No es eficiencia, es destrucción

 

El 9 de enero se publicó en el Boletín Oficial la resolución 10/2025, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en cuyo artículo 1º se establece los siguiente: “Encomiéndase a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros la evaluación de los programas creados en la órbita del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo los parámetros de economicidad establecidos en el considerando de la presente resolución, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad”.

Cuando se avanza en la lectura completa de la resolución, el resultado de la medida es muy claro: desde el gobierno buscan eliminar todos los programas científicos del país, excepto los enmarcados en las áreas de interés de la actual gestión, dedicada a vehiculizar la visión del gran capital local y global: agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento.

En un comunicado emitido inmediatamente después de la medida oficial, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) del país señaló que “es importante destacar que todos los programas –incluyendo la construcción y mejora de instalaciones de laboratorios e institutos de investigación y desarrollo, la adquisición y renovación de equipamiento y proyectos estratégicos de vinculación tecnológica con el sector público y privado– fueron suspendidos durante 2024. Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país,ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores y la paralización y desarticulación de grupos de investigación que ha costado décadas desarrollar”.

Más adelante, el comunicado señala: “Creemos imprescindible que las inversiones que hace el Estado sean eficientes, por eso hacemos responsable a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la sub-ejecución récord de su presupuesto, mientras se paralizaba el conjunto de las actividades científicas y tecnológicas. Esto claramente no es eficiencia, es destrucción”.

El gobierno de Milei y Macri apunta a la destrucción de todas las capacidades científicas y tecnológicas nacionales, salvo aquellas que sirvan para apoyar negocios privados de las grandes corporaciones. Luego de un año de boicot y asfixia, las autoridades estatales se encaminan formalmente a destruir todas las capacidades ya creadas en nuestro país, que pueden ser de enorme utilidad social para construir una sociedad integrada, e incluso de enorme potencial para el mundo de los negocios.

El objetivo es muy claro, si se entiende que estamos frente a un gobierno de definida orientación neocolonial: adaptar las capacidades argentinas a lo que las fuerzas de la globalización necesitan de nuestro país. En un mundo de competencia exacerbada entre grandes bloques en lo comercial y lo tecnológico, nada mejor que jibarizar a un país de desarrollo intermedio que “molesta” con saberes y conocimientos que pueden ser una competencia eventual para potencias embarcadas en una lucha de suma cero. Estamos en un contexto internacional que no deja resquicios para que terceros desarrollen capacidades tecnológicas y científicas dinámicas.

A fines de 2023, las fuerzas externas e internas que buscan la adaptación de la Argentina a necesidades de intereses globales encontraron a nuestra sociedad con las defensas –políticas, ideológicas, culturales– bajas, en un estado de alienación masiva que está permitiendo este experimento de destrucción nacional.

 

Todos son Milei

 

 

Hay dos datos económicos estructurales que afectaron la rentabilidad del agro pampeano en los últimos años, además de la sequía de 2023. Uno es la caída de los precios internacionales, especialmente fuerte en el caso de la soja (cerca del 40% acumulado en los últimos dos años), determinado en los mercados externos al país. El otro es el experimento financiero que se está ejecutando hoy en la Argentina, que logró estancar artificialmente el precio del dólar para promover el negocio rentístico del carry trade, con la excusa –como siempre en los experimentos neoliberales– de la “lucha contra la inflación”. Esto ha elevado fuertemente el costo de los insumos y del financiamiento para la actividad sectorial.

Lo cierto es que el malestar en el sector agrario pampeano crece, y la presión sobre los representantes políticos avanza. Esta semana tuvimos una muestra de cómo los políticos de diversos partidos se ponen al servicio, casi exclusivamente, de los sectores propietarios.

El gobernador radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe, y el gobernador Martín Llaryora, de Córdoba, se hicieron eco del clamor agrario, reclamando contra las retenciones que Milei había prometido eliminar. Hasta allí, se podría enmarcar este posicionamiento en alineamientos previsibles, tratándose de una dirigencia que en la mayoría de las provincias entiende a la política como un servicio a los poderosos de sus respectivas comarcas.

Pero Pullaro fue más lejos. Dijo: “El campo no puede seguir subsidiando al Conurbano bonaerense, a ese sector improductivo de la República Argentina, que le genera un costo muy grande”.

