Números redondos

 

El jueves 30 de abril me acosté cerca de la medianoche y en la duermevela me sobresaltó un recuerdo. Era el viernes 30 de abril de 1970. Salíamos de la estación del subte A en José María Moreno y Rivadavia y caminábamos 100 metros hacia el adefesio de departamentos de El Hogar Obrero, donde vivía Pirí Lugones, la nieta del poeta y la hija del torturador, como se presentaba. Todos los años prolongábamos allí el festejo de su cumpleaños en la madrugada del 1° de mayo.

Había llovido y mientras esperábamos que nos abrieran, Rodolfo Walsh sacó de su trench coat de novela de detectives la 6ª edición del diario La Razón. El candidato socialista Salvador Allende obtenía en la Asamblea Legislativa la presidencia de Chile sobre el conservador Jorge Alessandri, a quien había vencido por mínimo margen en la elección popular. “Esto sí que es la imaginación al poder”, comentó Rodolfo, con su ironía parca.

Acaban de pasar 50 años de aquella última noche de abril y primeras horas de mayo, y la memoria limó sus bordes. Todo ocurrió así, pero cuatro meses después, el viernes 4 de septiembre. La casa de Pirí era lugar de encuentro para charlar, beber y escuchar música, no sólo el día de su cumpleaños.

Más números redondos: hoy 3 de mayo cumpliría 90 años Juan Gelman, quien no llegó a viajar para sumarse a la mínima dotación del Che Guevara en Bolivia, porque en octubre de 1967 el Ejército capturó al guerrillero y por orden del agente de la CIA Félix Rodríguez, lo ejecutó, acostado y herido. Así se cerró una vía. Allende abría otra, sobre la que Walsh no disimulaba su escepticismo.

Me llevó un rato entender la causa de esa evocación. Se me presentó con el sonido de fondo del caceroleo de la noche del último jueves y la portada digital de La Nación, que unía los rostros de seis facinerosos amenazantes con la guardería montonera de La Habana, donde estuvo en su infancia Fernanda Raverta.

Las cacerolas comenzaron a sonar en los barrios prósperos de Santiago, ya más avanzado el gobierno de la Unidad Popular. El 11 de septiembre de 1973 el bombardeo de la presidencia por la Fuerza Aérea de Chile, que quiso honrar su sigla: FACH, acabó con aquel experimento. Las clases dominantes y el imperialismo dejaban en claro que la vía de acceso al poder y su forma de ejercicio eran lo de menos: lo que no se permitiría era cualquier transformación de fondo de las estructuras económicas y de poder.

 

 

Cincuenta años es nada

La Argentina, Bolivia, Chile, cincuenta años es nada. Basta ver las portadas de la prensa comercial, tan imbricada con el poder agropecuario y financiero y con la embajada de Estados Unidos como lo estuvo entonces El Mercurio de Chile. No hay de qué sorprenderse: luego de una entrevista con Henry Kissinger y con el jefe de la CIA, Richard Helms, Agustín Edwards consiguió un financiamiento de al menos dos millones de dólares para que El Mercurio organizara la desestabilización de Allende, según los documentos desclasificados al comenzar este siglo. En 2013, los organizadores de los primeros caceroleos contra Cristina, Yamil Santoro y Luciano Bugallo, viajaron a Brasil con todos los gastos pagos por la Fuerza de Tareas Argentina financiada por los fondos buitre. Santoro era parte del partido de Patricia Bullrich, Unión por Todos, luego fundido en el PRO, y Bugallo de la Coalición Cívica Libertadora de Elisa Carrió. Cuando Perfil reveló el contacto en San Pablo, Bullrich puso “el grito el cielo. De ninguna manera avalamos ningún tipo de financiamiento que no sea transparente", dijo. Bugallo figura como uno de los organizadores del sistema de trolls de Marcos Peña Braun, en el informe preparado para Sergio Massa por la diputada barrionuevera Graciela Camaño. Es diputado bonaerense y en enero de este año organizó los primeros tractorazos contra las retenciones.

 

 

 

 

 

¿De veras?

Después de 150 días de desconcierto, la oposición que aquellos medios integran encontró un tema para poner a la defensiva al gobierno, atribuyéndole sin el menor fundamento siniestras intenciones.

