La usurpación de terrenos por parte de vecinos organizados a través de grupos de WhatApp en la ciudad cabecera de Ramallo, Villa Ramallo, es una acción ilegal que no es nueva y que se vivió en otros períodos electorales. La nula acción municipal ante tres barrios cerrados no regularizados — Estrella Federal, Q47Lomas, El Solar Club de Campo— demuestra que la ley de hábitat no se aplica. El grotesco se completa con un Municipio que no se hace de tierras para atenuar el déficit habitacional existente.
El coordinador operativo de delegaciones, César Costoya, entrevistado el 26 de agosto por el diario de los Passaglia dijo: “Según dicen los usurpadores, sería una movida de Unión por la Patria para recaudar votos”. Así, en tiempos de elecciones hizo honor a su cargo “operativo”, operando contra UP. Dos días después, el intendente, Gustavo Perié, habló de la necesidad habitacional existente realizando un tiro por elevación al gobernador. Sin embargo, su mandato no se destacó por crear un banco de tierras o exigir la regularización de los barrios privados para hacerse de tierras y paliar esa situación.
La respuesta vino a través de un comunicado de prensa con referencia a las usurpaciones que decía: “Las autoridades del Partido Justicialista, concejales y consejera escolar de Unión por la Patria e integrantes de la lista 2 hacen saber a la comunidad que las versiones vertidas por un funcionario municipal en un medio de prensa escrito, el cual involucra a nuestro espacio en la reciente toma de terrenos, son falsas, las desmentimos y repudiamos categóricamente”. Añadieron que “este tipo de acciones son las que buscan entorpecer el camino democrático de la voluntad popular”.
Con respecto a la gestión actual, El Cohete dialogó con el concejal Leandro Torri que expresó que lejos estuvo el gobierno local de trabajar en un banco de tierras. “Solamente se ha quedado con los terrenos que nuestra gestión (2016-2019) trabajó creando la ordenanza de plusvalía, donde se pudieron obtener terrenos y tener reservas en el banco de tierras que fueron entregados a los vecinos a través de convenios aprobados en el Concejo Deliberante”, resaltó sobre lo que fue el mandato del último intendente peronista Mauro Poletti, que compitió nuevamente y fue el candidato más votado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se muestra muy competitivo camino a octubre, aunque antes tendrá que sortear todo tipo de operetas.
Leandro Torri se expide sobre la aplicación de la ordenanza de plusvalía urbana, que fue puesta en práctica en diversos loteos en el partido en tiempos que gobernó Poletti y la contrasta con lo que fue la gestión Perié, quien fuera destronado por la interna que le armó su vecino cambiante Passaglia con la directora de Obras y Servicios Públicos de este último, que se impuso en las PASO. “Cada proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal donde se solicitaba cambios de indicadores urbanísticos o cambio de zonificación —que ameritaba ejecutar la plusvalía, ya que según esa ordenanza hasta el 15 % se debe aplicar para así aumentar terrenos a favor del Estado municipal— fue aprobado por mayoría y, en algunos casos, hemos acompañado. Nunca nos informaron de cuál fue la plusvalía cobrada y cuál fue su destino”, señaló.
