No voy en tren, voy en avión

 

El gobierno de Macri decidió no esperar el resultado de las elecciones de octubre para ratificar el rumbo de su política: “Iremos en la misma dirección, pero más rápido” no es una promesa electoral sino una definición política de esta etapa. Los 47 trabajadores aeronáuticos que prestan servicios para Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Carrasco en Montevideo quedarán en la calle a partir del mes de octubre. La decisión se conoce ahora y, aunque la legislación uruguaya los considera empleados dependientes de nuestra línea de bandera, el gobierno lo da a conocer en plena campaña electoral para aventar a competidores que lo corren por derecha por no haber “ajustado” lo suficiente.

 

La solidaridad de los gremios aeronáuticos argentinos con la representación sindical uruguaya de los despedidos no se hizo esperar en el marco de una batalla que llevan adelante los pilotos nucleados en APLA y en UALA. Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), afirmó: “Una vez más los trabajadores hemos sido atacados por el gobierno ante un reclamo de los compañeros pilotos, quienes para evitar perjuicios a los pasajeros simplemente están haciendo anuncios en los vuelos explicando la realidad que vivimos. Ante esto el gobierno salió a atacarnos junto a la Cámara empresaria cuando lo único que hacemos los trabajadores es defender los puestos de trabajo argentinos y la soberanía aérea ante la entrega que hace el ministro Guillermo Dietrich en los acuerdos. Si hacemos paro nos critican, si hacemos asambleas, peor. Nos agreden a través de los medios de comunicación que les hacen el juego. Por eso no nos callamos, nos solidarizamos con los pilotos y seguimos trabajando en unidad para poder cambiar la historia”. La lógica solidaria de los gremios aeronáuticos desvela a los estrategas oficialistas que procuran el aislamiento para la derrota.

El Smata cordobés firmó un acuerdo con la fábrica de camiones Iveco para evitar despidos hasta finales del 2020 y aceptó suspensiones rotativas del personal.

 

 

Toyota anunció la suspensión de sus 5.000 trabajadores por bajas de la producción y las ventas. Según Infogremiales, “es el inicio de la reforma laboral de hecho. Los operarios cobrarán su salario sin rebaja mientras estén suspendidos y como contrapartida la gerencia creará el tan discutido banco de horas, por medio del cual recuperarán esas horas no trabajadas los días sábado una vez que se reactive el consumo. El banco de horas es una de las iniciativas más resistidas de todas las propuestas en el borrador de reforma laboral que el gobierno nacional hizo llegar al Senado en 2017. Ahora, de hecho, vuelve a instalarse como una realidad en el mercado de trabajo. Entre los empleados empieza a crecer el temor de despidos, especialmente en la franja de contratados.” La autopartista Clapp cerró sus puertas y va indemnizar a sus 40 empleados en la localidad de Brandsen.

Este mal trago cotidiano no merece ningún comentario de parte del gobierno y tiene un tratamiento meteorológico en los medios hegemónicos de comunicación. 33.000 kioscos desaparecieron en la era de Macri. Si ello es informado como la nieve, el frío o la lluvia, el público lo escucha “como quien oye llover”. Esto explica el ataque cerril todo terreno del gobierno contra los sindicatos. No les alcanza con acuerdos de crisis que permitan “bancos de horas” si no pueden implementarlos en forma permanente en la legislación laboral. Y esa reforma la quieren concretar en el momento de mayor debilidad del mundo del trabajo. Con recesión, despidos y suspensiones, cuando todo es posible con tal de mantener el empleo.

La contracara de esta política es la construcción de la unidad del movimiento obrero. La grieta no es una construcción mediática ni la explicación antiperonista de la derecha argentina del sentido de la historia. Es la lucha de clases en clave argentina. Para mal o para bien, el movimiento obrero encontró históricamente en el peronismo el espacio para reivindicar sus derechos y para impedir el aislamiento de sus luchas. Todo lo sólido se desvanece en el aire y este debate no es solo superestructural sino que se hace visible en la base de la pirámide sindical entre sectores de la izquierda más ortodoxa y el nuevo activismo obrero protagonista de esta etapa de resistencia. El viejo dilema del 45 está otra vez sobre la mesa; resta saber cuánto aprendió la izquierda política de aquella experiencia donde perdió la conducción del movimiento obrero. La democracia fue siempre el momento deseado para reivindicar derechos y conquistas. La de octubre no es una elección más. Significa la continuidad de esta política antisindical y antipopular o la recuperación de un proyecto de gobierno nacional y popular.

El 2020 será un año de crisis con presencias populares que deberán ser el contrapeso de cualquier pacto social que no reconozca los derechos caídos en este último período de voracidad capitalista. La unidad del movimiento obrero será verdadera en tanto estos debates vayan haciendo síntesis y un nuevo contenido político acompañe la renovación de los viejos dirigentes. La izquierda tradicional deberá entender que la nueva clase trabajadora y sus referentes no deben ser cautivos partidarios sino potenciar su desarrollo para expresar el presente de luchas y resistencias.

