NO FUE TRAGEDIA

 

La noticia, inesperada y categórica, llegó desde la lejana comarca patagónica de Comodoro Rivadavia. Un fiscal desconocido en el mapa de afinidades electivas de Mauricio Macri, acostumbrado a nadar en sus aguas mansas de Comodoro Py, sacudió el tablero político. Nadie en su círculo íntimo podía creer cómo se materializó una imputación que ni estaba en la agenda de causas en su contra como las de Correo Argentino, el negociado de los peajes o el espionaje ilegal. Lo concreto es que la justicia apuntó –recién ahora, luego de tres años– a la responsabilidad política y penal del ex Presidente y su ex ministro de Defensa Oscar Aguad por el hundimiento del submarino ARA San Juan, uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia argentina reciente.

Se trata de Norberto Bellver, fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, quien activó un viejo pedido de las querella y solicitó que los ex funcionarios sean imputados. Extendió el pedido de indagatoria al ex jefe de la Armada Marcelo Srur, algo que el tribunal de apelaciones deberá resolver en las próximas semanas. La decisión, según fuentes judiciales, demorará un tiempo prudencial por el espesor de las imputaciones. En el medio se esperan nuevas declaraciones.

–El pedido de indagatoria es un hecho rotundo en una de las causas más importantes de los últimos tiempos. Como no habían sido investigados en la instrucción, Macri y Aguad poco se lo esperaban. Y por más que sea rechazado, las querellas ya consiguieron un aval para seguir luchando. Nosotros vamos a presionar porque hay elementos consistentes –analizó un alto colaborador del fiscal Bellver ante El Cohete a la Luna.

El impacto es de una dimensión magnánima para el conjunto del expediente, cuyo curso tramita actualmente en audiencias de apelaciones. Desde fines de octubre la Cámara escucha los alegatos de las partes para decidir si confirma o no los procesamientos dictados por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. En ese marco se produjo el pedido del fiscal Bellver contra Macri.

¿Por qué es categórico?

En principio porque rompe un consenso de peritos y especialistas que operaron alrededor de la causa buscando exculpar a Aguad y Macri. Su principal hipótesis, amparada por la jueza Yáñez, es que ambos no estaban al tanto del mal estado del submarino. La acusación del fiscal Bellver da un giro de 180 grados: cuenta con indicios sólidos para establecer que había un conocimiento del antes, durante y después en la trama del submarino.

Si a eso se suma una revelación de último momento que confirma el ocultamiento de la nave denunciado desde el minuto uno por las querellas el guión judicial resulta inquietante. El contraalmirante Enrique López Mazzeo, imputado en la causa, reconoció que desde el 5 de diciembre de 2017 el Gobierno de Mauricio Macri sabía en qué posición se encontraba el navío siniestrado con sus 44 tripulantes. Lo hizo ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Eso significa que a 20 días de su desaparición la Armada conocía la ubicación del submarino y se ocultó a la sociedad.

Fuentes judiciales de Comodoro Rivadavia dijeron a este medio que aguardan el típico efecto dominó: tras el primer movimiento realizado por el fiscal Bellver, los testimonios de peso, como el de López Mazzeo, surgirán como nunca antes. “Es cuestión de tiempo para que el resto de las fichas vayan cayendo por sí solas –dijo una alta fuente de la Cámara de Apelaciones–.  Era cuestión que un fiscal se animara a imputar a los responsables más encumbrados para que las cadenas de mandos soltaran la verdad. Se quebró un pacto de silencio, esta causa ahora no tiene techo”.

“Con la imputación de Macri y Aguad se hizo justicia. A los marinos los mandaron al muere. Fue la crónica de una muerte anunciada”, dijo la abogada querellante Valeria Carreras junto a su compañera Lorena Arias.

–Queremos que se los procese por homicidio agravado por dolo eventual –agregaron.

