"NO COMMENT"

 

El jueves pasado el Director del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, tuvo que dedicarle los primeros quince minutos de la media hora que duró su conferencia de prensa semanal a responder las preguntas de los periodistas argentinos que ocupaban la mayoría de las sillas de la sala de prensa del organismo.

“¿El Fondo está considerando aumentar el tamaño de los préstamos del acuerdo original?” “¿Nos puede dar una idea de los tiempos de la negociación y de cuándo podría aprobar los cambios al programa el directorio del Fondo?” “¿El Fondo considera que en el nivel actual la deuda del gobierno argentino ya no es sustentable?” “¿Consideran que la Argentina necesitará financiación adicional del mercado para evitar tener que reestructurar su deuda?” “¿Les preocupan la viabilidad política del programa y la posibilidad de un conflicto social a causa de los recortes de gastos?”

La seguidilla ininterrumpida de preguntas transcriptas en el párrafo anterior es una representación auténtica de lo sucedido en la conferencia de prensa porque, “para ahorrar tiempo”, Rice le pidió a los periodistas acreditados que le formularan todas las preguntas sobre la Argentina juntas así las podía contestar en una sola respuesta, que es fácil de resumir: No comment.

Las palabras exactas que escogió el vocero del Fondo para expresar diplomáticamente la evasiva no disimulan la renuencia de sus superiores a celebrar retóricamente la necesidad de renegociar un acuerdo stand-by de magnitud récord, autorizado hace menos de tres meses, cuyos fundamentos, presunciones y vaticinios han dejado de ser válidos: “Como es norma cuando nos encontramos en el medio de estas discusiones, no tengo mucha información adicional sobre sus detalles más allá de lo que ya hemos dicho cuando comenzaron… Los detalles de las medidas financieras están siendo discutidos activamente ahora y no puedo anticiparme a esas discusiones, les daremos esa información tan pronto como podamos”. Ciertos duelos es mejor padecerlos en silencio.

Dado el fracaso en alcanzar los objetivos que justificaban el acuerdo original negociado por Christine Lagarde con el gobierno argentino –restaurar la confianza de los mercados, revertir la corrida cambiaria y la fuga de capitales y calmar la preocupación acerca de la capacidad del gobierno de pagar la deuda externa—, es probable que esta vez por lo menos algunos de los miembros del Directorio Ejecutivo del Fondo expresen dudas acerca de la conveniencia de conceder más ayuda financiera al gobierno argentino y escepticismo sobre su capacidad de lograr la meta de déficit cero que ofrece a cambio.

Mientras aguardamos el veredicto, se pueden aventurar algunas respuestas a los interrogantes de los periodistas que el vocero Rice prefirió eludir:

¿El Fondo está evaluando prestarnos más dinero?

Sí, porque seguramente el gobierno lo ha solicitado y si el Fondo se limita a autorizar que se desembolsen en 2019 los US$17.000 millones que el acuerdo original contemplaba prestarnos en 2020 y 2021, sólo conseguirá atenuar el nerviosismo del mercado sobre los vencimentos de deuda del año que viene a costa de incentivarlo respecto del ejercicio inmediatamente posterior a la elección presidencial. Por supuesto, que deba considerarlo no significa que finalmente lo conceda. El informe del staff del Fondo, que en junio le recomendó al Directorio Ejecutivo aprobar una línea de crédito de “acceso excepcional” por un total de U$S 50.000 millones, destacó la estimación del gobierno argentino de que no necesitaría pedir los desembolsos trimestrales de U$S 3.000 millones posteriores al préstamo inicial de U$S 15.000 millones. La modificación del programa que ahora procura el gobierno implicaría tres variantes significativas respecto de aquel esquema: el gobierno pediría prestados los U$S 50.000 millones en lugar de arreglárselas con los U$S 15.000 millones que ya recibió, también podría reclamar el desembolso de todos los fondos restantes en 2019 durante la presidencia de Macri en lugar de reservar U$S 17.000 millones para el siguiente turno presidencial, y, si se acordara preservar disponibilidad de recursos más allá de 2019, el monto total de la línea de crédito superaría los U$S 50.000 millones.

