NÚMEROS QUE CANTAN

 

En primer lugar el Presupuesto de la Administración Nacional con media sanción de Diputados cumple el acuerdo con el FMI, reduciendo el gasto público del 20,68 % del PIB estimado en 2022, al 19,7 % en 2023, para de esa manera, cerrar el próximo año con un déficit total de 3,9% del PIB [1] (es en pesos pero equivalente a unos 16.000 millones de dólares), de los cuales 1,9% del PIB es el déficit primario y 2% del PIB son los intereses del total de la deuda pública nacional.

El BCRA por el acuerdo con el FMI, solo puede financiar el 0,6% del PIB, quiere decir que la Administración Nacional va a tener que endeudarse y/o retrasar pagos por 3,3% del PIB, de los cuales, y siempre según el Mensaje presupuestario, obtendría unos 4.100 millones de dólares de organismos internacionales de crédito (1% del PIB). Aunque se lo propusiera, la Argentina no podría colocar títulos de deuda en los mercado externos porque el precio de los actuales es muy inferior al valor nominal [2]. Por ende, 2,3% del PIB de déficit debe obtenerlo de colocar títulos de deuda en el mercado financiero local (bancos, aseguradoras, fondos de inversión y ricos del país).

El problema principal y condicionante  es el pago de la deuda externa, generada por el gobierno de Cambiemos, que la incrementó en más de 100.000 millones de dólares, de los cuales abonó 24.000 (entre ellos los 9.300 que les pagó a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation, de Paul Singer). Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tomó el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos, por 86.200 millones de dólares (que incluye el crédito del FMI por 44.559,9 millones de dólares), y como paga sus gastos en pesos, le vendió esos dólares al BCRA y, el BCRA se los vendió a los bancos, que los compraron para sí o para sus clientes.

Los 100 primeros clientes que  en el período 2016-2019 le compraron 24.679 millones de dólares al BCRA, no lo pueden justificar en sus estados contables; tampoco pueden hacerlo en sus Declaraciones Juradas las 100 personas que adquirieron en el mismo lapso 822,6 millones de dólares.

Como si esa evasión fiscal no existiese, el gobierno nacional envía el proyecto de Presupuesto para el año 2023 y ni tan siquiera menciona la sanción del Senado de la Nación, que tiene dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda y que presentara el Senador Oscar Parrilli, para recuperar parte de esa evasión y multar a los responsables.

Entonces se pagan los intereses de esa deuda y se aceptan las condiciones que impone el FMI para que los vencimientos del capital con ese organismo internacional sean reemplazado por una financiación a diez años, a una tasa de interés que no para de subir, porque es la forma que tienen los Estados Unidos y demás países centrales de contener su proceso inflacionario. Como la deuda es cada vez mayor y los intereses también, para cumplir con esas obligaciones se deben reducir todos los demás gastos del Estado nacional.

En un interesante trabajo, CIFRA-CTA tomó el incremento nominal del PIB del 79,2% presentado en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023  y, como según el Mensaje del proyecto, se crecerá el 2% con respecto al corriente año 2022, obtuvo un índice de precios implícito del 75,7%. Con esa estimación ponderó que el gasto público total se reducirá en un 2,6% con respecto al año 2022 (que es coherente con la menor participación del gasto público nacional en el PIB que sería del 19,7% en el 2023, contra los 20,68% del PIB de este año 2022). Y el gasto que más aumentará en el ejercicio fiscal 2023 por las elecciones es la partida para el Ministerio del Interior,  un 40% en términos reales. Le siguen:

• Servicios de la Deuda, en un 24% real, y
• Obligaciones a Cargo del Tesoro (que también es básicamente pago de deudas financieras [3]) que se acrecientan en 10,5% real.
• Todas las demás partidas decrecen para realizar el ajuste final del 2,6% mencionado.

 

 

 

Consideraciones

El Estado es el responsable del sistema previsional nacional que representa, desde hace años, alrededor del 43% del gasto total de la Administración, punto que no varía (pese al crecimiento vegetativo de los beneficiados de 6.950.749 jubilados y pensionados de este año 2022 a 7.124.285 para el año 2023). A su vez, el total del gasto social (seguridad social, asistencia social, salud, educación, etc.) alcanza a los 18,6 billones de pesos y representa el 64,36% del presupuesto de la Administración Nacional de 2023 que es de 28,9 billones de pesos.

Los denominados “servicios económicos” son básicamente la inversión y los subsidios al transporte y la energía, en que se produce una importante reducción de los subsidios, que caen del 3,57% al 3,09 % del PIB.

El gobierno estima una inflación del 60% para 2023, mientras supone terminar 2022 con un 95% de inflación. Por eso en el dictamen único de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que aprobó la Cámara de Diputados dispuso que, si al 31 de agosto de 2023 la inflación medida por el IPC del INDEC o los ingresos fiscales superara en un 10% la meta establecida en el presupuesto, el Poder Ejecutivo enviaría un proyecto de ley complementario. De esa manera se evita que se tomen decisiones por Decreto.