Las razones que prueban la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado macrista son varias:

 

1. Ocultamiento de información para que nunca se llegue a conocer la verdad del siniestro: Macri y Aguad, en complicidad con los jefes de la Armada, “manipularon” las pruebas e intentaron “ocultar” la localización del submarino. Las distintas formas de comunicación con tierra además fallaron “por falta de inversión”.
2. El ex ministro Aguad es el responsable mayor en orden a su función de mando total respecto de las fuerzas, en este caso la Armada. Como tal no podía desconocer ni el carácter de la navegación ni el informe de una misión previa, en julio de 2017, donde se especificaron graves fallas del submarino.
3. El ex Presidente Mauricio Macri, como responsable de sus ministros en función, tampoco podía desconocer lo atribuido a Aguad. Las querellas trazan un paralelo con la causa Cromañón, que tuvo al entonces Aníbal Ibarra procesado por mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público para luego ser destituido por juicio político. Con el agravante de que el Presidente, por la Ley de Defensa Nacional 23.554, es el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, detentando la autoridad suprema, incluso sobre el ministro de Defensa.
4. La causa del hundimiento no fue un accidente ni una tormenta feroz ni un error del comandante –principal hipótesis del gobierno macrista–. Fue una falla en el compartimiento de baterías originado por la entrada de agua salada en la nave, algo que había ocurrido meses antes. Ese hecho fue denunciado por el comandante Pedro Fernández pero el submarino siguió operando como si nada hubiera sucedido. La falla generó una nube tóxica en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra de la nave, que se sumergió y luego implosionó.
5. La embarcación no tenía pirotecnia para pedir auxilio, la radio baliza no estaba certificada, el carenado (revestimiento externo) no estaba hecho. Pese a ello, sin estar en condiciones óptimas, sin el mantenimiento necesario, la nave partió del puerto de Mar del Plata. “El submarino tenía todos los impedimentos que lo inhabilitaban para salir a navegar y a su vez realizar tareas en las latitudes donde se hundió”, remarca el escrito del fiscal Bellver.
6. La abogada Carreras detalló las sucesivas conversaciones que mantuvo el comandante del submarino, capitán Pedro Martín Fernández, en los momentos previos al desenlace fatal, con lo que desacreditó la versión oficial de la Armada que redujo el naufragio a situaciones desconocidas. “Si hubiera sido un naufragio no habrían existido la cantidad de llamados que se hicieron desde la víspera, desde las 23.42 de la noche del 14 de noviembre a la última llamada, 7.19 a.m. del 15. Con una particularidad: el teléfono satelital es el último recurso de los comandantes del submarino, porque cuando se usa el submarino se hace visible para todo el mundo ya que es una red pública. El comandante del ARA lo usó porque estaba desesperado. Pero los altos mandos de la Armada dicen que no se utilizó para una emergencia sino para resolver una ´cosita´. Y esa cosita era un principio de incendio en el sector de baterías. Es imposible que hayan tenido tanta cantidad de llamados por algo menor, y que no habría ameritado mandar una ayuda o un rescate. A esos llamados los vemos como un pedido de emergencia que el Estado desestimó”, argumenta la abogada.
7. El comandante Fernández había realizado un informe sobre la última navegación antes del hundimiento en julio de 2017. Allí habían ocurrido episodios “lindantes” con la muerte. Fernández detalló desperfectos y falta de equipamiento. Entre otros hechos tuvieron que huir de un pesquero ilegal chino y detectaron que había ingresado agua saluda al ventilador de batería. Se produjo un cortocircuito pero esa vez pudieron arreglarlo. Eso ocasionó la baja de varios oficiales como Carlos Schutz, que ante la ausencia de arreglos de mantenimiento en el submarino prefirió renunciar a la navegación y salvar premonitoriamente su vida.
8. El ARA San Juan no podía navegar más allá de 100 metros de profundidad. Pero en la misión que terminó en el hundimiento llegó a los 900 metros.
9. La querella sostiene que tanto Macri y Aguad como los altos mandos de la Armada deberían ser imputados por los delitos de abandono de persona y por encubrimiento de la verdad respecto a lo sucedido con el ARA San Juan y su tripulación.
10. El 17 de mayo de 2019 el ex ministro Aguad dijo a la prensa que el siniestro había sido culpa de los submarinistas. “Macri lo tendría que haber echado pero se hundió en un silencio cómplice”, agrega la querella, que aportó otro dato asociado a un posible cas de corrupción: la contratación –que quedó en suspenso luego de graves denuncias– de la empresa Igiotest Geosciences, asociada a un argentino radicado en España, un ex experto en plataforma petrolera y no en rescate de submarinos. La empresa estaba floja de papeles y evidenció un entramado sospechoso en los negociados con amigos de Macri.

