NEGLIGENCIA IMPUNE

 

Tu inmunidad es contraria a mi impunidad

El 29 de octubre del año pasado el Senado de la Nación aprobó la ley 27.573 de vacunas contra la Covid-19. La norma fue tratada bajo el supuesto de algunas preocupaciones generales que tenían los laboratorios productores. Después se supo que aquí como en otros países quien había presionado con exigencias intimidantes a los gobiernos había sido el laboratorio Pfizer.

Cuando llegó a saberse que las exigencias normativas del laboratorio alcanzaban al Congreso de la Nación para que le otorgara un marco de inmunidad a la comercialización de su vacuna, resultó claro que se trataba de una grave e inédita profundización de los aspectos inmorales que muchas veces acompañan a la producción y venta de los medicamentos.

La extrema gravedad ética de esa cuestión se veía en los condicionamientos exigidos por una corporación a un Estado soberano y en que esas exigencias fueran de una desmesura e inmoralidad nunca vista, ya que de no cumplirse negarían el acceso a un bien esencial para salvar la vida de las personas en un contexto de mortandad masiva.

El gobierno puso límites. La ley 27.573 aclaró en su artículo 4° que las condiciones de indemnidad respecto de indemnizaciones y otros reclamos pecuniarios en favor de los productores y distribuidores de las vacunas quedaban exceptuadas cuando se tratara de maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia. Pero por esto Pfizer no firmó los contratos para que Argentina adquiriera su vacuna.

El ministro de Salud de entonces, Ginés González García, dijo que en las negociaciones para la firma, cuando ya había sido aprobada la ley que el laboratorio había reclamado, los directivos objetaron que las condiciones de indemnidad patrimonial quedaran exceptuadas en los casos de negligencia. Pfizer no quería que se incluyera ese término.

Ahora, después de una reunión de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO Patricia Bullrich tuiteó el lunes: “Presidente: no tiene excusas. El Bloque de Diputados Nacionales de @proargentina está dispuesto a votar los cambios necesarios en la ley 27.573, para que nuestro país pueda comprar la vacuna de Pfizer y cualquier otra que esté disponible en el mercado”. Acompañó su mensaje con un comunicado de su partido haciendo saber que los 54 integrantes de su bloque estaban dispuestos “a legislar en la materia para adquirir las vacunas del laboratorio Pfizer”. Y citando lo dicho por Ginés González respecto a la objeción de Pfizer a asumir responsabilidad por negligencia, manifestaron la intención del PRO de colaborar para solucionar los problemas normativos que impedían las negociaciones y tornaban imperioso revisar el articulado.

 

 

Nunca encontré en mis estudios de historia de las investigaciones médicas ningún ejemplo con este grado de entrega humillante de la dignidad, la vida y la salud de una población y de su Nación a los más inhumanos intereses mercantiles, en boca de un político con responsabilidad a escala nacional. No se puede decir sino que hace falta ser muy desalmado para poder hacerlo.

 

 

La palabra en cuestión

Se define a negligencia en su primera acepción como la omisión de la atención debida por inacción o descuido o por acción incorrecta, inadecuada o insuficiente. Pfizer tiene antecedentes que dan ejemplos de esa definición.

En el año 2004, esta corporación fue denunciada por la promoción de su medicamento Neurontin (Gabapentina), aprobado para la epilepsia, en una docena de otros usos como trastorno bipolar, déficit de atención, síndrome de piernas inquietas, etc. El 90% de las recetas de Neurontin que el año anterior le habían reportado 2.700 millones de dólares en ventas, habían sido indicadas para esos usos no aprobados. Pfizer aceptó pagar 420 millones de dólares para detener el juicio en su contra al haber omitido la atención debida a la población con sus maniobras fraudulentas.

En el año 2009 se lo condenó a pagar una multa de 2.300 millones de dólares como culpable de malas prácticas comerciales y promoción fraudulenta de sus medicamentos Geodon, Lyrica, Zyvoxy y Bextra. Esas malas prácticas incluían la comercialización para otros usos y dosis que las autorizadas y sin señalar sus contraindicaciones tales como las enfermedades cardíacas en el caso de Bextra. Negligencia.

