No todo es negociable

 

El gobierno ha anunciado que se arribará a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya validez dependerá en definitiva de la decisión del Congreso.

La oposición de derecha bate nuevamente los parches de la desestabilización –corrida bancaria incluida– y el principal beneficiario del crédito más alto de la historia del Fondo llega a afirmar que “estamos cerca del ‘que se vayan todos’”.

No es casual que esta temeraria afirmación que remite a diciembre de 2001 coincida con la acción de los especuladores que –ante las decisiones del Banco Central de proteger sus reservas, ordenando a los bancos que vendan sus tenencias en dólares– dan falsas voces de alarma sobre un supuesto “corralito encubierto” a fin de que los clientes de los bancos retiren sus ahorros.

Resulta evidente que la estrategia de la oposición y los medios hegemónicos locales e internacionales es explotar la difícil situación económica y erosionar políticamente al gobierno, empeñado en arribar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional.

Frente a la provocación político-mediática (“no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine”, “la lapicera de Cristina”, etc.), Cristina Fernández de Kirchner responde en su carta “De silencios y curiosidades”: “¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada?”

Recuerda a la oposición la responsabilidad de sus legisladores electos, conforme a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública –votada casi por unanimidad en ambas Cámaras– y en particular a su artículo 2, que dispone que “todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá una ley del Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Y señala que “es un momento histórico de extrema gravedad, y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país”.

Aun cuando Mauricio Claver-Carone –ex director del FMI y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo– y el propio Macri hayan asegurado que el Fondo otorgó el préstamo a fin de que Cambiemos ganara las elecciones, es poco probable que la oposición se haga cargo de su responsabilidad por haberlo contraído. Tampoco lo hicieron por los contagios y muertes ocasionadas en gran medida por su boicot sistemático a todas las medidas sanitarias del gobierno nacional.

Los políticos y voceros mediáticos de la oposición reclaman un “rápido acuerdo” y defienden la impunidad de los responsables del endeudamiento con el FMI. Quieren que se arribe a un acuerdo de facilidades extendidas que convalide el acto ilegal contraído por Macri y el Fondo en 2018, que imponga reformas regresivas de la legislación laboral y previsional, y condiciones de pago que hagan imposible la reconstrucción y la independencia económica de nuestro país.

El Fondo Monetario Internacional es –ante todo– un organismo político internacional que garantiza el dominio de los grupos económicos transnacionales y disciplina a los países capitalistas dependientes. Sería un grave error separar en el análisis los objetivos económicos de los políticos, olvidando los fines perseguidos por el organismo durante toda su historia, desde su creación en Bretton Woods.

Por lo tanto, no puede sorprender que los integrantes de Juntos por el Cambio no estén interesados en que se resuelva el problema de la deuda en condiciones medianamente favorables para el país. Siempre se manifestaron en contra de la política de desendeudamiento; su praxis demuestra claramente que se inclinan por el endeudamiento perpetuo –hasta por 100 años en uno de los acuerdos con acreedores privados, obra de Luis Caputo– y la sujeción del país a las condiciones habitualmente impuestas por el FMI: la reducción del gasto público, el superávit fiscal, la eliminación del control de cambios, entre otras.

 

 

El punto de partida

Cabe recordar que el préstamo de 57.000 millones de dólares solicitado y otorgado por el FMI en 2018, de los que alcanzó a remitir 44.500 millones, fue el punto final de un camino humillante iniciado en 2016 con el pago en efectivo a los fondos buitre de 4.650 millones de dólares, 323.000 dólares por día en concepto de interés punitorio desde el 29 de febrero hasta el 14 de abril de 2016 (5,5 millones más) y los honorarios totales de los abogados, incluyendo hasta los del embargo de la Fragata Libertad, incidente que habían perdido.

Acatando la decisión de un juez municipal neoyorkino (Thomas Griesa), con carácter de urgencia, el gobierno macrista remitió los proyectos de derogación de las leyes 26.017, llamada “ley cerrojo”, que garantizaba que ningún pago realizado a los acreedores superaría las condiciones en que se paga la deuda reestructurada; y 26.984, de pago soberano. Ambas leyes fueron derogadas por mayoría de ambas cámaras, violándose los principios de reestructuración de las deudas aprobados por las Naciones Unidas.

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dice en su carta: “Aún retumba en mis oídos el eco de los discursos de algunos compañeros y compañeras legisladoras que votaron en contra de aquella derogación y premonitoriamente sostuvieron que a partir de allí se iba a iniciar un proceso de endeudamiento que indefectiblemente culminaría con la vuelta del FMI a la Argentina”.

