Ni las migajas

 

El 14 de febrero murió quien llevó adelante las privatizaciones más ruinosas para el país, haciendo añicos el gran potencial de país industrial que teníamos con la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), ubicada en el partido de Ramallo, convertida en SIDERAR tras ser entregada a precio vil a los Rocca. Esa privatización generó un fuerte impacto social por el desempleo que afectó no sólo a Ramallo sino a las demás ciudades de la zona. El llamado cordón industrial fue herido de muerte por las políticas neoliberales de Carlos Menem y su desguace del Estado, continuidad del plan económico de la dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial de 1976. Si la decisión de los países desarrollados es que nuestro fin como Nación sea producir materias prima, había que desmantelar entonces el sistema productivo industrial, y fue Menem quien llevó adelante ese mandato entregando toda soberanía económica productiva de desarrollo. SOMISA supo tener 12.000 empleados. La actual Siderar, denominada Ternium, tiene en la actualidad 3.500 empleados fijos.

Pero ese impacto, como también el ambiental que toda empresa genera, parece no ser considerado por Paolo Rocca, que objetó la ordenanza fiscal impositiva de la Municipalidad de Ramallo para el cobro de la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene (TISH). La empresa presentó una medida cautelar ante la justicia para que se suspendan los efectos de esa ordenanza porque alegan que los montos son desproporcionados. Apuntaron al costo de la TISH y presentaron:

• Un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) que señala que el costo no podría ser superior a 1,2 millones de pesos anuales y otro de una consultora que admite hasta 2,1 millones, cuando el municipio estaría cobrando 110 veces más;
• Una comparación con lo que paga Ternium en provincia de Buenos Aires con respecto al certificado de actitud ambiental, la tasa por inspección de control de efluentes y la disposición final de residuos especiales, donde estipulan que el Municipio cobra 210 veces más que la provincia; y
• Un cálculo del presupuesto de toda la Secretaría de Gobierno municipal, donde señalan que es mucho menor y no guarda relación con la tributación por la TISH. Concluyen que el costo no debería superar los 25 millones de pesos.

Su pretensión podría interpretarse como una forma de desfinanciar las arcas municipales y prueba de ello es lo que tributaron en 2017, cuando pagaron en concepto de TISH 121,9 millones de pesos, suma inmensamente superior a las chauchas y palitos que pretenden pagar ahora. Como contamos en El Cohete, la jueza María Isabel Fulgheri, del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo 1 de San Nicolás, solicitó en línea con el pedido de Rocca un peritaje sobre el procedimiento por el que se determina la TISH en la empresa. Esa medida ya se concretó y el abogado de Siderar, Juan Carlos Marchetti, solicitó a fines de noviembre que se resuelva el pedido cautelar porque entiende que el dictamen del perito Carlos Luciano Bianchi “ratifica en un todo el dictamen del Instituto Tecnológico de Buenos Aires”. Si Fulghieri decidiera fallar estableciendo que el costo del servicio debe guardar una correlación única con el valor de la tasa, sin evaluar otros aspectos, el municipio sería inviable y hasta Marchetti reconoció ante quien escribe (que no se entere Paolo) lo que significa para Ramallo el cobro de la TISH.

 

 

En el caso de Siderar, lo que le cobra la Municipalidad no llega al 1% de su ganancia dentro de Ramallo, mientras para el municipio equivale a un 25% de su presupuesto. Pero se sabe que Rocca sufre por la presión tributaria, como le lloró al ministro de Economía Martín Guzmán en diciembre pasado en el cierre del evento anual ProPyme de Techint. Ahí pidió lo de siempre: equilibrio en las cuentas públicas por medio de una reducción del gasto público y de las cargas impositivas que afectan los activos productivos.

