NO ACELERE EN EL CAMINO EQUIVOCADO

 

Luego de semanas de trascendidos, el Ministro de Energía Javier Iguacel confirmó que la intención del gobierno sigue siendo cumplir con el programa de su predecesor Juan José Aranguren y del Fondo Monetario Internacional. En política energética, luego de garantizar una elevada rentabilidad a las empresas, la prioridad del gobierno sigue enfocada en la reducción de subsidios, a pesar del fracaso estrepitoso de la planificación anunciada hace dos años.

Ls subsidios del Estado se encuentran focalizados fundamentalmente en el segmento de generación de energía eléctrica. En marzo de 2016, por cada Megavatio generado, el Estado nacional aportaba el 60% del costo, en tanto el 40% restante lo aportaban los usuarios finales. En ese entonces el programa anunciado por Aranguren incluyó la dolarización de los principales precios sectoriales y el aumento desproporcionado de la tarifa. Como resultado, el ex Ministro de Energía aseguraba que en 2018, los subsidios del Estado a la generación representarían el 37% del costo y el resto sería cubierto por los usuarios finales. Como un modelo matemático de laboratorio, el programa de Aranguren se diseñó totalmente escindido del rumbo de la política económica de su gobierno, y de sus efectos sobre la macroeconomía. Luego de la mega devaluación operada durante el segundo trimestre del año y con la corrida cambiaria todavía activa, los datos de junio de 2018 indican que el Estado nacional sigue subsidiando el 60% del costo de la generación eléctrica en la Argentina, y los usuarios el 40% restante. La extraordinaria rentabilidad obtenida por las empresas producto de las políticas impulsadas contrasta con el profundo daño social y económico que ocasionó el incremento exponencial de las tarifas.

Según el presupuesto 2018, la partida destinada a subsidiar la generación de energía eléctrica es de $ 64.100 millones. A junio de 2018, los fondos del Estado girados por este concepto alcanzan los $52.000 millones, en tanto una proyección conservadora indica que el total anual casi duplicaría la programación inicial alcanzando los 112.000 millones. En este marco, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde se compromete a reducir drásticamente los subsidios a la actividad como condición elemental para comprimir el déficit fiscal.

El aumento tarifario anunciado ahora por el ministro Iguacel encuentra plena sintonía con los objetivos delineados por el organismo internacional, y a pesar del tratamiento mediático que resalta sólo los incrementos en el caso de Edenor y Edesur, lo dispuesto por el gobierno implica un importante ajuste del precio de la energía para los usuarios de todo el país. En el caso de los usuarios residenciales, el aumento del Precio Estacional (precio mayorista) es del 36%, en tanto que para los grandes usuarios el incremento asciende al 64%. Durante la conferencia de prensa, el Ministro argumentó, entre otras cosas, que el sistemático aumento de las tarifas se debía a la necesidad de incentivar la inversión, dada la herencia de los gobiernos anteriores. Tal vez porque pertenece al mundo de los hidrocarburos, Iguacel ignora que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se concretó el ciclo de inversión en infraestructura eléctrica más importante de los últimos cincuenta años.

Las nuevas tarifas del segmento de generación, impactan de manera disímil en las  facturas finales de los usuarios de todo el país, dependiendo de cada localidad y provincia. En el caso de los usuarios de Edenor y Edesur, Iguacel además de trasladar el nuevo precio mayorista a la tarifa, anunció un aumento a aplicar en dos cuotas, del 15,8% como mecanismo de actualización tarifaria semestral para que las compañías no pierdan ingresos frente a la escalada inflacionaria. Contemplando sólo la primera cuota del ajuste semestral, los usuarios residenciales de estas dos empresas verán incrementada la factura desde el mes de agosto en un 26% promedio. Sin embargo, lo correcto sería contemplar en el cálculo el ajuste semestral completo, en este caso el incremento para los usuarios residenciales rozaría el 30%.

Los anuncios de ajuste del Ministro de Energía coincidieron con declaraciones del presidente Mauricio Macri confirmando el traspaso de las empresas Edenor y Edesur al ámbito regulatorio de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. A cargo de la distribución eléctrica de los más de 5,3 millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ambas compañías se encuentran en la actualidad bajo el control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La decisión del Presidente fue trasmitida desde la provincia de Córdoba, intentando darle un tono de justicia distributiva y federalismo, cuando ya ha sido descartada, por distintos funcionarios, la existencia de subsidios específicos a la distribución eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La definición de avanzar con el traspaso se habría terminado de delinear hace quince días en una reunión en la sede porteña del Banco Provincia entre la gobernadora María Eugenia Vidal, el ministro Iguacel, el presidente del ENRE Andrés Chambouleyron y el empresario Marcelo Mindlin. Durante el encuentro, la poca claridad y el limitado conocimiento regulatorio de la máxima autoridad del ENRE habrían sido balanceados por las definiciones precisas del empresario energético. En rigor, la explicación pragmática del traspaso de jurisdicción de las empresas, oculta el desguace del organismo nacional encargado de controlar a los agentes del mercado eléctrico de la Argentina.

Por mandato del marco regulatorio de la electricidad (ley 24.065), el ENRE tiene la misión de llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos establecidos por la ley en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, protegiendo adecuadamente los derechos de los usuarios, previniendo conductas anticompetitivas o monopólicas, como por ejemplo la integración vertical y/o horizontal de la industria en un solo grupo económico. Tanto en el articulado de la norma, como en un conjunto de resoluciones vigentes del Ente, el organismo regulador establece los mecanismos correspondientes para controlar la concentración económica entre los agentes del mercado eléctrico.  Por esto llama la atención la falta de intervención del organismo ante la evidente violación del marco regulatorio del Grupo Desarrolladora Energética S.A. (DESA), el cual adquirió, con la anuencia de la gobernadora Vidal, todas las empresas de distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires.

En un contexto de creciente concentración en la industria eléctrica, la eliminación del organismo nacional encargado de controlar a los agentes del mercado apunta a profundizar y acelerar esta tendencia sin control de ningún tipo. Por el grado de improvisación de la medida, habrá que esperar la presentación del proyecto de ley correspondiente para conocer los detalles de la voluntad del Poder Ejecutivo.

La decisión de avanzar con la equivocada e ineficiente política de ajuste de los subsidios a la generación eléctrica apunta a garantizar la rentabilidad de las empresas del sector a costa de profundizar el daño social y económico generado. En este sentido, la voluntad del Poder Ejecutivo no parece haber registrado el límite a esta política que representó la sanción de la ley (vetada) contra el tarifazo. De concretarse, el traspaso de jurisdicción de las empresas de distribución eléctrica del AMBA y la consecuente desarticulación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), representan un cambio cualitativo en las reglas de juego del sector de consecuencias muy difíciles de revertir.

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