No hay trata sin protección policial

 

Con un documento falso que ocultaba su identidad, una jovencita guaraní de 16 años nacida en San Blas, Paraguay, viajó más de 2.000 kilómetros para trabajar como empleada doméstica. Así se lo prometió su tía, quien la reclutó y vendió a una red de explotación sexual. Trabajó privada de su libertad en Las Vegas, La Casona y Champagne, prostíbulos que operaban en Choele Choel con habilitación comercial e impuestos al día hasta 2009, cuando la justicia rionegrina desbarató la red. La joven fue liberada, la tía presa, y protegidos todos los policías que encubrían el comercio ilegal de chicas y su explotación sexual.

El paso del tiempo es uno de los aliados fundamentales para la impunidad; a la vez, permite analizar procesos que las coyunturas devoran. Este mes se cumplen once años de la represión masiva en El Alto, Bariloche, cuando la policía provincial ejecutó a un adolescente de 15 años, mató a otros dos jóvenes durante la movilización popular de repudio posterior, hirió a por lo menos quince y persiguió a cientos por semanas. La violencia de Estado perpetrada con un virtual estado de sitio a la ciudad por 48 horas puso en foco al aparato represivo, especialmente a la Secretaría de Seguridad y a la Jefatura de policía. El dispositivo desplegado entonces estaba imbricado con una de las fuentes de poder real de los jerarcas de ese momento, con el que hasta el momento ninguno de los tres poderes del Estado confronta: la trata de mujeres para la explotación sexual. Los movimientos sociales de crítica a la violencia policial sistemática; los que se oponen a todas las formas de explotación de personas; y el de mujeres y disidencias, pueden confluir para revisar a fondo los mecanismos de mercantilización de la vida de personas en situación de (cuasi) esclavitud, y su relación con los resortes de corrupción y dinero extras de instituciones partícipes necesarias de la trama.

Hasta 2009 funcionó una red de trata de mujeres traídas desde Paraguay para su explotación en prostíbulos de Río Negro y Neuquén, que desarticuló el Juzgado Correccional Penal 30 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Choele Choel, pequeña localidad agro-ganadera. La red pampeana –así se la llamó por el origen de su regente líder– contó con la participación y protección de jefes y agentes de la policía local cuyas responsabilidades penales la justicia todavía no determinó. El análisis del caso en relación a otros conflictos puede contribuir a un mejor conocimiento de las estructuras profundas del poder de la policía, dirigencias partidarias tradicionales, empresarios locales y burócratas del Poder Judicial. Sobre todo en estas semanas de lobby activo por la cobertura de dos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuya intervención fue de total cobertura a la Jefatura de policía.

 

 

Génesis incierta

En 2005, durante la primera gobernación del radical Miguel Saiz (2003/2007) en Río Negro, la trata se escapó del control local. Una fiscal de Paraguay informó a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que jóvenes oriundas de Santa Cecilia, localidad cercana a Asunción, eran prostituidas en Choele, a más de 2.000 kilómetros al sur. OIM avisó a la Oficina de Asistencia a la Víctima (OFAVI) de la Procuración General de la Nación, que formalizó una presentación ante Marcelo Grosso, fiscal federal de General Roca. Con la intervención de la jueza María del Carmen García detuvieron a dos reclutadoras (una paraguaya, otra brasileña) y rescataron a 17 mujeres de Foz de Iguazú (Brasil) y de Santa Cecilia, todas de entre 20 y 22 años. Habrían ingresado al país en forma legal con una promesa de trabajo como empleadas domésticas. Entre una semana y quince días vivieron cautivas, hacinadas y con sus pasaportes retenidos por el regente del prostíbulo. Se inició una causa en el fuero federal por violación a la Ley de Migración, ya que se consideró que las víctimas podían salir libremente del país, con los pobres encuadres anteriores a la ley de trata Ley Nacional 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas.

Poco después, durante la investigación por la desaparición y homicidio de Otoño Uriarte (15 años) en Fernández Oro, una prueba contundente sacudió la existencia de una red, que amplió los alcances de la investigación de García. Una escucha telefónica de fines de 2006 abrió un expediente a cargo de la jueza Marisa Bosco, de Choele, quien desmanteló la red pampeana que ingresaba mujeres desde Paraguay para su explotación en cabarets de al menos nueve localidades de Río Negro y tres de Neuquén.

 

 

Víctor Ángel “Tito” Cufré, entonces jefe de la policía de Río Negro, boicoteó abiertamente a Bosco y persiguió a Gabriel Ormeño, el oficial de policía asignado a la investigación que constató la ruta de la red. A la vez, protegió a los efectivos directamente involucrados en la maniobra ilegal, sobre los que había pruebas. El gobernador Saiz no sólo sostuvo a Cufré sino que lo ascendió a secretario de Seguridad y Justicia en mayo de 2010. Menos de un mes después, se cometieron los crímenes de El Alto por los que Cufré todavía no tiene una condena firme y disfruta de su jubilación.

 

 

 

 

El eje del valle

El conflicto por este comercio ilegal de tipo mafioso se da en la Justicia y el debate público entre 2005 y 2011, centrado especialmente en el cordón del valle del río Negro. Después quedó sofocado por la desaparición forzada de Daniel Solano, joven wichi, trabajador golondrina en Choele. Ese caso permitió desplazar definitivamente a Bosco del juzgado local. Al mismo tiempo, se produce el reacomodamiento de los grupos y fracciones de poder al nuevo gobierno; el fin de las administraciones radicales desde la recuperación de la democracia a la presente gestión de Juntos por Río Negro, el partido creado por el senador Alberto Weretilneck cuando estaba al frente de la gobernación.

