No tanta risa
Santoro y D'Alessio armaron la causa del gas licuado, a partir de la cual Stornelli y Bonadío encuadernaron a CFK
La causa de Dolores comienza a generar impacto en los expedientes de Comodoro Py. El procesamiento dictado por Alejo Ramos Padilla esta semana trabaja sobre el hallazgo de dos documentos encontrados en la computadora del espía Marcelo D'Alessio, que permite trazar una hipótesis capaz de desarticular la prueba que mantuvo en pie la única causa contra los funcionarios del viejo gobierno, conocida como GNL-Enarsa, desde la cual Claudio Bonadío succionó jurisdicción sobre los Cuadernos, forum shopping mediante.
Los archivos encontrados en la computadora de D'Alessio son dos documentos: Síntesis AFI y Síntesis de Investigaciones Actuales. El primero se generó el 13 de febrero de 2018, treinta días antes de que la Sala II de la Cámara Federal porteña impugnase el peritaje del ingeniero David Cohen en la causa del GNL-Enarsa. Aquel peritaje era la única prueba para sostener los procesamientos de Roberto Baratta y Julio de Vido por supuestos sobreprecios del gas licuado. En una de las líneas el archivo dice: Bonadío y un peritaje para ser impugnado.
El segundo documento revela, en cambio, que días después se puso en marcha lo que el juez define como un plan criminal complejo destinado a redireccionar la causa judicial. En ese documento llamado Síntesis de Investigaciones Actuales, fechado el 25 de febrero, D'Alessio le informa a alguien no identificado que estaba haciendo un libro para la Editorial Planeta, en el que figuraría con su nombre, de modo que fuera citado a declarar en la causa de GNL. Y en el apartado de documentación respaldatoria agrega que contaba con los documentos producto de un año y medio de infiltración entre los directivos de Enarsa.
A criterio del juzgado, estos dos documentos diseñan el plan que será ejecutado durante todo ese año por la banda de D'Alessio, y concluye en noviembre de 2018 con su presentación en la fiscalía de Carlos Stornelli. En sus palabras, desde febrero de 2018, los documentos anuncian la estrategia de la organización de D'Alessio dirigida a introducir un testimonio y prueba obtenida ilegalmente en una causa concreta mediante la intervención directa de Marcelo Sebastián D'Alessio y la participación de Daniel Santoro.
Ramos Padilla amplió el procesamiento de D'Alessio por este tramo y dejó en suspenso la situación de Santoro a la espera del cotejo de los expedientes originales. En cambio procesó al periodista por dos hechos de coacción y extorsión, al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y al empresario patagónico Mario Víctor Cifuentes.
Gonzalo Brusa Dovat es es el directivo que dio una entrevista bajo coacción en el restaurant Sarkis de Palermo antes de declarar ante Stornelli. El juez dictó también una resolución de falta de mérito para Santoro por el delito de asociación ilícita, es decir que sigue investigándose. No le dictó prisión preventiva pese a indicar que puede obstaculizar la causa, un criterio que discute la doctrina Irurzun. Y despliega a lo largo de 254 páginas con una colosal producción de pruebas una decena de casos sobre los cuales dice que su participación aún debe terminar de ser revisada.
En los casos de Brusa Dovat y Cifuentes, Ramos Padilla consideró probada la intervención material y subjetiva de Santoro, es decir, supo qué estaba haciendo.
"Si estos hechos se miran sin el contexto, podrían entenderse como casuales, un error, un engaño o aprovechamiento de D'Alessio, como señala Santoro en su defensa —dijo el juez—. Pero si se analiza el contexto, la reiteración, la permanencia en el tiempo, el vínculo que unía a los imputados, y se los confronta con las acciones que llevaba adelante la asociación, surge claramente los elementos para considerarlas como un aporte decisivo".
Por eso, dice, no cabría dictar el procesamiento de una persona por el simple hecho de mencionar o confundir el nombre de la firma OPS, como tampoco por hacer una nota, escribir un libro, aportar o recibir información, entrevistarse con jueces, presentar a D'Alessio a magistrados, fiscales y legisladores, organizarle reuniones, y demás. La situación se modifica, aclara, cuando se conoce que Marcelo D’Alessio, con anticipación de unas horas, le refería a Cifuentes, principal accionista de la empresa de servicios petroleros OPS, que ese día debía ver a Daniel Santoro en el programa Animales Sueltos, al tiempo que le exigía el pago de un millón doscientos mil dólares y le señalaba que si no pagaba esa suma, ese mismo periodista al que los jueces le tenían más miedo que al Consejo de la Magistratura —en propias palabras de D’Alessio— habría de publicar en el diario de mayor tirada del país una nota que lo perjudicaría, como efectivamente ocurrió. Santoro dijo en forma nítida OPS, en una nota sobre Venezuela en la que se trataba de la empresa OMS.
