Nos va la vida, nos va la Argentina

 

Los hechos, la política y los dichos de este gobierno, su crueldad, indican la urgencia de cambiar el rumbo que, todos los días, nos confirma la autocracia del Presidente Milei.

En particular, con el veto a un aumento de misérrimos 17.000 pesos a los jubilados, la amenaza de veto a la ley de financiamiento de las universidades o la insistencia en degradar las condiciones de trabajo con el DNU 847/24, que promueve y premia el fraude laboral reglamentando uno de los capítulos de la Ley 27.742, mal denominada “de bases”.

En general, con el proyecto de Presupuesto que presentó al Congreso de la Nación, mientras sustituye una vez más —violando la Constitución— al Poder Legislativo con sus decretos de necesidad y urgencia. Siempre para dar prioridad al pago de una deuda injusta, sus exorbitantes intereses y, en definitiva, a las grandes corporaciones financieras acreedoras, en perjuicio de la economía productiva.

Lo hace en contra del cumplimiento de sus obligaciones en materia de coparticipación federal, salud, educación, previsión social, inversión en infraestructura, en ciencia y tecnología o en defensa nacional. 

Y sigue promoviendo la caída del poder adquisitivo de los salarios, el consumo y la producción, con cierre de empresas, despidos y creciente falta de empleo.

Ahora, con el DNU 846/24, se habilita a sí mismo a canjear títulos de la deuda en cualquier moneda, como ser de pesos a dólares y a cualquier precio. 

Es que mientras dice que tiene los dólares para pagar la deuda, actúa; pues, en realidad, no los tiene ni espera tenerlos. Y busca una reestructuración de la deuda —cueste lo que cueste— sin mejorar el monto, sin importar el plazo, ni la tasa de interés, sin que el Congreso resuelva previamente sobre ello, como establece la Constitución nacional.

La preocupación central del gobierno es conformar a los sectores financieros que juegan con la deuda pública y especulan con tasas de interés más altas. Y sigue un derrotero tan precario como el que llevó a la Argentina al quebranto de 2001, con cada vez más ajuste fiscal, más endeudamiento, para garantizar la provisión de divisas funcional a la fuga de los capitales que participan en este saqueo.

Es inaceptable la violencia que, por ello, sufren las y los jubilados, el millón de chicos que según UNICEF se van a dormir sin comer, el 52,9% de los argentinos que son pobres, más aún el 18,1% que son indigentes, situación que involucra al 66,1% de las niñas y niños argentinos según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Las y los bancarios logramos mantener nuestro salario con relación a la inflación. Pero debimos ajustar el presupuesto familiar tras la liberalización de los precios y la devaluación en diciembre de 2023. Es por la mayor incidencia en el gasto del hogar de los precios de los alimentos, medicamentos, alquileres, electricidad, transporte, la educación.

Padecemos la reinstalación —por Milei y asociados— del impuesto al salario, mientras les aseguran beneficios impositivos a los más ricos, con exenciones a las grandes corporaciones que se incorporen al plan de negocios del Régimen de Inversiones para Grandes Inversiones (RIGI), también establecido por la Ley 27.742.

En muchos casos nuestra estabilidad laboral está comprometida, se fuerzan retiros que son despidos encubiertos, sobre todo en la banca privada, pero también en la pública. Las entidades financieras favorecidas por una reforma laboral transgresora de la Constitución nacional y la tecnología recurren a una cadena de tercerizaciones que precariza nuestro empleo. 

En cuanto al sistema financiero, si bien se ha reactivado el crédito, no es bueno que siga centrado en el negocio fácil de prestarle al Estado, ni que familias y empresas se endeuden no para desarrollarse, sino para subsistir. 

Tampoco que a pesar del veredicto contrario del Congreso, se promueva la privatización de la principal entidad pública, el Banco de la Nación Argentina (BNA), que cumple un rol preponderante como regulador del sistema. 

No es un problema menor que por la evaluación que sobre nuestro país realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se corra el riesgo de entrar en una “lista gris” por resoluciones de los organismos del sistema anti-lavado de capitales de origen ilícito generado por la evasión impositiva, el tráfico de personas, armas o estupefacientes. 

Con esa calificación, la Argentina sería considerada como un país no seguro en materia de financiamiento, se haría más caro el crédito externo, se complicaría el trámite de operaciones de comercio exterior. 

El Presidente Milei está transformando a la Argentina en un paraíso fiscal al dar facilidades para el blanqueo de activos, como lo está haciendo el RIGI. O al considerar “héroes” a quienes, para evadir impuestos, fugan capitales. No por error, sino por convicción.

Es que el actual titular del Poder Ejecutivo ha sido brutalmente claro al decir que su objetivo es destruir el Estado, y las medidas que adopta concurren en ese sentido. Otros ejemplos, reiteramos, son el ahogo financiero a las provincias, el desfinanciamiento de la educación y la salud, la suspensión de las obras públicas, la promoción de las privatizaciones, aun las no aprobadas por el Congreso, como en el caso de Aerolíneas Argentinas. También cuando al imponer deliberadamente una brutal recesión ocasiona la caída de la recaudación, quitándole recursos al Estado, muchas de cuyas áreas están prácticamente paralizadas.

De esta manera, incumple las funciones a las que la Constitución nacional lo obliga, y compromete nuestra soberanía. La Corte Suprema de Justicia debe actuar, pero no se pronuncia —con argucias leguleyas— sobre decretos y leyes nulos de nulidad absoluta que perjudican a la sociedad y al Estado. Legisladores que rompen sus compromisos electorales y su obligación de garantizar la vigencia de la Constitución le son funcionales.

