“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene” (Quién mató a Rosendo, Rodolfo Walsh)
La peculiar declaración del juez de la Cámara Federal Eduardo Farah (a la derecha, junto a Martín Irurzun) a propósito del caso Cristóbal López condensa la mejor explicación sobre la desconfianza de casi el 80% de los argentinos en la Justicia.
Ya no lo dice el Consejo de la Magistratura o el periodismo: desde las entrañas del Poder Judicial un camarista admitió por televisión que en la Justicia circula dinero non sancto, porque la propia distinción que hizo el magistrado es fatal. Si uno no cobra es porque otros cobran.
Se termina el tiempo de los eufemismos y queda en el centro de la escena la necesidad de generar mecanismos de control y seguimiento sobre el patrimonio de los jueces. Hay una ola de reformas promovidas por la propia Corte Suprema y, sin embargo, nada se dijo de este punto.
Mientras el Consejo de la Magistratura avanza la investigación sobre el patrimonio del juez Ariel Lijo y se acerca la definición del caso del juez Jorge Ferro —denunciado por tolerar la trata de personas—, algunos consejeros piensan cómo encarar la denuncia de Elisa Carrió acerca del caso “Cristobal López”, que tiene dos aristas. Por un lado chequear si el cambio de carátula obedeció a un pago de dinero y, por el otro, a determinar si entre los colaboradores del juez Farah hay familiares de un directivo de Casinos de Puerto Madero.
Ambas aristas podrían provocar hendiduras en los cimientos de Comodoro Py.
El increíble algoritmo judicial
Los jueces que juzgarán a Cristina Kirchner y Lázaro Báez carecen de toda legitimidad. Los sorteos de Comodoro Py no son por azar.
Dicho sea de paso, un reciente informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó la sospecha de la jueza María Romilda Servini. Se trata de un algoritmo matemático vulnerable y fácil de manipular.
Las tres horas que demoró el expediente de apretar enter para definir el 20 de marzo que el TOF 8 finalmente iba a juzgar la ruta del dinero K y el TOF 4 el Pacto con Irán, son una gran explicación de lo difícil que es implementar una forma creíble de designar jueces.
Un abogado pidió que un perito controle en vivo el momento en que el empleado de la Cámara de Casación activaba el programa. Una imagen habitual en causas polémicas de Comodoro Py. Por ejemplo, cuando se sorteó la investigación de la muerte de Nisman el sistema automáticamente asignó la causa a Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado. Automáticamente el sorteo fue anulado.
El problema de la poca credibilidad de los sorteos que no son sorteos anticipa muchos planteos de procesados acerca de la legitimidad de los jueces que los investigan, lo cual podría dilatar aún más los tiempos de la Justicia.
- Publicado originalmente en el blog Dos Justicias
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