Santoro nunca ocultó la promiscuidad entre medios, funcionarios judiciales y servicios de inteligencia. En su libro de 2005 Técnicas de investigación, escribió: “Se puede recurrir a un abogado a quien conozcamos; le facilitamos parte de la información y le pedimos extraoficialmente que haga una denuncia de modo tal que la justicia comience a investigar”. También “podemos pedirle o sugerirle –en forma extrajudicial y sin aparecer– a un juez o un fiscal que active los mecanismos para levantar el secreto bancario o financiero. (...) Muchas veces se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación de un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que se abra una causa judicial”.
Un relación familiar
Una pregunta del juzgado es acerca del nexo entre espía y periodista. Santoro dijo que era la relación normal de un periodista con su fuente. Bastaría la foto que aquí se publica para refutarlo. Ante el juez, Santoro explicó que conoció a D'Alessio a través de una colega en noviembre de 2016 en el contexto de la investigación del Triple Crimen de General Rodríguez. Los abogados de D'Alessio lo buscaban. Finalmente aceptó sentarse con él cuando el ahora procesado fiscal Juan Ignado Bidone le garantizó su seriedad. "Recibí una llamada del fiscal Bidone, diciéndome que D’Alessio era una fuente confiable, que tenía buenos vínculos con la DEA, por eso es que finalmente el día 26 en el restaurante El Faro, que está muy cerca de Clarín, me reuní para tener una conversación off the record con Rodrigo González y con D’Alessio. Los dos se presentaron como abogados penalistas. (...) ahí es donde empezó un vínculo estrictamente periodístico entre nosotros, a partir de noviembre del año 2016".
El juez señala, en cambio, que esa relación no era estrictamente periodística sino de cercanía. Analiza una serie de mensajes y fotos como la que encabeza esta nota a fin de tratar de entender si el periodista podía desconocer o no a qué se dedicaba el espía.
"Algunos elementos de prueba hallados en poder de D’Alessio indican que los dichos de Santoro —dice el juez— distorsionan la realidad del vínculo que mantenía con D’Alessio. Por ejemplo, se han hallado fotografías de situaciones familiares donde ambos y sus esposas comparten momentos de distensión; fechas de cumpleaños agendadas; el teléfono de la esposa de Santoro registrado en la agenda de D’Alessio, todos estos elementos dan cuenta de una relación que supera holgadamente lo exclusivamente 'profesional' o 'periodístico'”.
El castillo de naipes
D'Alessio tenía archivos de todo tipo en su computadora y dispositivos, que poco a poco cobran sentido. El procesamiento vuelve a poner en escena nombres conocidos del universo D'Alessio que acentúan la escala de alguien a quien no es posible leer como personaje periférico. Hay referencias a Mauri en una conversación con Stornelli y con Mario Montoto. Y un mensaje de Montoto con referencias a Santoro y Elisa Carrió que para el juzgado explican el rol del periodista para una organización que necesitaba acceso a medios y despachos: Sólo Daniel Santoro podría tener asignada dentro de esa organización o grupo de personas vinculadas a la misma, la capacidad para llevar adelante esa tarea, dice Ramos Padilla.
En un pie de página, exhibe dos cartas donde el espía describe su relación con Patricia Bullrich, un vínculo que ella se obstina en negar. Las cartas aparecen en el contexto de Enarsa. D'Alessio había trabajado allí entre 2010 y 2012. Y volvió después del 10 de diciembre de 2015 por 72 horas porque le pidieron la renuncia porque habría pedido acceso irrestricto a los archivos. En las cartas pide quedarse y habla de la relación de su padre con la ministra para explicar por qué no pueden echarlo.
Hacer gas
La banda que investiga el juez se nutría de métodos como el espionaje ilegal, infiltración, extorsión, ablande o puestas en pánico, con tres tipos de fines: económicos, políticos y personales, como muestra el caso Jorge Castagnon, ex esposo de la pareja de Carlos Stornelli. Uno de los mecanismos que usaba era el blanqueo de información. Así como sucede con el blanqueo del dinero, necesitaban introducir información de origen ilegal —falsa o verdadera—, al circuito legal. Para eso se servían de la prensa y de la justicia. En ese esquema el juzgado estudia la participación de Santoro. El caso GNL-Enarsa aparece en ese contexto como un caso testigo, porque permite ver las relaciones entre el periodista y el espía y entender cómo trabajaron durante meses para la presentación de un supuesto testigo que buscaba redireccionar una causa.
