NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE

Exportación de recursos no renovables para pagar deudas contraídas a espaldas del pueblo

Por Horacio Rovelli
Perforación en el proyecto de litio Kachi, en Catamarca, ahora con inversores británicos.

 

Hasta mediados de los años '70, en América Latina, el dominio minero y energético formaba parte de la soberanía estatal y era considerado un patrimonio fundamental, incluso propiciado por Naciones Unidas, que lo presentaba como base e instrumento de un Estado para poder hacer uso de sus recursos naturales, en particular los no renovables.

La desregulación y privatización del sector minero y energético en la Argentina desde el golpe cívico-militar de 1976, potenciado por el menemismo en los '90, tuvo como objeto la maximización de la tasa de ganancia y una preponderante participación del capital extranjero, dejando de lado la lógica de la prestación de un bien que produce la naturaleza y la generación del servicio para el desarrollo del país, para reemplazarla por la lógica exclusiva de maximizar el retorno de la inversión.

Su creciente extranjerización y búsqueda de lucro hace que la medición del riesgo les permita a esos socios adoptar menores medidas de seguridad (por ende con menor costo económico y social) que si lo desarrollaran en sus países de origen, y genera por otra parte una dependencia creciente de tecnología, maquinarias y equipos del exterior.

Junto al retiro del Estado, el sistema creado desvincula la minería y la energía de las necesidades de desarrollo económico y tecnológico del sector y del país, a la vez que lo subordina al exterior. Su justificación es la obtención de divisas para pagar una deuda externa tomada a espaldas del pueblo argentino y en beneficio de una minoría parásita y rentista, incluso asociada a esos capitales extranjeros. Con ese fin exigen más apertura al capital externo, agravando el ciclo de desindustrialización, desempleo, fuga de capitales y extranjerización.

 

 

La minería

Las exportaciones mineras de la Argentina anotaron un alza interanual de 19,3% en 2021, totalizando ingresos por 2.953 millones de dólares; si se consideran también minerales con algún grado de industrialización suman 3.392 millones de dólares, que representan el 4,35% de nuestras ventas externas del año pasado.[1]

Las crecientes exportaciones de minerales, tras las reforma del marco normativo y dirigido por la Inversión Extranjera Directa (IED) en la explotación de yacimientos metalíferos (explotaciones de oro, cobre, plata, y litio, fundamentalmente) sobre áreas cordilleranas y a gran escala, así como otros materiales (metálicos y no metálicos) generan concentrados minerales destinados a la exportación, mientras los materiales extraídos con destino a las industrias nacionales de la manufactura y la construcción pierden notoriamente protagonismo.

Por su importancia y por ser el metal más exportado, las minas de oro del país han sido hasta ahora las que más se han desarrollado: Bajo la Alumbrera en Catamarca (su principal accionista es Glencore, con participación de BlackRock); Cerro Vanguardia (Anglo Gold) y Cerro Negro (Goldcorp-Canadá) en Santa Cruz; Veladero (Barrick Gold-Shandong) en San Juan (esta última está considerada entre las diez minas de oro más grandes del mundo). Todas ellas son explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del Estado provincial.

La producción argentina de oro declarada ronda las 62 toneladas anuales y los principales mercados de destino se concentran en Suiza, Canadá y Australia.

Los beneficios a la generación de renta son varios. Por un lado la Constitución Nacional de 1994 le cede su explotación a las provincias, con lo que se pierde la noción de soberanía nacional. Su artículo 66 establece que “los minerales y las fuentes naturales de energía, con excepción de las vegetales, pertenecen al dominio público de la Provincia”. Gozan a su vez de la estabilidad fiscal de la ley 24.196/93 de inversiones minera vigente, que hace que por un período de 30 años no pueda verse afectada en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad.

En segundo lugar, las regalías provinciales son sobre el 3% del valor en boca de mina, del que se deducen luego los costos de transporte, flete, comercialización y otros, con lo cual el valor termina representando entre el 1,2 y el 1,5% del valor de boca de mina original.

