Operación Te escucho

 

Claudio Bonadío recibió una copia legal de las escuchas a los presos de Ezeiza el 14 de febrero. Obtuvo la copia vía la Dirección Dirección de Asistencia Legal en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo). Primero solicitó el CD en el marco de las causas de los cuadernos. La oficina de las escuchas le dijo que ese CD estaba a disposición de otro juzgado. Hizo los trámites en dos días. Y los obtuvo. Desde entonces y durante más de dos meses tuvo en manos el único CD legalizado que existió porque los originales se habían destruido. El viernes 24 de mayo a última hora hizo un movimiento con el disco. Lo envió en un sobre cerrado y reservado al Consejo de la Magistratura. Horas más tarde, del disco se hicieron copias para cada consejero.

Esta semana volvieron al prime-time las escuchas a los ex funcionarios detenidos en Ezeiza. Hasta ahora las capturas realizadas originalmente con cobertura legal de un juzgado sólo se habían difundido de forma escrita. Eso cambió el domingo pasado con la primera difusión de los audios. Las huellas legales que dejaron quienes fueron accediendo a las escuchas no sirven para saber de dónde salieron las distintas versiones. Ni para saber cómo llegaron a dos programas de televisión. Pero contribuye a buscar lo único posible: los responsables de lo que se supone debía ser una cadena de custodia inviolable. El Cohete reconstruye en esta nota algunas de esas huellas dejadas por diversos actores en los papeles del Estado. Las marcas permiten pensar, como hipótesis, que tal vez se haya tratado de dos filtraciones con distintas usinas: una en febrero, de apuro con sólo textos, y otra reciente, con los audios.

 

Los dedos en los discos

Las escuchas que están en discusión se hicieron el 1, 2 y 3 de febrero. El juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena con jurisdicción en Ezeiza había ordenado una primera intervención en 2017 en el Pabellón A del Módulo 6 por el caso de Mario Segovia. Y el 21 de septiembre de 2018 extendió la escucha a los tres teléfonos públicos del Pabellón D porque había un mensajero de Segovia. Pero desde el 21 de agosto también era un área sensible en términos políticos: habían llegado detenidos varios ex funcionarios kirchneristas.

 

 

En esa ocasión, la DAJuDeCo parece haber activado el procedimiento habitual. Intervino las llamadas a pedido del juez. Y cada 24 horas entregó el material al organismo designado por Villena para la desgrabación: la AFI. La AFI pasaba a buscar el CD por la oficina de Avenida de Los Incas. Y luego enviaba transcripción y CD al juzgado. Según los archivos, las escuchas del 1, 2 y 3 de febrero salieron a la AFI el día 4 de febrero.Y Villena recibió ese material con CD y desgrabado recién el día 8. Es decir que entre el 4 y el 8 de febrero los audios sólo estuvieron en poder legalmente de la AFI. Durante esos días ocurrieron las primeras filtraciones. El allanamiento a la casa de D'Alessio se había hecho el 6 de febrero. El 7, Elisa Carrió disparó un tweet alertando sobre un supuesto complot contra Stornelli desde Dolores. El 8, El Cohete publicó su primer artículo. Y a partir de entonces puede verse entrar en escena a las escuchas.

 

I

La primera persona que menciona algo del contenido de esas escuchas fue el fiscal Carlos Stornelli, asiduo cliente de los órganos paraestatales de inteligencia como lo muestra el caso D'Alessio. Horas después de la primera publicación de El Cohete, el viernes 8 de febrero a la mañana Stornelli dijo haber recibido un sobre con un anónimo bajo la puerta de su despacho. El sobre tenía una carta de una supuesta mujer, que escribe mal, en jerga penitenciaria y dice adorar al fiscal de la Patria. El escrito hablaba de un complot contra él y Bonadío organizado por los funcionarios K detenidos por los cuadernos. Lo interesante es que no es una desgrabación completa, sino un primer extracto pero ya tiene los nombres que se van a mencionar más adelante, como si fuera la síntesis apurada de quien desgraba un informe.

