Ningún suelo más querido

El ejercicio de la soberanía

 

 

“Marchamos para que la soberanía territorial vuelva a ser una causa común”, invoca el sitio web de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA), promotores de la VII Marcha por la Soberanía y quienes, junto a más de 60 organizaciones, entre el 28 de enero y el 4 de febrero emprendieron una travesía a Lago Escondido que tuvo al menos tres objetivos. En principio, se propuso visibilizar un “enclave británico” en el medio de la Patagonia: las 12.000 hectáreas que rodean el reservorio de agua dulce fueron cercadas por Joe Lewis, integrante de ese 1 % de multimillonarios que acumula casi el doble de riqueza que el 99 % de la población restante y que acapara las dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 [1]. Para muestra, un botón: el latifundio inglés es expresión de la situación de la extranjerización de tierras en la Argentina, que supera los 12 millones de hectáreas, más de un 5 % del total nacional según el Registro Nacional de Tierras Rurales. La proporción asciende a un décimo de la superficie en provincias de recursos mineros e hídricos, como Salta, Misiones, San Juan y Corrientes. En 2016, un decreto del ex Presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Tierras (n° 26.737) y flexibilizó el tope de apropiación del recurso estratégico en manos foráneas. Tal como ocurre en otros ámbitos, la reglamentación macrista —que vulneró una norma de mayor jerarquía, aprobada por el Congreso Nacional— aún no fue derogada.

En segundo lugar, la Marcha por la Soberanía aspiró a denunciar la existencia de una “cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia”. El ingreso al Lago Escondido tiene dos caminos públicos: el de montaña, que insume tres días de caminata de alta dificultad, y el de Tacuifí, bloqueado por Lewis y por su administrador local, Nicolás Van Ditmar, con el respaldo de 18 años de tramiterío judicial. Entre los parsimoniosos movimientos de las causas involucradas se cuentan:

  • En lo civil: en septiembre pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche ordenó a la provincia de Río Negro realizar los trabajos necesarios para garantizar el tránsito por el camino de Tacuifí y le dio un plazo de tres meses. La medida ratificó una sentencia del juez civil Marcelo Cuellar del año 2013, basada en el cumplimiento del artículo 73 de la Constitución de la provincia de Río Negro, según el cual se asegura el libre acceso con fines recreativos a los espejos de agua de dominio público y se indica que el “Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas”. Con inusitada agilidad, llegó la apelación por parte del gobierno de Río Negro y la empresa de Lewis, Hidden Lake, y la causa volvió a dormitar en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde ya se había petrificado por más de una década. Sí, leyeron bien, la gobernadora Arabela Carreras recurrió el fallo que corroboraba la potestad de la provincia de hacer usufructo de sus propios recursos y obró en favor de su apropiador.
  • En lo penal: en septiembre de 2021, la Cámara de Casación Penal resolvió la prescripción de la causa que investigaba la compra fraudulenta de tierras en zona de frontera —que no pueden ser adquiridas por extranjeros para proteger la soberanía e integridad de la Nación argentina— y sobreseyó a todos sus imputados, entre ellos, Charles Barrington Lewis, hijo del magnate británico, además de ex funcionarios nacionales y de la provincia de Río Negro. En tiempos de Estado paralelo, no resulta difícil adivinar quién era uno de los integrantes del tribunal que dictó la medida. Una pista: fue invitado de honor en octubre del año pasado en la mansión escondida, junto a su hijo, el fiscal general porteño, otros amigos jueces, un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y representantes del Grupo Clarín. Fue Carlos Mahiques, uno los firmantes de la medida que cerró la causa que denunciaba la venta indebida de las tierras que rodean al Lago Escondido.

La imbricación de ese poder real quedó al descubierto, asimismo, por la cacería protagonizada por un grupo de choque conformado por 25 trabajadores de la estancia y comerciantes rurales, que impidieron el ingreso por la ruta de Tacuifí a los manifestantes a fuerza de piedrazos y gas pimienta. Ocho participantes de la marcha –entre los que se encontraba la fotoperiodista Alejandra Bartoliche, corresponsal de Télam en Bariloche– fueron agredidos con rebencazos arteros propinados por peones montados a caballo. La presencia pasiva y cómplice de la Policía rionegrina fue una constante a lo largo de los 8 días que duró la movilización.

