No es fácil ser progresista

 

El título de esta nota tiene que ver con las dificultades prácticas que en mi opinión tienen los sectores progresistas para llevar adelante políticas sociales que beneficien de verdad a los sectores populares. Cuando se está en el llano fluyen las palabras en defensa de los sectores populares, pero cuando ese discurso se empieza a transformar en acción, si se toman medidas que los benefician, ello se realiza como con vergüenza, pidiendo disculpas o, lo que es peor, no se toman para evitar la crítica de los sectores de poder. Esta situación se da particularmente en los países en vía de desarrollo del continente americano. Un buen ejemplo, que siempre me llamó la atención, está dado por Brasil durante el mandato del admirado Presidente Lula, quien a través de una serie de medidas sociales sacó de la pobreza a más de 28 millones de brasileros, pero en general cuando alguien –progresista o no– hablaba de él siempre agregaba “pero ojo que Lula fue un gobierno racional… ergo mantuvo el resto de las variantes económicas de acuerdo con las normas impuestas por la globalización”. Es decir que para quienes explican las transformaciones sociales ocurridas en aquel tiempo en Brasil desarrollar acciones en defensa de los que menos tienen son políticas racionales o por lo menos pueden aceptarse si su implementación no rompe con el status quo preexistente. Esto mismo pasa con el resto de nuestros países latinoamericanos. Se puede avanzar pero no tanto que perjudique los intereses de los poderosos, cuando hay una lógica irreductible que es que para que unos sectores de la sociedad mejoren tienen que haber otros que resignen beneficios.

Para la derecha todo es más fácil, todos sabemos qué intereses defienden y lo “natural” es que hagan ajustes, que en términos prácticos significan hacer una transferencia inversa de recursos de los sectores populares a los de privilegio. Por ello, a nadie le sorprende que para aplicar esas políticas recurran a un golpe militar o prometan el salariazo y la revolución productiva o una lluvia de inversiones. Después no sólo no cumplen con las promesas sino que a nadie le sorprende que no lo hagan y cuando alguien recuerda esas promesas se hace como si fuera algo cómico. Lo hacen con impunidad pero de frente a la sociedad y la sociedad acepta esas mentiras con una esquizofrénica docilidad tragicómica.

En el mundo desarrollado no es siempre así: algunos de esos países le dan a las promesas el valor de un contrato social y los más desarrollados defienden los logros sociales a capa y espada. Ejemplo de ello es Dinamarca, que en vez de definirse como un estado de derecho se define como un Estado de bienestar, y para ellos también pasaron más de 30 años de la caída del muro de Berlín y conviven con la globalización. Lo mismo podría decirse de todos los países nórdicos, de Gran Bretaña, cuna de Beveridge y creador de la pata social del keynesianismo; de Francia, donde Sarkozy se inmoló políticamente por proponer una reforma en la que aumentaba la edad jubilatoria. Pululan los ejemplos y quizás los más notorios sean los casos de Canadá y Alemania, países muy desarrollados; Alemania probablemente el más desarrollado de la tierra y sin embargo posee la mejor y más amplia seguridad social del mundo.

Nuestro país supo tener claros y oscuros en materia social. Muchas veces es mirado con envidia por otros países de la región por el nivel de protección social alcanzado y valorado como muy desarrollado en políticas sociales, que alterna con otros períodos de brutal decadencia y baja cobertura. Hemos disfrutado y padecido todo lo imaginable. Desde la privatización en la época menemista, que destruyó el sistema de seguridad social, o el otro extremo en la etapa kirchnerista, en que se alcanzó el pico máximo de protección social de la historia de la seguridad social de nuestro país. Pero el objeto de esta nota no es valorar los distintos períodos sino las actitudes de los actores políticos ante los cambios que se realizaban.

Este es un tema que me desvela desde hace muchísimo tiempo ya que hace al fondo de la discusión y es productor de la “grieta” en materia social: por qué algunos comunicadores se pasean constantemente por los medios pontificando contra la incorporación de personas vulnerables en los sistemas de protección social. Lo que están haciendo es generar en la sociedad una “lógica” que sea el corazón de la resistencia al cambio social. Esta lógica se empieza a construir siempre en los organismos internacionales, particularmente el FMI, el BM, la OCDE y la OIT y la AISS. Un ejemplo muy fácil de reconocer es lo que pasó en 2019 con el Ingreso Básico Universal (IBU). El mundo hablaba de que luego de la pandemia todo cambiaría (¿para bien?) y en ese contexto muchos pensadores, la mayoría progresista, creyeron que era la oportunidad de lograr el cambio revolucionario que implica erradicar la pobreza con el IBU. Se escribieron infinidad de papers, libros y documentos que crearon un clima muy propicio para llevarlo adelante. Así, en aquel tiempo y sin que nadie lo esperara, la directora de la CEPAL propuso que se pensara en implementar el IBU en la región. Hubo grandes titulares en los diarios, hasta el Presidente en algunos reportajes expresó su satisfacción por la idea, el ministro de Desarrollo Social dio reportajes donde destacaba que el Presidente la había dado la orden de estudiarlo y todos los voceros del gobierno eran consultados y decían que el IFE sería la plataforma de lanzamiento del IBU: era una torbellino de ideas, la revolución en marcha. Hasta que un día salió el Ministro de Economía y dijo que no habría IBU en la Argentina. El gobierno se llamó a silencio, los medios no preguntaron más, el tema desapareció de la discusión pública, el IFE murió y como en la canción de Serrat volvió el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza.

