No a la mina, ni a la tortura

 

En Chubut empieza un juicio oral y público que muestra la participación activa de parte del Ministerio Público Fiscal local en la protección del aparato represivo a los intereses de los capitales de la megaminería y de la administración del gobernador Mariano Arcioni. A partir de este martes, 4 de julio, cuatro policías provinciales serán juzgados por los vejámenes perpetrados contra cuatro manifestantes detenidos en diciembre de 2019 durante una protesta en Rawson ante la Legislatura. La Fiscalía de la capital provincial nunca investigó los hechos y no presentó cargos contra los policías, que continúan en actividad, ya que el Poder Ejecutivo respeta a rajatabla la presunción de inocencia de su personal.

La realización de este juicio corrió peligro hasta la tarde del viernes pasado, ya que la defensa particular de dos de los imputados intentó una maniobra dilatoria que fue superada. Aunque la fecha del juicio estaba fijada desde diciembre del año pasado, la defensora Gladys Olavarría pidió recién el viernes 30 de junio la suspensión, argumentado problemas de agenda. La oficina judicial aceptó su excusa y suspendió el inicio de las audiencias de debate. La querella reclamó y la jueza Carina Breckle, del Tribunal unipersonal en lo penal de Rawson, ratificó la realización del juicio.

Juan Benigno García, Matías Basualdo, Cynthia Rodríguez y Verónica Larsen serán juzgados por los golpes, torturas y lesiones a los que sometieron a cuatro manifestantes durante la detención realizada la madrugada del 6 de diciembre de 2019 en Rawson. Desde el primer momento, todo el recorrido de este caso mostró la participación activa de parte del Ministerio Público Fiscal en la protección del aparato represivo, que actúa en defensa de los intereses de los capitales de la megaminería y de la administración del gobernador Arcioni.

En la última sesión antes de la renovación total de sus integrantes, el 5 de diciembre de 2019, la Legislatura trató una reforma a la ley de ministerios que creó y jerarquizó el área de minería dentro del Ministerio de Hidrocarburos, gesto institucional hacia los capitales concentrados de la megaminería. El movimiento “No a la mina” y la coordinación de asambleas de base protestaron frente a la Legislatura. Pasada la medianoche, una patrulla detuvo a seis asambleístas, operativo bajo la responsabilidad del comisario García, uno de los imputados. El grupo fue golpeado durante la detención, su traslado y unas horas en comisaría; las tres mujeres fueron liberadas alrededor de las cuatro de la madrugada y los tres varones trasladados a Trelew, de acuerdo al pormenorizado relato hecho por Noelia Silva, querellante en la causa contra estos policías. La querella sólo pudo probar hechos por cuatro de lxs seis asambleístas y por sólo cuatro del grupo de (más) policías que actuaron bajo las órdenes del comisario García.

El conflicto y la resistencia de base a la megaminería y en defensa del agua reconoce varios momentos en esta provincia, cuya persecución penal se instrumenta en un sinnúmero de legajos provinciales y federales. En general, lxs vecinxs movilizados sólo tratan de desincriminarse por luchar. En pocas oportunidades pueden avanzar contra las ilegalidades cometidas por el propio Estado, de allí la importancia del juicio a cargo de la jueza Breckle.

 

Todos los fueros en la criminalización

Noelia Silva tiene 40 años y trabaja en forma independiente como peluquera en Rawson. Es asambleísta del movimiento “No a la mina”, participó de la formación de la Comisión contra la Impunidad y es unx de lxs cuatro querellantes contra los efectivos policiales. A la vez, esta vecina es unx de lxs 16 imputadxs en una causa federal por un corte de ruta realizado en mayo de 2021, caso que se discute en Comodoro Rivadavia. En ese momento, exigían que la Legislatura tratara el proyecto de iniciativa popular para prohibir la megaminería en Chubut, antesala de la movilización masiva de diciembre de ese mismo año conocido como “Chubutazo”, que hizo caer la ley de zonificación minera.