 

 

La patria en la extensión

El tercer objetivo de la VII Marcha por la Soberanía fue desocultar un lago negado para el usufructo popular que, sin embargo, es “patrimonio de todos los argentinos”. FIPCA agradeció a quienes apoyaron la gesta por “recuperar el sentimiento patriótico”. La columna de montaña Juana Azurduy logró llegar a orillas del Lago Escondido y plantó la bandera argentina. Un canto de resistencia acompañó su camino, al ritmo de Para no olvidar de Los Rodríguez:

“En el Lago Escondido se junta una banda de bandidos, que cierran el camino para que no entren los argentinos. Van haciendo negocios periodistas, fiscales y jueces; una junta mafiosa que defiende intereses ingleses. Va llegando la columna de la Juana a decirles que se vayan de Argentina. Luchando por una patria liberada. El lago es nuestro, como Malvinas. Jamás mascotas, ¡soberanía!”.

 

 

 

“En el sur de nuestro país hay un pirata”, dicen los protagonistas del video realizado por Diego Belaunzaran Colombo del colectivo Les jóvenes

 

 

 

“¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión”, profiere la Marcha de Malvinas Argentinas que todo ciudadano argentino ha recitado alguna vez. Pero, ¿cómo se libera la patria? ¿Se trata de querer más a nuestro suelo? En su libro Jóvenes de escarapelas tomar [2], Miriam Kriger advierte que los discursos escolares construyen un imaginario sobre la argentinidad que asume que el territorio es una base material incuestionable: “La frase ‘Las Malvinas son argentinas’ no es una mera expresión de patriotismo, sino el punto de partida objetivado de la enseñanza de la Geografía y de la Historia, donde la derrota aparece, en todo caso, como un incidente coyuntural” (2010: 79). El dilema es que esta concepción naturalizada del territorio “se resiste notablemente a la visión histórica y también a la mirada crítica del presente”, lo que obstaculiza la interpretación política de las problemáticas nacionales. La apropiación extranjera del suelo se representa como una falacia o un estado transitorio de un recurso que es sustancialmente argentino. En consecuencia, se tiende a creer que la resolución del conflicto subyacería en reforzar la actitud individual de cuidado y valoración de “lo propio” y en aumentar el sentimiento de pertenencia e identidad nacional. En este marco interpretativo, la necesidad de realizar una acción política colectiva se difumina tras un manto de neblina.

Idéntica falsificación ocurre cuando se alude a la Argentina como un país lleno de “riquezas”, que nos imposta como herederos de una inagotable fortuna geográfica, lo que se contrasta con la concentración de los recursos naturales y de la energía bajo explotación extranjera. Dice Ignacio Lewkowicz: "El mito del país rico se monta sobre el equívoco de la definición territorial del país. El mito del país rico se cuestiona con la evidencia de un país literalmente desfondado" (2002: 198) [3]. La ola de privatizaciones de empresas estatales de mediados de los ‘90 incrementó de manera abrupta la participación del capital extranjero en las ventas de las firmas de mayor facturación, superando las de los grupos económicos locales y reestructurando el bloque social dominante. “Esta nueva fase de extranjerización de la economía local presentó características inéditas en términos históricos, porque no se trataba de la venta de empresas que registraban una situación económica-financiera comprometida, sino de las que eran líderes en sus respectivas actividades o, incluso, las de mayor rentabilidad en la economía real como era el caso de las empresas de servicios públicos” (2006: 145) [4], declara Eduardo Basualdo y lo exhibe en el siguiente gráfico:

 

 

 

Mientras la visión folklórica –“son argentinas– de las Islas Malvinas como parte orgánica de la Nación corre el riesgo de crear un presente eternizado, la enunciación del Escondido como Lago secuestrado repone el conflicto y, con él, da apertura a otras posibilidades de futuro. Hoy nos enfrentamos a una nación sin realidad, como alertaba hace 80 años Raúl Scalabrini Ortiz: “El alma de los pueblos brota entre sus materialidades [y no] hay posibilidad de un espíritu nacional en una colectividad de hombres cuyos lazos económicos no están trenzados en un destino común” (1973 [1940]: 5) [5]. La patria también es el agua. La patria también es la tierra.

 

 

 

Por ausente, por vencido

En 1949, Juan Domingo Perón detectó que la inspiración liberal de nuestra Constitución Nacional estaba diseñada para entregar el país a empresas foráneas y convocó un Congreso General Constituyente “con la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. La Carta fundamental sancionada ese año nacionalizó los servicios públicos, el sistema financiero y el de intercambio con los demás países, contemplando que “la organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social”, como expresaba en su artículo 40, aquel que Scalabrini Ortiz denominaría el bastión de nuestra soberanía. En el orden sociopolítico que funda el peronismo, la soberanía ya no se reduce a la autonomía territorial respecto a otros países (como reza la visión clásica de soberanía nacional) ni al mero ejercicio de la gobernabilidad basada en la voluntad general (soberanía popular), sino que eleva la influencia de la categoría a un modelo económico, político y social, dentro de una concepción de ciudadanía integral. En la construcción de esta Nación con realidad, hay un actor con un rol nodal, puesto que “el pueblo no podía tener acceso a las riquezas sino mediante su gran empresa: el Estado” (González Arzac, 1971: 174) [6]. Desde ese entonces, la exhortación a la soberanía política es en el ideario nacional una demanda anti-imperialista.

