No hubo errores, no hubo excesos

 

La Justicia federal cumple eficazmente su objetivo de proteger a la cúpula de Prefectura Naval Argentina, responsable del grupo especial Albatros que participó del dispositivo de vigilancia, control, persecución y represión contra el pueblo mapuche-tehuelche en la zona de Villa Mascardi, al sur de Bariloche, en noviembre de 2017. En la base de la garantía de impunidad están la fiscal subrogante Sylvia Little y los cuatro jueces que intervinieron hasta el momento en el expediente por el homicidio de Rafael Nahuel Salvo, que se tramita en Bariloche. En los hechos, esta protección alcanza a la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su corte, que hizo de la zona andina su teatro de operaciones hasta el presente.

El 23 de noviembre de 2017, Little en persona condujo el desalojo de la lof Lakfen Winkul Mapu de un predio cuya propiedad reclama la Administración Nacional de Parques Nacionales (ANPN). Ese mismo día, por la tarde, un grupo GEOF de la Policía Federal Argentina persiguió montaña arriba a algunos desalojados; al día siguiente, lo mismo hizo una pareja de Albatros. El 25 una patrulla de efectivos de Albatros lxs persiguió por la ladera, fuera de las dos parcelas vinculadas a ese desalojo de acuerdo a las coordenadas tomadas por el propio grupo con GPS de sus celulares. En medio del bosque de coihues, por la espalda y desde abajo hacia arriba, hirieron de muerte con un solo disparo a Rafa (22 años), le dieron en un brazo a Johana Colhuan y en el hombro a Gonzalo Coña. Cuatro efectivos hicieron al menos 130 disparos comprobados, entre los 400 y los 1.000 metros desde la Ruta 40. Pese a su superioridad técnica, no prestaron asistencia al muchacho agonizante. En cambio, rápidamente coordinaron la historia oficial, produjeron su propia prueba de los hechos y adulteraron algunas de las pruebas que surgían de sus armas, lo que está plasmado en el expediente de acuerdo a las piezas a las que hemos accedido a través de las partes.

 

 

El juez subrogante Gustavo Zapata imputó el 16 de junio pasado a un suboficial de Prefectura como autor material del disparo homicida y a cuatro integrantes de la misma patrulla como partícipes, todos con la menor responsabilidad penal por estar defendiéndose “en exceso” en un presunto enfrentamiento armado con gente mapuche. Nada explicó sobre el dispositivo represivo en cuyo desarrollo se cometió el crimen. Ninguna referencia a quién decidió hacer participar a Prefectura de un dispositivo que estaba a cargo de la Policía Federal –sin sangre hasta ese momento–; por qué, con qué misiones y funciones; cuándo empezaron a patrullar la zona en conflicto; quién era el responsable operativo del grupo de entre 5 y 9 Albatros identificados en el expediente; quién dio la orden del uso de un dron; quién tomaba las decisiones y con qué elementos; cuándo y por dónde ingresaron al territorio en conflicto. Se deduce que en el expediente no está incorporada la información producida por el dron del especialista del grupo, pues en tal caso no habría necesidad de especular –como lo hace la fiscal, los cuatro jueces que intervinieron y los propios imputados– sobre el número de gente mapuche que estaba en el lugar, sus desplazamientos o el supuesto armamento usado en el supuesto enfrentamiento.

El Poder Judicial está dispuesto a hacer pagar a Prefectura lo mínimo: un hombre de Misiones, Sergio Guillermo Cavia, suboficial de 30 años con nueve de antigüedad en la fuerza, como autor del homicidio. Ni Zapata ni Little permiten ampliar la investigación sobre los heridos, a pesar de los pedidos formales de las propias víctimas de constituirse como querellantes y de la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en más de una oportunidad.

Los sobrevivientes del ataque armado son objeto de todo tipo de persecución y maniobras, tanto los heridos como los dos jóvenes que bajaron desde la ladera con Rafa herido hasta la Ruta Nacional 40 para que recibiera asistencia médica.