No es casual la impunidad; tiene precio. Las grandes corporaciones empresarias, en su voracidad sin límite, alientan al gobierno a imponer estas políticas regresivas y van tras los negocios. Así sucede en el caso de las cúpulas de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) o de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), a pesar de la significativa caída de la actividad industrial vinculada al mercado interno y el cierre de empresas.

En esta emergencia hemos adoptamos medidas de acción gremial, movilizamos junto a organizaciones hermanas y sectores populares, accionado en el ámbito del Congreso de la Nación y del Poder Judicial sobre estas cuestiones. Mes a mes defendemos nuestros salarios. En el trámite legislativo se logró la exclusión del BNA de las privatizaciones de la Ley 27.742. En instancias judiciales, hace pocas horas, un fallo advirtió a las autoridades del BNA que no insistan en actos tendientes a privatizarlo como el cambio de personería jurídica, pues en todo caso debe decidir el Congreso.

Nos ocupamos de promover la unidad del movimiento sindical y consensos básicos en materia económica y social, con los sectores cuya vida suerte está atada al mercado interno, para salir de este desastre. También de revisar los desaciertos en las decisiones de anteriores gobiernos que nos llevaron a la actual crisis de representación y a este gobierno. Ello es necesario y ayuda a superar diferencias para alcanzar una articulación participativa de todos los actores y sectores comprometidos con el objetivo de una sociedad más justa.

En cuanto a esto último tenemos la necesidad de decir que no son los mismos los tiempos de los millones de argentinos que sufren las consecuencias de la deliberada crueldad de este gobierno, que los tiempos de lo que la calle llama “la política”, de quienes restringen la democracia al momento electoral o a un juego de intereses personales.

Cada minuto que pasa, un niño o una niña sin alimento suficiente avanza hacia la desnutrición y sus consecuencias físicas y mentales.

Cuando una jubilada o jubilado no puede comprar sus medicamentos, sabe que dejará más rápidamente la vida.

Cuando se desfinancia la educación pública, se condena el futuro de millones de jóvenes sin recursos.

Cuando los precios de los alimentos que la Argentina produce no se corresponden con sus costos reales de producción y son inflados por la voracidad empresaria, la violencia del hambre entra a muchas familias. 

Cuando se blanquea el dinero de la trata de personas, el narcotráfico o de la evasión impositiva, se abre la puerta al horror, se naturaliza el crimen, se socava la seguridad de la sociedad y del país.

Cuando se entregan recursos naturales a precio vil para que se exporten sin trabajo argentino agregado y sin reinversión de las ganancias en el país, se compromete el futuro y la integridad de la Nación. 

Así sucede cuando se compromete a las provincias por el Pacto de Mayo, o se quiere hacerlo mediante el Presupuesto 2025, con un mayor ajuste fiscal.

O cuando, para promover la cesión de esos recursos estratégicos, se las insta a adherir al RIGI, que crea enclaves en nuestro país con beneficios fiscales, libre disponibilidad de divisas, ninguna obligación de priorizar el empleo ni el abastecimiento interno, con cesión de la jurisdicción a tribunales internacionales en caso de litigios.

Y así otras situaciones igualmente graves.

En la medida en que avance el plan de negocios que impulsa Milei y con ello el poder de las grandes corporaciones empresarias, se avanza hacia la destrucción del entramado social y productivo, hacia la disolución nacional. Es urgente poner límites: 

• ningún habitante de nuestro país puede pasar hambre, los alimentos en cantidad suficiente se deben garantizar a todas y todos;
• ninguno puede carecer de medicamentos y atención a la salud;
• por necesidad de las familias debe repararse la pérdida del poder adquisitivo en todas las actividades de los salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, ello también es necesario para reactivar la economía productiva;
• los derechos laborales deben ser respetados irrestrictamente;
• la Ley 27.742, el DNU 70/23, los DNU 846 y 847 deben ser derogados y suspendidas todas las privatizaciones;
• antes que pensar en quién o quiénes van a gobernar para salir de este desastre, hay que alcanzar coincidencias sobre qué hacer ahora para alcanzar los cinco puntos anteriores y acordar un plan común a los sectores nacionales.

Hoy, en el 94º aniversario de la creación de la Confederación General del Trabajo (CGT), próximos a cumplirse los cien años de la constitución formal de la Asociación Bancaria, y más de lucha sindical de los trabajadores bancarios, con esta posición nos dirigimos a las organizaciones sindicales y sociales hermanas, a las iglesias, a las organizaciones de la pequeña y mediana empresa, a los agrupamientos político-partidarios que reivindican la democracia, con justicia social, la soberanía nacional y la defensa de nuestros recursos naturales. 

Necesitamos aunar esfuerzos para alcanzar una urgente convocatoria nacional sin exclusiones que, por un lado, exija la adopción de medidas de emergencia con relación a estos reclamos mínimos. Por otro, que acuerde sobre los puntos concretos de un pacto social y federal basado en un plan común a todos los sectores regionales del trabajo, la producción y solidarios con quienes se encuentran en situación de pobreza extrema. 

Una convocatoria sin mezquindades ni vanidades que recupere la confianza y la esperanza popular para superar la dinámica del genocidio social, el caos, que nos imponen Milei y sus asociados, para entregar la Argentina. No podemos permitirlo. 

¡Unidos, solidarios y organizados, lo lograremos!

Nos va la vida. Nos va la Argentina. ¡A no aflojar!

 

 

 

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