Y es que la decisión del gobierno macrista –convalidada por la mayoría del Congreso– no sólo significaba beneficiar a los fondos buitre sino que era el punto de partida, la señal de la reinserción de la Argentina en el marco del sistema financiero internacional. “Volver a los mercados”, “reinsertarnos en el mundo” era la voz de orden de la gran burguesía y sus voceros políticos y mediáticos, como si durante la etapa de los gobiernos kirchneristas el país hubiera estado aislado del planeta. Lo que significa en realidad era volver a endeudarnos y asegurar la libre entrada y salida de capitales, aceptando el papel asignado de semicolonia exportadora de productos primarios (agropecuarios y mineros) y territorio libre para la especulación financiera.

Por entonces, poco antes de su muerte, el doctor Aldo Ferrer formuló con precisión las críticas al dogma neoliberal:

“Hay una forma de ver al país esencialmente desde la perspectiva financiera, pensando que los problemas de falta de dólares se resuelven tomando deuda, volviendo al Fondo Monetario, pidiéndole plata y diciéndole que venga acá a decirnos qué tenemos que hacer, para eso primero pedirle disculpas al juez Griesa y decirle a los buitres que vengan a cobrar por caja”.

“A partir de esa fórmula de poner en el centro del escenario la toma de deuda y la inserción otra vez en el mercado especulativo de capitales, se supone que eso va a solucionar la falta de dólares y esto no es así. La falta de dólares es por un problema estructural que se resuelve con desarrollo, no con deuda. En todo caso si se toman créditos en el exterior, tienen que ser complementarios del ahorro interno”.

Si el gobierno macrista endeudó a la Argentina por 12.500 millones de dólares para pagarle en efectivo a un grupo que no representaba siquiera el 3% del total de los acreedores es porque estaba dispuesto a llegar mucho más allá; a la inversa de lo planteado por Aldo Ferrer, ya su camino no era el desarrollo sino tomar deuda y abrir el país a la especulación financiera internacional.

Es evidente que el acuerdo con los buitres y la derogación de la ley cerrojo y de pago soberano fueron una clara demostración de que la Argentina había cambiado una política soberana por otra de sometimiento al capital financiero internacional y de realineamiento político con el imperialismo.

Las consecuencias fueron catastróficas: el libre ingreso del capital especulativo, la fuga de divisas y el endeudamiento con los acreedores privados, y –ante la imposibilidad de continuar con el mismo– el otorgamiento del préstamo por el Fondo.

 

 

La querella criminal

El Presidente Alberto Fernández, en su informe al Congreso del 1° de marzo último, anunció que iniciaría querella criminal contra los responsables del endeudamiento con el FMI. En cumplimiento del Decreto 239 del 8 de abril de 2021, la Procuración del Tesoro de la Nación formalizó la denuncia contra Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central; y Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del Banco Central.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 resolvió aceptar al Estado Nacional como parte querellante en la causa 3561/2019, en la que investiga si existieron los delitos de “violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” ante el megacrédito solicitado al FMI, del cual se llegaron a desembolsar 44.500 millones de dólares.

La querella se funda en que “el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”, quienes “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, que en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”.

Carecemos de información acerca del estado actual del proceso contra los responsables del endeudamiento, y sostenemos que las tratativas con el organismo no pueden ser un obstáculo para la continuidad de la investigación. Así como se han juzgado y se continúan juzgando los crímenes cometidos por las clases dominantes contra los trabajadores y el pueblo, con sus responsables militares y civiles, deberán ser juzgados quienes causaron en el corto período de cuatro años la mayor catástrofe económica y social de la historia del país.

 

 

¿Crecimiento económico vs. reducción del déficit fiscal?

El Fondo, como siempre lo ha hecho, “exige un pronto tránsito al superávit fiscal, vía ajuste y un acelerado ritmo de acumulación de reservas para garantizar el repago de la deuda. Así advierte al gobierno que una reactivación económica rápida iría a contramano de esa premisa” [1].

Frente a la posibilidad de que el crecimiento económico llegue a fin de año a un 10 u 11 %, superando el previsto en el Presupuesto (8%), el Fondo se alarma, aferrándose a la posición de que aquel no debería superar el 2,5 % anual en razón de que uno mayor determinaría el incremento de las importaciones, en desmedro de la acumulación de reservas y el avance en la reducción del déficit fiscal.