 

 

El discurso sobre la carga impositiva como obstáculo para las inversiones no es nuevo. En 2017, en otra edición de ProPyme, su director ejecutivo Martín Berardi expresó lo mismo. La amplificación de sus palabras por los medios comerciales de la zona donde las loas a Rocca son permanentes hicieron que el arco político completo de Ramallo en forma unánime realice todo un gesto ante lo que pedían. Berardi formuló declaraciones al diario El Norte de San Nicolás, que otros medios reprodujeron en Ramallo fieles a la pauta empresarial que los alimenta. “La reforma impositiva permitirá reactivar muchos proyectos de inversión”, dijo. “Las reformas que está encarando el gobierno son importantísimas. En la Argentina se aplican una serie de impuestos que son regresivos y que tienen que ser cambiados gradualmente”, añadió en referencia al gobierno de Mauricio Macri. “Hoy nosotros pagamos el doble de impuestos que lo que paga una empresa similar en Brasil. Esto lleva a la pérdida de competitividad y entonces los proyectos de inversión y la generación de puestos de trabajo se concretan en otros países”.

 

El director ejecutivo de Ternium-Siderar también se refirió entonces a la planta General Savio: “Tenemos en nuestros cajones algunos estudios para ampliar el laminador en caliente, para hacer una nueva línea de galvanizado, y otra de pintado, para expandir la capacidad de la línea de corte, de flejado, de producción de tubos y de perfiles, y algunos estudios para mejorar la gama de productos. Es decir: tenemos proyectos a montones. Con una carga impositiva aliviada que fomente los proyectos de inversión vamos a volver a invertir fuertemente”.

Sus declaraciones llevaron al entonces intendente Mauro Poletti a emitir en 2018 un decreto que le otorgaba el 100% de exención de la Tasa de Seguridad e Higiene en beneficio de Ternium- Siderar en caso de que desarrollara una planta de galvanizado y de pintado. El Concejo Deliberante ratificó el decreto por unanimidad pero la supuesta planta nunca se realizó. Siderar estuvo ocupada en esos años en la fuga de capitales, como reveló Horacio Verbitsky en Los 100 de Macrì, e integró el puesto 36 en ese rubro en el período 2015-2019 con 22,9 millones de dólares. Lo fugado son las inversiones que nunca hicieron, pero siguen llorando con que es la presión tributaria la que no les permite invertir.

La ordenanza por la que se calcula la TISH para contribuyentes con más de 1.101 empleados, como Siderar-Ternium, se encuadra en la categoría V, donde se le asigna a cada empleado 1/6 del salario del funcionario municipal, categoría profesional clase I. Eso permite que se ajuste y actualice de acuerdo a los aumentos que los trabajadores municipales consiguen en paritarias. Desde la asunción del intendente cambiemita Gustavo Perie, recién a fines de septiembre pasado lograron un aumento, lo que le permitió a Rocca tener la tasa prácticamente congelada.

Con respecto a la causa, el actual asesor letrado del Municipio la califica de compleja. “Lo que se propuso ante esta situación como primer medida es retomar el diálogo”, expresa y cree conveniente no ampliar sus declaraciones. El abogado de la empresa, Juan Carlos Marchetti, aclara que no hay nada político, en referencia a que la demanda no estuvo planteada porque había entonces un gobierno local peronista, y agrega que siempre abiertos a la posibilidad de un arreglo. Consultado sobre si desde el gobierno cambiemita local lo habían buscado, lamentó que no. Es que ningún intendente que pretenda gobernar Ramallo y prestar servicios mínimos a su comunidad podría aceptar una reducción de la TISH como la que Rocca pretende.

 

 

Para profundizar sobre el tema y permitirle tener el expediente en mano acordé con Marchetti hablar tras el feriado largo de carnaval. Cuando intenté confirmar la cita me respondió que “no he recibido autorización de la empresa para efectuar manifestaciones sobre la causa”. Es que Ternium-Siderar se encuentra más cómoda promocionando sus donaciones que hablando de la causa que de prosperar desfinanciaría al hospital de Ramallo, al que fortalece con sus donaciones en la pandemia. Esas donaciones le permiten hacer deducciones en la declaración jurada de ganancias y al mismo tiempo lucirse y mejorar la imagen empresarial. De la causa no debe hablarse para que no se conozca su voracidad.