En la historia reciente de Chubut, 2019 fue un año crítico, otro año crítico. Federico Massoni era el ministro de Seguridad en ese momento. Durante meses hubo un importante reclamo de los trabajadores de la educación por retraso en el pago de salarios y deterioro de las condiciones laborales, conflicto que se profundizó en setiembre de ese año cuando dos maestras de Comodoro fallecieron en un accidente vial cuando regresaban de una movilización. Esas muertes aumentaron la protesta con un acampe y movilización del 18 y 19 de setiembre, que la policía reprimió y culminó con el incendio de la Legislatura. Esos hechos terminaron con la condena contra Santiago Goodman, en ese momento secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH). La fiscal de Rawson Florencia Gómez estuvo al frente de esa investigación contra el dirigente gremial. La misma fiscal actuó después en la protección a la policía y en la criminalización de los manifestantes por el “No a la mina”.

 

 

Además de los salarios de los estatales, otro de los ejes centrales de la protesta social en esta provincia se articula en la defensa del territorio tradicional mapuche-tehuelche, el agua dulce y los proyectos económicos extractivistas. Durante la protesta de rechazo a una ley pro-minera, una patrulla detuvo a seis asambleístas en las primeras horas del 6 de diciembre de 2019. Al día siguiente se formularon dos denuncias cruzadas: el Estado contra lxs manifestantes por daños, desobediencia a la autoridad y otros cargos; a su vez, los manifestantes contra la policía por innumerables actos de violencia. La defensa pública a cargo de Damián D’Antonio logró revertir la acción criminalizadora de la fiscal Gómez, denunciada por la Comisión contra la Impunidad por su inacción y mal desempeño en la causa que tiene por víctimas de violencia institucional a integrantes de la Unión de Asambleas Comunitarias de Chubut (UACCH), ya que usó información proporcionada por las víctimas para acusarlas.

La jueza en lo Penal María Tolomei los sobreseyó de los cargos de resistencia a la autoridad, daños y lesiones agravadas. Gómez ascendió a fiscal jefa de la circunscripción. Recién entonces empezó a avanzar la causa contra la policía, que en diciembre del año pasado fue elevada a juicio oral y público, que acaba de recibir otro golpe. Gladys Olavarría representa a García y a Larsen; Miguel Moyano, defensor oficial, representa a Basualdo y a Rodríguez.

El tiempo de la morosidad judicial jugó en favor la policía. Autos de la Brigada de Investigaciones siguieron, vigilaron y fotografiaron a Noelia en su rutina diaria, persecución que denunció en un acto público por un aniversario del 24 de marzo.

 

 

 

La sombra de Santiago Maldonado

Noelia revivió todo el dolor nuevamente en la preparación de este juicio. Policías varones la detuvieron en la calle y la golpearon. Ya en la única comisaría de Rawson, los golpes y patadas vinieron de las mujeres policías en el patio, mientras a los varones los golpeaban y amenazaban de a uno en el calabozo. “Vos vas a ser el próximo Maldonado”, amenazó uno de los imputados, refiriéndose al crimen de Santiago en 2017 cuando la Gendarmería Nacional desalojó el Lof Resistencia Cushamen. En algún momento encapucharon a Noelia. A las tres mujeres las liberaron a las cuatro de la madrugada aproximadamente. A los varones los trasladaron encapuchados en una camioneta, dos de ellos muy golpeados. En el trayecto, los policías cambiaron de vehículo, tomando un camino de tierra, lo que provocó terror por la incertidumbre del destino que después supieron era una comisaría de Trelew. Los encerraron en una habitación con un colchón de una plaza y una botella para orinar.

La fiscal Gómez no investigó esos hechos, no promovió ninguna acción contra la policía. Demoró cuanto pudo la rueda de reconocimiento. La morosidad es el aliado de la prescripción de los plazos de la acción penal y, en consecuencia, de la impunidad. En setiembre del año pasado, esa misma fiscal fue separada de la investigación de la represión masiva durante el “Chubutazo”, las jornadas del 15 al 19 de diciembre de 2021 que incluyeron numerosas detenciones y heridos. Esa investigación está demorada, sin fiscal, ya que el foco del poder se posó sobre el incendio de la Legislatura y de la Casa de Gobierno.

El otro fiscal de Rawson es Fernando Rivarola, de trayectoria activa en la criminalización de la protesta social, al igual que Gómez. Por ahora los fiscales no son investigados por sus pares, pero sí por la sociedad.

 

 

 

 

 

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