Con esas palabras el santafecino no hizo más que repetir un mantra que circula en los sectores pudientes del país, que hace ya años empezaron a suscribir la absurda teoría de que “los pobres nos explotan”, apoyados en un conjunto de falacias que armaron no sólo para eludir toda responsabilidad social hacia sus compatriotas, sino para fundamentar acciones agresivas de lucha de clases contra los ya desposeídos.

Pullaro repite esas tonterías, no sabemos si por ignorancia o porque las cree. Pasa por alto que gran parte del menguado gasto público actual se va en el pago de jubilaciones y pensiones, y en las erogaciones que exige la deuda pública. ¿Por qué no proclama que el agro no puede seguir subsidiando a los jubilados? El Conurbano es una complejidad que abarca efectivamente franjas de pobreza e indigencia, como en otras grandes ciudades del país en las cuales se amontonaron masas de desposeídos, producto de los experimentos neoliberales que desindustrializaron, vaciaron la ruralidad, debilitaron a todo el tejido económico y arrojaron a millones de compatriotas al desamparo. Es una responsabilidad colectiva tratar de resolver esa situación. No es el Conurbano, en absoluto, el agujero negro de las finanzas públicas argentinas, pero es una forma aceptada por los sectores más retrógrados para mencionar a los pobres, a los negros, o a los peronistas. En el bizarro mundo de la derecha, estas masas serían “ocupas” que no se sabe de dónde salieron, y que encima de todo exigen recursos “sin hacer nada”.

Este tipo de gobernadores, de mirada tan pobre, son tan serviles al capital que han perdido completamente el rumbo político, al punto que no son capaces –por anteojeras ideológicas– de concebir medidas alternativas de alivio a los productores que efectivamente tienen problemas.

En principio, su respeto reverencial al actual experimento de timba financiera los hace aceptar el actual nivel del tipo de cambio, que está claramente desfasado de un tipo de cambio adecuado, necesario para resguardar cierta competitividad local. De eso no hablan.

Tampoco son capaces de discutir, precisamente por estar subordinados completamente a los sectores pudientes, la necesidad de establecer tributos alternativos que permitan reducir el monto de las retenciones en la medida que hiciera falta, si se quiere mantener el equilibrio fiscal como meta “irrenunciable” de la política económica. Queda claro que no es sólo equilibrio fiscal lo que busca Milei, sino impuestos mínimos para los ricos. A eso también adhieren los gobernadores.

Además, participan de la ceguera ideológica a la que lleva la religión del mercado. Deberían reconocer la realidad de que la economía mundial no siempre genera ganancias y abundancia: los mercados fluctúan, suben y bajan, y también llevan a la quiebra y a la desaparición de miles de agentes económicos, como pasó reiteradas veces en la historia. ¿O se olvidaron de lo que ocurrió en 2008?

Desde el punto de vista de la ortodoxia económica, la respuesta a las quejas de los productores por la caída de los precios es fácil: jódanse, así es la economía de mercado, el Estado no tiene por qué hacer nada, la actividad privada es una actividad de riesgo, ¿no? Pero para sostener la religión de mercado a pesar de la realidad, es necesario negar los efectos desagradables de su funcionamiento, y echarle la culpa a otra cosa, o a otros.

En nuestro país, hay una serie de economistas/sacerdotes especializados en la difusión de la religión del mercado, que predican la idea de que a los productores los explota el Estado y/o los pobres, que no trabajan porque no quieren.

Por supuesto que a los Pullaro no se les ocurre indignarse con el catastrófico endeudamiento externo generado por su socio Macri, ni con lo que la Argentina despilfarra en intereses por las inútiles deudas tomadas en los experimentos neoliberales. De eso tampoco hablan, respetando a rajatabla la agenda temática de la derecha económica. Y luego de tantos temas serios que pasan por alto, terminan desembocando en el fastidio con los pobres del Conurbano.

Además, estas lamentables declaraciones fueron dichas durante un acto oficial de lanzamiento de las obras del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, un emprendimiento para facilitar el transporte de granos hacia los puertos del Gran Rosario, con destino a la exportación, al que se le destinarán 41.000 millones de pesos del erario público provincial. La discusión sobre las políticas públicas tiene un vuelo tan bajo en nuestro sistema partidario, que nadie osa preguntar si esa obra es una prioridad pública para la comunidad santafecina, o para el país. Porque lo objetivo es que toda la sociedad estará aportando plata para una obra que beneficiará a los agroexportadores.