El concejal de Unión por la Patria agregó que “sorprende que ahora digan que trabajaron mucho por un banco de tierras cuando hoy, de esos cambios que realizaron a favor de emprendedores, no se obtuvo ningún terreno”. Torri aclaró: “No existió un trabajo en cuanto al acceso al suelo urbano y al hábitat”. Y agregó: “Nosotros, como concejales y en nuestra gestión, trabajamos con el loteo de Fundación Rumbos, donde faltaba la escrituración, realizar la regularización dominial. Particularmente, trabajé bastante hasta poder lograr que la Fundación tenga la escritura de todos esos terrenos”. Así, la provincia aplicó la Ley de Hábitat y obtuvo tres parcelas, de las que, según la subdivisión, salen entre 48 y 50 terrenos. “Esto permitió gestionar —dice el edil— un plan de viviendas ante la provincia”. Fue a principios de año cuando el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires confirmó que estaban los recursos económicos para construir. “Pero para que eso se lograra el municipio debía cumplir con 14 puntos”, explica Torri. “Eran aptitudes —como puede ser la aptitud hidráulica—, factibilidades de servicios y algunos planos de subdivisión, nada raro que para que no se entorpeciera la continuidad del proyecto y así llegaran los recursos. “A pesar de que anunciamos esa construcción de viviendas junto a funcionarios bonaerenses del área, lamentablemente a la fecha —según lo que venimos hablando con gente del Instituto de la Vivienda—, el municipio nunca hizo ningún tipo de presentación de documentación, lo que impidió el avance”, explicó el concejal.
Usurpando
En la mañana del domingo pasado, un vecino del barrio La Laguna de Villa Ramallo pudo observar a unas treinta personas que usurparon un terreno de cuatro hectáreas. Iban con hilos preparados para limitar sus terrenos. Para el mediodía estaba todo tomado. A pesar de su llamado al 911 y luego a la comisaría, la policía apareció dos horas después, pero se limitaron a observar. La toma de tierra fue organizada por tres personas que convocaron a través de un grupo de WhatsApp. Uno de los hombres que ofició en la división de terrenos fue Alberto González, que trabaja en la construcción. Mientras muchos llevaban lonas y palos, González delimitó su lugar con paneles ya armados. Conocido por tener el supermercado Arcoíris, en el barrio, lo relacionan con Passaglia y por haber estado apoyando a su candidata en Ramallo, Cecilia Giammaria.
El dueño del terreno de cuatro hectáreas es el sanpedrino Alejandro Bennazar, que es el titular de la Cámara Inmobiliaria Argentina. El Cohete intentó comunicarse en varias oportunidades para que pudiera dar cuenta de la situación y de la denuncia que realizó por la toma. Nunca contestó, quizá embriagado por el festejo de la reforma de la Ley de Alquileres, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Un policía intentó efectuar un registro de usurpadores. En un video al que accedió El Cohete —que no reproducimos por presencia de menores de edad—, se puede ver el triste papel del oficial que enviaron. Cuando los ocupas vieron que se acercaba, Alberto González actuó como el portavoz del grupo. “Volvemos a decir, son cuatro manzanas, no son veinte lotes, la gente las quiere dividir”, le dice al policía que fue rodeado por familias. “Cuánto vale una hectárea de campo acá, que le ponga un valor”, expresa González, que le exige al policía que se presente el dueño. “Si no está dispuesto a un arreglo, que sepa que la gente está dispuesta a quedarse”, afirma. “Si vos podés hablar con él, decile que la gente está dispuesta a un arreglo”, insiste con ánimo negociador.
González dice que se dedica a la albañilería. Que trabaja en San Nicolás en la construcción. Cuando se le pregunta si lo hace para la municipalidad, dice: “No, yo no trabajo para el municipio, siempre fui subcontratado. Este año estuve trabajando acá en Ramallo para la Municipalidad, pero no cobré”. Sobre la toma busca hacerse el desentendido y dice que escuchó. “Los chicos quieren llegar a un acuerdo con el dueño, porque esto está abandonado desde hace 80 años seguro, porque yo tengo 47, nací ahí”, asegura. Al interrogarlo por si marcó algún terreno, responde: “No. Tengo, gracias a Dios, trabajo desde los 11 años como albañil, el supermercado es de mi señora”, corrige. González dice creer que estuvo la policía intentando censar a la gente. A pesar de que fue portavoz ante el agente bonaerense, ahora —consciente de su actuar ilegal— solamente habla por lo que dice haber escuchado.
