Negocios supremos

“El objeto de mi temor es el Poder Judicial. Ese cuerpo, como la gravedad, siempre actuando, con pies silenciosos y avances inquietantes, ganando terreno paso a paso y reteniendo lo que gana, está hundiendo insidiosamente a los gobiernos en las fauces de aquellos que los alimentan”. 

Thomas Jefferson, Cartas privadas

La Corte de las corporaciones supremas

Si el mundo está empeorando rápida y sostenidamente, la Argentina parece ser uno de los laboratorios más intensos de esa transformación. La regresión local está diseñada por elites sádicas y eugenésicas con las que todas las fuerzas políticas, empresariales e intelectuales —con raras excepciones— parecen querer colaborar. El sistema político parece dejar su guerra autodestructiva después de quince años para tocar como una orquesta las partituras de un tango macabro con las que bailan la desmemoria y la desesperanza.

La Argentina nunca será un país pobre, pero la enorme mayoría de los argentinos lo será, lo seremos. Un 80% de los argentinos van/vamos hacia una pobreza diferente a la de 1810, 1862, 1916, 1946 o 1976. Esas pobrezas, tanto urbanas como rurales, eran cualitativamente distintas a las pobrezas que veremos en las próximas décadas. No es lo mismo pobreza en expansión económica con Estado que pobreza en contracción económica sin Estado, en contextos de desafíos climáticos y disputa por los recursos naturales. Ese plan de empobrecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, es el que se está organizando en nuestros días desde el gobierno con colaboración múltiple.

Al pensar en la Corte de Estados Unidos, su gobierno y la próxima elección, es un reflejo condicionado terminar pensando en nuestra Corte, nuestro gobierno y, en última instancia, en el futuro de la propia Argentina. Antes de pasar al objeto central de la nota, debemos reconocer que los desafíos institucionales allá y acá puede tener diferencias notables, pero también ciertas similitudes inescapables y hasta conexiones: el permanente co-gobierno institucional del FMI en la Argentina y una nueva presidencia de Trump con afinidades e intereses locales. Quizás muchos envidiarán la incondicionalidad que la Corte de Estados Unidos parece tener con Trump.

Usando esos paralelismos como puente, cabe destacar que la Corte Suprema de Estados Unidos también destruye al Estado desde el Estado. Las decisiones de las últimas semanas tanto le dieron “inmunidad relativa” a Trump (en “Trump vs. USA”) como levantaron el poder de las agencias administrativas (“Loper Bright Enterprises vs. Raimondo”), lo que facilita judicializar regulaciones para conseguir vetos judiciales para frenar controles y paralizar políticas públicas en áreas estratégicas. O sea, las corporaciones podrán ir al Poder Judicial para conseguir sus privilegios sin pasar por “agencias administrativas especializadas” que tienen entre cinco a siete décadas de decisiones y control sobre áreas específicas y estratégicas.

Se reduce la capacidad de control del Estado para permitir vetos judiciales. Las siempre invisibles acciones afirmativas para las empresas y corporaciones se hacen un derecho humano de las personas jurídicas (corporaciones), las únicas importantes del futuro en construcción. En última instancia, el viejo Estado benefactor para las empresas y el Estado penal para lo social en descomposición.

Este último, el Estado penal para lo social, simbolizado en la decisión de la Corte que permite sacar a las personas en situación de calle y hasta perseguirlos criminalmente sin considerar eso “trato cruel e inhumano” (la decisión es “Grant Pass vs. Johnson” del 28 de junio). La decisión en “Dobbs” de junio del 2022 de reformar el precedente sobre el derecho al aborto en los Estados Unidos (“Roe vs. Wade”, 1973) federalizándolo fue parte de una estrategia de populismo judicial para alimentar las batallas culturales que fortalecen la polarización política.