¿Qué había pasado? Me permito decir que, sin ser justamente un adivino, yo anuncié que ello ocurriría en una nota de El Cohete a la Luna del 5 de julio de 2019. Los organismos internacionales como agentes del capital concentrado les pedían a los Estados que inyectaran dinero para mantener el consumo y, cuando se restableciera, los más pobres tendrían que arreglársela como siempre lo habían hecho: con las migajas que le sobran a los poderosos. Es por ello que avanzaron, crearon la ilusión del nuevo mundo post-pandemia, pero el verdadero objetivo era otro: que la economía no se pare, no que los más vulnerables estén mejor. Tal cual ocurrió.

Es decir que todos cuestionamos a esos organismos como responsables de las penurias que causan a nuestros pobres países latinoamericanos pero a la hora de romper el vínculo todos se hacen los distraídos –menos Néstor Kirchner, es bueno recordarlo–. Ello ocurre porque estamos inmersos en la lógica que dimana de esos organismos y no nos atrevemos a romper el cordón umbilical. No se trata de ser antisistema, ni de romper con la globalización, se trata de invertir las prioridades y primero atender las necesidades de los que menos tienen.

Obsérvese que nuestro país no fue la excepción en este comportamiento: siguió toda la receta. Dos ejemplos que nos pasaron por enfrente de nuestras narices fueron la Ley de Reparación Histórica y la firma del acuerdo con el FMI hecha por el macrismo. Por la primera se fumaron 33.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y 11.000 millones más del blanqueo de capitales, también incluido en la ley de Reparación Histórica. Con impunidad e incluso con apoyo de opositores, lo hicieron sin importar el daño. En cuanto al préstamo del FMI pasó algo similar: se comprometieron los fondos restantes del FGS mientras los poderosos fugaban la plata que ingresaba. Pero lo que aquí me interesa destacar es si hubo al respecto una condena social o al menos la suficiente para que no vuelva a ocurrir. Es cierto que el gobierno se ha incorporado como querellante en una causa en que se investiga a los responsables de la gestación y manejo del préstamo del FMI, pero del uso de los recursos de la seguridad social poco y nada se dice. Esa es la batalla cultural que hemos perdido.

En pocas palabras, los sectores progresistas vivimos actuando por reacción y, cuando el daño es reconocible, lo cuestionamos. Pero nunca nos atrevemos a actuar por acción. Ello sería: construir un sistema de seguridad social propio, con nuestras características, cuidarlo políticamente y defenderlo en la calle. Claro que también es necesario romper con el status quo: poner las cuentas en orden pero que los recursos provengan de los sectores concentrados de la economía, no de los más vulnerables. En muchas de las notas que pude publicar gracias a la generosidad de El Cohete he dicho que nuestra protección social no tiene destino si no forma parte de la agenda de la política.

Soy un defensor acérrimo de la militancia política, creo que es el único camino que existe para realizar un cambio cultural de fondo en beneficio de los sectores populares. Pero hay algo que me obsesiona y es cuando el militante pasa a ser funcionario y aquella frescura, los sueños, los deseos de cambio empiezan a cambiar por las explicaciones, el cuidado de la imagen. Alfonsín decía que el poder estupidiza. Kirchner al asumir hizo como una especie de juramento donde decía que no iba a dejar sus convicciones en las escalinatas de la Casa de Gobierno y Cristina lo graficaba con aquello de que quien no esté dispuesto a enfrentar una tapa de Clarín se tenía que ir del gobierno. Pero no todos actúan de esta manera, diría que el ser consecuente con lo que se piensa hizo grandes a estas personas. Bueno sería que cada funcionario, desde el de menor rango al de mayor jerarquía, reflexionara sobre ello cada vez que entra a su despacho.

Para ser progresista no basta con decir que se es progresista. Con esto me pasa como con aquellos que se autotitulan “intelectuales”. Me parecen patéticos. Nadie es por lo que crea de sí mismo; se es lo que los otros ven en nosotros. Por ello no alcanza con decirse progresista, hay que actuar como progresista y que los otros nos visualicen como tales. Hay que ser consecuente entre lo que se piensa y lo que se hace. El poder por definición es prestado y lo único que queremos aquellos que les prestamos el poder es que cumplan el contrato implícito que fue el motivo por el que les prestamos el poder.

Para la derecha todo es más fácil: ellos siempre se sintieron dueños del poder real, por lo tanto lo ejercen con impunidad y desvergüenza. Para enfrentar esta desvergüenza hace falta un proyecto de protección social de cara a la sociedad que sea consensuado con los sectores populares, que el gobierno lo lleve a adelante y el resto lo defendamos en la calle y en cada espacio donde haya poner el cuerpo, la solidaridad y la inteligencia.

Creo que sólo es posible romper el corsé cultural que nos imponen desde los organismos internacionales si logramos un gran acuerdo nacional de dar una lucha frontal contra la pobreza, con una estrategia común. Por ello en la próxima nota abundaré sobre este tema, que prometo será más picante, para intentar que aquellos que se sienten progresistas se saquen la vergüenza de encima y enfrenten el porvenir con entusiasmo y amor.

 

 

(Continuará.)

 

 

 

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