Odebrecht: fiscales versus burocracia

 

Hace 15 días que los fiscales de las causas locales de Odebrecht, Franco Picardi y Federico Delgado, están envueltos en la burocracia judicial que frena, o al menos retrasa la llegada de la información que ofrece Brasil hace un año y medio sobre los delatores premiados del Lava Jato.

Los fiscales ya hicieron todo lo que estaba a su alcance: incrédulos de que el acuerdo de colaboración alguna vez se concretara, avanzaron con sus investigaciones locales de Odebrecht; cuando se firmó el acuerdo, rápidamente pidieron las declaraciones y por estos días tuvieron comunicaciones informales para ajustar detalles.

El punto crucial no tiene que ver solamente con las delaciones. En el vecino país hay mucha información suelta sobre el caso argentino que es necesario examinar y vincular. Los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal están enderezados a acceder a todos esos datos.

Mientras tanto, los expedientes están plagados de paradojas. Por ejemplo, el juez Sebastián Casanello que está cumpliendo un cronograma de declaraciones indagatorias previas al escándalo de los cuadernos de Centeno, tiene versiones de imputados que niegan haber cometido delitos, aunque reconocieron infracciones similares como arrepentidos ante el juez Claudio Bonadío. El caso más paradigmático es el de Carlos Wagner. Esto quiere decir que Wagner niega frente a un juez y se arrepiente frente a otro. El avance de la investigación de Bonadío tiene estos efectos colaterales sobre los que trabaja la Justicia para evitar semejantes contradicciones.

Paralelamente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene que responder con trabajo a los severos cuestionamientos que le hizo la Sala II de la Cámara Federal que, si bien resaltó el trabajo del fiscal Picardi, fue muy dura con el magistrado.

Tras las explosivas derivaciones del caso de los cuadernos de Centeno, se avecinan novedades en muchos procesos. La dimensión local del Lava Jato es una de ellas.

 

Jueces y etiquetas

El martes a la mañana se conoció la noticia de que la sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, había salido sorteada para analizar todas las apelaciones que llegaran a dicha instancia en la causa de los cuadernos de las coimas y se encendieron las alarmas.

Nadie cuestionó la integridad moral de los jueces. Se deslizó que Slokar y Ledesma integran la agrupación Justicia Legítima. Como atenuante, se reconocía que ambos son buenos jueces y aplican correctamente la ley ¿Cuál es el problema entonces? Que integran Justicia Legítima.

Alguien podría preguntarse si los mismos interrogantes surgirían frente a jueces que, por ejemplo, sean parte de la otra agrupación más tradicional, la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. En general los hechos demuestran que esta membresía no genera inquietudes.

La pregunta real, entonces, se vincula con responder por qué es “peligroso” que jueces probos hagan su trabajo. ¿Cuál sería el temor?, ¿Qué podrían hacer si no son corruptos y son solventes técnicamente? No tengo la respuesta.

Me preocupa que se naturalice que buenos funcionarios no puedan aplicar la ley por sus ideas sobre el sistema judicial, porque ello equivale a negar la pluralidad que es constitutiva de la democracia.

Como sea, la cuestión es abstracta ya que unas horas más tarde, los jueces de la sala II devolvieron el expediente a la Secretaría General de Casación para que analicen si tiene conexidad con otras causas.

Fuentes judiciales consultadas por este espacio especulan con que la causa de los cuadernos es conexa a la causa de irregularidades en la compra de gas licuado y que, por lo tanto, podría caer en manos de la Sala I que es la que interviene en ese caso. Si esto es así, las apelaciones de los cuadernos quedarían en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El fiscal que interviene con la Sala I es Raúl Pleé que, según La Nación, tiene sólidos vínculos con Daniel Angelici, el operador de Macri en Comodoro Py.

 

La fianza de la tiranía

La interminable novela de Odebrecht y la discusión que envuelve a los cuadernos de Centeno parece prolongarse de manera indefinida. En medio de ello, la Cámara Federal prácticamente le ordenó al juez Sebastian Casanello que citara a Cristina Kirchner como imputada, algo que —en principio— los jueces de Cámara no pueden hacer ya que ellos solo revisan lo que hacen los de primera instancia.

Si ponemos una lupa en los tres hechos narrados por este newsletter veremos que Odebrecht quiere y debe colaborar con la Argentina, pero Argentina no termina de definir como Estado si quiere hacerlo. En general, la dirigencia dice que los cuadernos de Centeno son una gran oportunidad para la Justicia, pero enseguida añade que esta oportunidad puede convertirse en realidad solo con algunos jueces y no con la institución judicial. Los jueces de la Cámara llaman la atención a los de primera instancia, pero extienden su competencia por razones “más justas”, independientemente de las competencias definidas en la ley procesal.

Estos tres puntos revelan la subordinación de la ley al poder de quien la invoca. Por lo tanto se aplica de manera dispar. No vaya a ser que ese hábito en algún tiempo sea la fianza de la tiranía...

 

 

 

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