En tercer término, el Impuesto a las Ganancias sólo se comienza a pagar después de cinco años de iniciado el proyecto (además se deduce hasta un 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales). En general todo gasto directo e indirecto es cargable a los costos y por tanto desgravable del Impuesto a las Ganancias, por ende la utilidad contable obtenida es muy menor a la real, y sólo a esa utilidad contable se le cobra la alícuota del gravamen.[2] Gracias al secreto fiscal no se da a conocer cuánto pagan las grandes empresas mineras a la AFIP, pero seguramente es una cifra insignificante.

Por último, los Derechos de Exportación (retenciones) que habían sido reducidos a 0% por el gobierno de Cambiemos, se restituyeron en septiembre de 2018 (Decreto 793/18) y hasta fines de 2020 con una alícuota de 12% para todos los bienes (con un tope de 4 pesos por dólar para el oro y 3 para el resto de los minerales). Pero el gobierno de Alberto Fernández (Decreto 785/2020) redujo la tasa al 8% para proyectos de oro y plata, y hasta 4,5% para otros metales.

 

 

Energía

En el sector energético, dos empresas concentran el 70% de la extracción de petróleo crudo: YPF SA (con un 6,06% de participación en su capital de BlackRock) y Pan American Energy (de Bulgheroni y la British Petroleum de Gran Bretaña); cinco empresas concentran el 80% de producción de gas y cinco concentran el 50% de generación de energía eléctrica.

En la etapa de extracción de gas las empresas que participan son YPF, Total Austral, Pan American Energy (PAE), Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron.

El transporte es controlado por Transportadora General del Norte (TGN) de Techint y Eurnekián, y Transportadora General del Sur (TGS) de Pampa Energía (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, Blackrock y las familias Sielecki y Werthein), que conectan las cinco cuencas que existen en el país.

Por su parte, el sector de la distribución es manejado por nueve empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogas Centro, Ecogas Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea, que se encargan de distribuir el gas a lo largo del país.

En las 100 empresas que fugaron capitales durante la gestión de Macri aparecen:

 

 

En 1992, tras la privatización del servicio público de electricidad, se creó en nuestro país CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), que si bien es una sociedad anónima tiene como principal accionista al Estado Nacional y es la responsable del despacho de electricidad en el país, ya que establece quién vende, cuándo y a qué precio. Pero también interviene en las importaciones de gasoil y fuel oil para reemplazar al gas en la generación térmica de electricidad, todo con subsidios del Estado fijados en el presupuesto nacional, que en 2021 superaron el billón de pesos (unos 10.000 millones de dólares).

La fuente principal de energía eléctrica (casi el 60%) en el país es la térmica, en base al carbón, al petróleo o gas natural. Otro 23% aproximadamente se genera en base a represas y saltos (energía hidráulica), esencialmente de Yaciretá y después Piedra del Águila, Salto Grande, Chocón Cerros Colorado, Futaleufú, Alicurá y otras menores. Con una baja participación en la generación están las restantes fuentes.

En el caso específico de la electricidad, el transporte de energía eléctrica de alta tensión se hace por medio de grandes empresas privadas. La principal es TRANSENER SA (su principal accionista es el grupo Pampa Energía), concesionaria de servicio público que opera y mantiene en forma directa el 85% de la red de alta tensión y supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.

Otras transportadoras de energía eléctrica de alta tensión son Transba S.A., que es la concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires; Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. y sus homónimas terminadas en Patagonia S.A., Comahue S.A., Noreste Argentino S.A., Noroeste Argentino S.A., etc.

En el caso de las distribuidoras, las principales son EDENOR y EDESUR. En el primer caso, BlackRock y el grupo Mindlin eran sus principales accionistas y la vendieron a la corporación Vila-Manzano-Filiberti por una suma declarada de cien millones de dólares, pese a que EDENOR SA tiene una deuda con CAMMESA que supera esa cifra.

