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Crónicas y análisis periodísticos se volcaron en los últimos días, con mayor o menor seriedad, a describir los comportamientos individuales y colectivos de la Cámara de Diputados al no reunir el miércoles 9 los 2/3 de votos necesarios para derribar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. El respaldo del macrismo y algunas oportunas ausencias multipartidarias fueron imprescindibles para una nueva victoria pírrica oficial, esta vez contra una ley que se proponía recomponer los recortes sufridos por el sistema universitario público, que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó en 33,2% de sus recursos devengados. En esta ocasión, la táctica de ajuste fue la de implementar actualizaciones presupuestarias nominales por debajo de la inflación. 

De lo ocurrido en el Congreso con relación a los bloques partidarios, poco queda por estudiar. Acordado el apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei en el brete, casi todo el oficialismo y el PRO contribuyeron con votos afirmativos. Sólo el cordobés Héctor Baldassi y el porteño Álvaro González desoyeron el dictado de Macri, mientras que Fernanda Araujo votó en disidencia de su bloque de La Libertad Avanza y la díscola mendocina Lourdes Arrieta cumplió con su anuncio de contrariar el veto. En espejo, Unión por la Patria sufrió el comentado faltazo de la catamarqueña Fernanda Ávila y del radicalismo —autor del proyecto de Ley original— se apartaron seis de sus 33 bancas, cuatro por votos a favor del veto y otros dos por ausencia y abstención. Exceptuando esos datos, poco fue lo que sorprendió, aunque resultó útil el repaso de cuántos diplomas entregó la Universidad pública argentina a quienes el miércoles 9 votaron en su contra. 

Menos explorada fue la distribución de manos alzadas según sus procedencias territoriales. No parece un trazado anecdótico, por el impacto federal del recorte universitario, que se hace sentir en economías locales y regionales que padecen ya altos índices de desempleo, pobreza, endeudamiento o dependencia de recursos nacionales. El alcance geográfico de los sistemas públicos de educación universitaria e investigación científica configura uno de los pocos factores con posibilidad de atenuar las asimetrías. 

 

Votos que vetan

A diferencia de lo que ocurre en el Senado, donde todas las jurisdicciones subnacionales cuentan con la misma cantidad de bancas, en la Cámara Baja se distribuyen en proporción con el peso demográfico de cada una. Ambos criterios son coherentes con el tipo de representación: siempre bajo elección popular directa, quienes integran el Senado representan los intereses provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que diputados y diputadas llevan la voz de sus pueblos. 

Es una razón adicional por la que analizar qué porcentaje sobre el total de sus voluntades disponibles aportó cada jurisdicción para la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La CABA y la provincia de Buenos Aires sumaron 30 votos y dos ausencias, pero el peso sobre el total de los posibles fue de 40 y 31%, respectivamente. Una decena de provincias del interior se ubicaron por encima de esos porcentuales. 

El recuento arroja que el primer lugar entre los contribuyentes al veto oficial correspondió a Misiones, que entre sus tres votos —UCR, PRO y LLA— y cuatro ausencias —de Innovación Federal— puso a la totalidad de sus bancas en contra de la recomposición del financiamiento académico. La provincia es sede de dos Universidades nacionales y las estimaciones del CEPA concluyen que la de Misiones perdió este año 34,9% del devengado y la del Alto Uruguay, 27,1%. Ambas tendrían retrocesos adicionales en 2025, de aprobarse el proyecto oficial de Ley de Presupuesto, y la primera perdería además peso relativo en el reparto del total de la ya menguante inversión universitaria en el país. 

En el segundo escalón, entre las contribuciones a la voluntad oficial, se ubicó Tucumán, cuya universidad perdió un tercio de presupuesto real en 2024 y caería otro 1,2% el año próximo. Seis de las nueve bancas tucumanas votaron en contra de recuperar sus recursos. San Luis y Río Negro registraron un 60% de apoyo al veto. Chubut y Salta orillaron ese porcentaje, si a sus votos negativos se suman las ausencias. Entre esas cinco provincias reúnen siete Universidades nacionales, con caídas presupuestarias siempre por encima del 30% y trepando al 42,7% en el caso de la puntana de los Comechingones. Recién en el escalón siguiente aparece una de la zona núcleo: Santa Fe, con tres casas de estudio y 9 votos sobre 19 a favor de su desfinanciamiento. 

La incógnita que emerge es si la valoración que los electorados de las provincias tienen sobre la Universidad pública y su financiamiento coincide o no con los porcentajes de apoyo al veto exhibidos por las bancas que los representan. Varios rectorados intuyeron una respuesta al interrogante, y en las horas previas a la votación se agruparon por regiones y publicaron cartas abiertas dirigidas a los diputados y diputadas de sus provincias. Fueron los casos de los santafesinos y los bonaerenses del interior. 

