La persecución

 

El próximo 22 de octubre se realizarán elecciones generales en el país. Se elegirán Presidente, Vice y gobernadores. También un tercio de los senadores, que tienen mandato por seis años y se renuevan cada dos. Es decir, habrá 24 nuevos de los 72 que constituyen el Senado. Será renovada la “mitad” de la Cámara de Diputados compuesta por 257 legisladores (este año se eligen 130 y en 2025 se elegirán 127; ignoro cómo es que se ha llegado a este reparto) y habrá elecciones municipales.

Previamente deberán realizarse las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que remiten a comicios internos de los partidos y/o coaliciones, que dirimen quiénes serán sus respectivos candidatos. Es decir, definirán quiénes se presentarán en sus respectivas listas.

Conviene recordar que las PASO fueron establecidas en 2009 por la Ley 26.571. Su artículo 20 establece que deberán ser convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene la obligación de fijarlas para “el segundo domingo de agosto, del año en que se celebren las elecciones generales”. La fecha es taxativa. Por lo tanto, no puede ser escogida o descartada por las distintas provincias o impulsada a una mutación de fecha por partidos o coaliciones. El día es específico y solo puede cambiarse si se modifica la correspondiente ley. Parece mentira que deba señalarse esto. Pero hay entidades políticas o dirigentes que han elucubrado o elucubran hoy en día si las van a llevar a cabo o no, siendo que la única vía existente para cambiarlas es que las modifique el Congreso.

Las elecciones para el Senado tendrán lugar en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Fe; ocho en total. En cada una de ellas se disputarán tres senadores, lo que da un total de 24. Las de diputados, por su parte, abarcarán a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

 

 

El contexto eleccionario

Las elecciones de medio término de 2021, en las que se renovaban 127 diputados y 24 senadores, fueron un fiasco para el oficialismo. Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo 9.876.012 de votos, en tanto que el Frente de Todos (FdT) alcanzó 7.964.211. Fue un triunfo muy cómodo del primero que le permitió obtener 14 senadores y 61 diputados (en ambos casos nacionales), contra 9 senadores y 50 diputados que consiguió el segundo; el resto se dispersó entre partidos minoritarios y/o provinciales.

JxC se impuso en 12 provincias en el rubro de diputados: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Y sumó también CABA. En total 13 distritos. Por su parte, el FdT obtuvo: Catamarca, La Rioja, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán; ocho en total. Río Negro quedó para Juntos Somos Río Negro y Neuquén para el Movimiento Popular Neuquino. Merece consignarse que las tres provincias más importantes del país –Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe– más CABA fueron ganados por JxC.

En lo que respecta al Senado, se votó en las provincias de Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. JxC obtuvo 14 de los 24 que estaban en juego y el FdT, 10.

Como consecuencia de estos resultados, la relación entre el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que venía ya con problemas, empeoró. Una parte del gabinete presidencial, integrado por dirigentes de La Cámpora, amagó con renunciar luego de aquel resultado electoral, cosa que finalmente no ocurrió. Y hubo duros reproches de la propia Vicepresidenta hacia el jefe de Estado que alimentaron el desentendimiento entre ambos, que venía ya de lejos.

Sería conveniente para el PJ Nacional y para los provinciales que pusieran las barbas en remojo frente a lo ocurrido en esta última elección y se abocaran rápidamente a sellar acuerdos y estrategias electorales satisfactorias, para avanzar hacia el mes de octubre, que está casi a la vuelta de la esquina.

 

 

La unidad del peronismo y la proscripción

Muy recientemente se consiguió, por primera vez en lo que va del gobierno actual, realizar una reunión amplia de entidades y grupos diversos del Movimiento Peronista. Estuvieron allí el Presidente Fernández y miembros de su gabinete y asesores, representantes del kirchnerismo, sectores del sindicalismo y también de los movimientos sociales, entre otros. Luego de una discusión ardorosa se alcanzó un primer plano de consensos que se plasmó en un escueto documento, que lleva el título “Democracia sin proscripciones. Unidad para la Transformación”.