No importa que al comenzar el aislamiento por el virus SARS-CoV-2, el ministerio de las Mujeres se haya dirigido a todas las supremas cortes provinciales de Justicia para solicitar que bajo ningún concepto se concedieran libertades o arrestos domiciliarios a femicidas, violadores o responsables de violencia de género.

 

 

 

 

Tampoco se difunde que quien dictaminó el 16 de marzo que debían salir de las cárceles los detenidos con riesgo sanitario por la pandemia fue el procurador general bonaerense designado por el Hada Buena, Julio Conte Grand. Su instrucción a los defensores no hace distinción por la índole del delito que llevó a cada uno tras de rejas. En cambio, el 8 de abril el juez de la Cámara de Casación Víctor Violini (poco afortunado en el reparto de apellidos), restringió esa posibilidad a los autores de delitos leves y excluyó en forma explícita a homicidios, secuestros, abusos, violaciones y violencia de género.

 

 

 

 

También es irrelevante que en las distintas mesas de diálogo entre detenidos y autoridades en distintas jurisdicciones se excluyera de cualquier morigeración de pena a los autores de delitos violentos. A nadie le interesó saber que el femicida que asesinó a su pareja estaba en libertad desde octubre, bajo el gobierno de Maurizio Macrì, y antes de la pandemia. Tampoco quisieron precisar que el detenido por robo liberado el día anterior, no lo fue por la Covid-19 sino por su estado de salud mental, y remitido a un juzgado civil para que se hiciera cargo de él.

Hace mucho que la verdad no cuenta. Basta con un caso que se aparte de la regla, por decisión de un magistrado, no de un político, para que prospere la operación, que una senadora de PRO ejemplificó en un audio de antología: patrullas de presos violentos liberados, que el gobierno usará para apoderarse del capital y de las empresas. Cuanto más extravagante un alegato, mayor es su circulación en ese caldo propicio de cultivo de aberraciones.

 

 

No va Va no li

El desencadenante de la remoción de Alejandro Vanoli como titular de la ANSES fue la asamblea de accionistas de Telecom, una empresa donde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene el 11% de las acciones, adquiridas cuando se estatizó el sistema previsional. En contra de la moción de ANSES, que llevó el nombre del segundo de Vanoli, Santiago Fraschina, la asamblea designó a un director propuesto por el mexicano David Martínez, de Fintech, apoyado por Cablevisión, porque entendían que al reunir el Grupo Clarín y sus asociados el 70% de los votos no le correspondía ningún lugar al Estado. Uno de los problemas fue que la CNV no envió un veedor a la asamblea.

Antes de que Vanoli llegara a impugnar la asamblea y solicitar su nulidad a la CNV, Alberto le reclamó a Martínez la renuncia del director. Martínez es un inversor importante en bonos argentinos y durante el conflicto por la ley audiovisual intentó mediar entre Néstor Kirchner y Héctor Magnetto. Una vez que recibió la renuncia, el Presidente pidió que constara que ese lugar correspondía al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. En el mismo día se concretó tal como lo había requerido. Si el Grupo Clarín no quería a Fraschina en el directorio, tendrá tiempo de arrepentirse.

También está pendiente la designación de tres representantes de la ANSES en el directorio del principal banco privado del país, el Macro de Jorge Brito, pero en este caso la solución es más simple, porque la asamblea recién tendrá lugar los próximos días.

El ex jefe de la ANSES fue desbordado por la vorágine de un tiempo difícil, pero sigue integrando el mismo espacio político, dicen de ambos lados del escritorio. Por eso se hará cargo de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que no es un cargo menor.

Su reemplazo por Fernanda Raverta desarma las especulaciones que desde la prensa comercial y de sesgo ideológico rodearon el último mes de gestión de Vanoli.

“Lo mantienen en el cargo porque fue designado por Cristina y responde a La Cámpora”, era el argumento repetido cada vez que el tema aparecía en esos medios gestores de negocios. Pero ni la Vicepresidenta tuvo parte en su designación (sólo asintió cuando el Presidente Alberto Fernández la consultó) ni Vanoli tiene afinidad camporista.