El Fondo sólo admite un crecimiento económico menor y no el necesario para la recuperación del país, para una mayor ocupación y la disminución de la pobreza, que hoy alcanza al 40,6% de la población, objetivos que deberían sacrificarse en aras de la reducción del déficit fiscal. Pero para avanzar hacia un déficit fiscal del 2,5%, sin utilizar el recurso de la emisión monetaria, se debería apelar a un nuevo endeudamiento, lo que implicaría agravar aún más la dependencia del país de los organismos de crédito internacionales.

Por otra parte, si uno de los puntos del acuerdo consiste en que no habrá plazo de gracia, de manera tal que no deberá efectuarse pago alguno de la deuda hasta 2024, es una contradicción que –según lo informado por la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco– mientras siguen las negociaciones para la refinanciación total nuestro país deba pagar este mes un vencimiento de capital por 1.892 millones de dólares. Más grave aún es que a tales fines se utilicen parte de los 3.055 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a 4.334 millones de dólares recibidos del Fondo en concepto de cuota de participación del 0,67% que nuestro país tiene en el organismo, y que debieron destinarse a aliviar las consecuencias de la pandemia sobre la población y a incrementar las reservas.

 

 

Despidos y doble indemnización

Es fundamental que el acuerdo no incluya exigencias de realizar reformas regresivas de las leyes laborales y la reprivatización total o parcial del sistema de seguridad social.

El bloque de Juntos por el Cambio se ha anticipado a estas posibles –y hasta hoy negadas– exigencias, presentando proyectos de eliminación de toda medida de protección contra el despido arbitrario, reemplazando las indemnizaciones por “fondos de cese” o “seguros de despido”, a los que nos hemos referido en dos artículos publicados en este medio (El molesto 14 bis y Comer y descomer).

El anuncio del Ministro de Trabajo de que no se prorrogará la prohibición de los despidos ni la doble indemnización implica, además de una concesión al gran capital que nunca respetó estos Decretos de Necesidad y Urgencia (cabe recordar que Paolo Rocca desafió el primer decreto con 1.465 despidos), un grave peligro para los empleos existentes, ante el riesgo de que 2022 se inaugure con un festival de despidos, que incrementaría aún más la pobreza, la precariedad y la desocupación.

Creemos que tal decisión debe ser rechazada por las organizaciones sindicales, en virtud de dos razones fundamentales:

1. Ante el posible ingreso de la variante Ómicron de la Covid-19, proveniente de Sudáfrica, sería una imprudencia sostener que la pandemia ha terminado en nuestro país. La prohibición de los despidos incausados, por fuerza mayor o falta de trabajo, iniciada a fines de marzo de 2020 con el Decreto de Necesidad y Urgencia 329, es una medida de emergencia sanitaria, y –dado que la emergencia continúa y podría llegar a profundizarse– es insostenible que se otorgue vía libre a los despidos.
2. La doble indemnización fue establecida por el Decreto 39 del 13 de diciembre de 2019 a fin de responder a la crisis económica provocada por los cuatro años de gobierno neoliberal, y resulta evidente que la misma se ha acentuado como consecuencia de la pandemia.

Estas cuestiones de estricta competencia del gobierno nacional no pueden ser materia del acuerdo con el FMI.

Los enemigos de la soberanía nacional aspiran a que el Estado pierda totalmente el control sobre la economía nacional y que sus intervenciones sean cada vez más ineficaces, revelando su impotencia frente a la coacción permanente del poder económico, como está ocurriendo respecto a las medidas destinadas a controlar los precios.

En síntesis: la representación política del poder real (Juntos por el Cambio o las nuevas variantes que adopte) no ha asumido ni asumirá responsabilidad alguna por la catástrofe económica, social y política provocada por el endeudamiento con los acreedores privados y el FMI; está dispuesta a repetir este ciclo en una escala superior en la hipótesis de que vuelva al gobierno.

Por todo ello creemos que no puede haber acuerdo posible si las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional implican la reducción del gasto público para alcanzar el superávit fiscal y la disminución del crecimiento económico, afectando las posibilidades de la reindustrialización e independencia económica y las condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo.

 

 

 

[1] “Crecimiento, sendero fiscal y emisión: focos de tensión del último tramo de la negociación con el FMI”, Strasnoy Peyre, Juan, Ámbito Financiero, 25 de noviembre de 2021.

 

 

 

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