Negocios jugosos

 

El proceso de concentración y transnacionalización del capital del complejo frutícola en Río Negro cuajó en los ‘90 con las reformas neoliberales en el país, aunque la reconfiguración de los capitales empezó en la década anterior. Continúa en el presente, de crisis constante para lxs pequeñxs productores e industrias locales que cuando pueden se reconvierten, o venden, o alquilan sus chacras al puñado de firmas que concentran la producción primaria, la industrialización, la conservación en frío y la exportación. El proceso económico y financiero de este complejo agroalimentario está atado al mercado global, que puja constantemente para moldear a su medida la política doméstica para el sector. Retenciones a las exportaciones, estructura de costos y precios, reembolsos por exportaciones de puertos patagónicos, paquete tecnológico y valor de la energía son algunos de los núcleos duros de un sector altamente valorado por la sociedad local, que siente genuinamente las pérdidas que ocasionan las heladas, el granizo, las lluvias intensas.

En abril de este año, la Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta la creación de una comisión interpoderes de revisión integral de dos leyes claves para el sector: la 3611 de Transparencia frutícola y la 3993 de la Mesa de Contractualización Frutícola. El objetivo: “revisar su pertinencia, vigencia y eficacia de acuerdo a la situación actual del complejo frutícola”. De confirmarse en segunda vuelta, esa comisión tendrá representación de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén (chacareros chicos y medianos); la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (C.A.F.I.) que representa a los capitales del empaque, la industria y comercialización; y la Cámara de Industria y Exportación de Jugos Concentrados de Manzanas, Peras y Afines (C.IN.EX.). Esas dos leyes son marcos regulatorios que el Estado no ha entregado al mercado todavía, para la protección del pequeño y mediano productor, endeudado y al borde del remate judicial en numerosas ocasiones. Los partidos políticos tradicionales con representación parlamentaria, los movimientos sociales como Mujeres en Lucha (chacareras contra los remates) y la Federación de Productores, entre otros actores locales, históricamente construyeron pisos fundamentales de protección de la producción frutícola y de los actores económicos más débiles. Ese consenso colisiona con el capital concentrado, con alta capacidad de lobby desde la prensa regional, que muestra sus intereses como noticia. La profundización del modelo neoliberal se juega en la comisión interpoderes que el oficialismo de Juntos por Río Negro logró imponer en primera vuelta sin mayores obstáculos.

 

Núcleos

El complejo frutícola se asienta en dos grandes núcleos territoriales: en las chacras, galpones de empaque, frigoríficos y procesadoras en las tierras irrigadas del río Negro, especialmente en el Alto Valle y Valle Medio; y en el puerto de San Antonio Este (SAE). La integración vertical del proceso de la fruta (control de todo el circuito desde la propiedad de la tierra hasta la colocación en el mercado internacional) tuvo un momento estratégico en 1994 con la privatización del puerto, cuando las exportadoras más poderosas accedieron al paquete accionario de la empresa que lo controla. Un grupo ganó la concesión del puerto de aguas profundas por treinta años con Terminal de Servicios Portuarios Patagonia Norte S.A.

“A partir de la década de los ‘80 se reingresa en un proceso de transnacionalización del sector del capital concentrado de la fruticultura. La firma emblemática de la época fue Expofrut, que se creó en 1987 a partir de capitales europeos que se asociaron a capitales regionales y conformaron una integración no sólo de la producción propia de manzanas y peras sino que abarca también el empaque, conservación, exportación, más la importación y distribución en el mercado europeo. Ya en 1990 Expofrut asciende al primer lugar en el ranking de exportadores, concentrando para el año 1998 el 38,87% de las exportaciones de ultramar”, sostuvieron Nadia Taranda, Luis Tiscornia y Juan José Brizzio en “Cambios en el capital concentrado de la fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén”.

“A partir de la década del 2010 se producen cambios sustanciales en el sector de las principales empresas exportadoras. La principal empresa exportadora, Expofrut comienza un proceso de ventas de sus activos y prácticamente se retira de la actividad comercial frutícola”, agregaron los mismos investigadores. Los actores más fuertes de este ciclo son los que hoy embaten contra las dos leyes regulatorias que el gobierno de Arabela Carreras, a través de su bancada legislativa, quiere modificar.

 

Constitucionalidad y renta

En 2005 la ley 3993 creó la Mesa de Contractualización Frutícola para intervenir en la puja distributiva. Un legislador denunció en aquel momento ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia “la conducta oligopólica de las empresas receptoras de manzana y peras para industria”, que habían disminuido en forma unilateral el precio de compra de la fruta destinada a la obtención de jugo, según un informe interno elaborado por investigadores de la región que analiza las políticas estatales rionegrinas desde el gobierno provincial de Mario Franco (Plan Trienal, 1974) al presente. El organismo nacional de defensa de la competencia hizo un pormenorizado informe de la estructura del complejo frutícola a ese momento, analizó en particular la formación de los precios pagados al productor frutícola que vende manzana a la industria. La estructura actual de costos y precios es uno de los secretos mejor guardados por las corporaciones del sector, por lo que se niegan sistemáticamente a integrar esa mesa. A C.A.F.I. y a C.IN.EX., dos actores importantes de esta ley, nunca les interesó formar parte de la discusión del costo de producción, central para los pequeños y medianos productores. Por eso llama la atención que estén dispuestas a participar de la mesa que impulsa el oficialismo ahora, tal como dijeron en el debate de la sesión del 21 de abril.

Ecofrut SA y Standart Fruits SA plantearon judicialmente la inconstitucionalidad de ambas leyes cuando dos pequeñxs productorxs de la zona de Cipolletti las demandaron por pagar la fruta entregada a precios inferiores a los de referencia. Los fallos ganados en primera y segunda instancia por lxs pequeños productores todavía no tienen sentencia firme. Esa pulseada judicial es un escenario complementario del legislativo.

La prensa local publica a diario sobre hidrocarburos y producción frutícola, pero en el mensaje fragmentado se desdibujan las condiciones políticas de los ganadores del modelo: en pandemia crecen las exportaciones del sector. Las 10 empresas exportadoras que colocan su fruta por SAE manejan cerca del 85% del total de los embarques que salen por esta vía. Patagonian Fruits Trade (PFT) lideró los embarques por esta salida concentrando el 24% del total de las exportaciones hacia los mercados de ultramar. En tercer lugar, la empresa Moño Azul con el 11% del total de los envíos por SAE. PFT y Moño Azul son del mismo grupo económico que desde General Roca se despliega con inversiones diversificadas.

 

 

Las exportaciones son un indicador. Otros hablan de los cambios en el territorio. El Plan Frutícola Integral de 2008 señalaba que “la etapa primaria de producción se realiza en un total de 57.000 hectáreas implantadas involucrando unos 4.500 productores activos. Ya destacaba el elevado grado de concentración, porque sólo el 6% de los mismos poseen el 38% de la superficie implantada. Existían unas 300 plantas de empaque y 230 frigoríficos. En el debate los legisladores del oficialismo citaron los números que arroja el Anuario 2019 Frutícola para la Patagonia Norte elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa): 1466 productores en 30.600 hectáreas en producción neta.

Algunos sectores plantean debates vinculados, como el avance de las urbanizaciones (VIP y barrios populares) y el fracking en chacras de Fernández Oro, todo en perjuicio de áreas productivas con inversión en infraestructura hecha con fondos públicos por décadas. El barbijo no debería convertirse en mordaza en este debate.

 

 

 

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