O se quema o se inunda

 

Córdoba vuelve a estar en peligro ambiental. Las llamas acechan, esta vez, al Valle de Calamuchita: tres aviones hidrantes y seis cuarteles de bomberos intentaban apagar, hasta último momento, los focos de incendio en Athos Pampa, Intiyaco, San Clemente y Potrero de Garay, localidad donde incluso se realizaron evacuaciones preventivas. “Lo importante es salvar vidas humanas”, declaró el gobernador Juan Schiaretti mientras las sierras eran comidas por el fuego. A ellas, nadie parece salvarlas.

En pleno invierno, las temperaturas superaron los treinta grados en Córdoba, en un veranito anticipado. El incendio forestal, hasta el momento, arrasó la vegetación y derrumbó casas y cabañas. Los pinos ardieron. “Nos encontramos una imagen apocalíptica, cuesta creer lo que vemos, parece que pasó una guerra”, describió el propietario de una de las viviendas. El panorama no deja de ser desolador: en tres décadas se quemaron el 58 por ciento de las sierras cordobesas, según un estudio llevado a cabo por el Instituto Gulich de la Universidad de Córdoba.

Lo de Córdoba, sin embargo, no es un caso aislado. Todos los meses parece surgir un nuevo foco de incendio en alguna región del país. La imagen perenne de la tierra arrasada por las llamas, en efecto, es algo recurrente en los últimos años. Y el tema, aunque grave y apremiante, no despierta demasiado interés en las agendas políticas: hace unos días, y tras navegar el Paraná durante una semana, los integrantes de la Multisectorial Humedales entregaron un petitorio al Congreso, reclamando que un plenario de comisiones trate de manera urgente el proyecto de Ley de Humedales.

 

 

 

El hecho fue apenas mencionado en las campañas electorales. Y eso que 500 personalidades públicas –entre ellos intelectuales, actrices, actores, colectivos, militantes y defensores de los derechos humanos, escritoras, escritores, docentes y activistas– redactaron un documento exigiendo un cupo socioambiental del 25 por ciento en los debates políticos para que las y los candidatos se pronuncien sobre la agenda ambiental. Lo curioso es que todavía los partidos no recogieron el guante –absorbidos por las contiendas de la pandemia, la crisis económica y las disputadas internas–, como si la evidencia de los focos de incendio no fuera suficiente. “La realidad ambiental argentina no está desconectada de lo global, pero la primera pregunta que se impone es: ¿Cuántos focos más hacen falta, cuántas inundaciones, cuántas sequías y cuánta destrucción de los humedales para que los políticos tomen vista de un modelo productivo notablemente devastador de la vida y entonces prioricen una batería de medidas para transformarlo?”, se interroga Laura Dos Santos, coordinadora de CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo).

 

 

 

El documento presentado por las 500 personalidades se hizo eco del último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, en el que se lanzó una dura advertencia: allí se dijo que la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de +1,5 ºC respecto a la era preindustrial alrededor de 2030, diez años antes de lo previsto en la estimación de 2018. Un pronóstico aterrador sobre un calentamiento global “irreversible” y con desastres “sin precedentes” –según el informe de los expertos–, como la subida del nivel del mar y la propagación acelerada de olas de calor, inundaciones, sequías e incendios. Basta ver, en una panorámica reciente, los fuegos que arrasaron Estados Unidos, Grecia o Turquía, diluvios que inundaron Alemania o China o termómetros que rozaron los 50 grados en Canadá. “Si piensan que esto es grave, recuerden que lo que vemos ahora es sólo la primera salva”, dijo en tono alarmante, Kristina Dahl, de la organización Unión de Científicos Preocupados (UCS).

“El informe de la ONU es accesible y se puede leer con facilidad –apunta Dos Santos–. Pero para abordar las causas profundas, consultaría a investigadores y a los pueblos originarios, que tienen un conocimiento de la Pachamama y otra integración del mundo metafísico y la esencia de la vida que viene del agua. En tal caso, es un informe que sirve para presionar a los gobiernos, ya que si no toman cartas en el asunto, quedan expuestos y deben decir a qué intereses políticos y corporativos responden mientras destrozan el planeta. Pero lo subjetivo tampoco queda de lado. ¿Vamos a seguir cambiando el teléfono y los autos todos los años? ¿Qué vamos a hacer con nuestro impacto individual estemos en la Argentina como en China?”

Lo local no está escindido de lo internacional, dicen los especialistas. Estabilizar el clima, de acuerdo a lo que marca el informe, precisará de una reducción fuerte, rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la neutralidad de carbono. Y se menciona la responsabilidad de los modelos políticos y económicos que imperan tanto a escala regional como nacional. “La crisis antropogénica es evidente –señala Dos Santos–. No se puede tomar a la Argentina separada del resto de los países, porque hay un factor común en el desastre ambiental que es el de entender cómo la actividad humana está profundamente desconectada del todo, de ese mundo de interrelaciones con microorganismos, con flora, con fauna, y del que solamente somos una parte. Eso todos dicen entenderlo y estar a favor en la teoría, pero después, en los hechos, la conducta es arrasadora”.

 

 

 

Y a la hora de definir los por qué, agrega: “No es algo psicológico, sino que hay una multicausalidad. Lo que es notorio es el reemplazo de los ecosistemas naturales por un funcionamiento virtual, digital. Este mundo de la inteligencia artificial se sustenta con el litio y otros recursos que provienen del mundo natural. Si vos tenés una casa sin cimientos sólidos, un día se va a caer. Y eso es lo que está pasando con la vida: este planeta ya no aguanta para sostener esta actividad humana de presión sobre la tierra, no hay mucho futuro para las nuevas generaciones”.

