NEGOCIOS DETRÁS DEL HUMO

 

La asociación Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) de Ramallo dio a conocer el nombre del empresario que está detrás de la quema en las islas Lechiguanas, de Entre Ríos, frente a la ciudad del norte bonaerense. Lo supieron por pescadores que no podían cruzar el Zanjón de Gregorio para alcanzar el arroyo Lechiguanas, porque se toparon con pontones flotantes amarrados con cadenas, un candado y un cartel de “propiedad privada” en reemplazo del que indicaba el nombre del canal.

La organización ambiental pudo determinar que tras esas cadenas se preparaban para sembrar la tierra. También tomaron imágenes de una embarcación transportando un mosquito adaptado para fumigar en el territorio de humedales. La chata “Forestargen”, matrícula 02251, iba rumbo a los terraplenes construidos islas adentro transportando insumos agropecuarios.

Las tierras explotadas son de Fabio Di Fonzo, titular de El Mapuche SRL, quien pretende sembrar 4.000 hectáreas de islas como si fuesen tierras pampeanas. Di Fonzo es el responsable de clausurar el acceso al Zanjón de Gregorio para evitar que surjan testimonios sobre las actividades que allí realiza.

“Atando cabos podemos aventurar que los incendios son intencionales y que cumplen la función de desmalezar para evitar dedicar a ello el costoso trabajo de horas máquina sobre extensas superficies de territorio, y así dejar disponibles las tierras para la agricultura intensiva”, señaló UPVA en el comunicado.

Sobre el Delta del Paraná rige una medida cautelar que busca proteger a las islas de los daños ambientales derivados de la quemas. La medida cautelar fue dictada el 1º de julio, cuando el Juzgado Federal 2 de Paraná falló a favor de la asociación civil Cuenca Río Paraná y el Foro Medio Ambiental, e impuso un amparo por el que ordenó “la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda”. El juzgado instruyó a las fuerzas de seguridad con jurisdicción sobre la provincia de Entre Ríos a garantizar que tales medidas sean implementadas.

UPVA pudo constatar la violación de la cautelar al grabar imágenes del mosquito transportado en la chata realizando aplicaciones de agrotóxicos a fin de preparar el terreno para una futura siembra. Puso esas imágenes a disposición del Poder Judicial como evidencia para futuras acciones dedicadas a la preservación de los espacios de islas. “La clausura del paso del Zanjón también constituye una violación a la mencionada cautelar y un perjuicio enorme a la población de Ramallo, que se vale de él para realizar sus actividades en las islas, obligándolos a consumir tiempo y recursos en un viaje de varias horas para acceder al mismo punto”, destacó la asociación ambiental.

 

 

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