No comprendo
Que un Presidente mande a matar arbitrariamente a una persona es delito de lesa humanidad
Hace ya algunos meses que recibimos de los EE.UU. la información acerca del intento de someter al Presidente de ese país, Donald Trump, a aquello que aquí se llama “juicio político” (juicio de destitución, en inglés, impeachment, el nuestro proviene de la Constitución de los EE.UU.[1]), debido a ciertas operaciones confusas que se vinculan a su elección como tal y al compromiso en ellas con Ucrania y Rusia. Se percibe que, de no influir factores extraños que provoquen la renuncia al cargo —según ya sucedió en otras oportunidades—, el “juicio” carecerá de éxito, pues, como sucede entre nosotros, la mayoría especial del Senado de los EE.UU. para condenar —como es necesaria también entre nosotros según la Constitución nacional— no será alcanzada. Se puede agregar a ello que la acusación, lograda en la Cámara de los diputados, ya “costó un Perú”, y que tanto el carácter personal del enjuiciado, como el resultado esperado, conspiran contra un resultado favorable.
El enjuiciado acaba de confesar públicamente que mandó a matar a un general árabe, labor que cumplieron a la perfección lacayos suyos sin siquiera hacerlo entrar en razones para abandonar su deseo. “Preguntado que fue” por la razón de ser de tal mandato, sólo dijo, en síntesis, que el general mandado a matar no compartía los ideales socio-económicos de los EE.UU. y su existencia significaba un peligro futuro para su país, pues, seguramente, planearía acciones contrarias a su posición en el mundo. Recurriré a un ejemplo cotidiano para conocer el significado del mandato y de su cumplimiento posterior; y desde ya pido perdón por el ejemplo. El presidente del club Boca Juniors mandaría a matar a uno o varios jugadores riverplatenses frente a la posibilidad de enfrentar a River Plate en la próxima Copa Libertadores de América, conforme a los últimos resultados disponibles (no existe la menor duda acerca de cuál club de fútbol eligiría yo). Sus lacayos ejecutan el mandato.
Francamente, que el Presidente de un país del llamado “primer mundo” mande a matar a una persona en miras a un peligro futuro incierto, pero sin fundar su orden en una agresión, al menos tentada, es algo que no cabe en mi cabeza, menos aún si se trata de la principal potencia bélica y económica del mundo. Esa acción es, cuando menos, una instigación al asesinato, que, por partir del Estado, conforma un delito de lesa humanidad. En verdad el Presidente es el autor, conforme incluso puede extraerse de la realidad de que alguien iba a cumplir su mandato, aunque el primer elegido se negara. Peor aún: es claro que el mandato supone “daños colaterales”, hermosas palabras para decir que, necesariamente, el resultado querido iba a multiplicarse en otras víctimas “inocentes” a la orden, que ni siquiera soportan el fundamento esgrimido por el Presidente (niños, ancianos, choferes, etc.), con lo cual la multiplicidad delictiva aparece clara y robusta.
Francamente, lo que no comprendo —ni han podido hacerme comprender— es el por qué de tanta alharaca con las operaciones contra su oponente en comicios, provocadoras de un juicio político casi seguro fracasado, si la orden confesa de ir a otro país a matar a alguien, incluso ya ejecutada y, al parecer, impune para él y sus ejecutores, sobra para fundar un juicio político por asesinato que les debería llenar, además, la cara de vergüenza a los ciudadanos que el Presidente representa y no representa. Trasladado el ejemplo al mundo cotidiano, habilitaría a cualquier cuerpo policial a matar sin juicio y sin delito alguno, por la sola impresión “inteligente” de un peligro de delincuencia futura –hurto, por ejemplo—. ¿De que se quejan los ciudadanos de nuestras ciudades sobre la existencia de "motochorros", si ellos mismos —los ciudadanos quejosos—, están dispuestos a proteger asesinatos, mencionándolos con otros nombres, cuando provienen del poder?
[1] Trump está acusado de abuso de poder por las presiones a Kiev para que investigase a su rival político Joe Biden y de obstrucción al Congreso por boicotear las pesquisas parlamentarias sobre este escándalo.
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