Ni las moscas

 

Las economías regionales se ven perjudicadas por la decisión del gobierno de Milei de recortarlo todo. Como ocurre en la Patagonia, donde el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM) ya no contará con aporte del Estado nacional. “Al informarnos de  que no va a seguir financiando, nos deja en una situación que no es fácil de resolver”, refiere el gerente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (CAPSI), Aníbal Caminiti, en diálogo con El Cohete a la Luna.

Sobre el PROCEM, Aníbal Caminiti dice que “es un instrumento sumamente importante a nivel nacional. No solamente para la Patagonia, a la que, en particular, le permitió la apertura de mercados con un reconocimiento de un alto status sanitario a nivel internacional para las frutas”.  Con respecto a la cereza —explica el ingeniero agrónomo—, su importancia está en que el 70% de lo que exporta la Argentina va a mercados que reconocen el área libre de plaga. Y el 90% de lo que exporta el país en cerezas proviene de la Patagonia. 

La decisión del desfinanciamiento del gobierno de Milei fue en el transcurso de este año. La dificultad radica no solamente por el dinero que deberán conseguir, sino porque la temporada del control de moscas comenzó el 17 de octubre, cuando comenzó la distribución de mosca estéril. Aunque Caminiti señala que consiguieron, “después de muchas gestiones y reuniones, que el Estado nacional pudiera financiar al menos una parte”.

Pudieron de esa manera asegurarse algunos recursos. “Un aporte que está en el orden del 50%, pero no alcanza para poder considerarlo de acá a fin de año”, precisa el ingeniero. Ante esa situación, los gobiernos provinciales y las entidades frutícolas de la región están abocados al trabajo de solucionar el déficit financiero producto de la retirada del Estado nacional. 

Tarea nada sencilla, cuando los gobiernos provinciales son víctimas de las podas de partidas que la pareja de hermanos gobernantes realiza. Al gobierno de Milei poco le importa que “la actividad frutícola en general sea muy demandante de mano de obra. Moviliza las economías regionales”. Caminiti explica que, por ejemplo, para el sector de la cereza hay diez empleos por hectárea al año. Para unas 2.200 hectáreas que tiene el sector hoy en producción.

El aporte que tenía comprometido la Nación en el presupuesto 2023 representaba casi el 40% del valor del funcionamiento del programa y consistía en la compra de la mosca estéril y su distribución. El 60% restante del financiamiento lo cubre el sector privado, con aportes de productores frutícolas a las provincias que, al mover frutas, tienen que pagar un arancel en la Patagonia.

 

 

El negocio de la cereza

“Para la cereza, no tener reconocida el área libre de moscas deja de ser negocio. Porque una posibilidad que nos da tener el reconocimiento de área libre, por ejemplo, es exportar a Estados Unidos y China, nuestros principales mercados. Es la posibilidad de exportar por avión”, dice Aníbal Caminiti. La Argentina exporta el 77% de lo que produce en cerezas por vía aérea.

La exportación por transporte marítimo es menor. “No hay una influencia directa en el beneficio del área libre, porque se puede hacer tratamiento cuarentenario de la plaga en tránsito o en origen, se pueden hacer en contenedores marítimos mientras está viajando o se pueden hacer en cámaras fijas en el lugar de origen”. La razón por lo que deja de ser negocio es “porque es un fruto sumamente perecedero. El negocio está en su contra-estacionalidad con el hemisferio norte, el negocio es poder llegar lo antes posible en avión”, respondió Caminiti.

Además, sostiene el gerente de CAPSI, la escala de nuestra producción no da para que todos los productores, todas las empresas, puedan consolidar contenedores marítimos. Pueden consolidar contendores aéreos, ese es el negocio de la Argentina.

 

 

 

El retiro

El Cohete quiso saber si hubo una comunicación formal del gobierno de Milei informándoles que retirarían su aporte al programa. El gerente de CAPSI expresó: “Tuvimos una reunión con el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en abril de este año, donde se nos insinuó que muy probablemente el Estado nacional no iba a seguir haciendo aportes”. Pero también refiere que “el año pasado solamente se recibió el 50% de la gestión anterior”. 

Con esos aportes recibidos del gobierno de Alberto Fernández, pudieron “solamente financiar una parte de la campaña que correspondió al año 2023-2024. “Con la nueva gestión del gobierno nacional y la política de déficit cero, no solo hubo recortes en el programa PROCEM a nivel nacional, sino también en otros programas sanitarios y en otras áreas que incumben al SENASA, en programas de este tipo”, especifica Caminiti.

En esa reunión —que el gerente de CAPSI mantuvo con el presidente de SENASA, Pablo Cortese— el planteo fue “que el Estado nacional tiene todo el derecho de retirarse del financiamiento, no es obligación. Este es un programa que va a cumplir 30 años. Que comenzó siendo financiado por el sector privado. Recién en los últimos siete años empezó a haber un aporte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales”, dice Caminiti. 