Ahora que Vanoli ya no va, la versión interesada se invierte: fue la Vicepresidenta quien por “resentimiento con los empresarios” (sic) exigió su salida. Además, Cristina “impulsó el impuesto a los ricos”, en represalia por la escalada de precios y la falta de inversión. Esta versión malintencionada tiene la virtud de delatar la cuestión de fondo: son las grandes fortunas que se resisten a cualquier aporte, las que expresan esta inquina contra el gobierno. Por ahora, personificada en Cristina, con la esperanza de distanciar al Presidente de su Vice.

 

 

Ética y militancia

Raverta sí es militante de la organización que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner. Su madre, María Inés Raverta, fue detenida-desaparecida en Lima, Perú, en 1980, como narré en mi libro de 1985 La última batalla de la tercera guerra mundial. Fernanda nunca usó el apellido de su padre, Mario Montoto, y desde que ese ex militante se dedica al lobby empresarial israelí y al comercio de parafernalia bélica, de seguridad e inteligencia, tampoco tiene relación con él. En diciembre asumió en el gabinete bonaerense de Axel Kicillof como Ministra de Desarrollo de la Comunidad, cargo en que la reemplazará el camporista de base Andrés El Cuervo Larroque.

Por supuesto, el diario donde Esmeralda Mitre afirma que traicionaron a su padre no expuso qué fue esa guardería, en los términos en que aquí lo explica la propia Raverta, en un fragmento de la película dirigida por su compañera allí, Virginia Croatto. Es poco más de un minuto que permite conocer la calidad humana de la nueva funcionaria.

 

 

 

 

Cape of Fear

Si el alejamiento de Vanoli no tiene connotaciones ideológicas negativas, la continuidad de Adrián Cosentino al frente de la Comisión Nacional de Valores tampoco implica una identificación de ese orden con el gobierno. Fue subsecretario y secretario de Finanzas de Hernán Lorenzino, hasta que Axel Kicillof le abrió la puerta de salida del gabinete kirchnerista.

Alguien que lo conoce desde hace mucho lo describe como “un buen técnico, efectivo en el trabajo, con nula formación política y compromiso solo con la gestión”. Tanto, que no tuvo inconveniente en sumarse como asesor al gabinete de Alfonso de Prat-Gay, cuando Maurizio Macrì se hizo cargo de la presidencia. En el mejor equipo de los últimos 50 discursos lo llamaban He-Man, un apodo de sus años de rugbista. Con un remoto parecido al psicópata que Robert Mitchum personificó en Cape Fear, su acercamiento al gobierno de Alberto Fernández fue gestado por Guillermo Nielsen, uno de los negociadores de la deuda externa argentina en la primera década del siglo. Esa es, precisamente, la especialidad de Cosentino.

 

 

 

 

La CNV regula al sector financiero no bancario, controlado por tres o cuatro grandes casas de bolsa, el tesoro de dos o tres bancos y quince grandes tenedores de pesos que pujan por mandar el dólar a la estratósfera, según la definición del director del Banco Central Arnaldo Bocco, quien describe la acción de dos o tres generaciones de especuladores, idóneos en el manejo de ese mecanismo perverso, que juegan al Contado con Liqui, al dólar bolsa, al dólar cable.

 

 

El precio de los alimentos

Siete años después de aquella noche de 1970, cuando en la Argentina se habían clausurado a sangre y fuego tanto la vía de Guevara cuanto la de Allende, Walsh escribió desde la clandestinidad su Carta Abierta a la Junta Militar. En ese texto clarividente caracterizó “la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz” con una frase del entonces presidente de la Sociedad Rural, Celedonio Pereda: “Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos”.

El precio de los alimentos sigue siendo un tema central, ahora para el gobierno nacional. Una vez más, la coalición de intereses agropecuarios y del sector financiero pugna por doblarle el brazo a quienes desde el Estado intentan representar a una alianza entre los trabajadores y un sector industrial.

Ese segundo eje es más presunto que real, por al menos cuatro razones:

1. la anemia de la casta dirigente de la CGT que, tal como en la década de 1990, negocia beneficios corporativos por derechos de sus representados,
2. la captura de la Unión Industrial por el sector de la alimentación. Nunca antes tanto su presidente como su vice vinieron de allí.
3. El avance del trigo y la carne vacuna entre las exportaciones argentinas, con lo que sus elevados precios internacionales se trasladan a las góndolas y los mostradores locales.
4. La inexistencia de una gran industria no alimentaria orientada al mercado interno. Los zapatos de la ya mítica burguesía nacional le quedan grandes a las pymes que sobreviven pese a la sucesión de tifones que azotaron al país desde el rodrigazo de 1975.

