Ni la pesca ni la caña

 

El gobernador bonaerense Axel Kicillof junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, recibieron el miércoles a representantes de sindicatos y cámaras del sector pesquero en el Hotel Provincial de Mar del Plata. En la reunión se evaluaron los puntos del proyecto de ley ómnibus con los que el Presidente Javier Milei pretende modificar sustancialmente el régimen de pesca. “Estamos ante un proyecto que tiene una mirada extractivista del recurso pesquero”, expresa en diálogo con El Cohete a la Luna el ministro Javier Rodríguez. Tras el amplio rechazo de gobernadores patagónicos, cámaras y sindicatos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirió que el proyecto no dice lo que dice, prometió que se realizarán “clarificaciones” y que el gobierno dialogará con los distintos actores a los que antes había ignorado.

La diferencia entre el gobierno bonaerense y el nacional nunca estuvo tan acentuada como en estos pocos días en los que las políticas que impulsa Javier Milei son pura destrucción. “Nosotros estamos planteando que a partir de ese recurso tienen que generarse más puestos de trabajo, más industrialización. Y el mecanismo de la ley de pesca tiene en cuenta estas consideraciones para generar, a partir del recurso primario, más desarrollo local, más desarrollo bonaerense, más desarrollo nacional”, dice Rodríguez, dejando en claro su rechazo ante una medida que afectaría gravemente el empleo y la producción pesquera marplatense.

Estuvieron presentes “todos los actores de la cadena de la pesca: el sector empresario, los trabajadores, los astilleros”, enumera, y agrega: “Hubo un acuerdo muy claro, junto a lo planteado por el gobernador y por quien te habla como ministro, en cuanto a que el proyecto de ley ómnibus de Milei, en todo lo referido al tema pesca, es desastroso y fatal”.

Rodríguez explica que “el proyecto —como se sabe— plantea una idea de licitar el recurso pesquero al mejor postor, sin ninguna de las condiciones importantes para el desarrollo de la pesca, sin tener en cuenta si las embarcaciones son de bandera argentina, si las tripulaciones están compuestas por tripulantes mayoritariamente argentinos. Tampoco si el desembarco de ese producto se va a hacer en puertos nacionales, ni si se va a industrializar en esos puertos de la Argentina”.

Para el ministro de Desarrollo Agrario, “esto afecta a la provincia de Buenos Aires, pero también queda claro que es una afectación al conjunto del trabajo bonaerense y nacional. En ese sentido es que se ha expresado el conjunto de la cadena marplatense”. Sostiene que "está en disputa cómo se utilizan los recursos pesqueros, pero en definitiva los recursos naturales, que guardan  semejanza con todo lo que está planteando (Milei) con respecto al litio y al petróleo”. Y agrega, marcando la diferencia: “Por supuesto que para nosotros los recursos naturales tienen que ser una palanca para el desarrollo nacional y eso es lo que está planteado desde nuestra fuerza política como idea clave”.

“Lo que estamos viendo en esta ley ómnibus es sencillamente un esquema extractivista de recursos naturales en manos de potencias extranjeras (...) Como consecuencia de todo esto, de que no habría requisitos en cuanto a embarcaciones de bandera, a tripulación, a que el recurso pesquero que se capture en el mar argentino sea desembarcado en un puerto argentino —es decir, que podría llevarse directamente al puerto de Montevideo o cualquier otro—, queda claro que en los hechos se elimina la ventaja de exclusividad económica que tiene la Argentina”.

En ese sentido, señala que "muchas veces se habla de lo que se pesca por fuera de esa zona, en la llamada milla 201. Lo que se estaría haciendo es entregando directamente toda la zona económicamente exclusiva para este tipo de pesca extractivista sin que genere desarrollo local y trabajo local”.

 

 

Luego de la reunión con todos los representantes del sector pesquero en Mar del Plata, Kicillof manifestó que “el gobierno de la provincia rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo el trabajo local, la producción y las inversiones”. A su vez, el gobernador explicó que analizaron cómo afectaría la norma a cada uno de los actores y constataron que ninguno había sido consultado.

