No hay casualidades

Rodríguez Larreta, Morales y una macabra forma de hacer campaña

Por Juan Alonso
Las detenciones arbitrarias de la Policía de la Ciudad se cobraron la vida de un militante popular. Foto: Víctor Carreira, Télam.

 

Jueves 10. Facundo Molares tenía 47 años y estaba con un puñado de integrantes de su organización, Movimiento de Rebelión Popular, manifestándose en contra de las próximas elecciones nacionales y el sistema democrático en una asamblea ciudadana, sin cortar ninguna calle o avenida. El pequeño grupo, inferior en cantidad de personas a los policías presentes, se quedó en la vereda de la plaza que rodea al Obelisco, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, cuando la Infantería de la Policía de la Ciudad los rodeó, realizó un cordón a metros de las y los detenidos, y arrojó a Facundo Molares al piso boca abajo. Al minuto su rostro se tornó morado. La reportera gráfica y foto-periodista Susi Maresca registró la secuencia y filmó la agonía y la muerte de Facundo.

 

 

En tres minutos los agentes de la Policía de la Ciudad indujeron a la muerte a Facundo Molares. A los dos minutos de estar aplastado contra el cemento, uno de sus compañeros gritó: “¡Se va a morir!”. A los dos minutos y medio, con Facundo muerto, los policías llaman al SAME, que tardó otros 25 minutos. Las compañeras de Facundo pedían una ambulancia con desesperación. Según los testigos y la familia, la ambulancia tardó 25 minutos, cuando por la ubicación se la esperaba en cinco. Poco antes, una policía de uniforme intentó reanimarlo con masajes en el pecho pero sin realizarle respiración boca a boca.

Una cámara tomó desde arriba el momento de la detención. Al menos una docena de policías se abalanzó contra Facundo y se vio a una mujer de civil vestida de negro y capucha del lado de los efectivos policiales que ayudó a derribarlo, cuando le aplastaron la cara contra el cemento, provocándole primero una asfixia y después un infarto.

 

 

El primer portal de noticias que publicó un perfil de Facundo Molares fue Infobae. En una nota sin firma, escribieron: “Quién era Facundo Molares, el hombre que murió tras los incidentes en el Obelisco. Militante, fotoperiodista y ex combatiente de las FARC. Tenía 47 años. Era hijo del juez de Paz de Trevelin, Chubut”.

El portal apuntó que “murió tras los incidentes”. Nunca contextualizó los hechos que demuestran al menos una situación de abuso policial en un marco de evidente violencia institucional. La cámara que tomó los hechos desde arriba reflejó cómo los agentes de la Policía de Ciudad le provocan la muerte al sofocarlo con una brutal presión en la tráquea durante al menos tres minutos.

El diario Clarín también salió a instalar la lapidación de la víctima para justificar el accionar de la Policía, que está a cargo del candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y su ministro del área Eugenio Burzaco. Según el ministro de CABA, “los violentos fueron los manifestantes que golpearon a la Policía”. Argumento curioso el de Burzaco: si los violentos fueron los demás, ¿por qué murió Facundo, que era uno de los poquísimos manifestantes?

El viernes a las 11 de la mañana, justo en momentos en que las organizaciones sociales llamaron a repudiar la represión, la fiscal nacional Marcela Sánchez convocó a la familia de la víctima y a sus abogados. La relación no comenzó del todo bien. El padre de Facundo, Hugo, pidió ser parte de la autopsia con peritos propios que ofreció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pero la Fiscalía se negó con el argumento de que la operación está a cargo de forenses del Poder Judicial en la morgue y que, en todo caso, la familia podría objetar las conclusiones.

El Cohete intentó consultar a la fiscal Sánchez, pero se negó al diálogo. Mandó a decir a través de un empleado que “la información la daría a través de la Procuración”. Su jefe es el procurador interino eterno Eduardo Casal.

