No hay alternativa

                          Foto Marcos Zimmerman

Salvajes

El jueves 15 el Senado de la Nación aprobó el Presupuesto para el año próximo. Es un proyecto salvaje que consagra un ajuste fiscal de 400.000 millones de pesos y pagos por servicios de la deuda externa en el orden de los $ 550.000 millones, es decir que el conjunto de lxs argentinxs estaremos pagando con pérdida de derechos y penuria social la fiesta financiera de la que participan un puñado de fondos de inversión, bancos asentados en la plaza local, empresas del complejo agro exportador y grupos económicos ligados a la explotación de los recursos naturales. El presupuesto refleja el corazón de este modelo basado en dos patas: extractivismo ecológico + extractivismo financiero.

Entre los principales supuestos macroeconómicos contempla una inflación promedio en torno al 23%, un dólar de 40.10 y caída de la actividad económica en torno al 0.5%. Esas cifras no son consistentes con la gravedad del desequilibrio del balance de pagos y la profundidad de la recesión económica impuesta a la fuerza sobre la economía nacional. Ni la inversión ni el consumo interno, que son los dos motores de impulso de la actividad económica van a crecer en el próximo período, porque el grado de enfriamiento económico impuesto por la política de ajuste fiscal y cero emisión monetaria, conducen al país hacia un escenario de mayor desocupación y cierre de fábricas. (Algunas que no pueden soportar las condiciones adversas y otras que liquidan activos para monetizarlos y transferirlos al exterior en un contexto de desregulación cambiaria; ante este último caso, la Justicia del fuero penal y comercial debería extremar sus recursos para evitar el vaciamiento de empresas a través de quiebras fraudulentas.)

Hay que decirlo sin rodeos: a esta altura de la gestión macrista, la economía está golpeada de muerte. El martes 6 de noviembre se conocieron los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI) al mes de septiembre de 2018, que reflejó una caída de 11,5% respecto del mismo mes del año anterior y de 2,1% en el acumulado anual a igual periodo del año anterior. Además el informe refleja que 60,7% de las empresas que forman parte de la encuesta cualitativa industrial, estiman que para lo que resta del cuarto trimestre de este año, la demanda interna va a seguir cayendo. También un 29% de las empresas espera caídas en la dotación de personal y un 39,5% las prevé en la cantidad de horas trabajadas. El jueves 15 de noviembre, la Unión Industrial Argentina también dio a conocer su informe de actividad industrial que para el mes de septiembre reflejó una caída de 7,7% y una aceleración de despidos que marcó pérdidas de 4.162 puestos de trabajo respecto de julio.

El deterioro del entramado productivo e industrial está mostrando que el gobierno avanza en la concreción de su objetivo primordial que no es otro que desandar cualquier esfuerzo de industrialización y reprimarizar la economía argentina. Dentro de ese esquema, el cierre de empresas y despido de trabajadorxs es visto por el gobierno como un éxito, no como un fracaso. Según informó en junio la Cámara General Empresaria de la República Argentina (CGERA), en 2016 y 2017 el saldo neto de cierre de empresas arrojó una pérdida de 4787 firmas (2.221 y 2.566 respectivamente). El listado de firmas cerradas aumenta progresivamente: Australes, Fideos Don Antonio, Metalúrgica Tandil (Renault), Fabrica de amortiguadores COPLAC, Gaelle, Paquete (Adidas), Laboratorios Roux Ocefa, Canal Planta Lavallol, 3 Arroyos, entre tantos otros proyectos empresariales que bajan sus persianas mientras familias enteras quedan varadas en la calle, sin rumbo, sin destino ni esperanzas.

El uso de la capacidad instalada para el mes de agosto se encuentra en tono a un 63% según estimaciones del INDEC; el rubro alimentos arrojó un 61% de utilización, mientras que el sector automotriz marcó un 57%, químicos 54% y textil 53%. Casi la mitad de la capacidad productiva de las fábricas está ociosa, sin utilizar. Si en el mediano plazo esas empresas no invierten en modernizar su maquinaría, difícilmente puedan competir en condiciones de mercado más exigentes desde el punto de visto tecnológico. Hoy el sector Pyme está trabajando a pérdida, cerca del 70% del trabajo que realiza es con utilidad negativa. Estos datos, que reflejan la profundidad del daño económico que generó este gobierno, también marcan un punto de partida para organizar el esfuerzo político que se necesita recorrer para recuperar las bases de un proyecto nacional que ponga esos entramados productivos en manos de una fuerte alianza entre el movimiento obrero organizado, los sectores de la economía popular y las pequeñas y medianas empresas.