La denuncia de estas prácticas fraudulentas fue realizada por un representante de ventas del laboratorio que declaró haberlo hecho por no poder seguir viviendo con sus remordimientos de conciencia ya que él y otros 3.000 representantes de ventas de Pfizer habían recibido instrucciones ilegales para la promoción de Bextra (valdecoxib). Se les había instruido para promover entre los médicos este medicamento indicado legalmente para el tratamiento de la artritis reumatoidea y la osteartritis, para otros usos como el tratamiento del dolor severo de cualquier causa y a dosis más elevadas que las autorizadas. Cada representante recibía 50 dólares por cada indicación de uso quirúrgico que lograba y a los médicos se los invitaba a “reuniones médicas” que se realizaban en lugares turísticos costosos, para lograr la adhesión de todos ellos a esa estrategia comercial.

 

 

El safari de las investigaciones

 

 

En 1996, durante una epidemia de meningitis en Kano –Nigeria–, Pfizer realizó investigaciones con el antibiótico trovafloxacina (Trovan), que si bien prometía ser beneficioso para el tratamiento de diversas infecciones, por otro lado se había manifestado con serios eventos adversos en niños.

La compañía no podía encontrar un número suficiente de pacientes en Estados Unidos pero los analistas de Wall Street aseguraban que si el medicamento se aprobaba, y dado sus usos potenciales, esto le reportaría a Pfizer mil millones de dólares por año. La epidemia en el país africano aseguraba el acceso al número de probandos necesarios en el contexto de un gobierno acusado de graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras se llevaba a cabo el estudio, un equipo de Médicos sin Fronteras trataba a los afectados con medicamentos conocidos y disponibles tales como el cloramfenicol. Once de los doscientos niños estudiados por Pfizer murieron y un gran número de niños sufrió eventos adversos serios. Y aunque los afectados de meningitis recibían en Estados Unidos un tratamiento rápido endovenoso, a la mayoría de los niños en Nigeria se les habían administrado formas orales que nunca habían sido probadas.

La compañía aseguró que un consejo de ética nigeriano había aprobado el experimento. Pero el supervisor nigeriano del estudio Abdulhaid Isa Dutse afirmó que la “carta” de aprobación del estudio fue escrita un año después de la finalización del mismo y Sadiq Wali, director del Hospital Universitario Aminu Kano en el que se incorporaron los niños al estudio, aseguró que su hospital no tenía un comité de ética cuando Pfizer realizó el experimento.

La trovafloxacina fue aprobada en diciembre de 1997 y estuvo disponible en el mercado de Estados Unidos en febrero de 1998. Desde julio de ese año la FDA comenzó a recibir informes de eventos adversos de seria toxicidad hepática mientras se expendían unas 300.000 nuevas recetas del medicamento. Finalmente la FDA anunció que la trovafloxacina sólo quedaba autorizada en modo altamente restringido.

Para entonces, treinta familias nigerianas –entre las que se encontraban las de seis niños muertos durante el experimento– habían demandado a Pfizer en agosto de 2001 por tratos crueles, inhumanos o degradantes al violar el Código de Nuremberg, los estándares de derechos humanos de las Naciones Unidas y diversos códigos internacionales de ética de la investigación.

 

 

En mayo de 2007 el estado de Kano demandó a Pfizer por 2.500 millones de dólares y en julio del mismo año el gobierno nigeriano presentó una demanda a la Alta Corte Federal reclamando al laboratorio una suma de 6.500 millones de dólares y pidiendo a la justicia que manifestara que las investigaciones no eran humanitarias ni filantrópicas, eran ilegales y tenían un fin claramente comercial. En enero de 2008 la Corte Mayor de Nigeria emitió una orden de arresto contra ocho ex directores de Pfizer. En abril de 2009, varios cables de la Embajada de Estados Unidos en Abuja expuestos por Wikileaks revelaban que Pfizer había contratado a un grupo de investigadores para que buscaran actos de corrupción del fiscal nigeriano Michael Aondoakaa, y los enviaba a periódicos locales a fin de presionar al fiscal para que abandonara el caso. Con la conducta maliciosa de amenazar con nuevas revelaciones, los abogados de la corporación negociaron un acuerdo y Pfizer pagó 75 millones de dólares para evitar el juicio.

 

 

Principio de precaución

Pero no es sólo negligencia en acto la que previene la ley de vacunas. Si no somos prudentes lo potencial puede hacerse efectivo. Y la imprudencia es una forma de negligencia. El 10 de septiembre del año pasado el director científico de la compañía biofarmacéutica china CanSino Biologics, Zhu Tao, declaró que el candidato a vacuna AD5-nCOV que desarrollaban era segura. Y en febrero la compañía informó que la vacuna había cumplido con sus criterios primarios de seguridad y eficacia sin eventos adversos graves.