 

 

Recursos totales

Los recursos totales de la Administración Pública Nacional en 2023 se prevé que alcancen los $ 22,5 billones, incrementándose nominalmente en 80,0% frente al corriente año 2022. La recaudación tributaria es el ingreso más significativo (la constituyen impuestos y derechos de exportación e importación y se estima en $ 15 billones) y los aportes y contribuciones previsionales (se estiman en $ 6,6 billones) reflejan una economía cada vez más dualizada, donde hay un sector relacionado al comercio exterior (minería, hidrocarburos, granos y sus derivados, maquinarias y equipos, utilitarios y autos de alta gama, construcción privada, grandes bancos y fondos de inversión) que tienen una importante tasa de crecimiento, mientras que los sectores ligados al mercado interno subsisten.

Los ingresos no tributarios son los provenientes de tasas, regalías, derechos, alquileres, multas, y otros recursos no impositivos. La venta de bienes y servicios se refiere a venta de activos (propiedades, equipos en desuso, venta de servicios que presta el Estado nacional, etc.). La renta de la propiedad corresponde principalmente a las generadas por el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, administrado por la ANSES, y provienen de la tenencia de acciones, proyectos productivos en inversiones de infraestructura, fideicomisos, depósitos a plazo fijo, préstamos y obligaciones negociables con el sector privado y público no financiero. Las Transferencias Corrientes se refieren a la cesión de fondo de un organismo fuera del Presupuesto, por ejemplo el PAMI, que en 2022 le transfirió 9.000 millones de pesos al Tesoro de la Nación.

 

 

 

 

Gasto total

Los gastos totales contemplados en el proyecto y sanción de Diputados de Presupuesto 2023 ascienden a $ 28,9 billones, previéndose un incremento del 72,7% respecto del presente ejercicio 2022. Guarismo mayor que la inflación si la misma fuera del 60%, pero menor a los ingresos que lo hacen en un 80%, cuando en este año 2022 los ingresos fueron cercanos a la inflación, pero el total del gasto fue muy inferior a ambos. Así se efectiviza el ajuste fiscal que genera los recursos para comprar las divisas destinadas a cumplir con los servicios de la deuda.

 

 

 

Los gastos corrientes representan la mayor proporción en el total del gasto (91,9%) donde la principal erogación es el pago de la seguridad social ($ 11,2 billones de pesos) y las transferencias corrientes ($ 8,7 billones) que comprenden el total de subsidios a la población (económicos y sociales) tanto a empresas privadas como a personas, a las Universidades Nacionales ($ 0,8 billones), a las Provincias ($ 0,9 billones) y a las Empresas Públicas ($ 1,9 billones).

Dentro de esas empresas fundamentalmente a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), que en 2023 representa el 85,0% de esas asignaciones y que asiste a las transportadoras y distribuidoras de electricidad de todo el país.

Los intereses de la deuda serían de $ 2,7 billones y muestran un incremento con respecto a este año 2022 del 102,7%. De acuerdo a la clasificación por objeto o inciso es el gasto que más aumenta. Por jurisdicción va a ser el Ministerio del Interior, por la implementación de las elecciones nacionales.

Los gastos de capital de la Administración Nacional se incrementan en $ 1,1 billones en el presupuesto 2023 (aumenta el 85,1% con respecto a la partida de 2022) y significan solo el 1,6% del PIB.

La transferencia de capital más significativa es a la empresa Energía Argentina S.A – ENARSA, por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que permitirá ampliar la capacidad actual del sistema de transporte facilitando el traslado del gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos del país. Se espera que durante la primera etapa de la construcción se generen 10.000 puestos de trabajo directos y otros 40.000 de manera indirecta. De esta manera la inversión en el sector energético prevé alcanzar un monto de $ 0,4 billones.

Las otras transferencias de capital son al Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), y al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social.

El monto previsto de crecimiento de la inversión real directa se encuentra influido principalmente por las obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); el programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación; la Ejecución de Planes, Programas y Proyectos para el Mejoramiento del Transporte del Ministerio de Obras Públicas y el Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte.

No se presupuestó ninguna partida para las obras en el Canal Magdalena y sí, en cambio, para la obra del Canal Punta Indio a 143.900 km., el Codillo hasta la Isobata de 12 m –Río de la Plata, con un monto de 5.000 millones de pesos, que es la salida obligada al Puerto de Montevideo (Uruguay), ratificando la dependencia hacia ese puerto.

 

 

 

En síntesis

El Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda introdujo dos artículos que la oposición en la Cámara de Diputados malogró. Uno concretaba el principio constitucional de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas y obligaba a los jueces y personal de la Justicia que perciba ingresos por encima del mínimo no imponible a pagar el impuesto a las ganancias. Quedó en minoría. El otro le daba la potestad al Poder Ejecutivo de modificar las tasa de los derechos de exportación, pero ante la negativa de la oposición fue retirado por el oficialismo. Lo cierto es que el Presupuesto de la Administración Nacional 2023 resulta más austero que el de los años anteriores de este gobierno y es el menor de lo que va de este siglo.