Esa alianza es clave para revitalizar la producción a través de políticas de estímulo y promoción industrial vía oferta de créditos a baja tasa de interés, como hicieron los Estados Unidos durante el New Deal e Inglaterra a la salida de la Primera Guerra. El único camino que puede dar esperanza a nuestro país es el desarrollo económico, la producción industrial y la recuperación de un pacto de consumo. Gracias a este gobierno, el pueblo argentino recorre el camino inverso: la economía se desindustrializa, mientras que las familias y el país se endeudan a niveles impagables.

 

El brazo ejecutor

Guido Sandleris, que pasó de ser militante de TNT durante los años '90 a brazo ejecutor del FMI, no hace más que profundizar la línea de acción que Federico Sturzenegger llevaba adelante. (A pesar de que aquel abandonó el plan de metas de inflación por un esquema de control de agregados, que definió en China como más simple y efectivo.) Si la eutanasia fuera legal, el plan Sandleris sería equivalente a desconectar el respirador artificial a un paciente en estado de coma. Los datos del Informe Monetario Mensual para el mes de octubre reflejan el congelamiento de la base monetaria cuyo saldo promedio mensual resultó un 1,5% por debajo al mes de septiembre cerrando en torno a los $1.252 billones. Las operaciones de pases pasivos también se redujeron en un 23,9% al igual que el stock de LEBACs cuya tenencia en poder de los bancos cayó en un 72%.

 

 

Sin embargo, ese stock de deuda migró hacia las Letras de Liquidez (LELIQs), cuya variación promedio porcentual rondó en el 60%. Esta es la nueva bomba de la que todos hablan, puesto que su ritmo de crecimiento refleja el mismo tipo de comportamiento que, en su momento tuvieron las LEBACs, Pero además, esta bomba genera un acumulado de intereses financieros diarios a cargo del Banco Central, del orden de los 1700 millones de pesos. Esa cifra, que por el momento no se está monetizando puesto que la regla del plan Sandleris es no emitir pesos, tiene su correlato en el uso del instrumento de regulación para integrar encajes y en el ritmo de crecimiento de los depósitos a plazo fijo, que durante el mes que cerró subió un 10%.

El informe monetario ofrece algunos datos sobre integración de encajes como porcentaje sobre los depósitos. La integración de encajes a través de LELIQs ronda aproximadamente los $ 120.000 millones. La admisión de este tipo de instrumentos dentro de las reglas de efectivo mínimo es discutible por dos razones. Primero, porque establece como criterio rector la integración en pesos y, sólo excepcionalmente —cuando las circunstancias generales lo aconsejen— a través de títulos públicos valuados a precio de mercado. La equiparación entre título público e instrumento de regulación monetaria, es forzosa y no recomendable desde el punto de vista jurídico, puesto que se trata de institutos diferentes. Los títulos públicos cumplen funciones de financiamiento del Tesoro, mientras que los instrumentos se utilizan para regular la cantidad de dinero en la economía. Sin embargo, el BCRA no está publicando estadísticas desagregadas sobre efectivo mínimo (encaje bancario). Ese dato es crucial para la mejor comprensión de los riesgos inherentes que está generando la política de acumular LELIQs. Si la bomba LEBAC estallaba con epicentros en el mercado cambiario a raíz de la sobre exposición del balance del BCRA a inversiones especulativos, en un principio del exterior y luego locales; la bomba LELIQ podría estallar y generar también una crisis cambiaría de similar magnitud pero con epicentro en el corazón del sistema bancario argentino. Hay que estar atento entonces al comportamiento del plazo fijo, a través del que se fondea la renovación de letras. Un desarme repentino podría ser la chispa que encienda la pradera.

Según el informe monetario, la tasa de referencia que pagan las LELIQs promedió el 68%, decisión que explica parte del impacto que está sufriendo la actividad económica. A este nivel de tasa, el crédito continúa decreciendo, pero la carga de sus intereses va en el sentido contrario. El informe de estabilidad financiera del Central también registra un marcado aumento de la mora de los bancos y mayor sensibilidad hacia el deterioro de carteras de crédito de las principales entidades del sistema financiero.

