No todo es FMI

 

“Si nos dijeran que todos los dólares que entran se guardan y se usarán para pagarle al Fondo, OK. Pero que lo digan. Nosotros votamos una ley de reestructuración de deuda pero el Banco Central no pudo acumular reservas al ritmo de las exportaciones”. Con más o menos énfasis, Máximo Kirchner suele recordar el tratamiento de las últimas leyes vinculadas a la renegociación con los bonistas y el FMI (la obligación de que el acuerdo pase por el Parlamento), para dar a entender que se trabajó en sintonía con el Poder Ejecutivo pero no sin dejar una advertencia: los dólares que ingresaron por la balanza comercial favorable se fugaron.

“Las deudas hay que pagarlas porque tampoco es viable poner en default a todo capital por el riesgo de desvalorización que supone. Pero habría que ver en detalle si esos mismos actores privados no son quienes fugaron divisas durante el macrismo”. Estas palabras reflejan, en parte, el calor de los debates hacia el interior del bloque de Diputados y otros sectores del oficialismo.

“Hay que poner el ojo en los mecanismos actuales de la salida de capitales, vía el adelanto de importaciones por ejemplo”, ejemplifica un integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda que preside el senador formoseño José Mayans. Hasta el momento hubo muy poca actividad.

Dentro de los análisis volcados en las mesas de debate, la actual película muestra que parte de los dólares que ingresaron por el comercio exterior salieron por una dolarización de excedentes de la cúpula empresarial argentina, un adelanto excesivo de importaciones durante 2020 con los créditos subsidiados por el Estado en el contexto de la pandemia, o el pago de deudas en dólares.

Desde el Banco Central acotan que el crecimiento estimado en 10 puntos para este año demandó importaciones por parte de la industria. No todo sería fuga, aclaran.

La puja es por los dólares. Los integrantes del equipo de Economía y del Banco Central que viajarán a Washington seguirán con su tarea de convencer al staff del Fondo de que los recursos para el repago de los 44.000 millones entregados a Macri estarán garantizados. Durante una charla con la CGT, el ministro Martín Guzmán sostuvo que el primer pago se realizaría en 2026. Es decir, un reconocimiento de que podría haber cuatro años de gracia.

Este año, las exportaciones llegarían a los 75.000 millones de dólares. El titular del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó durante la conferencia anual de la UIA que se necesitan 90.000 millones para crecer y pagarle al Fondo. La salida exportadora que prevé el gobierno depende de varias leyes claves que por el momento están trabadas en el Congreso, con fuertes críticas del propio oficialismo. Tal es el caso del proyecto para promover inversiones hidrocarburíferas, que le entrega demasiadas potestades a la Secretaría de Energía en detrimento de las provincias.

Con esta norma, sumada al plan agroindustrial, la lógica subyacente es otorgarle al sector privado estabilidad fiscal, más el acceso a las divisas como zanahoria para que inviertan. Si se agranda la torta, ¿habrá derrame hacia los sectores populares? La experiencia demuestra lo contrario.

 

 

Lo que está en juego

Si este año el PBI creciera al 10%, para 2022 habría tres puntos garantizados por el efecto de arrastre estadístico. El gobierno estipuló en su proyecto de presupuesto un crecimiento del producto del 4%, mientras que el FMI quiere que se escriba un 2,5%. Para algunos, con el crecimiento por arrastre estadístico alcanzaría. “Ya sería más que con el macrismo”, enfatizan. La torta no parece ensancharse tanto.

“Lo importante es que no fracase el flujo exportador y que no se cambien los indicadores”, explican desde el Banco Central. Algo de esto vaticinó Pesce durante la conferencia de la UIA. El horizonte de los 90.000 millones de exportaciones todavía está lejos, lo esperable sería repetir (o no bajar) de los 75.000 millones, sostuvo.

Desde cierta óptica del oficialismo, esto implicaría no modificar los esquemas fiscales vigentes. ¿Con el mismo sistema de derechos de exportación? El jefe de Gabinete, Juan Manzur, les confirmó a lxs empresarios de la UIA que habría una reducción de retenciones a las economías regionales. Tal como adelantó Gustavo Idígoras, Alberto Fernández ya tendría redactado un decreto.

Por otro lado, en el caso de la carne, la opción de aumentar retenciones como proponía Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, no pasó de un borrador. El titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya había mostrado reparos sobre este instrumento. Tal es así que lo mandó a callar a Feletti. Una semana después, Débora Giorgi, quien debía secundar a Feletti, se fue de la Secretaría porque desde el Poder Ejecutivo nunca firmaron su decreto de designación. Contra todo pronóstico preelectoral, Kulfas ganó poder.

El próximo jueves 9 de diciembre el titular de Agricultura, Julián Domínguez, anunciaría un nuevo esquema de cupos de exportación de carne para garantizar más toneladas para el mercado interno.

En este sentido, la clave sigue siendo el precio de los alimentos y la inflación. “La negociación con el FMI pasa por la brecha cambiaria, la definición del déficit, la tasa de interés y la inflación”, agregan desde el Banco Central. La reducción del déficit ya está garantizada: 1,8% entre enero y octubre de este año. Guzmán no necesitó ninguna carta de intención con el organismo.

Brecha e inflación irían de la mano. “Si se baja la inflación, se le mejora la capacidad de compra y consumo a 15 millones de personas”, agregan. ¿Este es el único objetivo redistributivo?

Quienes vienen fijando las condiciones del juego son los sectores concentrados que dolarizaron excedentes y los fondos de inversión y agentes de bolsa que contribuyen a esa fuga. “Las grandes casas de bolsa, como Allaria, SBS o Alaris son peor que la Sociedad Rural. Son la plataforma para la fuga. Y lo que es más grave, actúan en tándem con el sector agropecuario y la UIA”, resume un avezado analista del mercado y funcionario del gobierno.

