Ni una bala más

 

En puntos tan distantes como Tucumán o Bariloche, el 26 de agosto, la mitad de las provincias del país marcharon contra el gatillo fácil, es decir, contra la violencia institucional.

Sus convocantes señalan la lentitud –si no, complicidad– del Poder Judicial (lo llaman “Justicia” sólo por inercia); portan carteles caseros, pancartas manuscritas o banderas con nombres y rostros dibujados por artistas solidarios.

Les cuesta organizarse, carecen de recursos, viven lejos, no se conocen. Sin embargo, coinciden con la memoria de quienes les precedieron: “Nuestra lucha es con los ejemplos de otras luchadoras, con la bandera de sus hijos que nos mostraron las Madres. Queremos abrazarlas y recordar que un 27 de agosto de 1976, milicos asesinos secuestraron con un embarazo de cinco meses a Ana María Baravalle, hija de nuestra Madre Mirta Baravalle, y a su marido Julio Cesar Galizzi”.

Aquellas que en el siglo pasado identificaron sus cabezas con un pañal, y que hoy persisten con una marcha anual de la Resistencia, dan su ejemplo. En este decenio, otros familiares sortean obstáculos para coordinar marchas desde cada gran ciudad en pos de hacerse escuchar: “¿Qué pasa que no nos ven, que no nos oyen?”, gritan.

Nadie se siente obligado a responder porque el destinatario del clamor es el Estado, como máximo responsable. Y como el Estado somos todos… nadie lo es.

 

 

 

 

Por eso, quienes se manifiestan tienden a no concentrarse en un sitio, sino a marchar. A veces, para ir desde las sedes de un poder a otro: las gobernaciones, los tribunales, las municipalidades, las legislaturas. Su sola enunciación parece una ratificación de la esperanza en la democracia, que no sólo debía servir para comer, curar y educar, sino también para equiparar, o algún otro verbo que se aplique a hacer justicia.

Resulta una cruenta paradoja que los enemigos de la vida llamen a sus reacciones “ajusticiar”.

Los casos son tantos que el espacio de una nota queda chico para siquiera mencionarlos. El Cohete se comunicó con cuatro participantes, entre las personas más activas, para obtener algunas referencias. Sus relatos no difieren mucho de los que ya publicara este medio durante sus años de existencia, ya en 2021 (“Basta de gatillo fácil”), 2020 (“Qué fácil es gatillar”), 2019 (“Un disparo en la nuca”) o 2018 (“Gatillo fácil tiene la sociedad”).

 

 

 

Los deudos se sobreponen a sus dificultades y logran acuerdos discursivos. Se imponen a las garrafales discusiones bien conocidas por cualquiera que haya participado de la confección de algún documento conjunto. Esto lograron:

“Tomamos las calles llevando adelante esta gran jornada de lucha nacional que visibiliza y repudia la represión histórica que ejerce el Estado contra nuestros familiares; nos encontramos para unificar el grito de bronca, dolor, amor y resistencia. Queremos que el poder nos vea, queremos que deje de ser sordo y ciego”.

 

 

 

 

En esta octava marcha optaron por las fotos de los asesinos, victimarios o responsables políticos, en la inteligencia de que deben hacerlos conocidos. Conscientes de que “pueden parecer repetitivos”, insisten, aunque sea para ser oídos por los “progresistas” que no dan cuenta de su condición.

Otras crónicas dieron cuenta de cierta indiferencia por parte de los ciudadanos en las grandes urbes, los cuales no se sienten identificados por lo que padecen los jovencitos morochos de barrios pobres que, en algunos casos, “andaban robando”.

No podrían ni imaginar lo que le pasó a Juan Carlos Chávez, de 73 años, quien discutió con un policía porteño, de 29, que lo mató a golpes, este 23 de agosto en Lanús. Cuando el policía iba a ser detenido en su casa, también debió ser arrestado el padre, de 64 años, que a golpes intentó impedir el procedimiento, según publicó el sitio de noticias policiales La Bonaerense.

Situaciones muy diferentes son mencionadas en el documento leído en estas marchas. Como el disparo del 14 de agosto, en el hospital Borda, por parte de un policía de la Ciudad que alegó que el paciente asesinado tenía un cuchillo. “¿Qué hacía un policía en un hospital de salud mental?”, se preguntan.

Otra forma de toparse con esas balas es la que le relató a El Cohete Oscar Adalberto Escobar: su hijo fue a comprar marihuana justo cuando otro aparente comprador se identificó como policía y lo baleó al pecho, cosa que podría pasarle a cualquier ciudadano de clase media consumidor de sustancias más pesadas, de los que creen que “a mí no me va a pasar”.

El relato de Escobar:

 

 

 

 

 

A veces los deudos destacan el logro de alguna condena, pero saben que corresponden a un porcentaje mínimo. Persiste por parte del Poder Judicial una tendencia a no malquistarse con sus “auxiliares de justicia”, los policías, quienes argumentan que sus acciones fueron contra “delincuentes”. Algo equivalente a lo que argüían los militares respectos de “la subversión”, como si el aprendizaje que hizo gran parte de la sociedad no hubiese permeado hacia los uniformados de hoy.

Estas personas que horas antes de sus tragedias eran amas de casa u hombres abocados a sus empleos abrevaron de aquel conocimiento que, como un silencioso río subterráneo, llegó para humectarlos de una moderada sabiduría: “Peleamos por las sentencias, sí, pero sobre todo por la conciencia, para que exista de verdad un Nunca Más”.