Que ese beneficio sectorial luego se transforme en un bien para toda la comunidad dependerá de los recursos que el Estado pueda captar para canalizarlos hacia otros gastos e inversiones que apunten al bien común. Pero estamos en un momento del país en que cualquier decisión pública que favorece a los grandes empresarios, cuenta con la aprobación inmediata de los factores que dominan la opinión pública. Y no se hacen más preguntas.

Mientras tanto, el gobierno nacional privatizó por sólo 27 millones de dólares a IMPSA, la gran empresa situada en la provincia de Mendoza.

 

 

Vender IMPSA es un crimen económico contra el desarrollo nacional. Según los especialistas, sólo hay cinco empresas en el mundo que tienen características similares: IMPSA fabrica bienes de capital de alta complejidad, turbinas hidroeléctricas, insumos para el sector nuclear, petrolero y gasífero. En la actualidad está planteada la renovación de la vida útil de las empresas hidroeléctricas argentinas, e IMPSA podría proveer soluciones en esos temas. La empresa ganó una serie de licitaciones internacionales entre 2021 y 2023, incluida una con la armada de Estados Unidos. Bajo el gobierno neocolonial, en 2024, no se presentó a ninguna licitación, porque ya empezaron a socavarla para bajarle el precio –como se hizo en todas las privatizaciones argentinas–. Y ahora fue vendida baratísima a una empresa norteamericana que colaboró en la campaña de Trump a la presidencia. IMPSA cuenta con algo invalorable, que todas las potencias del planeta –sin distinciones– cuidan más que el oro: ingenieros y profesionales experimentados y de muy buen nivel. Pero el problema de fondo no es que se las vende baratas: no se las debe vender porque se desestructura una lógica de desarrollo tecnológico sofisticado, y se la reemplaza por la nada.

No se puede explicar que se haga a propósito daño al entramado productivo nacional, si no se entiende que es un gobierno dedicado a destruir el desarrollo autónomo de la Argentina. En este caso, se vende IMPSA a cambio de una sonrisa de Trump, para que se predisponga positivamente a colaborar con el gobierno de la timba financiera, para que pueda endeudarse más con el FMI.

Milei son todos: la operación de IMPSA no pudo haber sido hecha sin la colaboración y el acompañamiento del gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo.

También el gobierno se está dedicando a destruir ARSAT, a pesar de que la empresa tiene superávit y ha facturado recientemente 20.000 millones de pesos. Para comenzar la demolición de la valiosa empresa congelaron los salarios y frenaron proyectos productivos que ya contaban con financiación externa, es decir, que no requerían partidas presupuestarias locales. Para avanzar en la destrucción pospusieron el lanzamiento del tercer satélite argentino. Es probable que si se privatiza, sus futuros dueños también provengan del norte.

Si se pregunta quiénes, en el sistema político-partidario nacional y provincial, están avalando este crimen económico contra el país, la respuesta es: todos los que en forma directa o indirecta ayudaron a que esté en vigencia el DNU 70/23 y la Ley Bases, que abren legalmente la compuerta a que el gobierno neocolonial cumpla tranquilamente su misión depredadora.

Para continuar con la lista de colaboradores incondicionales del plan de destrucción nacional de Milei, hay que agregar a Jorge Macri, quien desde su lugar institucional bloqueó en la ciudad de Buenos Aires el acceso público a los contenidos de ESI para las escuelas porteñas. La gestión macrista señaló que “los documentos, imágenes, videos, cursos, actividades y bibliografía de esta materia serán objeto de un estudio neutral”. En la jerga de esta derecha retrógrada, “neutral” es alejada de toda perspectiva moderna e igualitaria. ¿Cuál es la diferencia entre la ignorancia implícita en todo lo que hace el mileísmo en materia cultural, y la adhesión de este Macri –votado por los vecinos supuestamente “liberales” de la capital argentina– a esos mismos lineamientos?

Nada mejor que una frase del inefable Rodrigo De Loredo, emitida recientemente, que sintetiza el núcleo que organiza las cabezas de esta dirigencia colaboradora en la destrucción nacional: “Nuestra responsabilidad histórica es evitar la restauración del kirchnerismo”. A eso de dedican los militantes de la semi-colonia.

 

Procesos vertiginosos

 

 

En nuestro país no cesan de aparecer episodios de corrupción de alto voltaje político. A lo ocurrido con Edgardo Kueider, y las revelaciones sobre propiedades y cuentas ocultas al fisco de Cristina Ritondo y Diego Santilli, se le sumaron los cargos contra Andrés Vázquez, nuevo titular de la DGI –organismo encargado de garantizar la recaudación de los impuestos establecidos por ley–, también cuestionado por no declarar propiedades en el exterior, encubiertas por un entramado de sociedades.

