NEGOCIOS A TODA COSTA
Una privatización sin audiencias públicas ni participación ciudadana
En la última sesión de la Legislatura Porteña la mayoría que conforman los bloques del PRO (Rodríguez Larreta), la Coalición Cívica (Lilita Carrió), Evolución (Martín Lousteau), Confianza Pública (Graciela Ocaña) y el Socialismo (Roy Cortina) aprobó en primera lectura un proyecto de ley que constituye un fraude constitucional y democrático que supera cualquier ocurrencia privatizadora previa en la ciudad.
El proyecto tiene por objeto cerrar el proceso de autorización de la venta de un sector muy importante de la Costanera Norte conocido como Costa Salguero, un predio de 17 hectáreas concesionado por treinta años desde 1991. Además habilita la construcción de un emprendimiento inmobiliario de viviendas suntuosas (accesibles sólo para el 5 por ciento de la población) en una superficie equivalente a siete manzanas y media, con edificios de diez pisos.
El ciclo de la venta comenzó en diciembre de 2019 cuando se votó la ley 6.289, que autorizó la venta condicionada a la aprobación de otra ley que otorgue capacidad constructiva al predio. Lo que se vende es un parque público según la planificación de la ciudad, por lo tanto el gobierno de Rodríguez Larreta necesita una nueva norma urbanística para que se pueda construir. El actual Código Urbanístico, aprobado en el 2018, establecía que el predio de Costa Salguero, luego de finalizada la concesión en 2021, debía transformarse en un Parque Público Recreativo, Cultural y Esparcimiento.
En síntesis, se pretende transformar un predio que en su totalidad debería ser un parque público en un muro de cemento entre la ciudad y su río. No escuchamos ningún fundamento serio que justifique semejante contrasentido social, ambiental y urbanístico.
Fraude democrático ambiental
La ciudadanía hace treinta años que lucha para que la ciudad recupere su cultura ribereña y el disfrute de la costanera sin restricciones privatistas.
Inmediatamente después de las concesiones adjudicadas a fines de los ‘80 y principios de los ’90 a lo largo y ancho de la Costanera Norte, diversas asambleas y organizaciones comenzaron una lucha para recuperar la costanera privatizada. Estos colectivos ciudadanos fueron exitosos. En 1993 lograron la ordenanza 46.229 que prohibió que se puedan privatizar los espacios verdes. Un año después se sancionó la ordenanza 47.666 que creó la rambla costera “Costanera Norte” y estipuló que sea de acceso público y gratuito. Se prohibió en esta rambla el otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación de cualquier índole.
En la discusión de la nueva Constitución para la Ciudad de Buenos Aires, en 1996, lograron que se incorpore un párrafo en el artículo 8 que estipula que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.
Finalmente la aprobación del Plan Urbano Ambiental (Ley 2.930 de 2008) volvió a ratificar que los predios del Gobierno de la Ciudad que se desafecten en las riberas deben destinarse a uso público.
Desde 1993 todas las gestiones del GCBA afirmaron que, vencidas las concesiones en la costanera, esos predios se transformarían en un gran parque público.
Una venta inconstitucional
Este proceso de venta de Costa Salguero es claramente inconstitucional. Durante la sanción de la ley 6.289, aprobada el 5 de diciembre de 2019 principalmente con los votos de Evolución y el PRO, que autorizó condicionalmente la venta de este predio, no se convocó a ninguna de las audiencias públicas que ordena la Constitución de la ciudad. La entrega de 17 hectáreas de la costanera para la especulación inmobiliaria fue decidida sin la convocatoria a ninguna instancia de participación ciudadana.
La inconstitucionalidad no es sólo de forma sino también de sustancia. La privatización definitiva del predio viola flagrantemente la Constitución y el Plan Urbano Ambiental que dan un destino ambiental y social para la costanera, distinto a la propuesta de seguir extendiendo el modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte.
A principios de este año el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la diputada Gabriela Cerruti presentaron una acción de amparo solicitando la inconstitucionalidad de esta ley. El juez Martín Furchi rechazó la medida cautelar.
Crisis climática y principio de progresividad
En esta causa se planteó la ausencia de los mecanismos institucionales de participación, la violación constitucional y la violación del principio de progresividad ambiental. Nos encontramos inmersos en una crisis climática de la cual la Ciudad de Buenos Aires no escapa. Es un hecho notorio la falta de espacios verdes, la destrucción sistemática del arbolado público, el agravamiento del efecto de isla de calor, la contaminación de los ríos que rodean y de los arroyos que atraviesan la ciudad, las inundaciones que afectan principalmente a los barrios populares, la recomposición ambiental de la cuenca del Matanza-Riachuelo que se encuentra paralizada, etcétera.
En este contexto, el principio de progresividad establece la prohibición de que las conquistas de derechos ambientales y de una mayor protección del ambiente puedan desandarse. Este principio se funda en el actual contexto de emergencia ecológica y también en el respeto al esfuerzo de la ciudadanía organizada para que no deba estar permanentemente defendiendo las conquistas ambientales frente al gobierno de turno. En esta historia hace por lo menos treinta años que la ciudadanía porteña viene tratando de recuperar la costanera y ha logrado que dicha lucha sea incorporada en instrumentos legales, constitucionales y de planificación. Rodríguez Larreta y Lousteau están soslayando estos acuerdos sociales históricos y sacrificando la costanera. Pareciera que esto surge como moneda de cambio de una alianza de sucesión.
Destacamos que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto es un contrasentido en el marco de la agenda climática privatizar el borde costero, que debería estar destinado a un espacio verde público. La venta del predio de Costa Salguero no sólo es la pérdida definitiva de una parte de la costanera, que tendría que ser un bien común del conjunto de la ciudadanía para su disfrute irrestricto, sino también el inicio de la densificación poblacional y constructiva de todo el eje costanero. El GCBA ha comenzado la proyección del Colector Cloacal Norte para abastecer de servicios sanitarios a los futuros emprendimientos inmobiliarios que se construirán sobre las tierras públicas vendidas. Se desarrolla desde Vicente López e irá colectando los desagües cloacales de los suntuosos desarrollos inmobiliarios costeros hasta Dock Sud con un costo aproximado de 160 millones de dólares. Mientras tanto las porteñas y porteños que habitan las villas continúan sin acceder formalmente al agua potable, al saneamiento cloacal, a los tendidos eléctricos seguros y a la conectividad.
La venta de Costa Salguero implica la historia de la pérdida de la cultura ribereña y el negocio extractivo con la tierra pública. Es también un paso trascendental para la conformación de una nueva fractura social y urbana, generando una ciudad ribereña sólo para los sectores más ricos dentro de una ciudad mediterránea con crisis alimentaria, habitacional y ambiental. Se recupera la mirada al río pero no para el conjunto de la ciudadanía.
Convocatoria
Desde la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes La Habitamos” se está convocando a un abrazo a la costanera con bicicleteada y caravana previa para el domingo 25 de octubre a las 16 en el predio de Costa Salguero. La próxima semana además presentará un proyecto de ley alternativo para derogar todas las leyes que permitieron la reprivatización en toda la extensión de la costanera y para destinar la totalidad de las tierras públicas de Costa Salguero a la conformación de un parque público de usos múltiples con un centro de producción agroecológica.
La Coordinadora impulsa una campaña en Change que supera las 20.000 firmas: https://change.org/nuestracostanera
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