No se molesta con el gobierno de Milei, más allá de que desfinancie un programa fundamental para la actividad. Caminiti dice que “podría ser un programa que se financia desde el sector privado como lo fue anteriormente”, pero que “el problema se genera cuando el retiro es de un día para otro”. Ellos planteaban que se retiraran de manera gradual, dándoles la posibilidad de armar una nueva ingeniería financiera para afrontar este costo.

Señala Aníbal Caminiti que el problema también está en que los gobiernos provinciales “no son ajenos a la política de déficit cero. Las transferencias a las provincias han decrecido y se han frenado un montón de obras. Tampoco tienen los recursos económicos para poder hacerse cargo de la ausencia del Estado nacional”. Así y todo, cree que “hay que analizar esto de manera tranquila. Hay posibilidades de que vuelva a ser financiado 100% por el sector privado, pero no de un día para otro”.

El gerente de CAPSI comenta que “en todos los países donde hay un programa similar de mosca del Mediterráneo, es financiado 100% por el Estado nacional o provincial. En la Argentina este mismo programa es financiado 100% por el gobierno de la provincia de Mendoza”, remarca. “Con esto no quiero decir que el Estado nacional nos financie el 100% el programa en Patagonia, pero que nos brinde las posibilidades de buscarle la forma de un financiamiento sostenible en el tiempo y de que su retiro no sea abrupto”, explica. 

Sobre si hay expectativas de que se pueda dar una solución por parte de las provincias para buscar un auxilio que permita no ver afectada la economía regional, Aníbal Caminiti expresa: “Hasta este momento no hubo un aporte extraordinario por parte de los gobiernos provinciales —no sólo de Río Negro— para poder suplir el desfinanciamiento del 50% que nos resta para llegar a fin de año, que no aportó el gobierno nacional”.

 

 

La importancia del programa

La plaga a controlar es la mosca del Mediterráneo. Su nombre científico es Ceratitis capitata, conocida como “moscas de los frutos”. Su control es la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en la cría masiva, esterilización y posterior liberación al medioambiente de ejemplares machos esterilizados, que al cruzarse con hembras fértiles no dejan descendencia. Ese control biológico —más efectivo y menos perjudicial que la utilización de agroquímicos—, que es la esterilización, la realiza el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (ISCAMEN). 

El PROCEM, del Estado nacional, en el ámbito del SENASA, operativamente se ejecuta en Patagonia a través de la fundación Barrera Patagónica (FUNBAPA), que está integrada por un directorio público- privado, del que participan representantes de cada provincia patagónica y representantes de las entidades privadas del sector agropecuario, ya sea frutícola o ganadero. En la Patagonia, el Estado nacional no participaba de su operación ejecutiva, solamente lo supervisaba y auditaba técnicamente. 

La distribución de mosca estéril, tiene que ver con que el PROCEM, al ser preventivo, tiene varias instancias de organización. Al declararse el área libre de plaga para la Patagonia, hay una barrera fitosanitaria. Se ejerce un control en el ingreso de productos que pueden ser hospederos de la mosca. La mosca no puede cumplir su ciclo en la Patagonia por una cuestión climática, pero puede ingresar en la temporada de otoño con productos que vengan contaminados.

Para que un cítrico ingrese a la Patagonia —por lo que indica el programa PROCEM— tiene que pasar por un procedimiento de desinfección en origen. Esa fruta tiene que ser tratada anteriormente para ingresar con la documentación pertinente. Si esa fruta entra sin tratamiento, por canales ilegales —hay posibilidad de que ingrese la mosca en períodos donde el clima le es favorable—, es ahí cuando se encienden las alertas. Hay un sistema de monitoreo con trampas. 

La mosca estéril se distingue de la mosca no estéril y permite que se reconozca cuándo ingresó o se instaló alguna incubación de mosca del norte. “Se genera todo un protocolo y procedimiento. No se puede exportar de esa zona y hay que realizar un tratamiento específico para recuperar el área contaminada”, refiere Caminiti. La provincia de Río Negro realiza el mayor aporte al PROCEM, porque tiene la mayor superficie y mayor producción frutícola de toda la Patagonia. Le sigue la provincia de Neuquén y de Chubut y la provincia de Santa Cruz.

El gerente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas expresa que, como entidad gremial empresarial, más allá de la orientación política de los gobiernos de turno, tienen una actividad que se desarrolla en las cinco provincias patagónicas, “todas de distinto color político, pero cuando hay cuestiones que afectan a la operatividad, como sucede con el programa PROCEM, el reclamo a Nación es tanto del sector público como privado”. 

Que el gobierno de Milei ya no haga su aporte al PROCEM significa que “para el presupuesto 2025 se estaría hablando de 3.000 millones de pesos”, dice Caminiti. Remarca que gracias “a las intervenciones, tanto del sector público como del sector privado y las últimas negociaciones del gobierno de Río Negro, el gobierno nacional hizo un aporte. Se habían comprometido con un monto hasta fin de año. Después resultó que el desembolso fue por el 50% de eso”.

 

 

 

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