NO DRAMATIZAR ANTES DE TIEMPO

 

En la vorágine que conmueve a la población en estos días, justificada por el cambio que se aproxima, no debemos perder de vista el destino nacional. Ese que algunos imaginan perdiéndose de a poco en una penumbra por la rapidez de los acontecimientos.

Por un momento debemos detenernos sobre las posibilidades de persistir como comunidad civilizada, con nuestros defectos y virtudes, que nos caracterizan en el contexto mundial como un país sumamente interesante. Y actualmente apetecible.

Y esto último porque tenemos todos los bienes de los que carece un mundo convulsionado, entretenido en guerras cruentas e innecesarias, en competencia por protagonismos globales, mientras las crisis golpea a los países del supuesto centro de la cultura universal.

En concreto, la Argentina tiene una importante riqueza en potencia, en el desarrollo de sus recursos naturales requeridos por aquel mundo. Valores en la minería que hoy se necesita, oferta posible de gas y petróleo en magnitudes antes inimaginables, y siempre la más competitiva producción de alimentos en cantidad razonable para exportar luego del consumo local.

Cualquiera sea la gestión que se aproxima, cualquiera el tenor de sus metodologías de aproximación para poner en valor esos recursos, siempre está presente en los últimos tiempos el dilema natural para ejecutarlos. Por una parte las obras y políticas encaminadas a exportarlos, rápido y en cantidad para obtener divisas, a costa del medio ambiente si es necesario, en un extractivismo exacerbado. Por la otra, que los recursos en explotación recorran un camino de valorización en todo lo posible en territorio nacional, creando empleo e industria local, sin mengua de exportar también todo lo posible para obtener los dólares que supimos adeudar.

En el medio de ambos modelos están los empresarios nacionales, los internacionales, los buitres y las pymes, en ambos extremos.

Mencione esto último porque ambos modelos implican quiénes se apropiarán mayoritariamente de la renta de nuestros recursos naturales, propiedad del pueblo argentino según nuestra Constitución Nacional.

En lo referido a los hidrocarburos, entra en discusión también el tema YPF, cuestión que no puede analizarse sin apreciar adecuadamente en qué contexto se desenvuelve esa empresa respecto del resto del empresariado actuante en la explotación de ese recurso.

Hasta el momento YPF ha actuado en el mercado como una “empresa privada” en todo el sentido de ese carácter. En efecto YPF ES PRIVADA, y privatizarla es un oxímoron, una contradicción. En su desarrollo de los últimos años, promovió –junto con otras empresas de hidrocarburos en actividad en el país— un conjunto de medidas dirigidas a mejorar la rentabilidad de la empresa, de sus beneficios empresarios, más allá a menudo de limitaciones que le impuso el Estado Nacional. Y creó y mantuvo empresas derivadas en otros rubros, ajenos a su objeto principal, como hacen en general todas las privadas. Cotiza en Wall Street.

Todo ello es coherente con su composición accionaria: la mitad es de carácter estatal, dividida a su vez en una mitad nacional y otra de las provincias productoras de gas y petróleo. La otra mitad no estatal es propiedad de un conjunto de empresas multinacionales, no necesariamente productoras, algunas de ellas caracterizadas con el mote de buitres. Más privado imposible.

Debo aclarar que la propiedad accionaria de las provincias, aunque no se haya formalizado, es un derecho que poseen sobre YPF y que está vinculado con el protagonismo que tienen sobre los recursos en sus respectivos territorios. No puede obviarse su participación en cualquier decisión sobre esos derechos accionarios y esos recursos, sino a través de medidas autoritarias y dictatoriales. Al mismo tiempo, cualquier resignación de esas prerrogativas provinciales por partes de sus autoridades las haría pasibles de serios reproches jurídicos, tanto civiles como penales.

Asimismo, la ley 26.741 establece que dado que la expropiación de la acciones de Repsol se efectuara por su “utilidad pública”, la transferencia de las acciones de YPF sólo puede realizarse con la conformidad de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso (artículo 10). Es decir que legaliza un agravante con el objetivo de la limitación de transferencia al exigir esa proporción de votos. Con lo cual cualquier instrumento formal para evadir esta obligación fulmina de ilegitimidad toda medida en contrario, y la convierte en vulnerable en su seguridad jurídica en el momento en que se realice y a futuro.

Entonces el dilema sobre qué hacer con YPF no es si privatizarla o no. La alternativa es si puede vincularse con las demás empresas productoras existentes en el país, algunas pocas nacionales, y optimizar en conjunto la producción de hidrocarburos para beneficio de las arcas nacionales; teniendo presentes los dos modelos que hemos señalado, buscando el punto intermedio entre los dos extremos de esos modelos, para crear un gran win-win que nos beneficie como país. Algo inteligente puede suceder en ese camino que evite lo que sería un desastre para todos los actores intervinientes y una invitación a los voraces externos que están esperando su turno.

Es oportuno entonces no dramatizar antes de tiempo.

 

 

 

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