OPERACIÓN PINZAS

 

Mauricio Macri cuenta los días. Contrariado por sentir cómo sus propias huestes de Cambiemos lo hacen a un lado, sus energías se concentran en las últimas semanas en el mundo judicial. Allí no está solo: él y su familia son los que están ansiosos, expectantes.

Una de las causas que los desvela, la del Correo Argentino, ya llegó a la Cámara de Apelaciones. Con pronóstico reservado esperan el resultado de una jugada planificada: sacar a la fiscala Gabriela Boquín de la investigación y de ese modo despejar el camino para licuar la deuda de miles de millones que desde hace casi veinte años tienen con el Estado argentino.

No es algo nuevo. Desde el entorno de Boquín hablan de lo que en la jerga se conoce como “Operación Pinzas”. Macri actuó rápido, furioso y veloz. La operación se armó en un lapso de apenas tres semanas con el inicio de un sumario contra la fiscal por supuestos abusos de autoridad –que este medio detalló de forma exhaustiva–, con el propio Macri difamando a la fiscala en entrevistas con Joaquín Morales Solá y Jonatan Viale y ahora con la frutilla del postre: una recusación de bajísimo nivel jurídico para apartarla de la causa por el Correo.

 

 

Victimización y difamación a Boquín en el último raid por medios amigos.

 

 

 

Este último oficio es la novedad de los últimos días. Los Macri lanzaron un nuevo ataque desde SOCMA Americana –una de sus empresas activas– y con nuevos abogados: Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo. La maniobra es insólita. Para recusar a Boquín plantean que su objetividad “quedó afectada” porque “se siente perseguida” por los Macri. De esta forma la acusan de no ser imparcial en el proceso.

El victimario que culpabiliza a la víctima. Los mismos que la acorralaron mediática y judicialmente con denuncias inconsistentes por violencia laboral, acusándola de “militante” para desprestigiar su investigación y de poner “un número fantasioso de 70.000 millones de pesos que contaminó todo y fue un caos”, sostienen que en realidad actuó con “animosidad” contra el grupo Macri. Y que todo eso implicó el desgaste de su salud mental para obrar “parcialmente” en la pesquisa.

Pareciera que Boquín –que ha dejado de hablar con los medios para no dar ninguna excusa a sus detractores– no puede siquiera defenderse. Mientras se dirime la trama judicial, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público continúa investigando el avance de la Procuración General de la Nación contra ella en la causa Correo Argentino. Allí, hace unos meses, el jefe de la bancada de diputados del PRO, Cristian Ritondo, le dijo en una videoconferencia: “Usted no es perseguida, es persecutora. Usted persiguió a Mauricio Macri y a su familia”.

Pero la fiscala jamás se había referido a los Macri. En su exposición sólo había nombrado a las empresas y al expediente del Correo. Y expuso evidencias, como mails que prueban que el procurador interino Eduardo Casal mintió por escrito ante el Congreso cuando dijo que desde la Procuración hizo cosas que en realidad nunca había hecho. De acuerdo a las últimas actuaciones de la Bicameral la documentación se elevó a la Comisión de Juicio Político, que decidirá en los próximos días el destino de los hechos. Casal, en efecto, está gravemente implicado.

Es en la Justicia sin embargo donde Macri confía en sus influencias. La recusación contra Boquín llega incluso hasta el absurdo de reprocharle sus declaraciones ante la Comisión Bicameral del Congreso. “Su imparcialidad ha quedado expresada en la conducta exhibida en varios fragmentos de los dictámenes pronunciados a lo largo del expediente, como así también las manifestaciones verbales vertidas por la doctora Boquín en oportunidad de audiencias públicas”, reza un fragmento de las casi cincuenta hojas. Es un escrito propio de alguien que se encuentra entre las cuerdas, sin un solo argumento de peso en lo jurídico.

“Nadie reprocha a la doctora Boquín por su solvencia técnica. Pero ha erigido este expediente en una bandera propia, íntima y subjetiva”. “Enemistad manifiesta”. “Desmesura”. “Inquina personal”. “Conclusiones confusas”. “Afirmaciones maliciosas”. Esos son algunos de los adjetivos de la recusación, que sugiere que Boquín –llegando al extremo del paroxismo– fundó sus actos en su “teórica –y propia y autogenerada– cruzada”.

Bajo esa tónica altisonante se reprochó a la fiscala su oposición en 2016 al acuerdo que el entonces gobierno de Macri hizo con el Grupo Macri. Y que había sido ni más ni menos que la cancelación de la deuda a quince años con una quita que en ese momento ascendía –según cálculos de la Dirección de Administración Financiera (DAFI), dependiente del Ministerio Público Fiscal– a 70.000 millones de pesos, lo que significaba una quita del 98,87 en perjuicio del Estado.