 

 

Políticas de desarrollo para el sector

El ministro Javier Rodríguez refiere que en la reunión también se conversó “de las políticas que se vienen desarrollando desde la provincia”. Desde su cartera subrayó “que en los últimos años, en materia de la pesca, se han logrado resultados interesantes. En particular con respecto a la pesquería del langostino. Se ha logrado el by catch (por captura) del 20 % (pasó del 10 al 20 %). Eso permite aprovechar mejor el recurso y que haya mayor cantidad de captura y desembarques en los puertos bonaerenses”.

A través del Consejo Federal Pesquero (CFP), el trabajo realizado por el ministro de Desarrollo Agrario concretó que los barcos fresqueros marplatenses y de Bahía Blanca puedan realizar un mayor volumen en la pesca al norte del paralelo 41º sur y capturar un 20 % de langostinos con esa suba lograda. La provincia de Buenos Aires es un actor importante en cuanto a la pesca de langostino. En números generales, la pesca ronda las 200 mil toneladas anuales.

El CFP es el organismo estatal e interjurisdiccional encargado de definir la política pesquera del país y el principal regulador de la actividad pesquera marítima a nivel nacional. Está integrado por cinco representantes provinciales, uno por cada provincia con litoral marítimo, y cinco representantes del Estado nacional. Este organismo es el encargado de aprobar los permisos de pesca comercial y experimental, fijar las pautas de coparticipación en el Fondo Nacional Pesquero, establecer los derechos de extracción y fijar los cánones por el ejercicio de la pesca. Con el proyecto de Milei, todo quedaría librado al saqueo foráneo y sería una herida de muerte laboral para el sector.

También, Rodríguez destacó la aprobación de una nueva normativa de manejo de langostinos: “Hemos generado que la provincia de Buenos Aires no estuviera particularmente discriminada en el manejo de esta pesquería. Se logró, en el último tiempo, una cuota social en la captura del langostino. Que la provincia de Buenos Aires disponga de esta cuota que permite un procesamiento en tierra de este recurso sumamente importante era algo que la provincia de Buenos Aires nunca había tenido, que es un reclamo histórico y que a partir del 2023 se pudo ejecutar después de lograr ese acuerdo en el Consejo Federal Pesquero”.

También se trabajó sobre la reserva social de merluza y se hicieron estudios con otras pesquerías. “No nos hemos quedado en aquella pesquería como el langostino que hoy tiene mayor rentabilidad, sino que se buscó potenciar al conjunto de las pesquerías”, señala Javier Rodríguez. “El fortalecimiento del control” es otro de los aspectos de la gestión realizada por el ministro de Desarrollo Agrario. “Cuando nosotros ingresamos en la gestión en 2019, las guías de pesca se hacían de manera física en papel y eso dificultaba el control de los camiones en ruta. Hoy hay un sistema digital implementado por nosotros que son las GUEPES (guías pesqueras) que permite, en definitiva, tener un dato en tiempo real y que cuando se hacen las fiscalizaciones en ruta eso pueda corroborarse de manera directa”, indicó.

 

 

A la pesca

En ese encuentro con todos los representantes de la pesca, “se dijo que el sector va a salir a buscar los votos de todos los diputados de Buenos Aires, de cualquier bloque. El gobernador Kicillof comprometió el voto negativo a la propuesta de Milei por parte del bloque de Unión por la Patria”, destaca Rodríguez, en la decisión del sector “de contar con más votos contra el proyecto de ley ómnibus, teniendo en cuenta que son 70 los diputados nacionales que tiene la provincia de Buenos Aires”.

El impacto negativo de su aplicación en toda la cadena pesquera, que afectaría los puestos de empleo y generaría mayor incertidumbre e imprevisibilidad, es lo que llevó a que el sector se encuentre en alerta. También limitaría las funciones del Consejo Federal Pesquero, porque de esta manera quedaría restringida la posibilidad de las provincias con litoral marítimo de establecer cuotas y aprobar permisos. En nombre de la libertad, se permitiría la destrucción de la industria pesquera.

“Se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado, nosotros le vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y, si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca”, indicó Javier Milei durante el debate presidencial. Ahora, como Presidente, abandonó el proverbio chino repetido hasta el hartazgo por todo representante de la derecha. Y como libertario mandamás decidió quitarles la caña a los pescadores, destruir las empresas de pesca ya existentes y privar de los peces a todo pescador argentino, dándoles la libertad a empresas foráneas de saquear el mar con un extractivismo sin límites.

 

 

 

 

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