No faltan, sobran

Distintos eventos recientes han vuelto a poner sobre la mesa la tan antigua como vigente discusión sobre el tema seguridad. De antemano debemos –lamentablemente– aclarar ciertas cuestiones para evitar malas interpretaciones. Hay discusiones reales, pero también discusiones impuestas.

Un atento compañero conocedor de los temas sanitarios bien explicaba “vacunas sí o vacunas no, no es un debate real. La comunidad científica a nivel internacional no tiene dudas, no hay tal discusión. Es sólo un intento de imponer un debate que los medios amplifican”. Bien.

La justicia por mano propia o la plenitud de la democracia en la Argentina no están en discusión. El pueblo argentino ha saldado el debate en favor de los derechos humanos y así la legislación lo dispone. Sin embargo, el funcionamiento del Poder Judicial y de los sistemas de seguridad exigen seguir abogando por la confirmación en la realidad del acuerdo social obtenido.

Las declaraciones de Eduardo Alberto Duhalde y el caso abierto aún de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro nos dan pie para meternos una vez más con las fuerzas de seguridad.

El viernes 4 el gobernador Kicillof presentó una importante inversión en seguridad. Se trata de $37.700 millones en los cuales se incluye el fortalecimiento operativo para los agentes bonaerenses, el despliegue de 4.000 gendarmes, la construcción de nuevas unidades penitenciarias, la refacción de comisarías entre otras obras y adquisiciones.

Con la pronta incorporación de 10.000 nuevos agentes a través de escuelas descentralizadas en distintos municipios, la Bonaerense llegará a 100.000 efectivos. La Policía de la Ciudad cuenta con 50.000, lo mismo que la Policía Federal Argentina. Las fuerzas intermedias dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional, como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aportan otros 80.000 uniformados que tienen responsabilidades fronteras hacia adentro. Naturalmente, se suman a la cuenta las policías dependientes de cada Provincia.

Esta magnitud convierte a la Argentina en el país con mayor densidad de efectivos de seguridad en América, según la ONU.

En el caso de las Fuerzas Armadas Argentinas (entre el Ejército, Armada y Fuerza Aérea) son poco menos de 80.000 personas (77.861 específicamente), a lo que se suman unos pocos miles de civiles, bajo el mando del jefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo, del Ministro Rossi y por supuesto, del comandante en Jefe de las FFAA, Alberto Fernández.

Hace días Duhalde habló de la posibilidad de la interrupción de la vida democrática. Latinoamérica ha sido en los últimos años un muestrario de golpes de distinto calibre. Desde los golpes parlamentarios a Fernando Lugo en 2012 y a Dilma Rousseff en 2016 hasta el golpe “setentoso” a Evo Morales en 2019. Este último y aquel intento de destitución a Rafael Correa en 2010 tuvieron un accionar fundamental de las fuerzas de seguridad, quizás de las instituciones con más injerencia de los servicios de inteligencia del Comando Sur norteamericano.

Con el retorno de la democracia en 1983 empezó a correr el reloj del tiempo que demoraba la sociedad argentina en reestructurar, extirpar de las fuerzas de Defensa los intereses extranjeros e inculcar la conciencia democrática. Sin dar el trabajo por terminado pero sí por notablemente avanzado, la visión de Néstor Kirchner y las políticas que posteriormente encabezaron José Pampuro, Nilda Garré, Arturo Puricelli y Agustín Rossi lograron comprender y atacar la reestructuración distanciando a las nuevas generaciones de soldados de la formación de viejas autoridades.

Por legislación aprobada en el año 1988 las FFAA nacionales tienen prohibida su intervención en asuntos internos, así sea el supuesto “combate al narcotráfico” como quiso la gestión macrista violando la Ley de Defensa Nacional.

Este trabajo ha sido largo y difícil y comenzó a dar frutos muy paulatinamente. Sin negar los esfuerzos que en distintos momentos de nuestra joven democracia se hicieron para transformar las fuerzas de seguridad, es evidentemente una tarea más que incompleta.

Las reiteradas vejaciones a los derechos humanos que han cometido las distintas fuerzas (hoy en el banquillo, la policía Bonaerense) ya tienen casi “manuales procedimentales” naturalmente ilegales como señalara el abogado de la familia Astudillo Castro, Leandro Aparicio.

Iniciativas como las de Luis Brunati, León Arslanián (fuertemente castigados por los propios cuerpos de seguridad) y numerosas organizaciones políticas, sociales y de DDHH han tenido éxitos parciales, más asimilables dentro del imaginario civil colectivo –no menos importante– pero no en la conducción y control de las comisarías. Las características políticas populares de la sociedad argentina, su tendencia a la organización social y la conciencia política es la que mantiene estos debates vigentes y trata de evitar la impunidad en la que muchas veces terminan los casos de violencia institucional. En la Argentina no tenemos grandes organizaciones delictivas como las Maras centroamericanas o los carteles mexicanos y colombianos porque existen los clubes, sindicatos y organizaciones populares. Esto no implica que no existan bandas delictivas, pero si se tira del hilo, los recursos oxigenadores de las mismas suelen relacionarse con las instituciones que deberían combatirlas.

Los argumentos huelgan ya en una realidad manifiesta; es necesaria una transformación estructural de las fuerzas de seguridad y su funcionamiento, para que dejen de ser una amenaza para la población civil y que nunca lo sean para el orden democrático en Argentina. El desafío del campo nacional es diseñar y sostener en el tiempo una decisión que exigirá voluntad política y mucho coraje, una dupla bastante excepcional.

* Publicado en Desde el Barrio / La Señal Medios / Radio Gráfica