Tal vez el ejemplo más claro sean las partidas para la Educación pública, que se reducen con respecto a este año 2022, aún con la ampliación que le hizo al proyecto del Gobierno el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, agregando los gastos de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes y el del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Paralelamente, se aprobó en la sanción de la Cámara otro artículo que permite deducir los gastos en educación privada del Impuesto a las Ganancias por hasta el 40% del mínimo no imponible.

Otro artículo extiende los beneficios de la Ley 27.679 que permite el blanqueo de tenencias en dólares para la construcción, la sanción de Diputados permitirá también blanquear la tenencia de divisas para la compra de viviendas usadas, tanto para destino de uso familiar como para alquiler.

Para las industrias se aprobó un blanqueo al 5%,10%,15% y 20%, según la fecha de ingreso. Los dólares se podrán usar para importar insumos y la AFIP no tendrá en cuenta la Capacidad Económico Financiera del contribuyente, que cuadra con las nuevas regulaciones del Banco Central y el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIPA), que permite hacer pagos anticipados con dólares propios.

Aquellas compañías que inviertan al menos $ 30.000 millones podrán diferir en tres períodos el pago del impuesto a las Ganancias que resulte de la aplicación del ajuste por inflación.

El presupuesto Nacional 2023 es como ha sido este gobierno: generoso para una minoría de la población al que le da todo tipo de beneficios para que liquiden exportaciones y o blanqueen sus tenencias de dólares, pero reduce las partidas para gasto previsional y social, recorta los subsidios a energía y transporte y apuntala una economía orientada al mercado externo. Incluso ratificando las obras que hacen depender nuestro comercio exterior, como es el dragado del Canal Paraná Bravo para que la vía navegable llegue hasta el puerto uruguayo de Nueva Palmira y el Canal Punta Indio en el Río de la Plata, para llegar a Montevideo.

 

Corrección

La nota contiene un error porque tomé la obra de referencia tal cual está publicada en el Plan Plurianual de Inversiones para el año 2023:

Jurisdicción 57- Ministerio de Transporte de la Nación- Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

Código 82 Definición Traza de Apertura de Zona Beta del Canal Punta Indio de 143.900 Km., El Codillo, Hasta la Isobata de 12 m. - Río de la Plata - República Argentina

El Canal Punta Indio es un canal artificial de 120 Km de largo, dragado a través de la barra exterior del Río de la Plata. Por su ancho de solera, es un canal de una sola vía; el sobrepaso o el cruce de barcos que navegan dentro de él están limitados. Los casi 120 km del Canal (totalmente atravesados a las corrientes de marea e inclemencias meteorológicas, vientos del sur y del sudeste porque cruza el Río de la Plata hasta el acceso a Montevideo) dificultan su mantenimiento, dado que obliga a que sea dragado frecuentemente.  El Canal Punta Indio Hasta el Codillo es el tramo que se toma para ir al puerto de Montevideo (Zona Alfa)

Lo que no supe es que existe una Zona Beta que es la que se define desarrollar y que es el comienzo del Canal Magdalena

El proyecto del Canal Magdalena, es la prolongación en línea recta del tramo del Canal Punta Indio a partir de la inflexión llamada “El Codillo”, en el Km 143,9 hasta la zona de profundidades naturales en el Río de la Plata con una longitud de 61,5 kms.

 Finalmente el Código 82 habla de “Definición” en lugar de decir “Apertura”.  Definición se refiere a los estudios previos y las condiciones para la licitación de la obra.  La palabra Apertura es el inicio de la obra. En buena hora.

 

[1] La estimación del Mensaje del Presupuesto del PIB (Producto Bruto Interno) para el año 2023 es de $ 147,5 Billones, cifra que está obviamente distorsionada por los valores cambiarios que son poco creíbles. Primero, el tipo de cambio oficial no “cierra” en $ 166,50 en diciembre 2022 como estiman en el Mensaje del Presupuesto Nacional 2023 (incrementándose con respecto al precio del día 27/10/22 de $ 162.- en solo 2,5%, cuando el ajuste mensual del tipo de cambio oficial ronda el 7% y faltan dos meses). Y segundo, estiman el tipo de cambio que “cierra” en diciembre 2023 en $ 269.- igual que la inflación en un 60%. Eso daría un PIB en dólares de unos 548.000 millones, cuando el del año 2022 ronda los 432.000 millones y sostienen (en el Mensaje), que el PIB crece 2% en el año 2023

[2] Nadie va a comprar un título argentino cuando los que se canjearon el 31 de agosto de 2020 valen la mitad de su valor nominal (la lámina dice 100 dólares y se vende a menos de 50 dólares)

[3] En esta jurisdicción se asignan créditos para brindar asistencia financiera a distintas áreas de los sectores público y privado y, además, se atienden obligaciones emergentes de compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales

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