"En este apartado se verá uno de los mecanismos utilizados por la organización investigada —dice el juez— para introducir información ilegalmente obtenida en el circuito judicial. Como se verá, es una maniobra pergeñada al menos un año antes de que se llevara a cabo y que ha sido plasmada en documentos que probablemente fueran entregados o dispuestos para ser exhibidos a la Agencia Federal de Inteligencia".
Y agrega:
"Aquí se observa un claro interés político-judicial de la organización en participar de una de las causas más renombradas de los últimos tiempos", con una maniobra que buscó introducir información ilegalmente obtenida a partir de una declaración presuntamente desinteresada, pero orientada a los fines específicos de la organización. Para ello se realizó una operación compleja, dice, que incluía: la infiltración en un espacio institucional, la recolección de información –incluso de bases de datos de acceso restringido—, el análisis de esa información, la publicación de un libro y la presentación 'espontánea' ante una fiscalía federal para aportar documentación recibida 'anónimamente'. En esas acciones habrían participado, entre otros, Marcelo Sebastián D'Alessio y Daniel Santoro".
El origen
La causa de GNL comenzó en 2014 por una denuncia de los entonces diputados Federico Pinedo, Laura Alonso y Patricia Bullrich. Fue instruida por Claudio Bonadío por un presunto pago de sobreprecios en la compra de gas natural licuado traído en barcos que entraban al puerto de Bahía Blanca y Escobar, donde se hacía la regasificación y se introducía en la red de distribución. El 19 de octubre de 2017, Bonadío procesó a Roberto Baratta y a Julio de Vido sobre la base de un peritaje que comparaba precios para determinar sobreprecios. En marzo de 2018, la Cámara de Apelaciones impugnó el peritaje y revocó los procesamientos. El libro El Mecanismo salió publicado en noviembre de 2018. Ese mes, D'Alessio se presentó a declarar "espontáneamente" en la fiscalía de Stornelli para aportar nuevos hechos, documentación y sostener la causa.
Los archivos de la casa de D'Alessio
El juez encontró dos archivos de febrero de 2018 en casa de D'Alessio: Síntesis AFI.doc, del día 13 de febrero, y Síntesis de Investigaciones Actuales, del 25 de febrero. Como se dijo, Investigaciones Actuales tenía un apartado con el nombre De Vido, Baratta y Moyano con la descripción de supuestas maniobras del GNL y la explicación del libro de Santoro.
“Tras avanzar sobre los dos ex funcionarios del Minplan (se referencia aquí al ex Ministerio de Planificación Federal) sobre tema GNL, ahora nos encontramos realizando un libro de pronta publicación de editorial Planeta donde se describirán las maniobras relacionadas con la importación y distribución de Gas OIL 500ppm realizada por ENARSA”.
A ello se agrega:
“A partir de la publicación, entendemos que un Juzgado Federal deberá citar al autor y sus fuentes que colaboraron en “ON” para avanzar en una investigación sobre el mayor desfalco de la historia Argentina. El gas oil que no era quemado por las 64 generadoras del plan PET y GENREN y cómo se revendía para beneficio de funcionarios y empresas vinculadas a sindicalistas”.
El paso por Enarsa
Según los currículos hallados en la computadora del espía, D'Alessio estuvo en Enarsa entre 2010 y 2012 en la Gerencia de Administración y Finanzas como coordinador general de asesores. Y luego volvió a entrar en diciembre de 2015 sólo por 72 horas. En la casa del espía se halló documentación de Enarsa. En su gran mayoría fotocopias y fotos de documentos impresos o capturas de pantallas, e informes producidos por él. Ningún documento tiene sello o certificación, pero el juez señala que la documentación fue extraída efectivamente de Enarsa por D’Alessio. En ese sentido, también declaró acertado hablar de "infiltración”. Una versión de todo eso, recuerda, la expuso a su modo D’Alessio ante Etchebest.
El diálogo se produjo camino a Pinamar. Hablan de Enarsa, el espía le cuenta se infiltró en el organismo a pedido de la National Security Agency (NSA), una de las agencias de inteligencia norteamericana sin control judicial dedicada a la reunión de información de seguridad estratégica norteamericana. La NSA le pedía información de los movimientos de dinero del Banco Macro, hacia Antonini Wilson y hacia Panamá. Y cuenta:
—Cuando se fue el gobierno yo empiezo a trabajar ahí codo a codo con Stornelli y Bonadío, las primeras reuniones eran en una habitación del Four Seasons. Mirá, esto no lo sabe nadie.
