NEGAR DERECHOS Y PERSEGUIR

 

Al menos tres supervisores están en la mira del Ministerio de Educación porteño, por haber facilitado la distribución de una tarjeta del gobierno nacional con créditos para que se conecten a Internet los alumnos que carecen del servicio en sus barrios de emergencia. Según los gremios, la denuncia la hizo Fabián Capponi, expuesto meses atrás como el “funcionario bailarín” en medios que reprodujeron el video casero en que se lo escrachó en pleno jolgorio, sin barbijo y abrazado a sus compañeras, durante una fiesta en el Ministerio que ahora emprende acciones contra los supervisores.

 

Video del funcionario bailarín.

 

 

Cómo empezó

El jueves 1° de octubre, durante una recorrida por las escuelas, Capponi, que es director general de Gestión Estatal, se enteró de la distribución de las tarjetas con “datos” (créditos) enviadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).

Al día siguiente llamaron desde el Ministerio al primero de los supervisores, Carlos Di Franco, del Distrito Escolar 19, para citarlo a una entrevista. El lunes 5 fue interpelado por María Lucía Feced Abal, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, y por la gerente de legales Paula Colombo. Respecto de lo que allí pasó, Di Franco accedió a responder sólo algunas de las preguntas de El Cohete. De su relato se desprende que fue interrogado acerca de cómo le llegaron las tarjetas, con qué protocolo las repartió y por qué lo hizo sin permiso.

“Hay cosas que no tengo por qué informar. Las tarjetas fueron distribuidas por las Comunas, que son entes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no puse en riesgo a nadie. Me ofende que deslicen siquiera esa sospecha, ya que trabajo no sólo por la educación sino también por la salud de la niñez”, resumió.

Su tribunal inquirió acerca de quiénes más habían distribuido las tarjetas. Di Franco dice que no lo sabe pero que ni contestó algo que no le corresponde.

—¿Consta esto en algún documento?

—Hummm, está bien la pregunta porque el acta no me la dieron. Luego de requerir el expediente con una persona letrada, la subsecretaria me envió el escaneo, donde comprobé que omitieron cosas que dije.

Di Franco se excusó de facilitarle a los lectores una copia aunque corrigió una versión difundida en otro medio: el sumario no está abierto y recién fue hecha la solicitud, que quedará a cargo de la Junta de Disciplina. Por lo pronto, surtió un efecto: se suspendió la entrega prevista para el jueves en la escuela 17.

 

 

La respuesta de los gremios

Si bien Di Franco había tenido una participación en el Sindicato de Educadores de Buenos Aires (SEDEBA), que es caracterizado en el medio como cercano a la Unión Cívica Radical, este caso —que amenaza con acrecentarse— mereció la repulsa de todos los sectores gremiales.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) defendió al primero de los sancionados, evaluó el acto como “persecutorio” y explicó: “Garantizar la conectividad es fundamental para que el vínculo pedagógico se sostenga. El mismo gobierno que niega conectividad y equipamiento persigue a aquellos que bregan por garantizar el derecho social a la educación en este contexto. Es responsabilidad del Estado la distribución de las computadoras como la conectividad”.

Del centro izquierda a la centro derecha del espacio gremial coincidieron en el reclamo. “El gobierno que viene negando garantizar tanto las computadoras como la conectividad intenta sancionar al supervisor por una medida sin duda correcta, con la excusa de un formalismo. Sobrados ejemplos tenemos de cómo el propio ministerio viene rompiendo la vía jerárquica cada vez que le viene en gana”, comunicaron desde la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS). “No es concebible que ante una voz que ofrece alternativas y se implica con su realidad, el Ministerio se desempeñe sólo en su carácter de control”, sentenciaron desde la Unión Argentina de Maestros y Profesores (CAMyP).

 

 

Las tarjetas de la discordia

El conflicto por un episodio que parece menor puede enmarcarse en una diferencia más amplia respecto del modo de administrar durante la pandemia. Mientras el gobierno nacional prioriza la cuarentena como resguardo de la salud, el porteño debe responder a la porción de la sociedad que la combate y pretende apurar el regreso a las clases presenciales.

En la Ciudad argumentaron que regresar al edificio escolar o reunirse en una plaza con wifi puede ser una solución a la falta de conectividad o dispositivos en el hogar. El Ministerio de Educación nacional requirió la lista de estudiantes con tales carencias para enviarles computadoras pero no obtuvo respuesta o recibió cifras discordantes.

El ENaCom apeló a aportarle a esa niñez un programa de emergencia en barrios populares llamado “Conectividad para servicios de comunicaciones móviles”, que les acerca saldos precargados a “26.100 habitantes de barrios populares” en pos de facilitar “el acceso a la educación a distancia” durante la cuarentena. En su implementación deben intervenir los “Centros de Gestión y Participación Comunales correspondientes a los barrios”. Ese es el caso de siete escuelas (8; 9; 11; 14; 17; 18 y 22) de pobreza extrema del Distrito Escolar 19, como las de los Barrios Rodolfo Ricciardelli (ex villa 1-11-14), Carrillo, Los Pinos, Fátima o Los Piletones.

En UTE creen que poner trabas a la conectividad hogareña es un modo de forzar al regreso de las clases presenciales. Mientras tanto, esperan evitar que se continúe con las acciones contra los otros dos supervisores que planea citar el Ministerio a cargo de Soledad Acuña.

 

 

 

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