Durante las últimas semanas el dólar fue descendiendo hasta alcanzar el piso de la banda de flotación. El BCRA no compró dólares, tal como le exigió el FMI en su visita. A cambio bajó más la tasa de LELIQs y dispuso un encaje sobre el ingreso de fondos del exterior. Posteriormente el dólar retomó su ritmo hacia el alza. La tasa baja y el dólar sube. Esa ecuación se mantiene en pie. Por su lado, la adopción de encajes es el mejor síntoma de que el BCRA acude a herramientas que no forman parte de su batería ideológica, simplemente porque el margen de acción para actuar con autonomía en el manejo de instrumentos de política monetaria fue reducido severamente por el FMI.

Estos aspectos hablan también de la insustentabilidad financiera del gobierno en el corto plazo. La falta de ingreso de capitales del exterior podría prolongarse en el largo plazo a medida que emerge la duda sobre la capacidad de pago de la deuda. Eso refleja el comportamiento del riesgo país, que para el mes de octubre marca los mismos guarismos que obtuvo al primer semestre de este año. Los 57.000 millones de dólares que ingresaron por el lado del FMI no resuelven las necesidad de financiamiento del año próximo, puesto que aún queda un bache por cubrir del orden de los 8.000 millones. Eso sin contar los fondos requeridos desde 2020, frente a lo cual los mercados mantienen activa su desconfianza.

 

En este contexto, la política monetaria de emisión cero profundiza los problemas de fondo que anidan en torno a la fragilidad financiera de nuestra economía. El sector empresario ligado al gobierno —al igual que los formadores de opinión en materia económica— lo sabe, pero impulsa esta receta porque es funcional a continuar el ritmo de reducción del salario real (ahora a través del engranaje de los despidos), y la devaluación de la moneda nacional, como condición para generar mayor estímulo en las inversiones. Según ellos, la contracara ineludible sería continuar con la reducción del gasto público y el peso de la administración nacional. Si no se continua este camino, dicen, el escenario de una hiperinflación sería inevitable.

 

Construir la alternativa

El secreto bajo el cual las políticas neoliberales profundizan su transformación regresiva de la sociedad consiste en sostener que la única alternativa posible es la que ofrecen los mandatos del Consenso de Washington y/o del Fondo Monetario Internacional. En cualquiera de sus expresiones, la libertad y la democracia deben desarticularse de tal modo que el primer valor reafirme toda su dimensión económica (libertad de capitales, libertad de empresa, libertad de ganancia), y la segunda quede subordinada a expresiones meramente formales. Juntar libertad y democracia, es decir derechos y pueblo, implica para el neoliberalismo generar las condiciones para el desborde social y la ingobernabilidad democrática. Esto piensa el gobierno pero también el llamado “peronismo racional”, cuando habla de gobernabilidad frente a un pueblo que aprendió que el empoderamiento ciudadano es una de las claves para volver comunes los intereses de las políticas públicas que hoy están en mano de unxs pocxs. Las afirmaciones que se escuchan a diario en cuanto que no hay otro camino posible, que este es el único remedio, no hacen más que esconder esa separación entre libertad y democracia poniendo a esta última como una formación subordinada y accesoria a la primera.

Sin embargo, los destinos del país tienen otras alternativas posibles, cuya ejecución está en manos de las organizaciones populares que hoy hacen esfuerzos por construir una mayoría ampliada contra el neoliberalismo, cuya expresión local hoy es Macri pero mañana será quien no se oponga a los pactos impuestos por el FMI. El pueblo no tiene otra alternativa que construirla frente al avance del poder de las finanzas. Esa alternativa debe poner en primer lugar la solución del problema de la deuda externa, la fuga de capitales, la administración del comercio exterior, la reversión de la fijación del precio de las tarifas en dólares y la construcción de un proyecto de soberanía capaz de recuperar la noción de servicios públicos y derechos fundamentales. Este programa de acción expresa las bases esenciales del bienestar común, cuyo punto de partida exige resolver el problema de la riqueza concentrada en pocas manos. En los próximos meses habrá que decirlo sin tapujos.

 

 

 

 

 

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