—Mirá vos —le dice Etchebest, que lo estaba grabando.
—Alquiló Bonadío una habitación a nombre de un mister nadie, y usábamos una habitación, una suite chiquita, porque sabíamos que no teníamos cámara, que no teníamos nada, para empezar hacer la causa para meter en cana a De Vido.
—Ah, mirá vos.
—Yo hice la detención de De Vido y la detención de Baratta.
—Ah, mirá vos, yo ni idea, la verdad que estoy asombrado.
—De ahí arman el libro este, me contacta Santoro, empiezo a tener otra vinculación con los medios, con este y lo otro.
Esa conversación conocida a partir de la primera denuncia de Etchebest contiene puntos que el juez valoró en su procesamiento. Y otros que siguen pendientes. Entre los pendientes, la confirmación del vínculo con la NSA aunque la hipótesis sigue presente. Y aún se investiga el origen del vínculo con Bonadío y Stornelli. Entre los datos confirmados, en tanto, está la infiltración. Por eso el diálogo está ubicado en un apartado dedicado al caso GNL. Y la infiltración parece probada por el cotejo del archivo llamado Síntesis de Investigaciones Actuales. El juez, incluso, define su práctica en Enarsa como de infiltración.
La búsqueda de difusión
De acuerdo a la reconstrucción de Dolores, en 2017 D'Alessio dio algunos pasos para ingresar la documentación de Enarsa en carriles legales de información. En ese contexto, Santoro se presentó ante la diputada Paula Oliveto. Ella lo admitió públicamente. Y dijo que se reunieron varias veces para conversar sobre el tema “del gas licuado y los barcos”, que era de mutuo interés.
De esa época es otro documento hallado en la computadora del espía, fechado el 8 de mayo de 2017 con el nombre de “Informe Bonadío”. La resolución de Dolores muestra dos de las diez páginas con el título: Los responsables de la Corrupción. La fecha y el nombre del archivo sugiere que el espía pudo haber escrito el informe para Bonadío en línea con aquel diálogo con Etchebest, pero el juez no lo dice. También podría ser sólo un informe sobre el estado de la causa.
La publicación del libro
El libro El Mecanismo fue publicado el 10 de septiembre de 2018 por Planeta. Tal como se afirma en la Síntesis de Investigaciones, Santoro cita a D’Alessio como fuente “en on”, a lo largo del capítulo 6 llamado Sobreprecios millonarios en la compra de buques con gas.
D’Alessio dijo que el libro era de ambos. Santoro dijo que sólo era suyo. Ramos Padilla dice que más allá de eso, lo cierto es que D'Alessio efectivamente, en alguna medida, participó de su confección, por lo menos brindando información.
Santoro dice que la participación de D’Alessio consistió en una entrevista realizada en 2018, “poco antes del cierre” del libro. El juez dice lo siguiente:
"Desde luego, no resulta de interés para este proceso judicial la publicación de un libro de investigación periodística, sus fuentes, ni la veracidad de la información allí volcada. La cuestión radica en que se hallaron documentos en poder de Marcelo D’Alessio donde este afirma su participación en la confección de dicho libro, y se constató que ello fue un procedimiento planificado para “blanquear” información obtenida previamente mediante actividades de espionaje ilegal (infiltración, acceso a bases de datos) en una causa judicial específica (GNL) para adjudicar responsabilidad específica a determinadas personas, tal como se señala en el documento confeccionado para ser presentado a la Agencia Federal de Inteligencia.
Esto, desde luego, no excluye que la publicación del libro persiguiera un fin periodístico genuino de investigar y dar a conocer hechos de corrupción de interés público. En el libro se plasma una investigación periodística que no se acota al aporte de D’Alessio y que no es materia de análisis en esta causa judicial. Lo que sí constituye objeto de esta investigación es el desarrollo y ejecución de un plan delictivo previo dirigido a “blanquear” información producida mediante actividades de espionaje ilegal con intervención de agencias estatales, para-estatales o privadas; ello con el objetivo de que tal información fuera incorporada en un proceso judicial de enorme relevancia, y pudiera generar efectos jurídicos y/o político respecto de las personas investigadas (cfr. art. 4o inc. 3o de la ley 25.520).