 

 

La huelga docente en Salta es un claro ejemplo de esto. Surgió como movimiento de protesta en los valles Calchaquíes y se extendió por fuera de cualquier organización y control a toda la provincia, con gran masividad y legitimidad dados los miserables salarios que el gobierno provincial paga a sus trabajadores. Tal fue el apoyo obtenido que la autoridad policial suspendió a 6 jefes que se solidarizaron con la medida de fuerza de los educadores a través de las redes sociales. Estos gestos extremos de policías alentando una huelga por mejores salarios solo son visibles cuando el amperímetro de la crisis señala la fase terminal. No hay dudas de que estamos a las puertas de una nueva etapa y que el voto de octubre, amén de democrático, se presenta como un hecho revolucionario. La Argentina no volverá a ser la misma cuando se vaya Mauricio Macri.

 

 

El 7 de agosto cerca de 300.000 afiliados definen en las urnas el futuro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sindicatos más combativos y poderosos del país. Las 9.000 urnas componen un escenario complejo lleno de cuestionamientos. Desde la trinchera del Tanito Daniel Catalano (Lista Verde y Blanca) afirman que la pretensión es dejar de ser una minoría intensa como resulta bajo el actual jefe del gremio, Cachorro Hugo Godoy, quien acepta una representación en la paritaria establecida en 1998 que no refleja el crecimiento del sindicato. Pretenden un cuestionamiento frontal al ultraoficialista Andrés Rodríguez (UPCN) que “acepta la baja salarial y no acciona frente a los despidos a mansalva. De UPCN nada nos sorprende. Godoy y Víctor De Gennaro llevan gente que comparte listas con Cambiemos y nunca dijeron nada sobre los presos políticos en la Argentina”, afirma el adjunto porteño Manol” Sueiro. La mención directa es por la histórica dirigente de CTA Milagro Sala, responsable de la Secretaría de Pueblos Originarios de esa Central junto a Catalano.

Rappi, Pedidos Ya, Glovo y otras plataformas se integraron al panorama laboral argentino desde los socavones de la conciencia, apenas basados en la necesidad. En el neoliberalismo se aplica el concepto de “precarización laboral” para nombrar a la neoesclavitud. Esto implica la sobreexplotación de la fuerza de trabajo sin ningún tipo de contraprestación, ya que ni siquiera tienen que comprar al esclavo. El neoesclavo tiene “libertad” en el mercado (luego de ser obligado a comprar sus propios medios de producción) y aunque su condición jurídica es la de ciudadano sujeto de derecho en el contexto de la democracia liberal, su situación concreta y material es la de ser un esclavo para poder sobrevivir y alimentar a su familia. Se multiplican las horas de trabajo y se ignoran sus derechos, que se transforman en letra muerta de la democracia formal y sus instituciones. Los capitalistas, con la complicidad del Estado liberal, retrotraen a la sociedad a los años de la Conquista; cuando se explotaba la fuerza de trabajo indígena hasta la muerte y donde la reproducción de los y las trabajadoras dependía de las relaciones de reciprocidad y ayuda mutua al interior de las comunidades.

 

 

Un fantasma recorre la política. Entre los jóvenes y las mujeres el debate alcanza umbrales desconocidos en otros países. La juventud trabajadora y estudiantil muestra repertorios de acción colectiva, lenguajes y pañuelos que se exportan al mundo. Se habla de política hasta en los programas mediáticos de evasión y entretenimiento. Ya no es posible fraccionar nuestro discurso entre lo político y lo sindical. Está claro a esta altura que el neoliberalismo tardío que ganó las elecciones de 2015 utiliza al país como si la cosa pública fuera de su propiedad , y está achicando la democracia a límites casi insoportables en todos los terrenos. Al cumplirse dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, se convocó a protestas en todo el mundo.

 

 

La persecución a los sindicatos y sus líderes se hace cotidiana, la quita de medicamentos a jubilados, la rebaja de salarios y prestaciones previsionales ofenden al democrático derecho de sobrevivir. Estamos llamados a ampliar los reclamos hacia el terreno político y no caer en la reivindicación sectorial. La despolitización, el inmediatismo y el economicismo, son expresiones del atraso en la conciencia, cuyos avances no son parejos con el extraordinario avance en la politización. Quien no acepte la conciliación de clases es sindicado como culpable de ahondar la simplificadora grieta que consagra el entusiasmo optimista, tan necesario para adormecer conciencias.

La contradicción no es capitalismo versus socialismo sino aislamiento contra protagonismo político, en un momento histórico donde la unidad del campo popular puede determinar la agenda política de los próximos años. “Volver y luchar” significa ser parte de ese proceso popular para velar por los intereses de los trabajadores en una etapa superior. Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura, se educa y tuvo gran aceptación. La ecuación actual es al revés. Si no comemos, si no nos educamos, si no nos curamos, no hay democracia real. Nadie considerará las afrentas de los “mercados” o el Fondo Monetario Internacional como ataques contra la democracia o las violaciones del bendito “pacto electoral”, que se rompe todo el tiempo cuando los que llegan al Gobierno hacen todo lo contrario de lo prometido. A la izquierda del arco político hay que enseñar que no sólo la lucha obrera contra los burócratas y el sistema capitalista es la salida, sino que el trabajador/ciudadano tiene cada vez menos derechos y salir de ahí requiere saltar la grieta, politizarla, darle un contenido de clase que nos encuentre en la primera fila de la batalla por las cuestiones democráticas. El poder real, aún en la democracia más perfecta, descansa en quien tenga el poder económico. Eso sí que lo aprendimos.

 

 

 

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