Debemos reconocer, más allá de las retóricas, que la Corte de Estados Unidos siempre estuvo a la vanguardia de la transmutación privada de lo público. Desde la constitucionalidad de la esclavitud en “Dred Scott vs. Sandford” (1857) o la interpretación de la enmienda 14 —agregada después de la guerra civil para terminar con el debate sobre la esclavitud y reconocer una igualdad demasiado formal entre las personas—, pero usada por los abogados de corporaciones para consolidar derechos comerciales y societarios (la doctrina que terminará consolidando el lema “las corporaciones son personas”) y dándole hasta objeción de conciencia para no pagar los derechos sociales a métodos anticonceptivos de sus empleadas (“Hobby Lobby” del 2014).

En “Bush vs. Gore” (2000) y “Citizen United” (2010), la Corte siempre marcó una nueva sensibilidad especial hacia el poder político y económico. En “Bush vs. Gore”, cerró el caso en tiempo récord y benefició a Bush sin permitir el conteo de votos. La Corte declaró un ganador de una elección histórica con consecuencias extraordinarias en este cuarto de siglo. Terminó eligiendo a un candidato por sobre el imperfecto y anti-mayoritario proceso democrático de los Estados Unidos. Justamente, el Presidente que llevará una política especial que sigue espectralmente vigente: vigilancia, fin de la privacidad y estado de excepción como forma de gobierno político y económico.

En “Citizen United” (2010), la Corte habilitó a que en las campañas electorales el poder económico concentrado pueda hacer aportes sin topes ni control, pero sobre todas las cosas lo hizo luego de la crisis financiera del 2008. La Corte redobló la apuesta y en un contexto de debilidad corporativa le hizo saber a un tímido sistema político quién tiene la verdadera soberanía política, en última instancia, quién controla al que controla. 

Cuando Donald Trump dijo en los debates presidenciales de septiembre y octubre de 2016 que los donantes de campaña de Hillary Clinton hacían lo mismo que él hacía con el código tributario (Trump) y que en décadas Clinton no lo había cambiado, tanto demócratas como republicanos sabían que golpeaba donde más dolía.

 

 

Donald Trump estaba mintiendo diciendo la verdad, ganando una elección en la que prometía hacer un muro imposible, diciendo la verdad sobre algo que de hecho la otra parte negaba, pero él cínicamente reconocía. La hipocresía era derrotada por el cinismo. 

La semana pasada, la Corte de Estados Unidos decidió esa batería de regresiones después de varios años de polémicas públicas extraordinarias. La ideología de los jueces supremos está cada vez más desnuda, así como sus vínculos empresariales. Los escándalos de los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito son solamente las más notables, pero ocultan una transmutación más profunda y compleja del sistema judicial y político. El pedido de juicio político a ambos no puede prosperar en un contexto donde ni el partido Demócrata ni el partido Republicano están desorientados y no quieren a sus candidatos presidenciales, pero tampoco parecen poder hacer mucho para cambiarlos.

La Corte Suprema de Estados Unidos parece hoy sobre todo un espacio de negocios más que de política o de reflexión de largo plazo, como se suele idealizar. Los negocios supremos incluyen los negocios de la política y el mundo financiero más profundo, pero sobre todo incluye el poder constituyente de rehacer las esferas de lo público y lo privado. 

Capturada la Corte Suprema de Estados Unidos por empresarios y corporaciones, estos tienen lo que siempre tuvieron, el veto judicial para frenar todas las acciones de un sistema político en crisis, pero sobre todas las cosas están desarrollando las herramientas para impulsar su propia agenda política de rediseño institucional de lo público como nunca. En contraste, entre la parálisis y el deterioro cognitivo, la gerontocracia que representan Biden o Pelosi —dejando lo evidentemente triste a nivel personal— parece ser algo más que sintomático en las elites globales.

“Citizen United” (2010) fue un golpe de gracia después de la crisis financiera de 2008 que no abrió ninguna agenda de reconstrucción de lo público. De hecho, quizás inauguró un momento constitucional para las corporaciones. Hasta una niña de ocho años —en una ficción hollywoodense como Capitán Fantástico (2013)— puede describir la realidad de los sistemas políticos mejor que muchos especialistas que ocultan trabajar para esas mismas corporaciones supremas o de negocios, y a veces algunos de esos trabajan para ambas.