El caso de Córdoba permite entender lo que ocurre en una dimensión mundial. En Córdoba hay 4 millones de hectáreas de áreas protegidas. Pese a las leyes que las protegen, que son el sustento de la vida –como proveer de aire y agua no contaminados a las ciudades, por ejemplo–, Dos Santos dice que el gobierno provincial lo degrada de forma sistemática con la destrucción salvaje de hectáreas, el desmantelamiento de equipos técnicos, la falta de ordenamiento territorial y la débil restauración de los ecosistemas.

Para la activista, y más allá de Córdoba, frenar el cambio climático parte de un cambio de conciencia que empieza por casa. “No existen políticas estatales que hagan hincapié en el gran cambio personal, familiar, relacional y social de reconexión con el ecosistema. Tampoco se ve eso en las campañas electorales. Cosas básicas como cuidar el agua, qué hacer con el plástico o cómo proteger las áreas naturales. Todo queda en el voluntariado, en el trabajo de las ONG, pero sin presupuesto y participación estatal, la transformación de conciencia comunitaria queda trunca. Hay cosas simples, no es necesario hablar del cambio climático y de gases invernaderos. Cosas comprobables como que se puede cosechar sin agroquímicos o que es posible ejercer una ganadería que permita comer carne y no hacer sufrir al animal. En definitiva, que la tierra diga lo que es posible y lo que no, y no el ser humano”.

La Argentina, mientras tanto, sigue acumulando récords. En 2020 se registró el pico máximo en la cantidad de incendios y quemas en todo el país, donde la palabra “ecocidio” se volvió hashtag. En todo el mundo se habla de que el 90 por ciento de los fuegos son intencionales. Nuestro país, uno de los de mayor biodiversidad en el mundo, también es uno de los diez con mayor pérdida neta de bosque desde 2000 a 2015.

Cristian Schneider es biólogo y miembro de ACEN (Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza). Explica: “Los incendios en Córdoba no sólo se están dando por el calentamiento global, sino porque hay tierras que están en la mira de la especulación empresarial, inmobiliaria, ganadera y agroindustrial. El fuego está siendo una especie de topadora en función de desvalorizar el patrimonio natural, cultural y social de los territorios para hacer cambio de suelo en función del mercado extractivista. Más allá que hay causas accidentales, estas son las menos importantes y aun los incendios que se producen por ese motivo desnudan una falta de políticas de prevención o de planificación del riesgo”.

 

 

 

Lejos de la mera teoría sociopolítica o filosófica, existe una certeza: los fuegos desatados y el modo de producción y de explotación de los recursos son globales. En Latinoamérica, como para pensar un mapa regional, el fenómeno está fuertemente activo en Brasil, Paraguay y Bolivia. Un comunicado de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), en efecto, así lo resume: “No podemos atribuir las causas únicamente a la falta de lluvia o la crudeza de la sequía, sino que estamos frente a un fenómeno estructural que viene de la mano de la mala planificación urbana, la proliferación de basurales a cielo abierto, la especulación inmobiliaria, el desmonte ilegal, el agronegocio y el extractivismo”.

Para Schneider, cuando aparece un foco de incendio, los medios suelen demandarle a la ciudadanía que presente pruebas. Pero es el Estado quien debería hacer dicha tarea. Al no efectuarla, entonces se construye una lógica perversa. “Los tres poderes tienen deficiencias para operar sobre los focos de incendio, entonces impera una política de ausencia, donde los actores privados avanzan sobre territorio libre. Entonces el desmonte ya está consumado y la obra se inicia rápidamente, lo cual permite tapar a los autores materiales e intelectuales”.

Sobre ese punto, el biólogo dice que no pudo constatar que existan consensos en la actual campaña política. Cuestiones tales como qué hacer con los humedales, con los presupuestos mínimos sobre áreas ambientales y con la reconfiguración del delito ambiental –que ordene, por ejemplo, cómo instrumentar las penas sobre los responsables–. “La Argentina produce un engaño, porque hay una cantidad de normativa inmensa en protección del ambiente, pero los gobiernos no la instrumentan. Y lo que se sigue imponiendo es un status que produce la maximización de ganancias, la inequidad y la falta de justicia”.

No hay manera de entender un incendio, no hay forma de comprender la sequía del Paraná si no se analiza el modelo que los sustenta. Y el Estado, de acuerdo a Schneider, sigue haciendo oídos sordos a lo que la ciudadanía viene reclamando en materia ambiental. “El informe de la ONU viene a refrendar lo que se viene discutiendo hace décadas en los foros ecologistas”, concluye. “Los cambios negativos en el ambiente se están produciendo en lapsos más cortos, y queda claro que hay una política común de los Estados de no revertir el sistema productivo en el que estamos inmersos, donde se decide desde el tipo de economía a qué cosas comemos para alimentarnos. Si la factoría de cerdos, el fracking y la megaminería siguen siendo puntales del actual modelo extractivista, el ambiente seguirá siendo dañado. El modelo capitalista no está en crisis, como señalan algunos teóricos, sino que sigue vivito y coleando en función de acumular y producir en claro beneficio de actores empresariales. Es una matriz tan vieja como moderna, que maquilla la cara, pero no su esencia. Si no hay debate en torno a la justicia ambiental, al bien común y a pensar otro modelo productivo donde no sólo haya voz, sino participación ciudadana en la toma de decisiones para medir la real fuerza contra los lobbies empresariales y políticos, todo lo demás seguirán siendo parches”.

 

 

 

 

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