 

 

Señor Fiscal, comienza el escrito que se revela aquí por primera vez. "Soy alguien que admira su trabajo, desde que fue ministro de la provincia de Buenos Aires y valoro lo que está haciendo ahora. Para mi desgracia y por razones de supervivencia económica —dice la mujer— estoy ligada a gente muy pesada, y con muchos recursos económicos y contactos políticos, sobre todo dirigentes K. En esta conspiración están los detenidos K por su causa y alguno que ayuda desde afuera".

Y luego: "Escuché de mi jefe que están armando 'algo' entre mediático y judicial contra usted y contra Bonadío para desprestigiarlos (...). Y que en el juzgado de Dolores estaban intentando armar algo contra usted con la complicidad del juez. (...) Hay un tipo que es el 'amigo del Papa' o el gordo Valdez (sic) que le iba a hacer pagar a Bonadío la prisión de Schiavi (sic) (...) Escuché que Barata se comunica mucho con De Vido y con un tipo que llaman 'Chala' y creo que se llama Carlos Selcovics, no se como se escribe...".

Stornelli demoró toda la mañana antes de hacer la denuncia y para que después se enviara la causa a sorteo. La causa quedó en el juzgado de Luis Rodríguez, que la delegó en la fiscalía de Jorge di Lello. La investigación avanzó con testimonios. Incluyó a Joaquín Morales Solá. Se presentó Eduardo Valdés. No tiene hasta ahora ni una sola prueba del supuesto complot. Y más bien reúne otras sospechas. La denuncia comenzó con un anónimo que es uno de las prácticas de Comodoro Py para tramitar sus operaciones internas. Y también llamó la atención el retardo: el tiempo que Stornelli demoró en hacer la denuncia.

 

 

 

II

La segunda mención escrita de las escuchas apareció horas después. También el viernes 8 de febrero, pero a las cuatro de la tarde. Mariana Zuvic y Paula Oliveto se presentaron en Comodoro Py para hacer una denuncia con un escrito firmado por Elisa Carrió. Como la Cámara estaba cerrada, las atendió el fiscal Franco Picardi que estaba de guardia. Y eso que sucedió es importante, porque las lilitas dijeron en los medios que entregaron al fiscal ese día copia de grabaciones y de los datos de Ezeiza. Pero eso no ocurrió. Picardi hizo una audiencia. Ellas le dijeron que estaban ahí para denunciar un complot contra la causa de los cuadernos. Y que querían hacer la denuncia para dejar una constancia. Punto. No presentaron desgrabación. No hablaron de Ezeiza. No dieron nombres. Picardi les dijo que podía recibir la denuncia, pero no avanzar porque debía enviar la causa a sorteo. Así lo hizo a primera hora del lunes 11 de febrero. La causa cayó, entonces, en el juzgado de Bonadío. Como se vio, ellas todavía no tenían los datos de Ezeiza que sí tenía Stornelli. Ninguno tenía a esa altura las desgrabaciones completas que aparecieron sólo dos días después.

 

 

III

El lunes 11 de febrero apareció la primera imagen de las escuchas: un PDF en el diario Perfil. Ahí ya están los datos del caso Aguape III, la referencia al caso Segovia, el juzgado, ex funcionarios y amigos. Según la nota, Carrió recibió las denuncias en otro sobre también anónimo. Clarín replicó la noticia. Carrió habló en radio. El martes 12, replicó La Nación. Zuvic celebró vía Twitter. Todos dijeron que los escritos habían sido judicializados el viernes. Eso no fue así.

 

 

IV

El martes 12 de febrero, D'Alessio se comunicó via WhatsApp con Paula Oliveto. Dijo aquello de la interna de la interna y le aseguró 164 megas de archivos para salvar a los cuadernos. Como dijimos la semana pasada, si todo lo anterior es cierto, D'Alessio llegaba tarde. Carrió recibió los papeles de una usina distinta.

 

V

Ahí se cierra la primera historia de las escuchas. Todavía no estaban los audios.

—¿Sabés que hubiese pasado si en ese momento salían las escuchas al aire?— pregunta uno de los investigadores. Y sin tiempo, responde:

—Hubiesen volteado la causa de Ramos Padilla, y hoy estaría en Comodoro Py.