No es la única herencia de los '70, cuando –a su vez– se aprendió de la resistencia anti-fascista durante la Segunda Guerra Mundial: “La acción colectiva es lo único que potencia nuestra lucha, sin distinguir entre víctimas de primera o de segunda. Aunque el dolor nos atraviese, tenemos que seguir”.

 

 

 

 

Quienes organizaron la marcha destacan que “el 60% de las personas privadas de su libertad son jóvenes de 18 a 30 años. Más de la mitad no tiene condena, cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% lo están por delitos contra la propiedad, narcomenudeo u otros delitos menores. Casi ninguna persona presa es funcionaria estatal o policial”.

En el otro extremo, esos funcionarios forman parte de un Estado “que mata de muchas formas. Con una bala, pero también con desprotección, desidia y corrupción. El Estado es responsable por las muertes en contextos de encierro. El sistema penitenciario refleja un escenario de desigualdad social, discriminación, racismo y selectividad del sistema de justicia penal, que castiga a los grupos más vulnerados. Estos grupos no tienen celdas VIP ni gozan de beneficios”.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura indicó que, el año pasado, 83 detenidos murieron en seccionales policiales. Aunque las víctimas no son sólo los pibes sospechosos de robos.

Desde enero hasta julio, se produjeron 171 femicidios, 3 trans/travesticidios y 10 femicidios vinculados: 191 criaturas quedaron sin madres.

 

 

 

 

 

Palos aquí y allá

Ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias es inmaculada, según se desprende del documento nacional: “Es común que se nos ningunee y amenace. Los familiares de Facundo Ferreira, de 12 años (baleado en la cabeza en Tucumán, en 2018), fueron hostigados con disparos a su casa, y en la lectura de la sentencia fue atacada una periodista. Por ese asesinato se logró condenar a perpetua a los policías (Mario Díaz) Cáceres y (Nicolás) González Montes de Oca, que alteraron la escena mientras el nene agonizaba, intentando crear la teoría de un enfrentamiento, difundida por las fuerzas de seguridad de Tucumán y por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich”.

Los organizadores de las marchas comparan: “Bullrich es la ex ministra que justificó al asesino (Luis) Chocobar, la que propuso que se armase quien quisiera; su discurso e intención no están lejanos a Sergio Berni, ministro de la provincia de Buenos Aires, quien volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad”.

En Mar del Plata, la ciudad que gobierna otro ex ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, muchos “no se animaron a ir”, según relató Romina, mamá de Brandon Romero. Junto a la familia de Daniel Ponce de León, fueron las únicas que se movilizaron, según le contaron al medio local El Retrato de Hoy: “No quieren denunciar por miedo o no tienen fuerza para movilizarse. Yo no voy a dejar de estar en la calle para pedir justicia. En el país, cada 17 horas, asesinan a un pibe; es necesario que exijamos que no maten a nuestros hijos”.

La cifra de un asesinato cada 17 horas se repitió en otras fuentes, aunque sin un correlato que permita el método de verificación estadística.

 

 

 

 

También el gobierno de la ciudad más rica del país fue señalado: el policía Diego Tolaba, acusado de fusilar a Pablo ‘Paly’ Alcorta en 2013 en un caso de gatillo fácil, cuando integraba la Bonaerense, pasó a ser contratado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A menos de una década, “está en libertad porque la Fiscalía solicitó la absolución”. Dieron nombres de uniformados, incluso de algunos políticos, pero no de funcionarios judiciales.

De paso, recordaron la reciente muerte por desnutrición de una niña de 11 años, a pesar de las denuncias de docentes sobre las condiciones alimentarias y edilicias en CABA. “La muerte de esta niña es un crimen de Estado”, subrayan, luego de aclarar que “el problema no es la gente más castigada que recibe subsidios”, a contramano de estos tiempos en que crecen los discursos que pretenden recortar planes entre los más pobres en lugar de controlar la evasión de los más ricos.

La preocupación por las infancias trasciende las fronteras. En la marcha se repudió el infanticidio en Paraguay tras la violación y torturas a dos niñitas argentinas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, ocurridas el 2 de septiembre del 2020, y la desaparición forzada de Elizabeth Oviedo Villalba, "Lichita”, por lo que se exigió “aparición con vida y libertad de Laura Villalba, víctima de una causa armada, en un contexto de persecución a la familia”.

 

 

 

 

 

Aunque algunas parezcan muertes sin relación con la consigna, las autoras del documento destacan el componente clasista en común: “El asesinato de pibes y pibas no es producto del mal funcionamiento de las instituciones, sino de la represión estatal necesaria en una sociedad con un sistema injusto. El peor crimen es la desigualdad social, que se profundiza. Cuanto más hambre y pobreza, cuanto más ajuste, habrá mayores estallidos, mayor indignación y, por lo tanto, mayor represión; mayores permisos para accionar con impunidad por parte de las fuerzas represivas”.

En contraposición, plantean que “la verdadera seguridad no se asienta en el aparato represivo, sino en el cuidado y bienestar del pueblo” y llaman a “no permitir que los discursos de odio se instalen, (ya que) el problema de la violencia lo crean los poderosos”.

Nada más acorde con las reflexiones de la hora que se vive este fin de semana, cuando otro gatillo pudo haber cambiado la historia de, al menos, una generación.

 

 

 

 

 

 

 

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