En el caso de EDESUR, su principal accionista es el Ente Nacional de Energía Eléctrica (ENEL), la empresa estatal que administra la energía de Italia, en tanto tienen una participación minoritaria las firmas ENDESA de España y EDESUR de Chile. Finalmente, las empresas Edesa, Eden, Edes, Edea y Edelap, que preside Rogelio Pagano, quien años atrás fue socio menor de Marcelo Mindlin.

 

 

Síntesis

El gobierno publicó en el Boletín Oficial del lunes 14 de febrero 2022 el viaje de la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, a Inglaterra, donde fue recibida por el enviado especial del Primer Ministro para comercio con la Argentina, Mark Menzies, quien manifestó el interés del Reino Unido en trabajar en conjunto para asegurar un suministro globalmente sostenible de minerales críticos que beneficie a todas las naciones. En dicha reunión, la secretaria de Minería indicó el enorme potencial geológico de la Argentina, donde el 80% de su territorio se encuentra aún inexplorado, resultando por ello de gran relevancia los recientes anuncios de inversiones de capitales británicos en el país, como el de Río Tinto en Salta y el financiamiento del proyecto de litio Kachi en Catamarca por parte de la Agencia británica de crédito a la exportación (UKEF).

 

En el centro, la secretaria Fernanda Ávila y el británico Mark Menzies.

 

 

El gobierno nacional cumple con el pedido que le hiciera la Mesa de Minería de la Unión Industrial Argentina en la reunión que tuvieron el ministro del área y la secretaria el 20 de diciembre pasado en la sede patronal, donde los dirigentes industriales expresaron la necesidad de generar iniciativas para ampliar el potencial del sector en términos de exportaciones y enfatizaron que el nivel de exportación de los países vecinos de América del Sur supera en hasta diez veces a la Argentina.

 

 

El 20 de diciembre de 2021, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, tuvo que vetar la ley de explotación de hierro y plata en Gastre, ante la oposición de la población.

La contradicción es evidente: o se sirve a un modelo extractivista bajo la lógica del capital extranjero (el funcionario ingles dice “asegurar un suministro –desde la Argentina– globalmente sostenible de minerales críticos que beneficie a todas las naciones”), o se tiene un plan estratégico para que los recursos no renovables se empleen en el desarrollo del país, en la generación de industrias y en fuentes de trabajo.

Lo escribe claramente en su Plan de Operaciones de 1810 Mariano Moreno: “Monopolio por el Estado de las minas y de la minería; la expropiación o allanamiento, en beneficio de la comunidad, de los bienes pertenecientes a los mineros; la prohibición absoluta a los particulares, bajo la amenaza de infligirles severas penas, de trabajar minas de oro o plata; la prohibición también, especialmente hacia los europeos, de extraer del país, en cualquier forma, sus caudales o su fortuna”.

Mariano Moreno fue un patriota porque defendió el patrimonio nacional.

 

 

 

[1] En 2021 se declararon exportaciones de metales por 3.392 millones de dólares (la minería constituye el sexto complejo exportador de la Argentina) y una suma similar, 3.505 millones de exportaciones de carnes y sus preparados.
[2] La tasa del Impuesto a las Ganancias del 35% es sobre la utilidad declarada por la empresa con todas las deducciones habidas y por haber. Y que genera empleo y desarrollo de proveedores nacionales lo afirma la UIA (y lo repite el Ministro de Producción) pero no la realidad. Prueba de ello es cuánto empleo genera en Catamarca la mina Bajo la Alumbrera, cuánto aumenta la producción nacional y a la vez cuánto implica en las importaciones de tecnología y maquinarias y cuál es el daño ambiental que produce. De esas experiencias se nutre la población de San Carlos (Mendoza), Chilecito (La Rioja) y de Gastre (Chubut) para oponerse tenaz y consecuentemente a la explotación minera.

 

 

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