La declaración ante Stornelli
En noviembre de 2018, por una gestión de Daniel Santoro, D’Alessio se presentó a declarar dos veces en el término de una semana ante el fiscal Stornelli. Presentó la información volcada en el libro El Mecanismo y cuatro carpetas de documentación respaldatoria que, dijo, había recibido en su oficina de “en forma anónima”.
Uno de los datos novedosos que introdujo fueron los contratos de seguros de Enarsa con Nación Seguros. Hasta entonces la causa giraba en torno a la compra de gas natural licuado y el presunto pago de sobreprecios. Este tema novedoso se introdujo por primera vez en este momento. Ramos Padilla sostiene que esos datos se construyeron en base a aportes de información ilegal. Toma como ejemplo, el caso de Juan Marcos Forlón, responsable entonces de Nación Seguros.
En el libro y en la fiscalía, D'Alessio acusó a Forlón de haber usado su vínculo con los Kirchner para echarlo de Enarsa porque quiso firmar pólizas con Nación Seguros. Santoro lo explicó en el libro, y agregó:
"A D’Alessio siempre le llamó la atención que el hermano de Forlón, Juan Manuel, contratado en el Banco Nación, a partir de 2004 viajó más de quince veces a Chile para estadías de un solo día, cuatro veces a Panamá, una a Uruguay y dos a Estados Unidos. Parece que no eran viajes de placer, por el poco tiempo de sus estadías”.
Ramos Padilla encontró en la computadora de D'Alessio registros migratorios de Juan Ignacio Forlón (no se llama Juan Manuel) que habían sido provistos por el fiscal Juan Bidone, procesado en esta causa. Lo mismo ocurrió con otros datos personales como un número de cuit.
Como se ve, no existió aquí un mecanismo extorsivo sino una estrategia que puso en marcha "un curioso círculo de legitimaciones, al hacer que la causa judicial legitimara la información publicada, mientras la propia publicación legitimaba, al mismo tiempo, la causa judicial".
Comodoro Py, próxima parada
Santoro sería convocado en pocos días a otra indagatoria en Comodoro Py, en el marco de la extorsión sufrida por el empresario Gabriel Traficante. El juez Luis Rodríguez procesó a D'Alessio, al fiscal Bidone, a un integrante de la AFI y a un ex AFI por tentativa de extorsión. En ese caso, la banda amedrentaba a las víctimas diciéndoles que si se resistían a pagar iban a ser escrachados en Clarín. Pedían dinero para borrar supuestas pruebas del caso conocido como la mafia de los contenedores del juzgado de Marcelo Aguinsky. Las víctimas se negaron a pagar, y efectivamente sus nombres iban saliendo en el diario donde Traficante era presentado como cerebro de la banda. Hoy se sabe que el empresario ni siquiera estaba señalado en la causa como imputado. Ramos Padilla también tiene tramos de este caso. Y lo usa en el procesamiento como contexto con víctimas que vivían en el mismo country de D'Alessio, a las que les pedían centenas de miles de dólares y las obligaban a declarar nombres de personas a quienes no conocían con promesas de libertad. Para convocar a Santoro a indagatoria, el juzgado de Comodoro Py esperaba la confirmación de los procesamientos anteriores. Esa confirmación llegó hace varias semanas, el 13 de junio. Pero la Cámara integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia agregó un dato: pidió al juez que avance con celeridad hacia la elevación a juicio oral de este caso concreto. En el juzgado leyeron el pedido como un mensaje destinado a amputar el caso concreto, y frenar la posibilidad de convocar a Santoro. Y existen razones.
El hecho criminal analizado por Rodríguez está descripto en pocas líneas, e incluye los vocablos Santoro y Clarín. La Cámara los reemplazó por "medios periodísticos", y le confirmó el resto. Aquí, los textuales.
Dice Rodríguez: "Se tiene por acreditado que D'Alessio durante aquel período se contactó con Traficante y, bajo la presión de que, podría parar el desarrollo de una ‘investigación irregular’ en su contra, como la mención de su nombre en el diario Clarín por intermedio del periodista Daniel Santoro, le exigió el pago de distintas sumas de dinero".
Dice la Cámara al sintetizar la denuncia: "... Para dar pie a la maniobra, su autor (D'Alessio), además de exhibir evidencia supuestamente extraída de la mentada pesquisa, dijo ejercer funciones en la Agencia Federal de Inteligencia y poseer conexiones en el ámbito del poder Judicial y en medios periodísticos".
Aquí, una extracción del hecho según el juzgado:
Y aquí, según la Cámara Federal:
Aquel mensaje parece evidente.
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