Esos cinco años fueron claves tanto para el funcionamiento de la trata como para el proyecto de acumulación de poder de Cufré y su grupo. Para este análisis contamos con los testimonios de Germán Bernales Hinrichsen, del Centro de Derechos Humanos del Comahue (CeDHCo) y responsable del Programa Nacional Red Anti-trata de Personas; y de Ormeño, el oficial de policía exonerado que es coordinador para la Patagonia de la Red Nacional Alto al Tráfico y la Trata (RATT). Además, trabajamos con una investigación realizada por Radio Nacional que en 2010 difundió algunas escuchas telefónicas y relatos de testigos de identidad protegida; copia extraoficial de la prueba del expediente 14475/07 que tramitó Bosco; y los informes públicos de la Defensora del Pueblo de ese período, Ana Piccinini.

Los allanamientos y clausuras de los cabarets Cristal, en pleno centro de Roca, y Las Vegas, en Choele, sacudieron el tablero local. Ambos funcionaron a la vista de todos, con trámites municipales aprobados durante las intendencias de Carlos Soria (PJ) y Jesús Zuain (UCR), respectivamente. Los jefes y efectivos de las comisarías con jurisdicción sobre esos prostíbulos estaban personalmente involucrados, así como efectivos de las brigadas de cada zona.

 

 

El Juzgado de Instrucción Penal 2 de la Cuarta Circunscripción Judicial en Cipolletti incorporó escuchas hechas por la policía federal en el expediente por el crimen de Otoño Uriarte. Reveló que Abel Eduardo Quiroga, regente de Las Vegas, llamó por teléfono a la comisaría 8 de Choele y habló con el cabo Daniel Vivanco. Quería fichar a una chica de 15 años recién llegada desde La Pampa. Vivanco se lo transmitió a César Cayumil, jefe de operaciones de esa misma comisaría. Fichar era crearle una identidad falsa, con una edad falsa. Cuadernos personales de las chicas, el testimonio de algunas de ellas, materiales secuestrados en los prostíbulos, agendas de los proxenetas, el detalle de ex empleados, declaraciones de algunos policías que no participaron de la banda, más la constatación en Misiones y en Paraguay, permitieron desbaratar esa red y liberar las víctimas.

Chicas jóvenes, algunas menores de edad, a veces con documentación falsa, ingresaban por Misiones hasta la estación Retiro; de allí a La Pampa y después a prostíbulos de Choele, Lamarque, Sierra Grande, Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Roca, Catriel, Bariloche, Neuquén capital, Plottier, Rincón de los Sauces. La red tiene tres grandes momentos, con funciones específicas: la captación, el transporte y la explotación de las víctimas.

 

 

No sabe no contesta

Joy Ezeilo, relatora especial de las Naciones Unidas sobre Tráfico y Trata de Personas, visitó la Argentina en 2010. Recibió un informe detallado del caso de Río Negro de la Defensoría del Pueblo y un conjunto de organizaciones sociales. Al año siguiente, el caso fue incorporado en el informe final del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos reprochando al país que Río Negro es un distrito donde se perseguía a los jueces que investigaban esos delitos y también el amparo político al accionar policial.

Esteban Righi, entonces procurador general de la Nación, instruyó a Marcelo Colombo, titular de la Unidad Fiscal en Secuestro Extorsivo y Trata de Personas, para revisar las causas penales que involucraban a policías, especialmente a Cufré. Colombo presentó observaciones a la Procuración General del Poder Judicial local, que tenían carácter de denuncia penal por hechos previos a la sanción de la ley de trata y de jurisdicción provincial. Nada. Por su parte, tras el apartamiento de Bosco, un interventor emitió un informe que incluyó el desempeño de Cufré y que tenía carácter de denuncia penal. Nada.

Ormeño fue el oficial designado para ir a recolectar prueba a Paraguay. En ese momento, la Jefatura le retuvo el salario por diez meses. Cufré informó de la misión secreta a la prensa local, indicando hasta los datos del vehículo en que se desplazaba. Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno denunció a Bosco ante el Consejo de la Magistratura, acusándola de haberle filtrado información a la defensora Ana Piccinini. El informe del auditor del Consejo no sólo desaconsejó acusar a Bosco sino que presentó denuncias penales contra Cufré y otros policías. Nada. Por su parte, Bosco denunció al comisario mayor Cufré por entorpecer y obstaculizar las investigaciones por trata de personas. Ella se excusó como magistrada para constituirse como testigo. Nada, siempre nada.

 

 

Todos los policías implicados en causas de trata a partir de 2007, como derivación de la causa Otoño, quedaron impunes. El Estado todavía debe una reparación integral para todxs y cada una de las mujeres víctimas, que pudieron rehacer sus vidas con la solidaridad y sus propias fuerzas. El mismo Estado debe una reparación integral a barrios completos en Bariloche, empezando por las familias sobrevivientes de los crímenes del 17 de junio. Nosotrxs nos debemos a nosotrxs mismos una lectura a fondo del proceso de construcción del modelo Cufré.

 

 

 

 

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