¿Nunca más?

Trece años después se repite la masacre de Magdalena

 

Trece años después de la muerte de 33 personas en un incendio, en la Unidad Penal 28ª de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, la masacre se repitió, en la comisaría 3ª de la Policía Bonaerense, en Esteban Echeverría, donde hasta el momento murieron 7 personas, varias de ellas muy jóvenes, y detenidas por delitos menores, excarcelables. Esa comisaría estaba inhabilitada judicialmente para albergar detenidos y la tragedia se desencadenó ante una protesta por las condiciones inadmisibles de vida a las que eran sometidos: 27 personas donde el cupo determinado por la policía era de 10, sin colchones y turnándose para dormir en el piso, solo mitigado por papeles y frazadas. Les prendieron fuego como protesta, y los policías a cargo de su custodia en vez de acudir en su ayuda, cerraron la llave de paso del agua y se burlaron de los gritos desesperados de esas personas, anunciándoles que morirían como ratas. Tanto el CELS como la Comisión Bonaerense por la Memoria denunciaron las falencias estructurales del sistema penitenciario y su apéndice policial. El CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) denunciaron lo ocurrido en el primer caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los muertos en la comisaría son Jeremías Rodríguez, de 19 años; Elías Soto, de 20; Jorge Ramírez, de 30; Miguel Ángel Sánchez, de 31; Juan Lavarda, de 59 y Eduardo Ocampo, de 60. Como es usual, la Policía informó que la causa fue un intento de fuga, de lo cual no hay ningún otro indicio que la versión de los responsables.

En agosto del 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 5 de La Plata condenó a Daniel Oscar Tejeda, director de la Unidad 28 de Magdalena, a cinco años de prisión por el delito de incendio culposo agravado; a Reimundo Fernández, jefe de turno, a 25 años, y a Rubén Montes de Oca, guardia, a 10 años por el delito de homicidio doloso. Aunque trece penitenciarios fueron absueltos, la sentencia permitió reconstruir lo ocurrido y llamar la atención sobre las consecuencias de las condiciones estructurales y de detención de los presos bonaerenses, en un contexto de hacinamiento y sobrepoblación. El CELS sostuvo que la sobrepoblación está íntimamente ligada al aumento sostenido del encarcelamiento, al uso excesivo de la prisión preventiva y de las medidas que restringen las libertades.  En la provincia de Buenos Aires, la mitad de las personas alojadas en cárceles se encuentran detenidas con prisión preventiva. En la última década, se instrumentaron reformas legislativas que promueven el uso de la prisión durante el proceso penal como regla, y no como una excepción. Esta tendencia se profundizó gravemente durante la gestión de la actual gobernadora María Eugenia Vidal.

Según la Comisión Bonaerense por la Memoria, las condiciones que hicieron posible esta nueva masacre sólo pueden entenderse como consecuencia lógica de una política de seguridad cuya única dimensión es la persecución y el encierro de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y no la persecución del delito complejo y las grandes redes delictivas. Estás muertes horrorosas producida bajo la custodia del Estado no son hechos excepcionales ni producto de accidentes o catástrofes. Son un emergente más de la política punitiva legitimada en el sistema político argentino que, mientras pretende interpelar con la promesa de mayor seguridad, lo único que genera es más violencia. El Estado no puede intervenir para resolver los problemas sociales apartándose del estado de derecho y las garantías constitucionales. Y eso es lo que hace sistemáticamente en la aplicación de la política criminal y de lugares de encierro.

 

 

En Magdalena se colocó una placa con los nombres de las 33 víctimas y una leyenda que incluía el emblemático “Nunca Más”. Es evidente que no basta un juicio parcial y tardío para hacerlo realidad. De hecho, aún continúan pendientes las investigaciones que permitan determinar las responsabilidades de la cúpula de Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense y de los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Provincia.

 

 

 

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