¿Cuándo aprobaría la ampliación del stand-by el Directorio Ejecutivo del Fondo?

Los temarios publicados en la página del Fondo de las próximas tres reuniones del Directorio Ejecutivo agendadas para los días 10, 12 y 17 de septiembre no incluyen el tratamiento del pedido argentino. Si bien Lagarde ha expresado su voluntad de “concluir rápidamente la negociación”, la complejidad técnica y la relevancia política del caso torna improbable que el informe del staff esté en condiciones de ser considerado por el Directorio antes de la última semana del mes. Mientras tanto, el gobierno sí puede esperar que el staff emita una conclusión favorable de la primera auditoría trimestral con cifras al 30 de junio, cuando todavía no se había disparado la última corrida, y apruebe la entrega de los U$S 3.000 millones correspondientes al desembolso de septiembre.

¿El Fondo considera que la deuda argentina ya no es sustentable?

La dificultad para afirmar lo contrario es uno de los obstáculos técnicos que deberá sortear el staff del Fondo para recomendar la ampliación del acuerdo que políticamente se desea conceder. El acuerdo original estimaba como escenario base que la deuda del gobierno nacional aumentaría este año hasta representar un 65% del producto bruto interno, en la medida que el país creciera por lo menos 0,4%, el peso se devaluara ordenadamente acompañando la inflación y el gobierno no solicitara más desembolsos que el préstamo inicial de U$S 15.000 millones. Aún en ese supuesto optimista, el informe del staff que respaldó el acuerdo advirtió que “la deuda del gobierno nacional es sustentable pero no con un alto grado de probabilidad”. Tras la nueva corrida cambiaria de mayo, la caída esperada de la economía de por lo menos 2% y la decisión del gobierno de pedir todos los desembolsos posibles, la deuda excederá fácilmente el límite del 70% del PBI que el manual del Fondo considera una situación “de riesgo”.

¿La Argentina debería reestructurar su deuda si no consigue financiamiento adicional del mercado?

Lo que parecía una posibilidad remota ya no puede descartarse del todo. El programa financiero para lo que resta de 2018 y 2019 que describió el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne antes de viajar a Washington para renegociar el acuerdo con el FMI muestra cuentas equilibradas, porque asume que el gobierno alcanzará el déficit fiscal primario cero en 2019, logrará refinanciar los vencimientos de capital de los bonos internacionales y domésticos, renovará el 60% de las Letes que vencen en 2018 y el 100% de las que vencen en 2019, negociará un nuevo repo con los bancos privados, aplicará préstamos del Banco Mundial y del BID al pago de servicios de la deuda, recibirá todos los desembolsos trimestrales contemplados como “precautorios” en el acuerdo original del FMI, y conseguirá emitir deuda nueva en el mercado doméstico por US$ 2.900 millones. Si esas presunciones no se cumplieran, el gobierno sólo podría pagar todos los servicios de su deuda si el Fondo aceptara adelantar a 2019 los desembolsos de 2020 y 2021. En tal caso, después de de 2019, y ya sin recursos disponibles del FMI, la reestructuración sólo podría evitarse obteniendo financiamiento del mercado. Dicho de otro modo, si el gobierno de Macri persuade al Fondo de que le  permita adelantar todos los desembolsos previstos en el stand-by, quien asuma la presidencia en diciembre de 2019 recibirá como herencia una deuda con el organismo sujeta a condicionalidades de U$S 50.000 millones y un riesgo de reestructuración peor al actual.

¿Le preocupa al Fondo el riesgo de conflicto social a causa del ajuste y los recortes de gastos?

Esta pregunta sí la contestó el vocero del Fondo: “Creo que las autoridades argentinas son quienes mejor pueden responder esa pregunta”. Sabias palabras, Mr. Rice.

 

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