En diálogo con el periodista Nano Peralta, de Radio Nacional Esquel, el abogado de la familia Molares, Eduardo Soares, sostuvo el viernes por la mañana: “Creemos que hubo una premeditación y que fueron por Facundo. Todos los servicios de inteligencia del país sabían que tenía tres tiros en el cuerpo tras el golpe de Estado en Bolivia (uno de los balazos impactó en su cabeza) y eso le dejó graves secuelas en la presión y su cardiopatía. La Policía aplastó su tráquea”.

A las 19 del viernes, después de un día agobiante, el abogado Soares habló con El Cohete. “Estamos muy preocupados porque la fiscal no nos deja ser parte querellante. Le llevamos un escrito firmado por el papá con la partida de nacimiento y la documentación avalada por un escribano. No es una buena señal la negativa de la fiscal para que participemos de la autopsia como corresponde, teniendo en cuenta que el padre vive en Trevelin”.

Al cierre de esta edición se conocieron detalles preliminares de la autopsia. Los forenses argumentan que Facundo murió de “una hemorragia pulmonar y que tenía una cardiopatía dilatada”. Ahora bien, si la Policía de la Ciudad no lo hubiera detenido en el piso a metros del Obelisco, Facundo estaría vivo. ¿Quién dio la orden de reprimir y quiénes son los policías hombres y mujeres que intervinieron?

“Aquí estamos en presencia de un hecho de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad. Y hay agravantes de todo tipo, porque no había riesgo de nada y Facundo no estaba cometiendo ningún delito en una asamblea sobre la vereda del Obelisco”, dice Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

El abogado integró el grupo de defensores que junto a otros organismos de derechos humanos logró liberar a Facundo de una cárcel de Bolivia, luego de que estuviera apresado y con esposas en estado de coma con un tiro en la cabeza.

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la muerte de Molares como “un episodio” en el marco de “un desorden de la vida”. Dijo que Facundo tenía “problemas de salud”.

 

 

La marcha por la muerte de Facundo Molares tuvo un comienzo oscuro al mediodía. Encapuchados infiltrados vestidos de negro protagonizaron un ataque coordinado contra la Policía, sin consecuencias penales y con la escena de una presunta zona liberada.

Antes de venir a Buenos Aires, Facundo Molares le contó a sus amigos que se sentía “un blanco móvil” y era hostigado contantemente por el Poder Judicial de Chubut y su Policía. Uno de los jueces que quiso enviarlo preso a Colombia fue Guido Otranto, el mismo que terminó apartado de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y que solía reunirse con los asesores de Bullrich en Esquel después del 1 de agosto de 2017.

 

Impunidad sin casualidades

El mismo viernes 11, a 48 horas de las PASO, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, cerró la causa penal contra los gendarmes que participaron de la represión que terminó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Lleral tiene un mérito notable: jamás realizó la reconstrucción del hecho y cerró el expediente sobreseyendo a la Gendarmería.

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, destacó ante El Cohete que “el juez Lleral una vez más juega en la interna de Juntos por el Cambio: le acaba de regalar a Patricia Bullrich el sobreseimiento de todos los gendarmes que habían sido imputados en la causa. Si había alguna duda de lo que ocurrió en 2017, ahora está clarísimo”.

 

En 346 páginas signadas por la carencia investigativa, sin valorar los pedidos de la querella, Lleral elevó su fallo a la Corte Suprema de Justicia y, de paso, además de dejar libres de culpa y cargo a los gendarmes, anuló las pericias. Entre ellas la reconstrucción virtual (aquí el fallo completo del sobreseimiento de Lleral a los gendarmes).

 

Robar y matar

Lanús, Morón y Guernica se convirtieron en el epicentro de la indignación de familiares y vecinos de las víctimas de tres homicidios en ocasión de robos. Se trata de los casos de Morena Domínguez, de 11 años, el médico Juan Carlos Cruz, de 57, y Nelson Peralta, de 56.

Los ladrones adultos que mataron a la niña Morena, que iba camino a la escuela primaria con su mochila, la golpearon en la cabeza y el hígado al bajarse de una moto robada. Los acusados son los hermanos Miguel y Darío Humberto Madariaga, que están detenidos con prisión preventiva y con una pena posible de 10 a 25 años de prisión. No hay menores implicados en el brutal crimen de Morena, como sostuvo la hegemonía mediática en las primeras horas.