El viento del miércoles se llevó algunas carpas y terminó con varias delimitaciones en ese terreno de Alejandro Bennazar. Existió luego mayor presencia policial encargada de impedir que se ingrese material. Otro González, uno más joven, pero sin relación con Alberto, dio la cara en la toma de terrenos en Ramallo. Se llama Danilo y se autoproclamó representante de usurpadores. Afirmó que ni Poletti, ni Perié, ni Giammaría, tenían que ver con eso. Con espíritu localista intentó justificar su ilegalidad que debe agradecérsele por impedir que gente desconocida tomara esas tierras: “A medida que iban llegando las familias, nosotros también tomamos una parte de estos terrenos para evitar que lleguen personas de otras ciudades, Ya hemos tenido problemas con gente de Rosario y nos daba miedo que gente desconocida se instale aquí”, dijo entrevistado por el diario de Passaglia.
Danilo González dijo que pasaba todas las mañanas realizando un censo para corroborar que la familia que necesite es la que se quede. Pidió en la entrevista que le dieran una mano con el agua o con alimentos, colchones para las familias que están ahí. Gabriel García Márquez no se perdería por nada pintar una realidad donde la incongruencia florece al mismo tiempo que la desigualdad. González se quejó además de la mugre que tenían esos terrenos donde el municipio arroja basura. La ausencia de un intendente en retirada después de haber perdido las PASO no es razón para avivadas escudadas en la necesidad.
Cuando la precandidata de Passaglia le puso fecha de despedida al intendente Perié, lo que vino después fue una ausencia mayor del Estado municipal. Si Passaglia invadió Ramallo y destronó al intendente, algunos avivados sintieron que podían hacer lo mismo con los terrenos ociosos. Si la situación perdura, el mensaje no es bueno para la política, que se nubla con un anarquismo que de perdurar no es conveniente para nadie. Ramallo no tiene un Código de Ordenamiento Urbano Territorial que le permita al Estado estar por encima del mercado. Solamente se manejó —como contamos en varias oportunidades desde El Cohete— con excepciones y cediendo a las presiones del mercado. Tener un Código actualizado y debatido de cara a la sociedad es lo que no hizo Perié ni su presidente en el Concejo Deliberante, Sergio Corstoya, a pesar de su promesa. El resultado es un accionar ilegal que le hace mal a la democracia.
La provincia de Buenos Aires tiene un registro público, que es el portal urBAsig, donde se pueden ver cuáles son los barrios cerrados registrados. Entrando en la pestaña que dice Registro Provincial de Urbanizaciones Cerradas se puede consultar por distrito y acceder a cada ordenanza donde se detalla la extensión, la cantidad de lotes construidos y número de viviendas. Además, figura la fecha de registro. Ramallo tiene el barrio privado Estrella Federal, que tiene 405 hectáreas que han sido loteadas, donde terrenos y viviendas son comercializados a un altísimo valor por diversas inmobiliarias. Su emprendedor, Gabo Nazar, estuvo junto a Perié, que no lo convocó a regularizar su situación, sino para escuchar a Horacio Rodríguez Larreta cuando visitó Ramallo. Su emprendimiento inmobiliario no está registrado. Lo mismo sucede con el barrio cerrado Q47 Lomas y el barrio privado El Solar Club de Campo.
La Ley de Acceso Justo al Hábitat señala en su sección V, artículo 50, que “los municipios establecerán por una ordenanza de carácter general una contribución obligatoria no inferior al diez por ciento (10 %) de la valorización inmobiliaria”. Ramallo creó la Ordenanza de Plusvalía, que es la que Perié no aplicó, como dijo el concejal Torri. También, el artículo 51 de la ley 14.449 establece el pago al municipio en donde se desarrollen los emprendimientos como clubes de campo, barrios cerrados, cementerios privados o emprendimientos de grandes superficies comerciales, que deben ceder como pago el 10 % de la superficie total de los predios afectados o sus equivalentes en dinero o suelo urbanizable. Algo que el intendente Perié no hizo cumplir.
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