Apenas recibieron la noticia del fiscal Bellver los familiares de los 44 tripulantes fallecidos se fundieron en un abrazo. Las expectativas son enormes. A tres años de la desaparición y posterior hundimiento de la nave, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, se revirtió un parámetro paradigmático: la impunidad de Macri ya no goza de buena salud.

“Es un avance, un pequeño triunfo a casi tres años de lo que pasó y de que nos trataran a los familiares como enemigos porque sólo pedíamos justicia”, dijo Luis Tagliapietra, abogado de la querella y padre de uno de los tripulantes.

La ilusión de los familiares no es menor. Es que desde un principio la jueza Marta Yáñez había rechazado investigar las posibles responsabilidades de los funcionarios macristas. Sólo dictó el procesamiento sin prisión preventiva de seis ex altos mandos de la Armada por “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”. Ellos son todos jefes: Jorge Sulía,  de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Correa, de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, del Estado Mayor del COFS; Enrique Luis López Mazzeo, del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, de Mantenimiento de Submarinos; y  Eduardo Malchiodi, de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Para el ministro de Defensa, Agustín Rossi, la decisión de Bellver marca un antes y un después en la causa. Y lo asoció a otro expediente paralelo que este medio viene contando en exclusiva: el espionaje ilegal a los familiares. “Hay que recordar también que en este tiempo apareció una cosa muy gravosa que es la denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de espionaje a los parientes de las víctimas del ARA San Juan, hecho que yo definí como inhumano”.

“Lo que hay que hacer ahora es revisar toda la investigación. Nosotros, desde el ministerio, decidimos acelerar todo lo que pudimos la investigación interna sobre lo ocurrido. Y seguramente antes de fin de año el Consejo de Guerra va a determinar las responsabilidades militares, que no necesariamente tienen que coincidir con las que determine la justicia penal”, anunció Rossi.

Fue el ejercicio de flota de mar más importante de los últimos cincuenta años. Y terminó en un hundimiento. “No tendría que haber existido esa misión, que aparte se prolongó a 25 días de navegación cuando el submarino no estaba en condiciones de salir como tampoco de navegar tantos días. Cuando el macrismo asumió sabía todo lo que tenía que hacer con el submarino y no lo hizo. No fue una tragedia. Fue algo que se pudo evitar. Nadie evitó que zarparan a una muerte segura, nadie los auxilió ante el primer llamado”, dijo en su alegato de apelación la abogada Carreras.

–El submarino estaba pidiendo a gritos no salir. Y después para colmo espiaron a sus familiares que reclamaban justicia -concluyó su compañera Lorena Arias.

Las querellas no se conforman: pretenden que la fiscalía de Daniel Adler, en Mar del Plata, también impute a Macri y a Aguad por el espionaje ilegal. Desde la ciudad balnearia siguen de cerca el expediente patagónico y ya efectuaron cruces de información. Por algo tan sencillo como siniestro: si no hubiera existido el hundimiento tampoco habría existido el espionaje contra los familiares.

 

 

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