La transnacionalización y la financiarización de los grupos económicos locales es un proceso irreversible, con dos símbolos inequívocos:

• Que su principal exponente sea Paolo Rocca, jefe de un holding italiano con sede en Luxemburgo.
• Que el hijo de otro de sus prohombres haya presidido el gobierno que durante cuatro años expuso al sector a los vientos gélidos de la economía internacional, destruyendo producción y trabajo nacionales.

 

 

Devaluación y dolarización

Estos son los datos que hay que tener en cuenta para entender por qué la brecha entre el dólar oficial y sus variantes paralelas llegó al 80%. Esta ruptura del cepo tiene también consecuencias monetarias y fiscales. El atesoramiento de buena parte de la cosecha de soja en silobolsas reduce los recursos del Tesoro. Los productores retienen el producto a la espera de una devaluación que acreciente su precio y sólo liquidan lo mínimo para pagar gastos ineludibles. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales llevan la estadística respectiva. Sobre esa base, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) preparó para El Cohete a la Luna este gráfico con los primeros cuatro meses de liquidación del sector cerealero-oleaginoso, desde 2007 hasta la fecha. Sólo en 2007, último año del gobierno de Néstor Kirchner y ya lanzada la campaña electoral para sucederlo, la liquidación enero-abril fue menor que este año: 4.315 millones de dólares, contra 5.017 millones del primer cuatrimestre de 2020.

 

 

 

 

 

La escasa liquidación del primer cuatrimestre de 2007 se explica por el incremento constante en los precios de los commodities, que en julio de ese año marcaron el récord desde 1996. El incremento fue tal, que sobre el fin del año justificó un aumento de retenciones, que se repetiría en marzo de 2008. En junio de 2008 el precio de la tonelada de soja casi duplicaba al del año anterior.

Pese a la virulencia del conflicto de 2008 por las retenciones móviles, las liquidaciones en el último año de la primera presidencia de CFK y los tres primeros de la segunda fueron elevadas, con un pico de 7.805 millones de dólares en 2014, cuando los mercados forzaron una devaluación significativa, ya con Axel Kicillof como ministro. La caída se produjo en el también año electoral de 2015, donde el primer cuatrimestre sólo vio liquidaciones por 5.633 millones de dólares: estaban esperando el reemplazo del gobierno por uno propio. Lo lograron, y en en el primer cuatrimestre de 2016 la liquidación se abultó hasta los 8.048 millones, la más alta de toda la serie. El vaivén de las liquidaciones depende de las expectativas y objetivos tanto políticos como económicos del sector.

En ese sentido, la suba vertical del dólar paralelo, que se produjo ante la molicie de la CNV, presiona para una devaluación, que dolarice los precios de los bienes de la canasta exportable, con el doble efecto de incrementar las ganancias de productores y comercializadores y de reducir el salario real, justo cuando el descenso de la inflación, que para abril no pasaría del 2%, desmiente los mitos sagrados del monetarismo.

 

 

La Gran Edlahud

Hasta que la CNV se desperezó:

• redujo al 25% la tenencia de depósitos en moneda extranjera admisible en los Fondos Comunes de Inversión, y
• solicitó a las sociedades de bolsa que informaran día a día los diez mayores compradores y vendedores de dólar bolsa y contado con liquidación a partir del 6 de abril, para tener una radiografía del mercado.

Los aludidos replicaron con el tam tam de la guerra, cuyo sonido se acompasa al de las cacerolas. Para completar, el Banco Central excluyó de la posibilidad de adquirir dólares en esos mercados a las empresas que se hubieran beneficiado con créditos a tasas subsidiadas.

Sólo los bancos o casas de cambio podrán comprar o vender divisas, lo cual anula la resolución de Macrì y Federico Sturzenegger por la cual hasta los hoteles y los quioscos 25 horas podrían hacerlo, con la peregrina idea de que eso sería más competitivo y transparente. Esto excluye a las Agencias de Liquidación y Compensación salvo que registren una nueva sociedad con ese exclusivo propósito. Cualquier empresa que desee comprar dólares en el Mercado oficial deberá jurar que no realizó en el mes anterior ni realizará en el siguiente operaciones en el paralelo. De este modo se empantanará la bicicleta consistente en traer dólares al país mediante el CCL, pero luego adquirir a mucho menor precio en el Mercado Único los dólares para pagar importaciones autorizadas.