Esta semana se sumó a la catarata de evasiones y trasgresiones de la ley lo ocurrido con la empresa ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos). Se denunció judicialmente que una filtración de información oficial (sobre una desregulación que se promulgó a comienzos de este año con la firma de Milei y Luis Caputo) propició una muy jugosa maniobra especulativa bursátil durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 con el valor de sus acciones. Entre los dueños de ByMA figura Nicolás Caputo. Por si faltaba algo, una hermana relegada de Mauricio Macri, Alejandra Macri, ha denunciado que fue despojada con maniobras irregulares de sus derechos de participar en el reparto de la propiedad de 398 empresas y propiedades pertenecientes a la herencia del Franco Macri, padre del líder republicano y sus otros hermanos.

Como ya hemos señalado en relación al actual proceso político, nada parece hacer mella sobre la máquina de generar grandes negocios llamada administración Milei. No se ven titulares llamativos en la prensa, no hay periodistas indignados, ni hay marchas de clases medias republicanas; no hay pitonisas de la libertad denunciando latrocinios, ni ciclos de investigación-instigación periodística en horarios centrales, ni televisiones en los bares con titulares catástrofes, ni jueces y fiscales que intervengan activa y militantemente. Sin embargo, estas denuncias graves, que en buena medida pueden explicarse por internas dentro de la derecha corrupta que hoy nos gobierna, pueden tomar dinámicas imprevisibles en lo judicial y en la opinión pública si la supuesta estabilidad económica fuera conmovida por situaciones que pongan en duda el relato libertario.

Un dato de la realidad internacional que aportará en mucho a la incertidumbre local es la llegada de Trump al poder en los Estados Unidos. Todo lo que él mismo ha anunciado encierra un alto grado de conflictividad económica y política, local e internacional, de la que los mercados financieros –que son los que fijan el tono del pensamiento mundial– han preferido hasta ahora no tomar nota.

La restitución del Canal de Panamá a Estados Unidos, la anexión de Canadá, la compra forzada de Groenlandia (Dinamarca-UE), la expulsión de millones de inmigrantes, o la guerra comercial contra China, son parte de un festival de incertidumbre y desestabilización global generado desde la principal potencia del planeta. Hasta la dirigencia más sumisa de la Unión Europea está alarmada: Olaf Scholtz, el canciller socialdemócrata de Alemania, pronto a retirarse de la escena política, ha señalado en relación a los anuncios trumpistas: “Las fronteras no deben ser movidas por la fuerza. Este principio se aplica en todo país, sea en el Este o en el Oeste. En conversaciones con socios europeos, hay incomodidad en relación a recientes declaraciones desde los Estados Unidos”.

Si se mira con un poco más de distancia, los fuegos artificiales trumpistas tienen un telón de fondo objetivo muy preocupante para la continuidad de la hegemonía global norteamericana.

Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en el año 2000 Estados Unidos generaba el 25% de la producción industrial mundial. Un cuarto de todo lo que se generaba en materia industrial en el mundo se hacía en Estados Unidos. En cambio, la República Popular China sólo participaba, en ese momento, con el 6% de la producción mundial.

ONUDI ha publicado recientemente una sorprendente estimación para el año 2030: mientras Estados Unidos habrá pasado de aquel “glorioso” 25% de la producción industrial mundial al 11% al final de esta década, el impresionante impulso productivo chino habrá llevado a la potencia asiática a participar con el 45% (SIC) de la producción industrial total del planeta. Abrumador.

Quizás esa sea la razón para la política de patear el tablero geopolítico del próximo Presidente norteamericano. Pero patear el tablero unilateralmente y sin grandes estrategias de fondo no parece ser suficiente para revertir este enorme vuelco en la configuración geográfica de la capacidad productiva mundial.

El próximo atrincheramiento norteamericano, con todos los movimientos geopolíticos que va a desatar, no anticipa nada bueno para la continuidad del chapucero esquema de estabilización rentístico-financiero de la actual gestión neocolonial, diseñado para una época que ya no existe.

A pesar de las afinidades reaccionarias, de los regalos de Milei a los norteamericanos y de las declaraciones de simpatía mutua, no habrá ni huesos para los ilusos de la periferia despreciada.

 

 

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