 

Seis para no triunfar

Verificando el llamado “principio de equiparación”, que postula que los grados de desarrollo suelen ser similares en todos los ítems de un mismo territorio, seis provincias repiten su inclusión entre las diez con peores salarios, mayores índices de pobreza, menor Producto Bruto per cápita y escasa autonomía tributaria. En todas ellas, las universidades públicas contribuyen a atenuar las urgencias, con la generación de empleo e inversión volcada sobre sus economías. Esa media docena está integrada por: 

• Corrientes, que encontró a tres de sus siete bancas a favor del veto; 
• Formosa, con una mano alzada y una ausencia, sobre cinco escaños; 
• La Rioja, que sufrió el voto del vástago Martín Menem; 
• Chaco; con dos vetadores entre sus siete diputados; 
• Catamarca, perjudicada por la súbita ausencia de Ávila, y 
• Jujuy, cuyo único voto por el veto fue de La Libertad Avanza. 

El caso correntino es singular. La provincia acercó a la firmeza del veto presidencial un porcentual de sus votos posibles mayor que la CABA, Buenos Aires o Santa Fe, aunque su Universidad Nacional del Nordeste haya perdido en 2024 una porción de su presupuesto real más amplia que la que lamentó la UBA respecto del suyo. La institución correntina aporta al índice provincial de empleo 7.700 cargos docentes y no docentes, que fructifican cada año en alrededor de tres mil diplomas. Sus salarios fueron una de las principales variables de ajuste en inversión universitaria, con lo que el impacto en la economía provincial es previsible. 

Los datos del número de docentes, no docentes, autoridades, estudiantes y graduaciones de cada Universidad nacional corresponden a 2021 y fueron publicados por el INDEC este año bajo la firma del Presidente, al que luego confunden las extrañas reglas que sigue la matemática de Twitter. 

 

Segundas partes

Tanto durante los debates parlamentarios como en declaraciones públicas de sus integrantes, el oficialismo sostuvo que la discusión por los recursos asignados a la educación superior debía reservarse para el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 elevado al Congreso por el Ejecutivo. 

Sin embargo, las planillas anexas no postulan una recuperación de la inversión en la materia, sino caídas adicionales en casi todas las universidades. De acuerdo al análisis del CEPA, sólo una docena recogería variaciones positivas en 2025, aunque siempre partiendo de feroces recortes previos de 2024, cuyos efectos nunca rozaría contrarrestar: 

• la Universidad Nacional de San Antonio de Areco incrementaría 54,6%, después de un recorte de 64,9%;
• la del Noroeste de la provincia de Buenos Aires aumentaría 28,1% tras perder 50,9%;
• la de Moreno subiría 14,3%, habiendo perdido 44,6%;
• la de Lomas de Zamora cayó 43,2% y recuperaría 10,9%;
• la del Oeste sumaría 10,8% luego de una caída de 39,8%;
• la de Hurlingham escalaría 10% tras despeñarse 49,1%;
• la de los Comechingones sumaría 4,1%, después de perder 42,7%; 
• la de Rafaela crecería 3,5%, sobre un retroceso previo de 40,8%;
• la del Chaco Austral recuperaría 3,5%, habiendo caído 40,2%;
• la de General San Martín subiría 1,2% tras desplomarse 39,4%; 
• la de La Pampa tendría una suba simbólica de 0,6% luego de caída concreta de 40,8%, y
• la de Santiago del Estero se anotaría un 0,5%, después de una caída del 35,4%. 

En el mejor de los casos, las variaciones positivas proyectadas por el oficialismo sólo menguarían la asimetría con la que se aplicaron los recortes al interior del sistema durante 2024, ya que varias de las doce se encuentran entre las más afectadas este año. Ninguna de ellas recuperaría lo perdido y, tomado como conjunto, de aprobarse el proyecto de Presupuesto, el sector universitario argentino retrocedería en 2025 otro 5,2%. 

Como pretendía el oficialismo, el tema volverá a la consideración de las Cámaras del Congreso para reeditar o renovar las aritméticas resultantes de los cruces de alineamientos partidarios con urgencias territoriales. Allí recobrará importancia la pertenencia geográfica de cada banca, porque el conjunto del sistema público de educación superior podría caer aún más, las pocas instituciones con variaciones positivas no se acercarían a recuperar lo perdido, y dos de cada tres universidades del interior perderían además peso relativo sobre un total ya golpeado y a la baja.

 

 

 

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