El gobierno intenta así la Gran Edlahud: el que puso pesos recibirá pesos. Ojalá le vaya mejor que al ex senador bonaerense de la fórmula original.

 

 

Un mal chiste

La respuesta altanera fue que no hay radiografía posible, porque se trata de decisiones de centenares de miles de individuos. Parece un chiste: no les piden todas las operaciones, sino las diez principales, que explican un porcentaje que supera la mitad del total. Una de cada cuatro operaciones que pusieron en órbita la cotización del dólar fue realizada para sus clientes por la sociedad de bolsa Allaria Ledesma & Cia, creada el mismo año 1970 en que la imaginación llegó al poder en Chile.

Ernesto Allaria es además el presidente de BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos, que surgió durante la presidencia de Maurizio Macrì de la fusión del Merval y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

 

 

 

 

 

Quien acompañó a Allaria como vicepresidente de BYMA en aquel momento fue Nicky Caputo, el hermano (de la vida) de Macrì. Al mismo tiempo, el gobierno desguazó el área de control societario y eliminó las facultades de intervención de la CNV, por ejemplo para invalidar una asamblea sin sumario previo. Lo redujo así a un regulador regulado por operadores que hacen lo que se les antoja. Como dijo la pensadora Susana Giménez al arrepentirse en público de haber blanqueado sus bienes ocultos en el exterior: “Hay tantas cosas fuera de la ley…”.

Por BYMA pasa también la Reestructuración de títulos públicos argentinos emitidos bajo ley extranjera. El miércoles de esta semana vence el plazo para adherir a alguna de las opciones propuestas por el Estado por medio del decreto 391/2020. Los cálculos oficiales indican que entre el 35 y el 40% de los tenedores de esos títulos aceptarán el ofrecimiento. Esta semana funcionarios argentinos hablaron del tema con colegas estadounidenses, algunos colaborativos y otros exigentes de definiciones de política exterior que la Argentina no está dispuesta a modificar. El jueves, el Presidente Donald Trump firmó un decreto convocando a 200 reservistas  para “incrementar las Fuerzas Armadas regulares de los Estados Unidos para la misión operacional antinarcóticos en el Hemisferio Occidental”, es decir el amenazante despliegue de la IV Flota sobre Venezuela.

Alberto Fernández también se comunicó con el economista Jeffrey Sachs, un converso del neoliberalismo devenido asesor del Ciudadano Bergoglio, como el líder ultraderechista español Santiago Abascal denomina al papa católico Francisco.

—No te hagas problema por la posibilidad de un default. En la nueva situación global, van a defaultear 70 países, además de gigantescas corporaciones. Todo cambió— le dijo Sachs.

 

 

 

Aún así, Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán creen que es posible evitar esa moratoria. El default no afectaría en forma directa al Estado, que hace dos años perdió el acceso a los mercados voluntarios de crédito, pero sí a las grandes empresas locales, que financian allí sus inversiones. Un trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), firmado por Pablo Manzanelli, asesor de Hugo Yasky, calcula que la tasa de interés promedio de la deuda argentina sería del 2,3%. La quita nominal implícita en la reestructuración propuesta asciende al 32,3% de los vencimientos totales que incluyen tanto capital como intereses, por 41.063 millones de dólares:

 

 

 

En las frenéticas horas previas al plazo fijado para la aceptación de las propuestas argentinas, grupos de acreedores pidieron que la tasa de interés promedio de la reestructuración fuera del 4,5%, el doble de lo ofrecido. Si se piensa que hoy la Argentina está pagando un promedio del 7%, la quita apetecida parece fuerte. Pero si lo ofrecido se coteja con la tasa cero del mercado en la actualidad, los acreedores no perderían, sólo dejarían de obtener una rentabilidad de fantasía.