 

 

 

El territorio como escena del crimen

Zapata aseguró que Cavia dio muerte a Salvo de un disparo con su propia arma de fuego, sin decir que fue por la espalda y en sentido ascendente, concordante con una persona en fuga. Ocurrió “en la parte alta del predio ubicado en el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40 Sur propiedad de Parques Nacionales (nomenclaturas catastrales 19-7-A-011-14 y 19-7-A-011-07)”. En ese mismo fallo, producto de secuestros de celulares a cuatro efectivos, indicó dos puntos GPS donde los propios Albatros situaron su acción. Esos puntos están fuera de las parcelas indicadas por el juez, de acuerdo a nuestra constatación en el Catastro público de Río Negro. El fallo de 151 carillas no explica en ningún momento por qué se perseguía personas fuera de las parcelas objeto del conflicto.

Tampoco queda claro cuántos efectivos participaron de la maniobra en el terreno. El juez dice cinco; en audios de WhatsApp ellos mismos hablan de nueve. Según sus jefes, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa y Juan Ramón Obregón eran personal encargado de brindar seguridad. en tanto que Sergio Guillermo Cavia y Sergio Damián García eran integrantes del grupo de control antidisturbios. El ayudante de segunda Eric Fabián Blanco actuó como archivero fuera de la escena del crimen, recibiendo y almacenando fotografías, audios y puntos GPS antes de que los autores del material debieran entregar sus celulares, no queda claro si ante la Justicia federal o en alguna instancia administrativa interna. García tomó tres puntos GPS con su celular, aunque en el fallo solamente están indicados dos, los que tomamos para elaborar la cartografía que acompaña este informe.

Alguien le dice a Blanco: “Tuvieron un enfrentamiento; hicimos una… mandamos una patrulla de exploración porque ya nos estaban hostigando, y mandamos un grupo de seis, íbamos en apoyo dos más, y… y el grupo que estaba de avanzada tuvo contacto con los mapuches. Están armados, ¿viste? Son guerrilleros, son. Están armados y nos respondieron con armas y con piedras y con lanzas y qué sé yo, y casi los emboscan a los vagos, ¿viste? (…) Gracias a Dios están sanos y salvos, ¿viste? Eh… tres de la UOPE, y después Lezcano (el del dron), Cavia y el marinero García (el que era mozo del jefe), y después bueno, el cabo primero Pintos, el cabo segundo Obregón y Sosa. Pero están sanos y salvos. Nosotros estábamos un poco más abajo y los cubrimos hasta que puedan descender, pero por suerte estamos bien. Así que nada, quédense tranquilos”. Vía WhatsApp hubo una rápida campaña de solidaridad, apoyo moral y logístico: “Te voy a mandar unas fotos ahora, ¿viste?, sobre lo que hoy pude sacar yo. Necesito que las guardes en tu teléfono y que no las mandes a nadie”.

El ayudante de primera Daniel Alberto Colliard es el que tomó las fotos de un resguardo precario de montaña, donde se ve una especie de lanza hecha con caña colihue con un hilo rojo puesto en el extremo. No consta si portaba o usó arma reglamentaria. Se desprende que fue el ejecutor de algunas de las imágenes oficiales que, a juicio de la fiscal y el juez, prueban el supuesto enfrentamiento.