 

 

 

 

En su comienzo menciona que han participado diversos espacios que conforman el Frente de Todos, en procura de hacer “frente a los desafíos que tenemos por delante”. Seguidamente y en pocas palabras señala que el mundo “se halla en un contexto de incertidumbre” generado por “la pandemia, las guerras y los conflictos de la hegemonía mundial”. Y pasa sin más trámite, luego, a la consideración de la situación política del país.

Enuncia que en 2023 se enfrentarán dos modelos (queda implícito que lo harán en el plano eleccionario): “La Argentina de un proyecto compartido, democrático e igualitario, y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para pocos”. Y agrega: en este marco hay que “impedir la proscripción de Cristina, cuyo liderazgo y potencia el electoral no nos puede ser arrebatado. No hay o no debería haber ningún poder económico, mediático o judicial capaz de decidir por encima de la voluntad popular”. Señala también la importancia de “reforzar la unidad en la diversidad” así como la de articular todas las miradas existentes en el Frente de Todos. Y cierra con una mención poco precisa sobre las PASO.

Puede decirse, en suma, que el documento presenta dos ejes centrales: a) construir unidad; y b) impedir la eventual proscripción de la Vicepresidenta. Lo primero es fundamental y claro. Lo segundo merece ser examinado con atención.

La Vicepresidenta se halla desde hace tiempo acosada por diversos procesos judiciales que, sumados, dan toda la impresión de que es víctima de una tosca y persistente persecución. O bien de esa palabreja tan de moda hoy en día: lawfare, que podría traducirse como guerra judicial, en español. Es decir, se trata de una decisión ex profeso de un segmento del Poder Judicial que actúa sistemática y hostilmente contra Cristina Fernández, con el propósito de sacarla del juego político a como dé lugar. Varios de los integrantes de ese segmento fueron los que llegaron, semanas atrás, a Lago Escondido, en la Provincia de Río Negro, donde tiene su feudo de más de 10.000 kilómetros cuadrados el magnate británico Joe Lewis.

Ahora bien: ¿qué sentido tiene colocar en este momento el concepto o título de proscripción, cuando es claro que se trata lisa y llanamente de una persecución judicial cuyo objetivo es sacar del juego político a la Vicepresidenta? Por otra parte, hay también un entuerto semántico con el uso de ese sustantivo. El diccionario de la Real Academia Española define proscribir de la siguiente manera: a) Echar a alguien del territorio de su patria, comúnmente por causas políticas; y b) Excluir o prohibir una costumbre o uso de algo. Es evidente que la situación de la Vicepresidenta no hace sentido con ninguno de los dos puntos antedichos. Merece recordarse, en cambio, que sí lo hizo la situación vivida por Juan Domingo Perón entre 1955 y 1973. Escapó como pudo tras el triunfo, en 1955, de la Revolución Libertadora; tuvo un corto y complicado regreso al país en 1972; y volvió definitivamente recién en 1973. Fueron nada menos que 18 años de proscripción. La Vicepresidenta está muy lejos de todo esto.

 

 

Final

En el caso de Cristina Fernández, el concepto de proscripción no es pertinente. No cuaja adecuadamente por definición con lo que está ocurriendo. En consecuencia rebaja o desdibuja la situación de persecución y lawfare a la que sí está siendo sometida de una manera infame. Complementa lo anterior el intento de asesinato que sufrió hace pocos meses, cuya investigación avanza justamente en sentido contrario al encomio con que se desarrolla el lawfare. La investigación del fallado magnicidio avanza pomposamente lenta y desaprensivamente adrede.

Sí, en cambio, es una bocanada de aire fresco que el oficialismo detenga sus rencillas internas y procure trabajar de conjunto de cara a los próximos comicios. Es lo mínimo que corresponde cuando faltan cinco meses y medio para las PASO y siete meses y medio para las elecciones generales.

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