 

 

Obviamente, Capitán Fantástico es ficción. Muy tristemente y ante padres impotentes, ante políticos atrapados por WhatsApp y streamings, en un contexto como el nuestro, la niña de ocho años en el mundo real tendría una infancia de pantallas, una adolescencia adelantada por ver el contenido producido por adolescentes como prólogo a ansiedades, problemas de concentración y hasta la amenaza de las ludopatías.

 

 

Los dueños de los jueces son sus empresarios amigos

En la cena de corresponsales de la Casa Blanca del 2023, Roy Wood, cómico y reportero del Daily Show en Comedy Central, show histórica y actualmente conducido por Jon Stewart, habló del caso del juez supremo Clarence Thomas. También lo hizo John Oliver en su show Last Week Tonight en este capítulo.

 

 

Antes tengo que explicar una moda pasajera en tecnología. Los NFT. 

Si las Cortes están entrando en un espacio de abierto deterioro y demencia es porque las elites globales están en esa sintonía hace tiempo. Algo que se reflejó y refleja en las burbujas de locura del mundo tecnológico. El caso más nítido fue la aparición de los NFT, a los que se reconoce “demencialmente lucrativos”. Quizás fue una forma de sacarle dinero a los que tienen dinero con arte digital. Pero eso siempre termina sacándole dinero a los que tienen poco dinero como en muchas estafas con criptomonedas y billeteras digitales. En definitiva, fueron otro objeto digital para especulación financiera.

Con los NFT, en resumen, se usa tecnología blockchain para tener “derechos exclusivos” sobre una imagen de público conocimiento y circulación, sean memes famosos o arte digital producido al efecto de ser vendido como tal. La imagen todos la pueden ver y hasta reproducir digitalmente, pero tiene un dueño asignado.

 

 

Este prólogo permite explicar quizás el mejor chiste de Roy Wood en su noche ante los reportes de la Casa Blanca: “Un multimillonario llamado Harlan Crow lleva a Clarence Thomas por todo el mundo en viajes no declarados como una modelo de Instagram. Llevando a Clarence a las Maldivas y las playas y todo. Este multimillonario pagó la casa de su madre. ¡Pagó la casa de la mamá de Clarence Thomas! Tenemos que reconocerle a los multimillonarios. Multimillonarios, muchachos, todos ustedes son implacables. A ustedes siempre se les ocurre algo nuevo para comprar. Justo cuando piensas en todo lo que podrías comprar en la tierra, a un multimillonario se le ocurrirá algo nuevo. Ya terminaron de comprar cohetes espaciales. Compraron Twitter”. 

“Este hombre compró un juez de la Corte Suprema. ¿Entiendes lo rico que hay que ser para comprar un juez supremo, además uno negro? Sólo hay dos en stock (nota: se refiere a la jueza Ketanji Brown Jackson, asumida hace unos meses en 2022), y Harlan Crow posee la mitad del inventario. Todos podemos ver a Clarence Thomas, pero pertenece al multimillonario Harlan Crow y eso es lo que es un NFT”.

En los tres espacios, la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, el show de Jon Stewart y el de John Oliver, suelen atacar las atrocidades más profundas y las regresiones institucionales más crueles con ironías —mayormente inteligentes— que se ríen de un fenómeno que no pueden cambiar, sino espectacularmente relatar como una derrota colectiva y global. La razón política se ríe como espectadora. La acción regresiva es la transformadora. No ríe, reina. 

Esa impotencia del humor es parte del sistema de gobierno de las fuerzas que se pretenden combatir con superioridad moral y soberbia ante una sociedad enojada y transformada. Si la imaginación política no es nada más que ironía, la acción política está sepultada en un espectáculo tan impotente como guionado.

 

 

 

 

 

* Lucas Arrimada es docente de Derecho Constitucional y Estudios Críticos de Derecho.

 

 

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