El oficial principal Pablo Rubén Berra es el portavoz de la historia oficial que propone Little y convalidó Zapata. “No dispararon a matar sino que dispararon a los árboles. Eso es lo que me dijeron a mí. No sabemos a ciencia cierta si es munición nuestra o munición del otro, de los otros. Tranquilamente puede ser de los otros”, deslizó en las primeras horas del caso. El responsable del grupo dijo, en un audio que no se identifica a quién estaba destinado: “Yo tenía gente de la unidad desplegada en la cima de la montaña haciendo un rastrillaje, reconocimiento de terreno, avanzada de combate, infantería. Se desdoblaron en dos grupos: el que llegó más arriba tuvo contacto visual de una construcción donde había personas. Cuando informa eso a través del HT yo determino que se junten los dos grupos y desciendan de la montaña. El grupo que había quedado desdoblado en la posición inferior asciende, para descender ambos grupos juntos. Cuando el segundo grupo (el que había quedado en una posición fija, asegurada) está ascendiendo se choca de frente con una unidad de aproximadamente diez o quince efectivos de estos mapuches. Cuando toman contacto agarran y les dicen ‘ALTO, PREFECTURA’, obviamente, como corresponde (…) Cuando los indios reciben la agresión de las marcadoras responden con fuego letal, es decir con armas letales, primero y fundamental con un calibre 22 y algún arma de otro calibre un poco más grande porque reventaba las ramas de los árboles”. En base a ese testimonio, Zapata aseguró que Sosa y Cavia dieron la voz de alto y luego dispararon.

En un video de Lezcano consta que la patrulla estaba ascendiendo la ladera a las 15.09. A las 15.27 Sosa grabó a una persona con el rostro cubierto en una vivienda precaria. El horario aproximado del homicidio surge de las comunicaciones de la gente mapuche, no de los celulares de los prefectos. El 25 de noviembre a las 16.45 alguien llamó pidiendo ayuda por Rafa y otras dos personas más. “Me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. Nos venían cazando desde hacía dos días, como si fueran (sic) chanchos”, indicó el juez citando a Lautaro González Curruhuinca, de la lof Kurrache (Chubut).

No se conoce ni oficial ni extraoficialmente ningún informe sobre el dispositivo represivo por parte de lxs funcionarios de Prefectura que se encontraban en el lugar desde dos días antes: Diego Martín Brest, Julián Andrés Valenzuela, Ignacio Fabián Salinas, Ángel Tomás Medina, Javier Alejandro Galarza, Nicolás Adolfo Ramírez, Axel Hernán Noguera, Hugo Matías Duarte, Leandro Antonio Ruata, Iván Emanuel Caballero, Osvaldo Diosnel Villalba, Saúl Norberto Encina, Miguel Ángel Aguirre, Daihana Alejandra Retamales, Horacio Alberto Cornejo, Daniel Alberto Colliard, Pablo Rubén Berra, Francisco Antonio Lezcano, Diego Omar Sánchez y Eric Fabián Blanco. Los máximos responsables de la Agrupación Albatros a esa fecha eran el prefecto mayor Daniel Mario Gómez y el prefecto principal Julio César Mostafá (segundo jefe). Mostafá fue quien recibió de boca de Berra la versión de los hechos.

En su descargo, Cavia declaró que el juzgado de Bariloche “comisionó a la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de apoyo de la Policía Federal Argentina desde el allanamiento, para custodiar el predio ocupado a fin de evitar el reingreso de personas no autorizadas y en su caso proceder a su detención, identificación y puesta a disposición” de las autoridades judiciales. El mismo Cavia reconoció que no tenía nada que hacer fuera de esas parcelas.

 

Por la espalda

“No se estaba en un escenario de enfrentamiento y riesgo de vida para los Albatros quienes, incluso antes de bajar a la ruta, tuvieron tiempo de planificar un encubrimiento en el que Pintos y/o García quitaran parte de las municiones de sus propios cargadores y se las pasaran a Cavia. Se trató de una ejecución a mansalva y la planificación de un encubrimiento”, aseguraron Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y Mariano Przbylski, abogado patrocinante y director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. En la reciente apelación al fallo de Zapata, argumentaron que “las vainas servidas y discos aparecen recién entre el primer y el segundo punto de referencia (entre los 400 y los 1.000 metros desde la Ruta 40), por fuera del límite del terreno de Parques Nacionales. Los Albatros no estaban cumpliendo una orden judicial como alegaron en sus declaraciones indagatorias. Decidieron ir más allá de lo indicado por la orden judicial”.

La familia de la víctima puede tener –por ahora– un responsable directo del crimen. El conjunto de la sociedad no tiene ni una aproximación a la verdad.

 

* Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó las cartografías para este informe.

 

 

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