 

Carrera de obstáculos

Manzanelli es uno de los asesores que participa en las discusiones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller sobre el impuesto a las grandes fortunas. Despejado el camino para la sesión virtual del Senado, la posibilidad de que una vez sancionada se atranque en el pantano de las medidas cautelares se redujo pero no desapareció. Es cierto que la jurisprudencia de la Corte Suprema afirma desde 2014 que la determinación y percepción de los tributos está regulada por la ley 11.683 y que el contribuyente que quiera oponerse al nuevo impuesto deberá discutirlo en el Tribunal Fiscal, con apelación ante el fuero contencioso administrativo. Sin embargo, el artículo 185 de esa ley, idéntico al 1164 del Código Aduanero, y el 186, impiden que el Tribunal Fiscal ejerza el control de constitucionalidad de las leyes, por lo cual distintos jueces federales del interior han otorgado medidas cautelares a grandes contribuyentes nacionales en acciones declarativas de inconstitucionalidad. La derogación esos artículos en la misma sesión en que se sancione el impuesto, aventaría ese riesgo.

 

Centenares de miles

Entre los argumentos de quienes se resisten a contribuir ante la emergencia figura que sería preferible recaudar con mayor eficiencia los impuestos ya existentes. La AFIP les dará el gusto: el organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont dispuso levantar la feria administrativa para acelerar el estudio de dos paquetes con datos de centenares de miles de contribuyentes, recibidos en 2017 y 2018 por el intercambio automático con 88 países de la OCDE, cada uno referido a los depósitos existentes el año fiscal anterior. La jurisdicción con el mayor tesoro escondido es Uruguay. En cambio Estados Unidos no aportó información. El monto total de esos fondos negros es de 11.000 millones de dólares. La fiscalización comenzó por las cuentas con más de un millón de dólares y luego irá descendiendo.

El acuerdo de Common Standard Reporting con la OCDE (CSR) fue negociado por Cristina y se firmó en cuanto asumió Macrì, pero el gobierno de Juntos por el Cambio sólo fiscalizó 400 de esos centenares de miles de cuentas, durante las gestiones ¿recaudatorias? de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, lo que apenas permitió determinar impuestos pendientes por 5 millones de dólares y, ¡oh casualidad!, no detectó a ningún contribuyente que hubiera participado en el blanqueo de 2017. No todas esas cuentas son ilegales ya que ese paquete incluye a los jubilados que reciben sus asignaciones de los países europeos de origen.

En febrero, Marcó del Pont designó como Subdirector General de Fiscalización a Julián Ruiz, y hace dos semanas a Verónica Grondona Olmi como directora de Fiscalidad Internacional. Los lectores conocen la calidad del trabajo de Verónica, quien ha sido columnista habitual de El Cohete. Ruiz fue quien descubrió ese paquete que el anterior gobierno había puesto de lado, sin desencriptar ni apropiar, lo cual además motivará sumarios administrativos para determinar la responsabilidad de los funcionarios actuantes, Sergio Rufail y Marcelo Costa, quienes ocuparon la posición actual de Ruiz. También hay una investigación penal impulsada por el fiscal federal Federico Delgado, a raíz de una denuncia del ex director de la DGI, Horacio Castagnola, transmitida por el tributarista Jorge Gaggero.

Esa base contiene al menos tres categorías distintas de personas, según su declaración jurada de bienes personales:

1. admitieron poseer bienes en el exterior, pero de magnitud inferior a la real.
2. no declararon bienes en el exterior, pero sí en el país.
3. no declararon nada.

A diciembre de 2019, bienes personales explicaba 0,5% del PIB, lo cual delinea su perfil regresivo. El propósito de la actual administración es aumentar la base impositiva.

La notificación a los descubiertos in fraganti concluirá en los próximos diez días. Luego tendrán otros diez días hábiles para ofrecer sus explicaciones y por último la AFIP evaluará las respuestas y las contrastará con las declaraciones juradas de bienes personales para determinar si deben algo e iniciar el procedimiento legal para cobrarlo. Un punto significativo es si esos contribuyentes se acogieron al blanqueo, como Gianfranco Macrì, Marcelo Mindlin, Nicky Caputo, Nicolás Dujovne o la suegra y las cuñadas Awada del ex Presidente Macrì.

La ley 27.260 liberó de toda acción administrativa, civil o penal a quienes se acogieron al blanqueo, pero la declaración debía comprender la totalidad de los bienes no declarados. Si la declaración hubiera sido parcial, se anularía el beneficio, se reiniciarían las acciones administrativas, civiles y penales y se impondría una multa de varias veces el monto blanqueado.

 

 

La música que escuché mientras escribía

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