En ¿Quién le canta al Estado-nación? Judith Butler y Gayatri Spivak evalúan que el poder de la soberanía subyace en los actos discursivos; es decir, esta emerge en las formas en que es invocada. El Estado, como estructura institucional que provee un marco de derechos y obligaciones al ciudadano, es quien determina las formas de pertenencia/no-pertenencia y de inclusión/exclusión en un territorio. Es quien vincula y, simultáneamente, quien puede desvincular. De lo que se trata, entonces, es de observar las formas en que la soberanía es “extendida, desterritorializada, incorporada o revocada, tanto a su favor como en su contra” (2009:117) [7].

Una excursión por las redes sociales del Presidente de la Nación nos muestra que, en el último año, invocó a la soberanía unas 30 veces con diversos alcances, entre los que se cuentan: la alusión a la construcción de una soberanía energética a partir de las obras del Gasoducto Néstor Kirchner y Vaca Muerta, que garantizarían el autoabastecimiento nacional y la exportación de gas; la referencia al valor de una ciencia soberana para el desarrollo nacional y para sumar valor agregado a las exportaciones; la caracterización del lanzamiento del Plan Federal de Conectividad Satelital en centros de atención primaria de la salud como un acto de soberanía satelital, sanitaria y científica; la encomienda a las fuerzas armadas y áreas a custodiar la soberanía territorial y aeroespacial y proteger nuestros recursos naturales; y, claro está, la denuncia de la usurpación del Reino Unido en Malvinas como “uno de los últimos resabios del colonialismo” y la ratificación de la defensa de la soberanía plena en las islas como una “política de Estado”.

Entre las equivalencias para la palabra “soberanía” esgrimidas por el jefe de Estado, hay otra que resulta reveladora. Hace exactamente un año se refirió a la relación de dependencia que tiene la Argentina con el FMI al celebrar el acuerdo firmado: “Dimos un paso muy significativo y cada día debemos ratificar nuestra apuesta para que la globalización transcurra en un mundo que respete la soberanía de los Estados Nacionales y que favorezca las relaciones multilaterales”. Es, quizá, una de las apelaciones más contradictorias, cuando el mismo Alberto Fernández definió a la soberanía de este modo:

 

Alberto Fernández define “soberanía” como la capacidad de accionar “sin depender de nadie” y como el poder que da la autonomía.

 

 

Desde que el derecho romano (509 a.C.) instauró la forma de representación institucional y la división de poderes, la soberanía es el poder de decisión. En aquella época, los magistrados o cónsules que conformaban el poder ejecutivo tenían el imperium domi: el poder de dar órdenes y de castigar sobre el propio territorio. En la teoría política moderna, soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción, esto es, sobre aquello no amparado en el ordenamiento jurídico [8]. Lo tenían bien en claro quienes se movilizaron a Lago Escondido. En efecto, una de las consignas que los embanderó fue: “La soberanía se ejerce”. Quizá el hecho no sea tan evidente para el Gobierno, que hoy se columpia entre la impotencia y la indecisión.

 

 

 

 

 

 

[1] Datos del informe “La ley del más rico” de OXFAM, publicado el 16 de enero de 2023. Disponible en: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-acumula-casi-el-doble-de-riqueza-que-el-resto-de-la-poblacion-mundial-en
[2] KRIGER, Miriam (2010). Jóvenes de escarapelas tomar: Escolaridad, enseñanza de la historia y formación política en la Argentina post-2001. La Plata: EDULP, Observatorio de Medios y Jóvenes de la FPyCS-UNLP y CAICYT-CONICET.
[3] LEWKOWICZ, Ignacio (2002). Sucesos argentinos. Cacerolazo y subjetividad postestatal. Buenos Aires: Paidós.
[4] BASUALDO, Eduardo (2006). “La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas. De la sustitución de importaciones a la valorización financiera”. En: BASUALDO, Eduardo y ARCEO, Enrique (comps.) Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Buenos Aires: CLACSO.
[5] SCALABRINI ORTIZ, Raúl (1973 [1940]). Política Británica en el Río de La Plata. Buenos Aires: Reconquista.
[6] GONZÁLEZ ARZAC, Alberto (1971). La Constitución del 49. Buenos Aires: Revista La Polémica.
[7] BUTLER, Judith y SPIVAK, Gayatri (2009). ¿Quién le canta al Estado-nación? Lenguaje, política, pertenencia. Buenos Aires: Paidós.
[8] SCHMITT, Carl (2005). Teología-política: Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires: Struhart.
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