiese correspondido un crédito máximo de 20.000 millones de dólares por ser titular de un 187%. Sin embargo se le otorgó un monto acorde, el 1.277% ciento en el marco de la presión de Donald Trump para garantizarse la continuidad política de Macri, quien se había mostrado como un fiel seguidor de sus posicionamientos geopolíticos.

El Fondo y las grandes corporaciones locales coinciden en aumentar los saldos exportables y reducir el déficit fiscal. Pero surgen diferencias en torno a la posibilidad de que se busque superar el déficit mediante la progresividad impositiva. La última semana, los referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestaron su preocupación por la inclusión en el proyecto de presupuesto de una modificación al artículo 115 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que permitiría ajustar los futuros aportes de las empresas a los indicadores inflacionarios.

A pesar de que JxC comparte los criterios ortodoxos impulsados por el FMI –referidos al ajuste fiscal, la reducción de subsidios, los ajustes jubilatorios, la restricción monetaria y la reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos–, se opone a un aumento de la recaudación fiscal que afecte a sus socios empresarios.

Frente a cualquier iniciativa destinada a gravar al 10% más acaudalado de la sociedad –que percibe 30 veces más ingresos que el decil más pobre– se alzan las voces que advierten sobre la falta de incentivos para invertir en la Argentina. Sin embargo, gran parte de los referentes más reputados de este segmento privilegiado insiste desde hace décadas en informar residencias en el exterior –para no tributar en su país–, evadir al fisco, fugar capitales y/o desentenderse de la situación socioeconómica de sus compatriotas. Además, lejos de las diatribas repetidas, los líderes del quantum de inversión y generación de empleo en la Argentina no son ellos sino las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

 

 

Más allá del abismo

 

 

Una de las maneras que tiene el establishment para ejercer presión y garantizarse la continuidad del modelo sugerido por el FMI consiste en augurar cataclismos si no se llega rápidamente a un acuerdo. Uno de los pitonisos de esa posible hecatombe es el periodista del Grupo La Nación Joaquín Morales Solá, confidente de Elisa Carrió, quien sostuvo –sin detallar los datos provistos por su encuestadora personal– que “el 90 por ciento de la sociedad quiere un acuerdo con el Fondo porque intuye que la opción, que es el no acuerdo, es mucho peor que cualquier acuerdo”. “La sociedad intuye que estamos cerca del abismo y la Vicepresidenta no”, remarcó.

Las amenazas orientadas a someter a los negociadores argentinos a las exigencias fondomonetaristas y de la UIA también son propagadas desde el exterior: la última semana, el ex representante del FMI ante el hemisferio occidental, Claudio Loser, residente en Washington, advirtió que extender en el tiempo el acuerdo, o no firmarlo a la brevedad, convertiría a la Argentina en un Estado paria, llevándola a vivir en el marco de una economía de guerra. La estrategia de pinzas, coordinada tácitamente entre los actores financieros y JxC, es reforzada en forma sistemática, además, por las agencias comunicacionales globales: a principios de octubre, la agencia de noticias Bloomberg informó que el staff del Fondo había desestimado el pedido de los funcionarios argentinos con relación a las sobretasas, con el objeto de debilitar la posición argentina.

El último miércoles, Mario Negri advirtió a sus colegas del interbloque que la oposición en su conjunto podría verse envuelta en álgidas contradicciones si no planifica con cuidado las intervenciones en el recinto. Dado que el presupuesto presentado por el oficialismo para 2022 no incluye previsiones para el pago de la deuda, sugirió que “nos quieren pasar la bomba para que explote a partir de 2024, cuando asumamos el gobierno”. Frente a esa posibilidad, el senador Luis Juez –orgulloso hijo de un integrante de la organización Tacuara y organizador de la campaña electoral de Carlos Menem en la provincia de Córdoba en 1989– anunció, con relación a un posible acuerdo con el FMI, que no va a apoyar ninguna ley promovida por el oficialismo porque “no se puede co-gobernar con delincuentes. No hay que agarrarles nada (…) estos 24 meses son para prepararnos para tomar el poder”.

Los reparos de los cambiemitas abarcan, también, la deriva de la causa que se tramita contra Mauricio Macri –en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti–, referida a las irregularidades en la tramitación del crédito. Asumen, según lo advierten los radicales larretistas de Martín Lousteau, que puede derivar en un escándalo al hacerse públicos los nombres de los beneficiados directos de la fuga, por su sus vínculos con empresarios cercanos a la familia del ex Presidente.

La oposición pone la defensa de los privilegios del 20% más acaudalado por sobre los intereses nacionales. Esa es la causa por la cual impulsa la firma urgente del acuerdo con el FMI, augurando el apocalipsis en el caso de no pactar a la brevedad. Están dispuestos, sin dudas, a aceptar condicionalidades más gravosas que las que sobrevendrían de un potencial default.

En La Tempestad, William Shakespeare proclama que “quien muere paga todas sus deudas”. El economista John Perkins tradujo esa aseveración a su versión neoliberal del siglo XXI: “Los créditos (…) son la garantía de que sus hijos y nietos seguirán siendo rehenes nuestros. Tendrán que permitir el saqueo de sus recursos naturales por nuestras empresas y seguirán privándose de educación, sanidad y demás servicios sociales, simplemente para pagarnos la deuda”.

 

 

 

 

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