 

VI

El 12 de febrero comenzaron varios movimientos en la oficina de las escuchas:

• Bonadío pidió copias de los audios. Primero a Villena. Villena los había destruido. Luego pidió copia a la DAJuDeCo. Bonadío tenia a esa altura la causa de Carrió para justificar esa búsqueda pero hizo el requerimiento por la causa de las escuchas. El organismo le dijo lo que dice el protocolo: que las escuchas eran técnicamente de Villena y los pone en contacto.
• El 13 de febrero, la AFI pide copia de los audios a la DAJuDeCo. El organismo no se los da.
• El 14 de febrero: DAJuDeCo finalmente entrega copia de las escuchas a Bonadío.
• Di Lello pidió copia. La DAJuDeCo no se la dio.
• La AFI vuelve a pedir copia de los CD. El organismo le dijo que ellos ya los recibieron el 4 de febrero. Y no se los dio.

El Cohete escribió, en su edición anterior, que hay un sector de la Justicia que cree que las escuchas salieron del Servicio Penitenciario Federal. Una vía todavía más ilegal que la de la AFI. Este artículo mostró a quiénes tuvieron contacto con los audios. Y cómo se usó esa información. Una de las conclusiones es que Bonadío tuvo los audios el 14 de febrero.

 

Breve escena del Consejo de la Magistratura

El martes pasado el Consejo de la Magistratura inició el proceso de jury a Alejo Ramos Padilla sin la voluntad de todos los consejeros pero con mandato del gobierno. El CD de Bonadío llegó en ese contexto. El diputado Pablo Tonelli (PRO) le había pedido el CD después de una discusión con sus colegas. La Comisión de Disciplina tiene el caso de Ramos Padilla en carpeta desde el mes de marzo, impulsado por el Ejecutivo luego de la presentación del juez en el Congreso. La denuncia no se movió hasta el comienzo de la campaña electoral. Tonelli le dijo a sus colegas que quería ese CD. Graciela Camaño se opuso. Tonelli que además es el instructor de la causa, convenció al resto de los consejeros. Y ganó. El viernes recibieron el sobre de Bonadío. Hicieron copia para cada uno de los integrantes. Pasó el sábado. Pasó el domingo con los programas de televisión de las escuchas. El lunes el título estaba en tapa de los diarios. El Consejo organizó su habitual reunión para preparar los temas del martes. Tonelli discutió agenda con el juez Alberto Lugones pero tenían un límite: Miguel Angel Pichetto estaba en Córdoba. Y dijo:

—Que se postergue todo lo que haya que votar.

 

 

La agenda tenía dos votaciones pendientes: juicio político al juez Martín Bava de Azul por la denuncia del hijo de Pedro Hooft, Federico, causa a punto de vencerse, y otro instruido por Tonelli contra uno de los integrantes de la Cámara de Casación por supuesto retardo de Justicia. Dicen que entonces, Tonelli planteó el caso Ramos Padilla. Había dos opciones: avanzar con el artículo 11 por el cual le piden al juez un descargo. O una escala más grave, el artículo 20 equivalente a una indagatoria.

—Bueno— le dijo Tonelli a Lugones—, voy a pedir el artículo 11.

—Creo que no es momento— dijo Lugones—. Parece que los medios nos estuviesen marcando la agenda.

 

 

Y no es casualidad, explicó después: Había empezado de nuevo el combate contra Ramos Padilla, primero con Majul, después con Lanata. La cosa parece que era mantener el tema en los diarios.

—Te digo que yo en esta no te voy a apoyar— dijo—. Es más: ¿por qué no lo postergamos una semana?

—No puedo— dijo Tonelli.

—En una semana, sale— dijo Lugones.

—No— dijo Tonelli. Y agregó:

—Este tema no puedo pararlo. Tiene que salir. Sí o sí.

 

 

Al día siguiente se hizo la sesión. Estuvo Juan Bautista Mahiques. Se quejó porque era evidente que tenían que salir a responder los títulos de los medios, pero dijo: Esto tiene que salir. El resultado es conocido. La Comisión aprobó el comienzo de la investigación con votos de Tonelli, Camaño, Mahiques, el abogado Carlos Mas Vélez y el juez Juan Manuel Culotta. Voto en contra de Lugones y Diego Molea. Y ausencia de Pichetto y la radical Inés Brizuela y Doria. Así había comenzado el operativo blindaje. Una causa que busca impactar en Dolores para proteger al fiscal Carlos Stornelli y de paso a los cuadernos. Primero hubo una presentación incomprensible del ministro de Justicia, Germán Garavano, que hizo un raudo viaje a Dolores para recusar al juez — que no lo investiga. Después, los audios y la tele. Luego el Consejo de la Magistratura. Y finalmente, el día miércoles en el Día del Ejército con la foto, en clave calabresa, del fiscal de los cuadernos sentado atrás de Mauricio Macri.

