Ojalá la inflación fuese tan baja

 

Cuando arreciaba la publicidad oficial anunciando que habría 2,4 millones de beneficiarios de la ley de reparación histórica, en una nota efectuada por Horacio Verbitsky en Página / 12, explicábamos que en verdad serían alrededor de 700.000 los beneficiarios reales. Esta semana, el diario Clarín —citando fuentes oficiales del ámbito judicial— informó que se homologaron 745.559 casos, quedando un pequeño remanente con inconsistencias que deben ser analizadas. Es importante recordar que entre los casos puestos al pago, unos 200.000 no representan un beneficio económico relevante o arrojaron un incremento en el haber que no superó los $ 50. En consecuencia, pese que el Presidente hace un año informó al Parlamento que los beneficiarios alcanzados por la reparación histórica ya ascendían a 1,3 millones de personas, la cruel realidad demostró que, en verdad, serán los aproximados 700.000 casos que informó en su momento el director de El Cohete a la Luna.

No satisfechos con la bravuconada de los 2,4 millones de beneficiarios iniciales, el Director Ejecutivo de ANSES informó que resolverían 100.000 sentencias por mes. Luego de tres años, las sentencias resueltas mediante el sistema previsto en la ley de reparación histórica alcanzó –según el mismo informe judicial– los 40.715 casos, es decir algo más de 1.000 por mes.

Obsérvese un dato por demás interesante: al 30 de septiembre de 2016 (fecha de inicio de la reparación histórica) el gasto total en prestaciones alcanzó [1] los $ 59.701 millones. Si ese número se actualiza al 31 de diciembre de 2018 por el IPC-INDEC, el gasto sería de $115.787 millones. El gasto real registrado a esa fecha en el Libro Estadístico emitido por ANSES fue de $110.173 millones, es decir $5.614 millones mensuales menos que el que hubiera correspondido. Por lo tanto, el gasto que implicó la reparación histórica fue pagado por el conjunto de los beneficiarios, con una pérdida del poder de compra de la prestación. Ahora bien, lo increíble es que en ese tiempo se consumieron $103.530,8 millones de 2016 y $ 44.810,8 millones de 2017 provenientes del blanqueo, algo así como U$S 10.000 millones. En otras palabras, el gobierno no invirtió para el pago de los 745.559 beneficiarios de la reparación histórica ni un solo peso ya que quienes en verdad se hicieron cargo del pago fueron los 8.491.581 jubilados, pensionados, titulares de PNC, ex combatientes de Malvinas y de la PUAM. Pero por imperio de la propia ley, cabe resaltar que el mayor gasto que implicaba la reparación histórica debía ser cubierto por el escandaloso blanqueo de capitales que venía adjunto a la misma. Esto implica que el gobierno se apropió de casi 10.000 millones de dólares destinados por ley a los jubilados, por lo que sería deseable que algún día truene el escarmiento y sepamos finalmente que se hizo con ese dinero que, por mandato legal, debía haber pasado a formar parte del FGS.

En mi opinión, la Ley de reparación histórica representa el huevo de la serpiente del sistema de seguridad social argentino. Porque no solo implicó que el 90% de los jubilados pagaran al 10% restante la deuda que el Estado contrajo con ellos y que el gobierno “desviara” los U$S 10.000 millones del blanqueo, sino que introdujo cambios sustanciales en los principios y valores que sostuvieron históricamente el sistema de seguridad social, situación que conlleva una pérdida concreta de derechos del conjunto de la sociedad con especial énfasis en los sectores más vulnerables. Un paneo por las implicancias de la ley servirá para recrear la dimensión del impacto negativo mencionado:

• Introdujo una nueva prestación, la pensión universal para el adulto mayor PUAM, la cual no sólo redujo el haber de miles de hombres y mujeres al 80% de la mínima jubilatoria, sino que eliminó la posibilidad de que el cónyuge, conviviente e incluso el hijo discapacitado tenga derecho a una pensión derivada de este beneficio, tal como se tiene con la jubilación ordinaria.
• Aumentó la edad de las mujeres más pobres para el acceso a una cobertura previsional, de 60 a 65 años. A diciembre de 2018, 115.377 personas cobraban esta prestación cuyo haber era $ 7.613, y con el correr del tiempo serán millones de compatriotas los que deberán afrontar su vida diaria con una prestación que está claramente debajo de la línea de indigencia.
• Permitió la venta de activos del Fondo de Garantía de sustentabilidad, lo que permitió, entre otras cosas: que el FGS perdiera en pesos durante 2018 $126.852 millones ya que a diciembre de 2017 habían $1.202.579 millones que actualizados por el 47,6% de la inflación acumulada durante el corriente año, daría $1.775.006 millones y en realidad hay $1.648.154 millones; medido en dólares habían U$S 64.481 millones, mientras que a diciembre 2018 quedaban U$S 42.698 millones, es decir una pérdida de U$S 21.783 millones; y a partir de mayo se empezarán a vender activos para el pago de las prestaciones corrientes, así se hizo saber en la presentación del presupuesto 2019.
• Creó la llamada comisión de sustentabilidad previsional que tiene por objeto hacer una propuesta de reforma del sistema previsional. Ya sabemos que lo requerido por los organismos internacionales, más precisamente el Banco Mundial, la OCDE y el FMI, implica:
  1. Bajar la tasa de sustitución, es decir reducir la jubilación de los futuros jubilados al 35% de lo que cobran en actividad,
  2. Eliminar los regímenes diferenciales, en particular el régimen docente y el de científicos.
  3. Crear un régimen de capitalización individual “optativo”.
  4. Eliminar la ley de movilidad jubilatoria, como ocurrió en los '90
  5. Crear un sistema de seguridad social con tres pilares:
     1. uno no contributivo, que pague el 70% de la mínima jubilatoria al que accederían las mujeres a los 65 años y los hombres a los 70 años de edad, los más pobres.
     2. Un régimen general para los trabajadores que no pagan ganancias que abonará la jubilación mínima.

• Un régimen de capitalización individual para los trabajadores de mayores ingresos, donde podrán dirigir los aportes voluntarios exentos de ganancias, para los que más ganan

• Permitió un blanqueo escandaloso al que accedieron los parientes del poder sin siquiera ruborizarse, como ha sido profusamente denunciado por El Cohete a la Luna.

 

A modo de corolario

La ley de reparación histórica ha sido un invento del Banco Mundial, seguido a pie juntillas por el gobierno neoliberal de Macri, con el objeto crear las condiciones para provocar una gran crisis del sistema previsional que provea el marco ideal para concretar una brutal involución. En ese contexto deben leerse las declaraciones del Presidente cuando dice que el sistema previsional es insustentable o el Ministro de Hacienda cuando expresa que todo el déficit de la Argentina podría explicarse por el sistema de jubilaciones y pensiones.

Resulta tragicómico ver como aquellos que apoyaron con su voto o asesorando desde los medios de difusión sobre las bondades de la ley de reparación histórica, hoy hacen malabares para no asumir ninguna responsabilidad de semejante estafa a los jubilados y pensionados argentinos. Algún día la historia los condenará.

Creo que faltando pocos meses para el recambio del gobierno, lo que tenemos que hacer los jubilados y pensionados es resistir los últimos estertores del neoliberalismo macrista, redoblar nuestros esfuerzos para la construcción de una alternativa nacional, popular, democrática y feminista, y lanzar un grito de esperanza a lo largo y ancho de la patria de que un país con inclusión es posible. Ya lo conocimos y podemos volver a vivirlo.

 

 

 

[1] Libro estadístico de ANSES

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