El médico Cruz fue asaltado al llegar a su casa y los ladrones le dispararon en la cabeza mientras estaba dentro de su auto, a pesar de que no se resistió al robo. Lo mismo le sucedió al profesor de educación física Nelson Peralta, muerto de cuatro balazos durante un asalto en su domicilio.

Estos tres hechos evidencian una extrema violencia donde el valor por la vida humana quedó totalmente relegado, lo que expone un peligroso crecimiento de la degradación social y no poca responsabilidad policial en el control del territorio. Ni hablar de las cajas por el mercado de la venta de teléfonos celulares robados, con fractura del tejido social y no poca marginación.

 

El terror comenzó hace un año

El 1º de septiembre se cumplirá un año del intento de asesinato de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su domicilio de Recoleta. La jueza María Eugenia Capuchetti nunca quiso investigar a los presuntos instigadores, que según la querella están relacionados con Rosana Pía Caputo, Bullrich y Gerardo Milman, entre otros. Los dos principales responsables para la jueza y el fiscal Carlos Rívolo son Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos con nexos con el grupo neonazi Rebelión Federal, cuyo socio fundador Jonathan Morel recibió 14 millones de pesos del clan Caputo para realizar trabajos de fabricación de muebles en un hotel de Añelo, el pueblo neuquino donde está Vaca Muerta.

En otro expediente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita intentan revelar la trama económica entre Revolución Federal y Rosana Caputo, con una serie de peritajes que se demoran una eternidad. Mientras recibían millones de pesos por parte de “los hermanos de la vida” de Mauricio Macri, el muchacho Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile, la portadora de una pistola calibre 9mm. Lidia Margarita Casciano y la vecina Ximena de Tezanos Pinto realizaron manifestaciones violentas enfocadas a suprimir la figura de Cristina, incluso señalando su casa durante horas, que fueron televisadas antes del intento de magnicidio.

Hasta hace poco, Morel trabajaba como camarero en un club de Chivilcoy. Se presentó ante el fuero federal diciendo que se sentía amenazado. Se trata del mismo que en la red social Twitter llamaba a matar CFK, su hijo Máximo, y “a todos los kirchneristas”. Su compañero de equipo Sosa publicó este video en sus redes sociales el viernes fatídico.

 

Sosa llama a votar a Javier Milei y pide “plomo” para Quebracho. Se presenta como “perseguido político” y amenaza con violencia con una impunidad que asombra, sin que ningún fiscal federal lo vaya a buscar luego de haber protagonizado una serie de actos violentos con antorchas en la Casa Rosada y guillotinas fabricadas por Morel en el antiguo local del PRO de Boulogne, San Isidro, cuyos domiciliados fueron favorecidos con millones de los Caputo.

Como era obvio, la Policía de Horacio Rodríguez Larreta no reprimió nunca a los que quisieron matar a CFK y a los neonazis rentados de Revolución Federal.

 

Epílogo

Presuntos libertarios pero de Videla intervinieron las placas en memoria de detenidos desaparecidos durante la última dictadura en tres escuelas porteñas. En las placas escribieron “No fueron 30 mil. Milei 2023, VLLC” (Viva la libertad, carajo).

Hace un mes, la Policía de Rodríguez Larreta apresó al presidente de Nuevo Encuentro y titular de ACUMAR durante un desalojo en Almagro. Antolín Magallanes fue golpeado sobre el piso en la calle, mientras en Jujuy las camionetas blancas de empresas vinculadas al gobernador Gerardo Morales salían de madrugada a la caza de docentes, trabajadores sindicalizados, abogadas, abogados y familias de pueblos originarios de la Puna y La Quebrada.

Estos hechos se producen en tiempos de encubrimiento del poder real sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos que realiza Morales en Jujuy, con el tercer Malón de la Paz totalmente marginado, en una vigilia sin baños químicos frente a la Corte Suprema de Justicia desde el 1º de agosto. Morales es compañero de fórmula de Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta inició una macabra forma de hacer campaña con detenciones arbitrarias y la muerte de un militante social en el Obelisco.

No hay casualidades.

 

 

 

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