No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague

En el predio del ingenio funcionó un centro clandestino de detención y se utilizaron vehículos de la empresa para secuestrar personas. Se sospecha además que los empresarios que serán indagados dieron información al Ejército y “marcaron” a los trabajadores que luego serían víctimas de la represión. La acusación incluye la cooperación en los delitos cometidos contra 68 personas: 44 trabajaban en el ingenio, 34 vivían en las colonias. 51 estuvieron detenidos dentro del predio antes de ser trasladados a otros centros clandestinos. Once de esas personas fueron torturadas y permanecen desaparecidas. Dos de ellos fueron localizados en el Pozo de Vargas. Un gran número de víctimas había integrado la comisión directiva y el cuerpo de delegados del Sindicato de Obreros de Surco y Fábrica del ingenio La Fronterita, que pertenecía a FOTIA. Su secretario general hasta 1975 permanece desaparecido, quien lo sucedió fue secuestrado y torturado en la base militar instalada en La Fronterita. Durante el período de la dictadura, en el que la represión diezmó y desmovilizó con violencia a los trabajadores, la empresa recibió beneficios económicos del gobierno de facto.

A partir del Operativo Independencia se instaló en la zona el Puesto de Comando Táctico Adelantado, con 260 hombres. Su base de operaciones funcionó en terrenos de La Fronterita, en el “Comando de la Laguna” se alojaba la oficialidad, en el “Tambo” permanecían las tropas y los “conventillos”, las viviendas que habían sido utilizadas por los trabajadores temporarios, fueron utilizados como centro clandestino de detención.

La trama represiva de la zona de Famaillá se desplegó geográficamente, con centros clandestinos en el sudeste, el que funcionó en La Fronterita; el del ex ingenio Santa Lucía, a poco más de 7 kilómetros del anterior; y hacia el sudoeste, a casi 10 kilómetros, el del ex ingenio Nueva Baviera. Hay testimonios que señalan que también se utilizaron como lugares de detención y tortura los edificios de la Citrícola San Miguel, en Monte Grande-Famaillá.

Los primeros rastros de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad se remiten a los inicios del proceso de memoria, verdad y justicia. La CONADEP y el Juicio a las Juntas registraron testimonios de trabajadores que habían protagonizado conflictos laborales y que señalaron la responsabilidad de los dueños y directivos de las empresas en sus secuestros. En 2012 se dictó el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, presidente del directorio y administrador general del ingenio Ledesma, parte de la trama de la complicidad empresaria con la dictadura en Tucumán. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Sin embargo, en 2015 la Cámara Federal de Casación Penal los benefició con una falta de mérito. De esta manera se pusieron en evidencia las resistencias que existen para el juzgamiento del poder económico. Desde ese año está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pendiente de un pronunciamiento.

En el Tomo I de la investigación Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado se puede leer un análisis del impacto de la dictadura en la zona del noroeste argentino.