NO ABORTAR LAS PROMESAS

 

“Entramos en tiempo de descuento”, asegura una fuente del consejo de asesores del Presidente. A veinte días del fin del año legislativo, los colectivos feministas empiezan a poner en duda que Alberto Fernández cumpla la promesa de presentar un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sin embargo quienes forman parte de su círculo chico aseguran que el compromiso y la decisión se mantienen firmes.

Hace algunas semanas, durante un almuerzo con asesores, el jefe de Estado ratificó su decisión de presentar un proyecto para legalizar el aborto este año. “Hay que trabajar mucho”, dijo en referencia a los votos para lograrlo. Contra las versiones mediáticas, el Presidente no le teme a la organización antiderechos y ya saldó la discusión con la Iglesia. No tiene motivos personales, ideológicos, ni religiosos para doblegar su convicción.

“Dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, afirmó el 1º de marzo en su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Fue entonces que en el runrún feminista empezaron las especulaciones: ¿sería el 8 de marzo, el día en que participaría de actividades en el CCK junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta? No fue. A los pocos días, cuando las noticias de cuarentenas en países europeos todavía parecían de ciencia ficción y el verano todavía estaba encendido, circuló otro rumor: habría novedades la semana del 15 de marzo. Los diez días habían pasado pero la euforia del anuncio –que AF advertía desde su campaña en 2019– dio otro changüí. Esa semana tampoco pasó.

Luego llegó lo que ya sabemos, el ASPO. El compromiso asumido quedó tapado por otras urgencias. La inverosimilitud de toda la situación llevó el foco a otros fuegos. Y desde el Ejecutivo se mantuvo una postura: el aborto es un problema de salud pública y como política tiene que estar enmarcada en ese campo. Y la salud pública estaba en una situación delicada, con la atención de Ginés González García concentrada en administrar inteligentemente una situación que a todas luces desbordaría al sistema con una fuerza sin precedentes. Sabiendo que una legalización del aborto descomprimiría el sistema sanitario en vez de cargarlo, el movimiento feminista sin embargo esperó un poco más. Una espera que se suma a la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito hace décadas, y que desde hace ya quince años se organiza a nivel nacional bajo la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Ahora, pasado el shock inicial de la pandemia, la discusión vuelve a estar en el centro de la mesa. El Presidente considera importante enviar el proyecto en simultáneo con lo que se llamará “el plan de los mil días”, un proyecto de ley que buscará apoyar a las mujeres embarazadas que elijan continuar sus embarazos y estén en situación de vulnerabilidad. Un gesto que apunta a reforzar la idea de que el aborto tiene que ampliar el abanico de libertades y elecciones pero que el Estado acompañará también a quienes elijan continuar con un embarazo.

Pero los tiempos legislativos se están terminando y la presión crece: muchos analistas políticos y parlamentarios consideran que el proyecto no se podría tratar en 2021 por ser un año electoral y queda apenas un mes del año legislativo. Entonces vuelve el runrún: hasta hace unos días la certeza era que se presentaba antes de noviembre. Hoy es 1º de noviembre. Sobre el final del mes que pasó hubo dos advertencias desalentadoras: Fernández diciendo en la radio que mantenía su convicción pero no tenía aún definida la fecha, evadiendo las preguntas sobre si se presentaría este año; y la postergación de una reunión de Sergio Massa con integrantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Fue entonces cuando ellas emitieron un comunicado tajante: “No podemos esperar más”.

“Este miércoles 28 de octubre esperábamos tener una reunión formal con el presidente de la Cámara de Diputados para conocer los pasos que la misma iba a tomar para dictaminar”, dice el comunicado. “Estos meses de pandemia pusieron al descubierto que el sistema de salud se sintió presionado por una situación extraordinaria en todo el mundo, y sumado a esto las internaciones por abortos inseguros en Argentina se cuentan en 50.000 anuales”. Desde la Campaña advierten que es la segunda vez que se suspende la reunión y que en principio fue postergada para el 5 de noviembre, apenas quince días antes de que venza el plazo para que las comisiones deban sacar los dictámenes para el tratamiento de la ley en sesiones ordinarias.

Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña, afirma que ellxs esperaban explicaciones sobre cómo sería el cronograma de tratamiento en Cámara, ya que el proyecto que presentaron en 2019 aún tiene estado parlamentario y se trataría junto al del Presidente. “Esperamos que el tratamiento no sea símil a 2018. Todo lo que es instancias de audiencias informativas ya se dio, entonces queríamos plantear que el tratamiento sea en plenario de comisiones para que los tiempos legislativos den. Porque se terminan. Y nosotras lo sabemos”, dice Mac Dougall. Durante 2018 hubo 738 exposiciones. Sin embargo en el caso de este año hay una diferencia: las comisiones a las que se giraría el proyecto tienen un posicionamiento a favor, como explica Florencia Alcaraz en esta entrevista.

 

 

Los escenarios posibles

La llave y el gesto político están en manos de Alberto Fernández, que asumió ese compromiso desde su campaña presidencial. Muchas y muchos de los candidatos de su frente también lo hicieron y manifestaron en todas las instancias posibles su compromiso con una sanción de la ley y la garantía del derecho al aborto. Funcionarias como Elizabeth Gómez Alcorta, Dora Barrancos, Vilma Ibarra, Mónica Macha y Victoria Donda, entre muchas otras, sostuvieron su apoyo político a esta acción del Presidente. Si bien las especulaciones en el círculo del mandatario pueden variar en forma y fecha, hay dos consensos: no “se sabrá” antes de que lo haga y no se difundirán detalles de su proyecto previo a la presentación. Y el famoso poroteo todavía no está claro. Si bien las organizaciones y los activismos aseguran que los votos están, dentro del Congreso las tensiones crecen: luego de una aparente calma los primeros meses de la cuarentena, la oposición a Fernández está dispuesta a profundizar nuevamente las confrontaciones.

“Acá la única responsabilidad de que no se esté debatiendo es del Ejecutivo y el Legislativo”, dice Mac Dougall. “Nosotras durante la pandemia estuvimos organizando campañas, cursos virtuales, un sinfín de acciones para amplificar nuestro reclamo y avanzar sobre la despenalización social del aborto. Ya mostramos nuestra fuerza en la calle en 2018: no necesitamos demostrarla de vuelta”, responde cuando se le consulta sobre la posibilidad de un tratamiento sin el movimiento feminista en las calles. “Nosotras ya logramos el apoyo a nivel mundial. La responsabilidad de que sea ley es ahora de quienes están en el poder”.

En el caso de presentarse en los próximos días, las comisiones de la Cámara tendrían hasta el 20 de noviembre para emitir sus dictámenes. Las sesiones ordinarias se extienden diez días después de ese plazo, hasta el 30 de noviembre. Luego se debería girar al Senado, que debería tratarlo en ordinarias en caso de restar días y si no el Presidente debería decretar su tratamiento en extraordinarias. Otra opción sería que se trate todo en el plazo de las sesiones extraordinarias. Bajo esos dos escenarios, de tener los votos necesarios en ambas cámaras, la ley se aprobaría en 2020. Otra alternativa podría ser que se aprobara en la cámara baja durante ordinarias o extraordinarias en 2020 y se retomara en marzo 2021 en la Cámara de Senadores, pisando los talones de unas elecciones parlamentarias que auguran ser turbulentas.

“El aborto sucede. Es un hecho. Y es sólo esa hipocresía que a veces nos atrapa la que nos hace caer en un debate como éste”, dijo Alberto Fernández aquella mañana del 1º de marzo en la que ratificó su compromiso. En medio de un momento convulsionado, en un año convulsionado, en un mandato que promete mantenerse convulsionado, el movimiento feminista y a favor de los derechos humanos espera que cumpla con su promesa. Una demanda postergada que defenderán con paciencia hasta que sea ley. Y él lo sabe.

 

 

 

 

 

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