 

 

Breve escena de la Corte

Las escuchas también entraron a la agenda de la Corte. Horas antes de la reunión semanal de los martes, los supremos comentaron las transcripciones de la supuesta conversación entre Lázaro Báez y su abogada Elizabeth Gasaro, que había difundido el día anterior la señal de cable TN.

—No se puede creer— dijo uno de los cortesanos, convencido de que lo escuchan y lo espían desde el día que entró a la función pública pero visiblemente atribulado por esa sensación de descontrol y falta de límites.

—No puede ser que ni siquiera se respete la confidencialidad de la relación abogado y cliente— insistió ante sus pares. Y agregó:

—Todos estamos en libertad condicional.

 

 

Los cinco supremos analizan el tema escuchas desde la filtración a la ex Presidenta. Y ahora evalúan cambios, pudo saber El Cohete. El organismo encargado de administrar las escuchas quedó bajo el control de la Corte cuando Mauricio Macri se la quitó vía decreto de necesidad y urgencia a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. La Corte le pidió a la Bicameral de Inteligencia del Congreso una auditoría el año pasado. La UBA hizo un primer diagnóstico. Entregó los resultados hace un mes. Y el Bicameral entregó copia del memo a la Corte. Una de las críticas señala la tecnología completamente obsoleta del edificio de la avenida de los Incas. Y el uso de un software diseñado por la antigua SIDE. Los datos, sin embargo, parecen retomar entre los puntos principales un tema clave que también preocupó al relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, de visita en el país entre el 6 y 17 de mayo. La Corte también recibió ese informe. Especialmente importante para entender este caso.

 

 

La DAJuDeCo es el único organismo autorizado legalmente en todo el país para intervenciones de comunicaciones y sólo puede hacerlo a pedido judicial. Todas las interceptaciones legales pasan por ahí. Actualmente tiene unas 6.000 líneas interceptadas. Entre 40 y 60 son con escucha directa. Pero todo el resto no tiene escuchas en vivo. Es decir, técnicamente las llamadas no se escuchan, sólo se graban automáticamente en un CD sin intervención humana. El CD es distribuido al juzgado o a la fuerza que designa el juzgado. Los CD se graban y distribuyen cada 24 horas. Se entregan en una oficina del organismo. Y la DAJuDeCo guarda un back-up de la escucha durante 10 años, excepto que el juez ordene destruirlo. El relator de Naciones Unidas rescató el esfuerzo humano y profesional del organismo para minimizar la intervención humana, para garantizar la protección de datos personales y la cadena de custodia. Y fue muy crítico con la vulnerabilidad de la cadena de custodia y la fragmentación de los datos: el relator explica que la entrega de 6.000 CDs "genera un flujo de millones de CDs físicos y dispositivos similares que son propensos a caer en manos equivocadas". Y explicó que el sistema es anticuado y de mal diseño, lo que aumenta los riesgos de chantaje y extorsión por parte de las personas que tienen acceso al contenido de las transcripciones, excepto aclara, el organismo. Y en un punto que parece escrito para este caso, también señala: los investigadores no deberían recibir todo el contenido de las líneas interceptadas, sino sólo las partes pertinentes para las investigaciones, y que las transcripciones sean realizadas estrictamente por funcionarios que no formen parte de los equipos de investigación, no sólo los problemas del espacio sino el flujo de miles de escuchas trasladadas cotidianamente en CDs físicos que el organismo no logra controlar.

 

 

Las escuchas difundidas durante la última semana apuntaron, en medio de la campaña, contra el juzgado de Dolores. Pero es probable que el impacto haya quedado menguado porque este escenario no es febrero. La investigación ya fue convalidada desde entonces por Mar del Plata, y tuvo gestos de Casación y de la Corte — donde algunos supremos verían con buen ojo que el juez empiece elevar tramos a juicio. Sin embargo, lo que la trama de las escuchas dejó abierta es la costura de las operaciones.

 

 

 

 

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