Es decir, la inflación tiene un alto componente de especulación. Esto se sabe. En la lógica de los palos y las zanahorias para disciplinar al poder económico, hay veces que los palos serían más necesarios, pero bien administrados.

 

 

¿Intervenir o no intervenir?

Si la cuestión de la brecha cambiaria es central en la discusión con el FMI, los economistas del Centro de Estudios Económico y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) no son muy optimistas por lo que podría venir.

El gobierno, a través del Banco Central y otros organismos públicos, venía interviniendo en el precio del dólar MEP sobre todo con el bono AL30. Quienes utilizaban este instrumento terminaban dolarizándose a 180 pesos con un límite de 17.500 dólares por semana. En cambio, las grandes empresas que dolarizaban sus excedentes y las mieles de la reactivación post pandémica lo hacían a través del GD30, con un tipo de cambio a 215 pesos. “Una brecha dentro de la brecha”, sostiene el último informe del CESO.

“Para mantener controlado el dólar MEP por medio del AL30, el BCRA llegó a poner más de 2.000 millones a lo largo del año. Ni bien se contaron los votos, el BCRA dejó de poner los 50 a 100 millones de dólares en el dólar MEP e inmediatamente se fue arriba de los 200 pesos. No ocupó las tapas de diarios, no se habló de devaluación pero fue un cambio importante en la política cambiaria que está bastante en sintonía con lo que nos imaginamos puede llegar a pedir el FMI”, agrega el trabajo.

Para Andrés Asiain, director del CESO, si el escenario cambiario queda configurado como está actualmente, sería un poroto anotado para los intereses del organismo multilateral.

Pesce adelantó que, para reducir la brecha, se aumentaría el ritmo de las micro-devaluaciones. No dio mayores precisiones, por razones obvias. Podría haber, también, un eventual aumento de tasas. La pulseada por los dólares continúa.

 

 

Plan B (en dos modalidades)

Nada garantiza que para 2026 se tengan los dólares suficientes para crecer y pagarle al FMI. Por eso el rezo a que haya un Fondo de Resiliencia del propio organismo o se puedan utilizar los DEG de otras naciones. Para la misma fecha habría que empezar a cancelar lo reestructurado con los bonistas privados. Otra tormenta perfecta en contra del Ejecutivo.

Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y ex preso político del macrismo, habla de un Plan B que es más que una simple quimera, aunque pueda chocar con elementos de la real politik. Básicamente, propone conformar un fideicomiso integrado por las inversiones ya comprometidas por China y Rusia en infraestructura: las centrales nucleares, las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, Chihuido, entre otros proyectos vinculados a las telecomunicaciones y Fabricaciones Militares.

“Son inversiones por 100.000 millones de dólares. Con el 3% de eso por año, se le puede empezar a pagar al Fondo dentro de cinco años, a razón de 3.000 millones durante tres lustros”, reflexiona ante sus interlocutores habituales. Claro que el Fondo debería aceptar este esquema de repago, que implicaría no firmar ningún tipo de condicionamiento. Pero, se sabe, la geopolítica siempre juega sus fichas.

Puertas adentro también se identifican algunos escollos. Si la adenda del contrato de financiamiento para las represas hidroeléctricas en Santa Cruz no se firmó aun, luego de un abandono del macrismo en 2018 –el mismo año en que se introdujo nuevamente al Fondo– fue por la negativa de Gustavo Béliz, insisten los defensores del llamado Plan B. Béliz jugaría para mantener bien lejos las inversiones chinas en infraestructura, alineado con la embajada norteamericana.

Lo imperioso no es cerrar un acuerdo rápido con el FMI sino armar un plan de crecimiento –insisten cerca de Ferreyra– que incluya el desarrollo de la industria local, la transferencia de tecnología y la sustitución de importaciones. Muy diferente –o de mínima complementario– a la salida exportadora vía comercialización de materias primas planteado por el gobierno nacional.

El Banco Nación, junto a su área dedicada al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, elaboró una investigación titulada “Industria argentina: oportunidades para la sustitución de importaciones”. El trabajo está firmado por Lorenzo Cassini, Javier Rameri y Martín Schorr. Su conclusión es una guía para pensar dónde están los dólares que se necesitan para sostener un proceso de crecimiento con distribución de la riqueza e inclusión social.

Luego de realizar entrevistas a las principales empresas a las que el Banco les otorga financiamiento, los investigadores concluyeron que muchas de esas grandes compañías estarían en condiciones de sustituir importaciones pero no lo hacen porque sus accionistas privados prefieren repartir ganancias, dolarizar sus excedentes o no invertir en esquemas de desarrollo de proveedores. Lo que hablaría de la necesidad de contar con una decisión política que las incentive a modificar sus conductas.

“Son empresas de diferentes sectores de actividad que importan bienes intermedios manufactureros, pero que no necesariamente se dedican a producir bienes industriales. Su rol en un eventual esquema de política de sustitución de importaciones es el de generar demanda a empresas locales productoras de bienes manufactureros, es decir, sustituir el abastecimiento externo de estos insumos por compra a proveedores locales”, escribieron Cassini, Rameri y Schorr.

YPF, por ejemplo, estaría en condiciones de sustituir el 37% de sus importaciones por productos nacionales.

“Las potenciales oportunidades de sustitución de importaciones en productos manufactureros se estiman en más de 11.000 millones de dólares anuales, lo cual representa aproximadamente el 20% de las importaciones manufactureras”, puede leerse en la investigación citada.

No todo es FMI.

 

 

 

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