En aquella época Boquín denunció la maniobra como “abusiva”, en una lucha solitaria ante la Cámara en lo Comercial, y presionó para que se investigue al holding familiar en directa violación de la Ley de Ética Pública. Hoy existen dos causas, una penal y otra civil.

Los abogados de la familia Macri, Lorente y Di Bártolo, van más allá y apuntan a la vida privada de la funcionaria. Entienden que sus vivencias personales “explican –por así decirlo– su desviado accionar. La doctora Boquín se siente perseguida y presionada políticamente por la intervención en el presente concurso. No se trata de desacreditar aquello que ella siente, pues resulta válido de toda validez. Pero sí reafirma la parcialidad y tendenciosidad que esta parte viene advirtiendo”.

Otro punto central de la acusación es que la fiscala Boquín defiende los intereses del Estado, algo que los abogados resaltan como contrario a los intereses generales de la sociedad. Pero la Corte Suprema ya rechazó este argumento.

Y concluyen: “El desasosiego personal del que da cuenta la propia Boquín, y que lo atribuye a su intervención en la presente causa, y ‘el hostigamiento y presiones’ (sic) que siente haber sufrido desde el propio ex Presidente Macri y/o de sus allegados explican por un lado la parcialidad de sus opiniones y, lo que es más importante aún, la imposibilidad de que siga actuando en la presente causa”.

Lo cierto es que Boquín no piensa excusarse ni permitió la recusación. Por eso apeló a la Cámara, quien decidirá la suerte de la causa. “La quieren hacer a un lado de la intervención porque Macri sabe que hay elementos probatorios contundentes que demuestran la corrupción del Correo. Ella está decidida a continuar con la intervención de la empresa y avanzar con la pesquisa por vaciamiento y corrupción”, dijo una alta fuente de su fiscalía a El Cohete a la Luna.

Los días de la funcionaria judicial, lejos del show mediático-judicial, no son fáciles. Afectada por un amedrentamiento crónico, ha denunciado recientemente fallas en su custodia por un hecho gravísimo: un par de hombres con guantes se metieron en su auto y le robaron papeles del expediente. Contaban con el apoyo de un auto que estaba estacionado a pocos metros. Ella misma entregó el material filmado que prueba el hecho. Por si fuera poco su gato apareció muerto en la puerta de su casa.

Es que Boquín no es cualquier personaje: es la fiscala general que pretende que los Macri paguen su millonaria deuda y a la vez investiga sus maniobras de vaciamiento y corrupción. Además mantiene su posición inclaudicable para que la empresa continúe intervenida mientras se desarrolla la pesquisa.

El Correo Argentino está intervenido con el aval del gobierno a través de la Procuración del Tesoro, medida que la jueza Marta Cirulli ratificó en un fallo de marzo de este año, desplazando a la familia Macri del manejo de la empresa. Cuando había pedido la intervención, la fiscala Boquín denunció que el Correo había “perpetrado actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”. Lo único que le quedó a la familia Macri a partir de allí fueron sus facultades para negociar el pago de la deuda con el Estado.

Sin embargo, en plena pandemia, la familia empezó una batalla directa contra Boquín, que tuvo en el procurador Casal a su brazo ejecutor predilecto. Casal abrió un sumario por maltrato laboral contra Boquín en un expediente plagado de anomalías e irregularidades que recibió el repudio de todos los gremios judiciales.

“Han elaborado un perfil de 'mujer conflictiva' en base a testimonios falaces, con una clara intención basada en la cuestión de género”, dice Agustín Hartridge, prosecretario administrativo y delegado de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) por la Fiscalía General ante la Cámara Comercial.

Luego, por si faltaba una acusación, la familia Macri la denunció en el armado de un plan en su contra junto a Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Nissen había declarado la nulidad de todos los balances presentados por la familia estando la sociedad inactiva. Los Macri se apuraron a meter presentaciones en la AFIP antes de que concluyera la gestión Cambiemos. Pero lo cierto es que en dicho trámite la fiscala Boquín se excusó de intervenir alegando relación de amistad con Nissen y el lugar lo ocupó el fiscal Javier Ignacio Lorenzutti. Ni siquiera en eso los Macri pudieron tener un fundamento válido.

Mientras el clan millonario busca limpiar su deuda y recuperar una empresa que vaciaron desde su privatización en 1997, en los pasillos judiciales y a pesar de los aprietes nadie duda tanto del temple de Gabriela Boquín como de su idoneidad en uno de los casos que más perturba a la familia Macri.

 

 

 

 

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