 

 

El pasado del abogado

Juan Carlos Marchetti, que hoy representa a varias empresas, fue juez de menores de San Nicolás durante la dictadura. También fue juez penal de San Nicolás e intervino y dispuso la prisión preventiva de Luis Abelardo Patti y los policías que asesinaron a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi en 1983, para sobreseerlos dos meses después. Su accionar como juez de menores le impidió durante años a Manuel Gonçalves Granada conocer su verdadera identidad. Manuel es hijo de Gastón Roberto Gonçalves, detenido y desaparecido en Zárate en marzo de 1976 (causa por la que fue condenado Patti) y Ana María del Carmen Granada, que tras el secuestro de su compañero huyó a San Nicolás, donde fue alojada en la vivienda de la familia Amestoy. María del Carmen cambió su identidad y el apellido de Manuel, de seis meses, para resguardo de ambos.

El 19 de noviembre de 1976 se produjo en San Nicolás la llamada Masacre de la calle Juan B. Justo. Un operativo del Ejército, la policía bonaerense y la Federal en aquella vivienda culminaron con el asesinato de María del Carmen, del matrimonio Amestoy y sus hijos de cinco y tres años. Manuel fue hallado con vida dentro de un ropero y trasladado a un hospital Se requirió entonces la intervención del juez Marchetti, que en febrero de 1977 concedió la guarda provisoria del niño a la pareja conformada por Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, prima hermana de un primo suyo, Eduardo Ernesto Larrañaga, que oficio de padrino de bautismo de Manuel.

Las actuaciones para investigar la responsabilidad de Marchetti comenzaron con la fiscalía federal de San Nicolás, por entonces a cargo de Juan Patricio Murray, quien requirió al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que lo citara a indagatoria junto a los asesores de menores que tramitaron la guarda y la adopción. Villafuerte Ruzo denegó el pedido y lo sobreseyó. Por eso no sorprende que Marchetti, al explayarse sobre la necesaria defensa de la República y la independencia de poderes, ponga como ejemplo a su gran salvador, que lo sobreseyó en dos oportunidades. Villafuerte Ruzo tuvo a su cuñado Enrique Benjamín Bonifacino con toda una trayectoria al servicio del terror.

 

 

Tanto fiscalía como querellantes apelaron su sobreseimiento ante la Cámara Federal de Rosario, que lo revocó en 2011 y dispuso una serie de medidas. La defensa de Marchetti interpuso recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), que lo declaró inadmisible, pero pese a las directivas y los nuevos elementos Villafuerte Ruzo rechazó el pedido de indagatoria de los imputados y los sobreseyó. Esa nueva negativa fue revocada por la Cámara de Rosario, convalidad por Casación y, ante el recurso de queja del fiscal general Javier de Luca duerme en la Corte Suprema de Justicia desde septiembre de 2017.

“Es un tema ya terminado”, responde Marchetti ante la consulta. “El recurso extraordinario fue desestimado por la Cámara Federal de Casación Penal, no lo concedieron, lo único que hay es un recurso de queja”, le quita importancia.

 

 

Abuelas de Plaza de Mayo incorporó a la causa documentación que prueba sus gestiones ante el juzgado de menores en junio de 1978 y un contacto posterior. Ante la consulta, Marchetti dice primero que sí y luego que no, y se disculpa para retomar una reunión virtual.

 

 

Si no tenía conocimiento tampoco se encargó de tenerlo luego. Como juez tampoco hizo todo lo que debía para buscar a la familia biológica de ese niño. No publicó edictos o una foto para dar con familiares. La Corte lleva casi tres años y medio sin resolver el recurso de queja. Mientras tanto el abogado tiene trabajo: cuidar el bolsillo de varias empresas.

 

 

 

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