En Argentina, la fase III de ese estudio fue autorizada por ANMAT el 26 de noviembre de 2020 para ser realizada por la Fundación Huésped en representación de CanSino Biologics. Uno de los voluntarios incluidos en el mismo, hijo a su vez de un participante en la fase III de la vacuna de Pfizer realizada en el Hospital Militar Central, contrajo hace un mes el Síndrome de Guillain Barré (SGB) y todavía está afectado por esta enfermedad.

Aunque es de origen desconocido y de rara aparición en las vacunaciones (uno a dos casos por millón en vacunas contra la gripe), el SGB es un trastorno neurológico en el cual el propio sistema inmunitario ataca a las neuronas causando debilidad muscular y en ocasiones parálisis que en general desaparecen en algunas semanas. Su forma grave, sin embargo, puede causar la muerte por dificultad respiratoria.

El hacernos responsables de no ser negligentes es fácil de entender por cualquier persona física o jurídica. Por el contrario, las acciones dirigidas a imponer normas a los otros teniendo en cuenta solamente el goce propio, incluyendo el goce de la codicia, ya tienen nombre y se llaman perversiones.

 

 

Modus operandi: la soberana inmunidad de los accionistas

 

 

El 23 de febrero de este año, en el medio OjoPúblico de Perú se publicó el informe de un grupo de periodistas con sede en Londres acerca de las exigencias de Pfizer en Argentina, Perú y Brasil, que incluían reservas del Banco Central, edificios de embajadas y bases militares como garantías contra el costo de futuros litigios legales. Exigían además indemnidad contra cualquier demanda civil por eventos adversos o las demoras en las entregas de los lotes, errores de fabricación o envío de vacunas incorrectas. Esas exigencias fueron consideradas por los negociadores como chantaje, intimidación de alto nivel y abuso de poder.

La gigantesca corporación de hoy ya no es la pequeña compañía química fundada con 3.500 dólares por el inmigrante alemán Charles Pfizer y su primo Charles Erhart en 1849.

 

 

 

Hoy su capitalización de mercado supera los 200.000 millones de dólares, sus ventas los 50.000 millones, y sus beneficios los 15.000 millones. Y sus propietarios son grandes fondos de inversión.

 

 

 

 

 

Pfizer hoy actúa con el mismo modus operandi con el que actuaron los Fondos Buitre en el pasado. Esos fondos que el PRO se apuró a complacer con Macri y que hoy tienen en Patricia Bullrich a la portavoz de sus defensores. Pero la necesidad imperiosa del artículo 4° frente a Pfizer y sus antecedentes de maniobras fraudulentas, conductas maliciosas y negligencia están muy claros.

 

 

Sin excusas

Pfizer consiguió el producto más deseado en el mundo entero. Siendo una empresa, su interés primario no era ni es la humanidad sino los beneficios de sus accionistas. Nunca lo tuvimos tan claro. Pero aunque distintos expertos proyectaron una enorme ganancia por las ventas de su vacuna, su codicia no encontró techo ni compasión alguna. Exigió que un Estado firmara la renuncia total a su inmunidad soberana y quedara sin defensas frente al virus pandémico de un capitalismo financiero globalizado. Y debía entregar el alma de la Nación, ese lugar en el que fraude, malicia y negligencia tienen sentido. Debía corromperse.

Aristóteles definió a la corrupción como el cambio del ser hacia el no ser, a diferencia de la generación en tanto cambio del no ser al ser. Ese sentido metafísico de cambio que destruye al ser de algo previamente existente, se conserva en el sentido político que le da Cicerón cuando dice (De legibus III) que la corrupción consiste en viciar las costumbres o moral ciudadana (“corrumpere mores civitatis”) y en falsificar los documentos públicos (“corrumpere tabulas publicas”). Se aplicaba al Senado romano para decir que alguien lo había roto o destruido y su significado político permite vincularlo con la ruptura o la falta de respeto de las normas que le dan la identidad de su ser –su alma– a una comunidad y al Estado.

Señora presidenta del PRO: ¡usted sí que no tiene excusas! Deje de trabajar para corromper al Congreso de la Nación Argentina y para humillar a su pueblo. Recupere un poco el respeto perdido, si alguna vez lo tuvo.

 

 

 

 

 

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